La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante el secreto sumarial de las investigaciones de los ERE

 

Manuel Chaves

 PARA EVITAR «INNECESARIAS DILACIONES»

   La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar «innecesarias dilaciones». En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación. Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el Juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados; así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos.

El Ministerio Público también pide que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados para, en su caso, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas.

En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide asimismo que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aun no han declarado; así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. . (EUROPA PRESS) –

Las personas de la trama:

Laura Gómiz Nogales

Presidenta de Invercaria, nombrada por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en julio de 2010. Ocupó la dirección general de esta misma entidad antes de ser nombrada presidenta. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad como directora financiera del grupo Bogaris y directora general de División Agroindustrial en dicho grupo (anteriormente denominado Detea). Pertenece a los consejos de administración de varias empresas participadas por Invercaria. Fue concejal suplente elecciones 2007 por el PSOE en Alcaracejos (Córdoba). En la grabación trata de convencer a un subordinado para que elabore informes falsos que justifiquen las ayudas otorgadas ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Reconoce que estas se han repartido sin seguir procedimiento alguno.

Cristóbal Cantos Sánchez

Exdirector de Promoción Invercaria. En la grabación se niega a elaborar dichos informes falsos, lo que encrespa a la presidenta de este organismo, que le acusa de «no valer» para trabajar en Invercaria.

Antonio Valverde Ramos

Director general de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Economía e Innovación), a la que pertenece Invercaria. Hombre de la confianza de Griñán, con quien coincidió en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ya que cuando Griñán era consejero (de 2004 a 2009), Valverde fue director general de Fondos Europeos. En la grabación Laura Gómiz asegura que está al corriente de todas las irregularidades, de las que resalta que le ha informado personalmente. «¡Joder Cristóbal!», señala Gómiz, «¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí?». IDEA es la agencia pública de la Junta de Andalucía que recibía y gestionaba el dinero de la Consejería de Empleo para los ERE fraudulentos que investiga la Justicia. Según la presidenta de Invercaria, la agencia está realizando informes con fecha anterior para justificar las ayudas.

Tomás Pérez Sauquillo

Presidente de Invercaria desde su constitución en abril 2005 hasta marzo 2010. En la grabación la actual presidenta alude a irregularidades en su gestión y afirma que «ha dado dinero muy alegremente».

Manuel Rodríguez Rodríguez

Desde el año 2005 hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director de inversiones de Invercaria y es miembro del consejo de administración de varias sociedades de alto componente innovador. Laura Gómiz insinúa en la grabación que está realizando los informes falsos. «Hay cosas que a Manolo Rodríguez lo voy a poner para que haga determinados… para que haga… ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema de la auditoría».

Consejo de administración

Según Laura Gómiz, el consejo de administración de Invercaria estaba al tanto de las irregularidades. Entre sus integrantes figuran importantes cargos de la Junta de Andalucía, muy próximos a los consejeros. Además de Antonio Valverde, de IDEA, están Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco Alvaro Julio, gerente de las Fundación Andalucía Emprende; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Francisco José Oyonarte Molina, ex secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía bajo la presidencia de José Antonio Viera, y Antonio Fernández, implicados en el caso de los ERE.

EL historial criminal corporativo de 2012

El crimen corporativo ha estado con nosotros durante mucho tiempo, pero es posible que 2012 se recuerde como el año en el cual multas y soluciones extrajudiciales relacionadas con esos delitos comenzaron a ser lugar común. Durante los últimos 12 meses, más de media docena de compañías han tenido que aceptar multas de 10 dígitos (junto con numerosos casos de nueve dígitos) para llegar a acuerdos extrajudiciales por acusaciones que van desde el lavado de dinero y la manipulación de tasas de interés a crímenes medioambientales y mercadeo ilegal de medicamentos bajo receta.El problema que todavía no se ha resuelto es si incluso esas elevadas multas son suficientemente punitivas, considerando que la mala conducta de las corporaciones no da señales de disminuir. Para ayudar a considerar ese tema, publicamos una visión general del mal comportamiento de las corporaciones durante este año.

Soborno: El escándalo de soborno más notorio del año tiene que ver con Wal-Mart, que aparte de su descarada persecución de los sindicatos ha tratado de cultivar una imagen superlimpia. Una gran investigación del New York Times en abril mostró que los máximos ejecutivos del gigantesco detallista frustraron y finalmente aplazaron indefinidamente una investigación interna de considerables sobornos pagados por la compañía a funcionarios de inferior nivel como parte de un esfuerzo por aumentar la cuota de mercado de Wal-Mart en México. Un reciente informe de seguimiento delTimes suministra sorprendentes detalles adicionales.

Semejante conducta no es exclusiva de Wall-Mart. Este año, el gigante farmacéutico Pfizer tuvo que pagar 60 millones de dólares para resolver acusaciones federales relacionadas con el soborno de médicos, administradores de hospitales y reguladores gubernamentales en Europa y Asia. Tyco International pagó 27 millones de dólares para resolver acusaciones de soborno contra varias de sus subsidiarias. Se informa de que Avon Products está en discusiones con el Departamento de Justicia de EE.UU. y de la Comisión de Valores [SEC] para resolver una investigación por soborno.

Lavado de dinero y sanciones económicas. En junio el Departamento de Justicia anunció que el banco holandés ING pagará 619 millones de dólares para resolver afirmaciones de que ha violado sanciones económicas de EE.UU. contra

como Irán y Cuba. El mes siguiente, un informe del Senado de EE.UU. acusó al gigantesco banco HSBC de haber mirado hacia otro lado durante años mientras sus extensas operaciones se utilizaban para lavado de dinero por narcotraficantes y posibles financieros de terroristas. En agosto, el banco británico Standard Chartered aceptó pagar 340 millones de para solucionar acusaciones del Estado de Nueva York de que había lavado cientos de miles de millones de dólares en dinero contaminado y de que había mentido a los reguladores sobre sus acciones; este mes aceptó pagar otros 327 millones para solucionar extrajudicialmente acusaciones federales. Recientemente, HSBC llegó a una solución con las autoridades federales por lavado de dinero por 1.900 millones de dólares.

Manipulación de tasas de interés. Este fue el año en el cual quedó claro que los bancos gigantes han manipulado rutinariamente en su beneficio el crucial índice de tasas de interés LIBOR. En junio, Barclays acepto pagar unos 450 millones de dólares para solucionar acusaciones presentadas por este hecho por los reguladores estadounidenses y británicos. UBS acaba de aprobar el pago de 1.500 millones de dólares a las autoridades de EE.UU., Reino Unido y Suiza y que una de sus subsidiarias se declare culpable de una acusación de fraude criminal en conexión con la manipulación del LIBOR.

Practicas discriminatorias. En julio se anunció que Wells Fargo pagará 175 millones de dólares por un acuerdo de conciliación por discriminar a prestatarios afro-estadounidenses y latinos al otorgar préstamos hipotecarios.

Engaño de inversionistas. En agosto, Citigroup aceptó pagar 590 millones de dólares en un acuerdo de conciliación en una demanda judicial colectiva en la que se afirmó que no reveló toda su exposición a deudas por préstamos hipotecarios tóxicos de alto riesgo antes de la crisis financiera de 2008. El mes siguiente, Bank of America dijo que pagará 2.400 millones de dólares para llegar a un acuerdo en una demanda judicial colectiva que lo acusó de haber hecho declaraciones falsas y engañosas durante su adquisición de Merrill Lynch durante la crisis. En noviembre, JPMorgan Chase y Credit Suisse aceptaron pagar un total de 417 millones de dólares para llegar a un acuerdo por las acusaciones de la SEC de engaño en la venta de valores hipotecarios a inversionistas.

Abusos con tarjetas de crédito. En octubre el gigante de tarjetas de crédito American Express aceptó pagar 112 millones de dólares en un acuerdo de conciliación por acusaciones de cobro abusivo de deudas y cargos por atraso, y mercadeo engañoso de sus tarjetas de crédito.

Fraude al gobierno: En marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Lockheed Martin pagará 15,9 millones de dólares para llegar a un acuerdo sobre afirmaciones de que cobró de más al gobierno federal por instrumentos utilizados en programas de aviones militares. En octubre, EE.UU. presentó una demanda contra Bank of America y el emisor de préstamos Countrywide por un «fraude hipotecario» entre 2007 y 2009 que costó 1.000 millones de dólares al Estado en el período que condujo a la crisis financiera.

Colusión en la fijación de precios: Reguladores europeos impusieron recientemente el equivalente de casi 2.000 millones de dólares en multas a compañías electrónicas como Panasonic, LG, Samsung y Philips por colusión en la fijación de los precios de monitores de televisión y ordenadoras. Antes en este año, la compañía taiwanesa AU Optronics fue multada 500 millones de dólares por un tribunal estadounidense por una conducta similar.

Crímenes medioambientales: Este año se estableció un hito legal en el enjuiciamiento de BP por su papel en el accidente de perforación del Deepwater Horizon en 2010 que mató a 11 trabajadores y derramó una vasta cantidad de petróleo crudo en el Golfo de México. La compañía se declaró culpable de 11 acusaciones criminales y fue condenada a pagar 4.500 millones de dólares en multas y otras sanciones. También se excluyó temporalmente a BP de la obtención de nuevos contratos federales.

Mercadeo ilegal: En julio, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que el gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline pagará un total de 3.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo respecto a acusaciones criminales y civiles como la afirmación de que mercadeó ilegalmente sus antidepresivos Paxil y Wellbutrin para propósitos no aprobados y posiblemente inseguros. La operación de mercadeo incluyó comisiones clandestinas a doctores y otros profesionales de la salud. El acuerdo también cubrió acusaciones relacionadas con la falta de información de seguridad y de sobrecarga a programas federales de atención sanitaria. En mayo, Abbott Laboratories aceptó el pago de 1.600 millones de dólares para llegar a un acuerdo sobre acusaciones de mercadeo ilegal.

Encubrimiento de problemas de seguridad: En abril, un juez federal ordenó a Johnson & Johnson que pague 1.200 millones de dólares después que un jurado estableció que la compañía había ocultado problemas de seguridad asociados con su droga antipsicótica Risperdal. A Toyota el Departamento de Transporté de EE.UU. la multó recientemente con 17 millones de dólares por no haber notificado a los reguladores una serie de casos en los cuales los tapetes de las camionetas todo terreno Lexus se corrían fuera de posición e interferían con los pedales de aceleración.

Exageración de la eficacia del consumo de combustible: En noviembre la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA), anunció que Hyundai y Kia habían exagerado los valores de economía de combustible de muchos de los vehículos que habían vendido durante los últimos dos años.

Producción antihigiénica: Un brote de meningitis a principios de este se relcionó con jeringas de esteroides contaminadas producidas por las farmacéuticas especializadas New England Compounding Center y Ameridose que tenían un historial de operación en condiciones antihigiénicas.

Accidentes fatales de la mano de obra: Resultó que la fábrica de vestimenta bangladesí donde un incendio en noviembre mató a más de 100 personas (que habían sido encerradas por sus jefes) era un proveedor de compañías occidentales como Wal-Mart, que es tristemente célebre por presionar a sus subcontratistas hasta el punto de que no tienen otra alternativa que imponer exigencias imposibles a sus empleados y obligarlos a trabajar en condiciones peligrosas.

Prácticas laborales injustas: Wal-Mart también crea condiciones duras para su fuerza laboral dentro de EE.UU. Cuando una nueva campaña llamada OUR [nuestro] Wal-Mart anunció planes para acciones pacíficas en el lugar de trabajo en el gran día de compras después del Día de Acción de Gracias, la compañía hizo caso omiso de los temas presentados y trató de conseguir que el Consejo Nacional de Relaciones Laborales bloqueara las manifestaciones. Otras compañías que emplearon tácticas antisindicales como paros forzosos y excesivas demandas concesionarias durante el año incluyeron a Lockheed Martin y Caterpillar.

Evasión de impuestos: Aunque a menudo no es técnicamente criminal, la evasión de impuestos por parte de las grandes compañías a menudo tuerce la ley tanto que resulta irreconocible. Por ejemplo, en abril una denuncia en el New York Times mostró que Apple evita deudas por impuestos de miles de millones de dólares mediante complicados trucos contables como el «Doble Irlandés con un Sandwich Holandés», que involucra desviar artificialmente beneficios a través de diferentes paraísos fiscales.

Trabajo forzado: En noviembre, el detallista global IKEA reveló que utilizó el trabajo de presos en Alemania Oriental en los años ochenta.

Phil Mattera
Dirt Diggers Digest

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Comunicado de Attac ante la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad provisional a Hervé Falciani

 Attac celebra la libertad provisional de Hervé Falciani, aunque exige su libertad sin cargos y renueva su voluntad de seguir movilizando a la ciudadanía contra la impunidad con la que siguen operando los evasores y los paraísos fiscales

 

Madrid, 18 de diciembre de 2012. Attac celebra que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya acordado poner en libertad provisional al informático del HSBC Hervé Falciani -en prisión desde hace cinco meses en España acusado de robar listados de presuntos defraudadores- mientras tramita su procedimiento de extradición a Suiza. Una extradición que, si se produjera, Attac considera que iría en contra de la legalidad vigente en España y sólo demostraría la sumisión de la Justicia española a las presiones políticas de la banca suiza.

En este sentido, Attac apoya a la Fiscalía española que se ha mostrado contraria a su extradición y, de esta manera, pueda seguir colaborando con todos los países en denunciar a quienes evaden impuestos.

Attac exige la libertad sin cargos del Falciani y que se haga pública la lista de los presuntos 130.000 defraudadores (más de 600 españoles) de centenares de miles de millones de euros al tiempo que mantiene sucampaña de denuncia de prácticas tan dañinas para la ciudadanía como la evasión fiscal y la existencia de los paraísos fiscales.

Attac recuerda que el secreto bancario no existe en Suiza para su propia ciudadanía. En España, para nadie. Romperlo no es delito. La evasión fiscal, sí.

Attac renueva su voluntad de seguir movilizando a la ciudadanía española y mundial contra la impunidad con la que siguen operando los paraísos fiscales.

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Justicia belga acusa a la Cienciología de organización criminal

 

La Iglesia de la Cienciología, fundada en los años 50 por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard como una «filosofía religiosa aplicada» y en Europa ha estado envuelta en repetidas polémicas.

Bruselas.- La Justicia belga ha abierto una nueva investigación sobre la Iglesia de la Cienciología, a la que la Fiscalía federal acusa de organización criminal entre otros cargos, según informan hoy los diariosL’Echo y De Tijd.

La rama belga de la organización estadounidense también es sospechosa de fraude, extorsión, práctica ilegal de la medicina y de violaciones de la ley sobre la protección de la privacidad, aseguran los periódicos, manifestó

En Bélgica se abrió en 1997 una primera investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Cienciología, que llegó al país en 1974 y que tiene instalada en Bruselas su sede europea.

El caso, sin embargo, lleva años sin avanzar en un tribunal de la capital, a pesar de que en la última década se han repetido las investigaciones alrededor de la organización.

La nueva investigación se centra, según L’Echo y De Tijd, en las prácticas internas de la iglesia y arrancó con una demanda presentada ante los servicios de Empleo de Bruselas por contratos de trabajo entre la organización y voluntarios y miembros.

En la vecina Francia, la Iglesia de la Cienciología fue condenada en 2009 por estafa a una multa de 600.000 euros, sentencia que fue confirmada en apelación este mismo año.

Además, cinco de sus responsables fueron sentenciados a penas de entre dos años de cárcel exentos de cumplimiento y multas de varios miles de euros.

La Iglesia de la Cienciología, fundada en los años 50 por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard como una «filosofía religiosa aplicada» y en Europa ha estado envuelta en repetidas polémicas.

Entre sus adeptos figuran entre otros célebres personajes los actores estadounidenses Tom Cruise y John Travolta.

http://www.revistavanityfair.es/galerias/los-rostros-famosos-de-la-cienciologia/8686/image/588498

Todas las nuevas medidas contra el fraude fiscal que entran en vigor hoy.

 

 

 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Luchacontraelfraude.aspx

El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, anunciada por el ejecutivo y que endurece las medidas y penas de cárcel en delitos de fraude contra Hacienda y la Seguridad Social. El cobro indebido de prestaciones por desempleo, la creación de empresas para defraudar o el empleo irregular serán delitos penados con hasta cinco años de cárcel. Las empresas o personas que defrauden a Hacienda más de 600.000 euros tendrán que afrontar penas de entre dos y seis años de prisión.

Seis años de cárcel para el empresario que defraude a la Seguridad Social

Los fraudes a la Seguridad Social estarán penados, a partir de ahora, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los cinco y seis años. Beneficiarse irregularmente de reducciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional estará penado con una pena de hasta cinco años de prisión. Es una condena que podrá aumentar hasta seis años en el caso de empresas, ya que se considerará infracción grave obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social, y también no cotizar por los salarios de tramitación. La sanción será mayor cuanto mayor sea el número de trabajadoresafectado.

El aumento de estas penas también trae consigo una ampliación de la prescripción de estos delitos fiscales: en los supuestos más graves, su prescripción legal pasará de cinco a diez años. También se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Cinco años de cárcel por defraudar en subvenciones

Cobrar el paro de manera fraudulenta o recibir subvenciones de más de 120.000 euros de forma irregular también acarreará penas de hasta cinco años de cárcel. Utilizar una subvención para unos fines distintos de los que fue otorgada también será considerado como un supuesto de fraude fiscal.

Este endurecimiento de las penas de prisión por fraude fiscal también trae consigo un aumento de las multas aplicadas: si el delito incluye una pena de más de dos años de cárcel, el defraudador tendrá que pagar el doble de lo defraudado. Si esta pena es de más de cinco años, la multa ascenderá al cuádruple de esta cantidad.

Partidos políticos y sindicatos tendrán responsabilidad penal

Otra de las novedades introducidas en esta nueva Ley Orgánica, que entrará en vigor veinte días después de su publicación, incluye la inclusión de partidos políticos y sindicatos dentro del régimen de responsabilidad penal en casos de fraude fiscal. De esta manera, partidos y sindicatos tendrán que responder por las actuaciones ilícitas desarrolladas por sus miembros en su beneficio. Con esto, el ejecutivo busca superar lo que define como la «percepción de impunidad» de la que gozaban estos dos actores de la vida política.

EP/MADRID
Hoy entra en vigor la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma más ambiciosa de la democracia, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado, y se ha aprobado solo con el apoyo del Partido Popular en las dos Cámaras, así que entra en vigor tal y como la anunció y presentó el Ejecutivo.

La ley entra en vigor con carácter general, excepto el artículo 7, que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, que lo hará dentro de veinte días.

La norma, según Hacienda, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, el Ministerio asegura que la nueva ley supone el mayor esfuerzo normativo den la lucha contra el fraude, junto al proyecto de ley de lucha contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal.

Además, es un «complemento perfecto» al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el pasado 30 de marzo, con el que se pretende aflorar ingresos procedentes de la economía sumergida para incorporarlos a la economía regular.

La limitación de los pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes para favorecer la llegada de turistas.

Aquellos que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que haya sido comunicado por el contribuyente.

Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No solo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.

Medidas cautelares

Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, la nueva ley permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.

En concreto, se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.

Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes. Hasta ahora, cuando una deudor se declaraba sin bienes pero con acciones en una sociedad con inmuebles se le embargaban dichas acciones. A partir de ahora, se limitará la actividad de la propia sociedad.

Por otro lado, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.

También se introducen algunos cambios en el uso del IVA en operaciones inmobiliarias, ya que no se permitirá que el adquiriente se deduzca el impuesto si el vendedor no lo ha ingresado previamente. En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas antes del concurso no podrá realizarse en liquidaciones posteriores.

Cambios en el sistema de módulos

La nueva norma también incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de merc

Los abogados de las víctimas piden prisión provisional sin fianza para Miguel Ángel Flores

Los abogados de las víctimas piden prisión provisional sin fianza para el dueño de Diviertt

 

El empresario que organizó la fiesta del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, fue detenido el jueves

EFE   28-12-2012

Los abogados de las víctimas de la avalancha en la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, que provocó la muerte de cinco chicas, pedirán este viernes al juez prisión provisional sin fianza para el empresario Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt, organizadora del evento, que fue detenido el jueves.

Así lo ha expresado a los medios de comunicación Abdón Núñez, letrado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas de la tragedia, antes de la celebración de una vista en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, tomará una decisión sobre la situación del empresario.

Núñez ha precisado que cuatro de las acusaciones particulares pidieron el jueves al juez que investiga el caso la detención de Flores por riesgo de fuga.

Ha explicado que la petición se produjo tras conocerse un vídeo que revela que Flores «no solo sabía dónde estaban las urnas, sino que las estaba ocultando», aunque el Grupo V de la Brigada de Homicidios las localizó en un edificio próximo al recinto el día en que fueron a retirar el precinto del pabellón.

Tras indicar que el recuento de las entradas encontradas en esas urnas demostró que hubo una «sobreventa», ha solicitado el ingreso en prisión sin fianza del empresario por considerar que se dan las circunstancias de ocultación y posible intento de destrucción de pruebas, junto al riesgo de fuga.

Ha apuntado que está constatado que Flores tiene negocios en Ecuador y Panamá y que sus actividades en España las llevan su padre y sus hermanos, de forma que «si él se evadiera los negocios seguirían funcionando y generando dinero».

Por su parte, Felipe Moreno, letrado de la familia de Rocío Oña, ha señalado que el vídeo, aunque «hay que ver quién lo ha facilitado, muestra a personal de Diviertt, bajo la supervisión de Flores», trasladando las urnas que la policía tardó dieciséis días en localizar.

Moreno ha indicado que la ocultación de las entradas, «que no se dijo dónde estaban» es «más que suficiente» para determinar la ocultación de pruebas y posibilidad de fuga» de Flores.

Desmontadas las mentiras de UNESA sobre las energías renovables. #oligopoly

Demuestran que las energias renovables no han creado el déficit tarifario

10.244 millones de contribución al PIB, 186.587 empleos generados, 2.101 millones ahorrados en importación de combustibles

Estos son algunos de los datos recogidos en el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2011 que la patronal APPA ha presentado hoy en Madrid. Un estudio que también demuestra que las renovables no solo no han sido las causantes del déficit tarifario sino que lo han reducido.

Por más que el presidente de Unesa siga insistiendo en lo contrario, los datos le quitan la razón. El estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2011, elaborado por la Asociación de Productores de Energías Renovables y presentado hoy en Madrid por José Miguel Villarig, presidente de la asociación, y Jaume Margarit, director general de la misma, desmonta las acusaciones de Eduardo Montes y el propio ministro de Industria contra las energías renovables.

El Estudio que recoge, por cuarto año consecutivo, la influencia de las energías renovables en términos económicos y sociales, pone de manifiesto que solo en la reducción del precio del mercado diario de electricidad estas tecnologías ahorraron 7.607 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2011. Otros datos destacados son que estas tecnologías representaron en 2011 el 0,95% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y que siguen invirtiendo en I+D+i tres veces por encima de la media. En 2010 (últimos datos disponibles), la inversión fue de 302,8 millones, el 4,5% de su contribución directa al PIB.

Generación de empleo
Además, pese a la crisis y todos los obstáculos a los que se enfrenta, el sector ha seguido creando empleo. En concreto, en 2011 se crearon 5.983 nuevos puestos de trabajo. Este repunte se produjo, principalmente, por los empleos inducidos debidos a la construcción de nuevas centrales. Los empleos del sector se dividieron en 54.193 empleos generados de forma directa y 64.464 empleos inducidos en otros sectores de actividad.

Por tecnologías, la solar termoeléctrica, con 9.711 nuevos empleos, y la biomasa, con 1.360, son las que más empleos han creado. En el lado contrario, la energía eólica y los biocarburantes destruyeron empleo el año pasado (3.638 y 1.375, respectivamente). En el caso de los biocarburantes este dato es especialmente preocupante ya que, como explicó Margarit “aunque se han consumido más biocarburantes en España, esto se debe a las importaciones de Argentina e Indonesia, principalmente, y no a un mayor desarrollo del sector nacional”.

Balanza comercial y emisiones evitadas
Las renovables también contribuyen a reducir nuestra dependencia energética y a equilibrar la balanza comercial. En 2011, el sector exportó bienes y servicios por valor de 3.362 millones de euros y las importaciones alcanzaron los 2.632 millones, con el resultado de un saldo neto exportador de 730 millones. Respecto a importaciones de hidrocarburos evitadas –11,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 2.101 millones de euros– Villarig destacó el importante papel que en este terreno juegan estas tecnologías, recordando que “en 2011, las importaciones de hidrocarburos nos costaron 39.933 millones, el 86% del total de todas las importaciones”.

Además, las energías renovables evitaron el año pasado la emisión de 33,4 millones de toneladas de CO2, que supusieron un ahorro total de 429 millones de euros, mientras que la utilización de biocarburantes en el transporte evitó la emisión de 4,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Las energías limpias también evitaron la emisión de otros gases nocivos para la salud como para el medio ambiente: 27,6 millones de toneladas de NOx y 45,3 millones de toneladas de SO2.

En cuanto a la balanza fiscal, el sector ha sido contribuidor fiscal neto en todos los ejercicios contemplados. Durante 2011, se pagaron cerca de 675 millones de euros en impuestos y se percibieron alrededor de 12 millones de euros en subvenciones. El saldo, positivo para el Estado, fue de 663 millones recaudados.

Electricidad generada
Según indica el estudio de APPA, al finalizar 2011 había instalados 2.286 megavatios de energías renovable, situándose el total acumulado en 29.097 MW. La eólica (1.349 nuevos megavatios), solar termoeléctrica (467 MW), solar fotovoltaica (409 MW) y la biomasa (61 MW) fueron las tecnologías que más potencia instalaron.

Sin embargo, este aumento de potencia no se tradujo en mayor generación. De hecho, la generación eléctrica renovable se redujo hasta los 59.990 GWh (60.109 GWh en 2010) debido a que 2010 fue excepcionalmente bueno para la energía eólica e hidráulica. En total, las renovables cubrieron el 22,2% de la demanda eléctrica el año pasado.

Déficit de tarifa
El Estudio aborda, asimismo, la principal preocupación del ministro Soria, el déficit de tarifa, dejando claro que la comparación, “interesada”, señaló Villarig,, entre primas y déficit tarifario olvida los múltiples beneficios que tienen estas tecnologías en nuestra economía.

Así, durante 2011 las energías renovables ahorraron 3.352 millones al sistema eléctrico, debido a que estas tecnologías entran a precio cero en el mercado diario de OMEL, desplazando a unidades de generación que habrían marcado precios más altos en nuestro mercado marginalista. “Si no hubiera esta aportación de renovables, cada MWh adquirido en el mercado sería 15 euros más caro”, puntualizó el presidente de la patronal.

¿Y cuánto dinero recibieron en primas las renovables? “No los 7.000 millones que dice el ministro, sino 5.023 millones”, apuntó Villarig. En realidad, por primera vez desde que se realiza el estudio, las primas a las energías renovables se redujeron en 2011, debido a una menor producción eólica y minihidráulica y a los recortes retroactivos de 2010 a la energía fotovoltaica, que limitaron el número de horas con derecho a prima de esta tecnología.

De acuerdo con el estudio de APPA, en el período 2005-2011 las energías renovables han supuesto en el mercado diario un ahorro de 28.482 millones de euros; superior, por tanto, a las primas recibidas en este periodo, que ascienden a 20.875 millones de euros. De esta manera, “si las renovables no hubieran existido, ni las primas ni los ahorros, la electricidad se habría generado a un precio mayor. Las renovables no solo no han sido las causantes del déficit tarifario sino que lo han reducido”, destacó Villarig.

Cumplimiento de objetivos
En lo referente a los objetivos marcados en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, en algunos casos se han alcanzado y en otro no. Las eólica, con 21.059 MW acumulados en 2011 los superó; las tecnologías solares los excedieron ampliamente (4.244 MW acumulados en FV y 999 MW en termosolar); y tecnologías como la minihidráulica (2.034 MW) y biomasa (761 MW) no los alcanzaron.

Pese a ello, las metas globales fijadas para 2010 no se han cumplido. El año pasado las renovables abastecieron el 11,6% del consumo de energía primaria (el objetivo para 2010 era el 12, 1%) y el de electricidad supuso el 29, 7% (se incluye la gran hidráulica), un 0,6% por debajo del objetivo perseguido, Los únicos objetivos que se alcanzaron fueron las emisiones de CO2 evitadas y el consumo de biocarburantes en términos energéticos.

En cuanto al PER 2011-2020, ninguna tecnología ha alcanzado la potencia instalada prevista para 2011. Hay un retraso generalizado en todas las tecnologías térmicas, eléctricas o de transporte. De acuerdo con APPA, el único objetivo que se está cumpliendo es el porcentaje de consumo de energía final bruto, 15,9% sobre un 14,7% para 2011. Y este porcentaje se ha alcanzado por la caída de la demanda, no porque la producción renovable haya sido superior a la prevista: 54.715 GWh de electricidad renovable frente a 58.642 GWh previstos para 2011 y 1.670 ktep de biocarburantes frente a 2.048 previstos.

Oportunidad para España
José Miguel Villarig y Jaume Margarit concluyeron su intervención destacando la gran inversión que suponen para España las energías renovables, tanto en generación de empleo, como en independencia energética, un medio ambiente más limpio y mejora de la marca España. Sin embargo, “las decisiones de los dos últimos gobiernos se han mostrado contrarias al desarrollo de estas tecnologías”, destacó Villarig, para quien “frente a la improvisación” con la que se está actuando, hace falta “un marco regulatorio estable y a largo plazo” que vuelva a dar al sector la confianza y seguridad que necesita.

 

Fin de la huelga de sanidad con la dimisión de 150 médicos.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha anunciado este viernes en rueda de prensa que desconvoca la huelga indefinida entre médicos y residentes de Madrid tras cinco semanas de paros.

Hoy se cumplía la décimo octava jornada de huelga convocada en protesta por el plan de sostenibilidad sanitaria que va a poner en marcha el Gobierno regional y que contempla la externalización de la gestión de seis hospitales públicos y de 27 centros de salud.

Dimiten más de 150 médicos en Madrid

Renuncian a sus puestos en las juntas técnicas en protesta por el plan de privatización de la sanidad aprobado por el Gobierno regional

La lista de dimisiones en la sanidad madrileña sigue engrosando y parece no tener fin. Las últimas renuncias masivas se produjeron ayer cuando más de 150 profesionales sanitarios anunciaron su dimisión en bloque de las comisiones y juntas técnicas de los hospitales en protesta por el plan del Gobierno regional de privatizar la gestión de 27 centros de salud y seis hospitales. Una medida aprobada ayer en la Asamblea de Madrid con los únicos votos del PP.
Con este gesto los médicos pretenden escenificar la «ruptura de la relación de confianza» con la Consejería de Sanidad, según explicó la portavoz de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), Fátima Brañas. Estas dimisiones afectan a todos los grupos de asesoramiento de los hospitales salvo a las de tumores y la de docencia. Es una medida más de presión que se suma a los 120 equipos directivos de los centros de salud que ya presentaron su dimisión. Además, desde AFEM anunciaron que no asistirán a la reunión prevista para hoy con la Consejería de Sanidad por considerarla «no razonable» después de que el polémico plan fuese aprobado sin recoger ninguna de las propuestas de los profesionales.
Tras cinco semanas de huelga, la AFEM decidió poner fin a los paros tras la aprobación de la privatización, pero acordaron continuar la lucha a través de los tribunales « denunciando posibles irregularidades en la privatización de los hospitales».
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, criticó duramente a los médicos por las cinco semanas de huelga en las que se han cancelado, según sus datos, unas 6.000 operaciones quirúrgicas. González acusó a los facultativos de «perjudicar» a los ciudadanos con su actitud. «¿Por qué no les operan hoy? No les operan porque no quieren operarles, así de claro», explicó González en una rueda de prensa.

Nuestra sanidad es alabada en el ámbito internacional, siempre ha sido así, pero ahora se la están cargando poco a poco y las consecuencias reales las veremos, no dentro de mucho de seguir con las privatizaciones. ¿Por que cambiar un modelo sanitario si era tan alabado? Solo obedece a motivos económicos, ahora la sanidad no estará al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de unas empresas que nos verán como clientes intentando exprimirnos al máximo, creando cada vez más desigualdades. Y si lo hacen mal no nos quedará más narices que tragar con eso por que competencia real no habrá, ofrecerán servicios parecidos con costes parecidos y pagar, pagaremos más que ahora eso seguro. Y lo malo de todo esto, es que si yo tengo poco dinero pues en vez de comprarme dos pares de zapatos al año, me compro uno y no pasa nada, pero la salud de uno mismo no puede ser llevar a esa austeridad…¿quien puede saber la gravedad o consecuencias de nuestra dolencia?

El (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la #corrupción política en Cataluña.

El SUP denuncia que no se combate la‘corrupción política’ en Cataluña

 

Secretario General del SUP. Imagen: EFE

 

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la corrupción política que está dando tanto que hablar en Cataluña. Además ha difundido una nota en la que acusa al diario El País de exigir sanciones para «los policías docentes» con el fin de que «puedan seguir campando a sus anchas los corruptos».

 

Según la información del diario El Mundo, el SUP asegura que muchos policías y ellos mismos como organización sindical están permitiendo la corrupción en general, la corrupción política en particular y más concretamente en Cataluña. No la están combatiendo con el rigor que exige las leyes y es posible que esa laxitud haya sido la moneda de cambio para que se mantuviera un perfil político bajo de demandas políticas independentistas en dicho territorio.

Según afirma la nota del SUP, «en España se ha instalado la corrupción ampliamente y ningún ámbito de la sociedad es impermeable». Y añade: «Los ciudadanos lo intuyen y nosotros lo sabemos porque tenemos indicios sólidos de ello».

Dicha nota se titula ‘La partida de la democracia’ y se ha escrito al estilo de una carta abierta en respuesta a un editorial publicado por El País este mismo jueves cuyo título es ‘La partida de la porra’. En ese artículo editorial el periódico aborda las investigaciones policiales y periodísticas que han destapado los recientes escándalos de corrupción relacionados con dirigentes de CiU.

El diario de Prisa critica, según su texto ideológico, directamente al SUP por defender «la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial» y denuncia «como hecho palpable» la existencia de «fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de la que ninguna autoridad sale fiadora».

El SUP responde en su nota defendiendo que los policías decentes, sujetos a la ley y bajo control y dirección de las autoridades judiciales trabajen para combatir la corrupción desde la legalidad. Y añade: «Pero si se diera el caso de que la corrupción impide esa tarea será cuestión de buscar otros procedimientos, como se hizo en la clandestinidad, que contribuyan a que la Constitución y las leyes imperen por encima de los corruptos que las utilizan y los medios de comunicación que los protegen».

 

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UPyD denuncia en la fiscalía a los consejeros de Banca Cívica por estafa y apropiación indebida

• La denuncia se extiende a Caixabank, como posible responsable subsidiario
• UPyD asegura que denuncia porque no lo han hecho los órganos supervisores
• El caso de Banca Cívica y su salida a bolsa, «hermano gemelo» del de Bankia

 

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 EFE 27.12.2012 – 13:52hUnión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado este jueves ante la fiscalía de Navarra una denuncia contra los consejeros de Banca Cívicapor la presunta comisión, entre otros, de delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La denuncia se extiende también a Caixabank, como posible responsable subsidiario al asumir los derechos y obligaciones fruto de la absorción de Banca Cívica, que formaron Cajasol, Caja de Navarra (CAN), Caja Canarias y Caja Burgos, pero no por su relación con presuntos hechos delictivos, han precisado los impulsores de la denuncia.

La denuncia, que consta de 69 folios y contiene 600 páginas de documentación, ha sido presentada por el secretario general del grupo parlamentario de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, quien fue responsable de la querella contra Bankia, y de Diego Paños, responsable de Acción Institucional del partido en Navarra.

Dirigida al Fiscal Jefe de la Comunidad Foral, en la denuncia plantean la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, delitos societarios, administración fraudulenta o desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.

El caso de Banca Cívica, «gemelo» de Bankia

En una posterior rueda de prensa, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que se ha trasladado a Pamplona, ha indicado que esta iniciativa la impulsan porque no lo han hecho los órganos supervisores y de control, ni las instancias jurídicas y tampoco las políticas.

«La politización de las Cajas nos ha llevado a esta situación», este es «el corazón del problema», ha enfatizado la dirigente de UPyD ante la crisis de las cajas españolas, para añadir que el caso de Banca Cívica y su salida a bolsa es «hermano gemelo» del de Bankia.

La politización de las Cajas nos ha llevado a esta situación

A su juicio, en el proceso de creación y la salida a bolsa de Banca Cívica ha podido haber «actuaciones delictivas» de las que ha responsabilizado a los 15 miembros que formaban su consejo de administración, presidido entonces por Antonio Pulido, de Cajasol, y cuyo vicepresidente era Enrique Goñi, de la CAN.

Rosa Díez ha pedido a la fiscalía de Navarra que abra una investigación y ha adelantado que si «no hace su trabajo» llevarán el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como hicieron en la querella contra Bankia.

La diputada ha insistido en que el «agujero financiero» de las cajas, que ha provocado «miles y miles» de perjudicados, ha obedecido a los intereses políticos representados en los órganos de gestión de estas entidades, y también en la falta de control por parte de otros organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Salida a Bolsa de Banca Cívica

Diego Paños ha destacado que la denuncia tiene su origen en la «enorme» pérdida patrimonial de Banca Cívica, de hasta casi el 50%, que no está debidamente justificada, fruto de una «huida hacia adelante» para retrasar un problema de deuda en el tiempo.

Al respecto, ha recordado que Banca Cívica salió a Bolsa en julio de 2011 con un patrimonio de unos 5.000 millones de euros y en agosto de 2012 dejó de cotizar, para ser absorbida por Caixabank, lo que se conoció unos meses antes.

Para Paños, la mala situación de Banca Cívica tuvo su origen en los problemas financieros de las cajas que la constituyeron y en el proceso de su salida a bolsa, a la vez que ha denunciado la ocultación de información ante un «agujero» no declarado de unas dimensiones «aterradoras».