El Tribunal de Cuentas denuncia en su último informe sobre la gestión de las comunidades autónomas el grave descontrol en la contratación pública, donde se cometen múltiples ilegalidades que han dado lugar a graves casos de corrupción que investigan todavía los tribunales de justicia.
La auditoria ha analizado cerca de 2.500 contratos de todo tipo (obras, suministros, consultorías y otros) adjudicados por casi 10.000 millones de euros entre 2006 y 2007.
La radiografía del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías que se producen en la contratación de las comunidades saca conclusiones especialmente graves sobre la utilización de dinero público por parte de los Gobiernos autónomos.
El informe del Tribunal de Cuentas, que llegó hace seis meses al Congreso de los Diputados y aún no se ha analizado y debatido, desgrana la gestión del gasto de todas las autonomías en 2006 y 2007. “No hay fecha para analizar ese informe porque llevamos retraso”, señalan fuentes parlamentarias.
Escándalos en los tribunales
‘CASO GÜRTEL’ EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Los tribunales investigan la adjudicación de decenas de contratos a dedo, muchas veces con el procedimiento negociado sin publicidad que denuncia el Tribunal de Cuentas, a la trama Gürtel. Además, los jueces investigan si empresas privadas que contrataban con la Comunidad Valenciana acabaron pagando los mítines del PP a través de la red Gürtel.
‘CASO OVER’ EN BALEARES. El juzgado de instrucción de Palma de Mallorca investiga la adjudicación a dedo de múltiples contratos a la empresa de publicidad Over MC que, a su vez, montaba mítines para el PP de Jaume Matas que eran financiados, en parte, con aportaciones de hoteleros, o por la propia Over MC como consecuencia del trato de favor que recibía del Gobierno balear.
‘CASO PALAU’ EN CATALUÑA. La investigación judicial sobre el expolio del Palau de la Música destapó múltiples irregularidades en la adjudicación de obra pública en Cataluña por la que, supuestamente, pagaban las constructoras comisiones ilegales que financiaban a Convergencia Democrática de Catalunya, uno los partidos del Gobierno catalán.
El informe es diáfano en su análisis. Y anota en una decena de folios de los 239 que tiene el estudio todas las irregularidades detectadas.
Ofertas injustificadas. “Falta de justificación por los servicios promotores de la necesidad de los contratos para el funcionamiento de los correspondientes servicios públicos o justificaciones carentes de un nivel de concreción razonable o insuficiente justificación de los costes de las contrataciones al haberse aportado los correspondientes datos, cálculos y cuantificaciones”.
Troceo para evitar el concurso.“Fraccionamiento indebido de la cuantía de los contratos con la finalidad de tramitarlos mediante procedimientos negociados sin publicidad o como contratos menores, según los casos, eludiéndose de este modo los procedimientos y formas de contratación establecidos para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia”.
Falsa urgencia. «Abuso de la tramitación de urgencia de los expedientes, en muchos casos, sin justificarse adecuadamente, que implica la reducción a la mitad de los plazos establecidos lo que, en ocasiones, implica una restricción de la concurrencia”.
Abuso del concurso en lugar de la subasta. «Utilización desproporcionadamente mayoritaria del concurso en detrimento de la subasta, forma ordinaria de adjudicación de obras, que se aplicó muy escasamente a pesar de que, por el carácter absolutamente reglado del procedimiento, implicaba un menor riesgo de conculcación de los principios de transparencia y objetividad y de que, generalmente, permitía obtener las mayores bajas sin perjuicio del aseguramiento de los medios, la capacidad y la solvencia de las empresas licitadoras”.
Vía injustificada.“Falta de justificación o injustificación inadecuada de la elección del procedimiento y forma de adjudicación de los contratos, en particular, de los supuestos legales que permitían la contratación conjunta de proyectos y obras”.
Falta de criterios “Deficiente establecimiento de los criterios de adjudicación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los concursos al no expresarse con precisión o al no fijarse la metodología para su aplicación y para la asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos; o al establecerse como criterios aspectos que solo deben utilizarse para la admisión a las licitaciones, referentes a la valoración de los medios materiales y personales o a la experiencia de las empresas. En algunos casos, se establecieron mayores puntuaciones para los licitadores que acreditaban experiencia o medios vinculados con la respectiva comunidad autónoma, lo que resulta contrario a los principios de igualdad y no discriminación, y no siempre se establecieron con precisión límites a las variantes o alternativas que podían establecer los licitadores, lo que implica una especial dificultad para una valoración homogénea y objetiva de las ofertas”.
Sin datos técnicos. “Deficiente fundamentación de las adjudicaciones de los concursos en informes técnicos de valoración de las ofertas sin motivar o incorrectamente motivados”.
Bajas extrañas. “Insuficiente valoración de las bajas de los precios de las ofertas en los pliegos y/o informes de valoración de los concursos, sin que consten circunstancias que pudieran justificar esta actuación que no es conforme con el principio de economía en la gestión de fondos públicos. Con frecuencia, las apreciaciones de temeridad en las bajas ofertadas no se ajustaron a los requisitos legales”.
Sin publicidad. “Falta de justificación de los supuestos legales que permiten la utilización de los procedimientos negociados sin publicidad, que implican la exclusión de los contratos así asignados de publicidad y libre concurrencia, la mayor discrecionalidad en la selección de los adjudicatarios y en los que, además, no suelen obtenerse bajas apreciables, particularmente cuando se invocó la existencia de una imperiosa urgencia o de un fin único empresario capacitado para la realización de las correspondientes prestaciones”.
Modificación de contratos. “Modificaciones de contratos en ejecución, particularmente de obras, que no responden a nuevas necesidades surgidas durante su ejecución, sino a imprevisiones o deficiencia en las actuaciones preparatorias y sin que, generalmente, conste la exigencia de las correspondientes responsabilidades y/o resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las administraciones. En ocasiones, se tramitaron indebidamente como contratos complementarios algunos que, en realidad, constituyeron modificaciones por contener actuaciones cuya ejecución era absolutamente necesaria e inseparable de las inicialmente proyectadas”.
Facturas sanitarias. Mientras ahora algunas autonomías rebuscan distintas fórmulas de privatización o copago en materia sanitaria, incluido el euro por receta, el informe de los gastos de 2006 y 2007 denunciaba la “deficiente constancia de la conformidad de la Administración con las facturas correspondientes a suministros de bienes fungibles o de material sanitario a hospitales o servicios públicos de salud”.
Consultorías a granel. “En contratos de consultoría, asistencia o servicios, falta de justificación con un grado de concreción razonable de la imposibilidad de ejecución de las prestaciones con los medios personales o materiales propios de las administraciones”.
Todas estas anomalías denunciadas por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la gestión autonómica siguen produciéndose a juzgar por las causas abiertas en los tribunales de justicia de todo el país.
Contra la impunidad ya! 