El PP se plantea eliminar imputados del partido a lo largo de 2013

 

La dirección del PP nacional, situada en la calle Génova de Madrid, sigue con preocupación la evolución de los casos relacionados con la corrupción que afectan a dirigentes del partido especialmente en la Comunitat Valenciana y Baleares.

Según fuentes ‘populares’, tanto la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, como el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, están pendientes de cualquier novedad referente a los casos de presunta corrupción que se están investigando en procesos como Brugal, Over Marketing, Gürtel o Nóos. De momento, se mantienen a la expectativa, aunque fuentes próximas a la dirección del partido apuntan a que se plantean tomar medidas a lo largo de 2013.

Así, las últimas informaciones que afectan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada por el caso del PGOU o al presidente del Parlament de Baleares, Pere Rotger, recientemente imputado por el caso Over Marketing; han activado las alarmas en Génova.

Además, fuentes ‘populares’ subrayan que en Madrid también han tomado nota de las informaciones que atribuyen al secretario general del PPCV, Serafín Castellano, determinadas contrataciones en su época de conseller de Sanidad a la empresa Over Marketing, que está siendo investigada en Palma por supuesta financiación ilegal del PP balear.

El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco ya remitió al titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, que investiga la presunta financiación ilegal del PP balear y el supuesto amaño de contratos en favor de Over Marketing, los contratos firmados por la Generalitat Valenciana con esta empresa por si estima abrir una investigación para conocer el modo en el que salieron adelante. A día de hoy, aunque no pesa ninguna acusación sobre Castellano y éste ha defendido la legalidad de las actuaciones, diversas fuentes del partido consultadas por este diario creen que el caso podría complicarse.

DESCONFIANZA INSTALADA EN MADRID

Desde que estallara el caso Gürtel en 2009, la relación entre la dirección nacional del partido y la cúpula regional ha atravesado momentos difíciles. El entonces secretario general del PPCV, Ricardo Costa, llegó a plantearle un pulso a la número dos de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal. En los últimos años, las constantes visitas a los juzgados de dirigentes del PPCV han alimentado la desconfianza de Génova hacia los ‘populares’ valencianos.

El planteamiento de Génova se resume en que todos los procesos internos del partido -congresos locales y demás- deben estar cerrados en el mes de marzo de 2013. Tras esto, según fuentes próximas a la cúpula del PP, la dirección quiere zanjar cualquier complicación derivada de la corrupción entre los cargos ‘populares’.

La estrategia del partido, apoyada en las duras medidas desde el Gobierno, apunta a lograr que la recuperación económica comience a reflejarse en 2014: de ser así, las posibilidades de reeditar el triunfo electoral al año siguiente aumentarían considerablemente.

Así, las fuentes consultadas aseguran que existe una consigna clara en el plan de la dirección ‘popular’: deberá eliminarse a lo largo de 2013 cualquier posible ‘lastre’ que empañe esa recuperación prevista desde el Gobierno. Por ello, el partido tiene previsto actuar con firmeza sobre cualquier signo de corrupción para centrar toda la estrategia de comunicación en la augurada recuperación económica.

Cabe recordar que dirigentes como Sonia Castedo, Pere Rotger o el propio Serafín Castellano, son miembros de la Junta Directiva Nacional del PP por los cargos territoriales que ostentan: alcaldesa de capital de provincia, presidente del Parlament Balear y secretario general regional respectivamente.

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El Tribunal de Cuentas destapa la corrupción en las autonomías.

Un poco raro, ¿será que ya han prescrito los delitos? 
¿Lo sacan ahora que ya solo quedan las elecciones catalanas?  lleva meses el informe sobre la mesa

Lo importante es que la porquería se airee  YA y  a tiempo y los ciudadanos veamos debajo de que alfombras hay que hacer limpieza

Y sepamos porqué  extraños motivos no  hay nadie en la carcel,todavía de tantísimos y taantítismos acusados de corrupción

Todos sabíamos la corrupción y tramas como Gurtel, como volaban los maletines en comunidades y ayuntamientos, que han hecho estos, no es su trabajo perseguir estos delitos? El Tribunal de Cuentas destapa la corrupción de hace 6 años… y además, el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para sancionar a los corruptos, sigan o no en algún puesto de responsabilidad.

¿Como es posible que a Pedro Jota se le haya escapado esto o solo se centra en la corrupción de Artur Mas y Pujol?

Si hay pruebas, que la justicia actue YA!

– Ofertas injustificadas
– Troceo para evitar el concurso. 
– Falsa urgencia
– Abuso del concurso en lugar de la subasta. 
– Vía injustificada
– Falta de criterios
– Sin datos técnicos
– Bajas extrañas
– Sin publicidad
– Modificación de contratos
– Facturas sanitarias
– Consultorías a granel

La auditoría halla múltiples ilegalidades en 2.500 expedientes por 10.000 millones

Las comunidades abusan del concurso en lugar de contratar mediante subasta

 

El Tribunal de Cuentas denuncia en su último informe sobre la gestión de las comunidades autónomas el grave descontrol en la contratación pública, donde se cometen múltiples ilegalidades que han dado lugar a graves casos de corrupción que investigan todavía los tribunales de justicia.
La auditoria ha analizado cerca de 2.500 contratos de todo tipo (obras, suministros, consultorías y otros) adjudicados por casi 10.000 millones de euros entre 2006 y 2007.
La radiografía del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías que se producen en la contratación de las comunidades saca conclusiones especialmente graves sobre la utilización de dinero público por parte de los Gobiernos autónomos.
El informe del Tribunal de Cuentas, que llegó hace seis meses al Congreso de los Diputados y aún no se ha analizado y debatido, desgrana la gestión del gasto de todas las autonomías en 2006 y 2007. “No hay fecha para analizar ese informe porque llevamos retraso”, señalan fuentes parlamentarias. 
http://politica.elpais.com/politica…946_416981.html

Escándalos en los tribunales

‘CASO GÜRTEL’ EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Los tribunales investigan la adjudicación de decenas de contratos a dedo, muchas veces con el procedimiento negociado sin publicidad que denuncia el Tribunal de Cuentas, a la trama Gürtel. Además, los jueces investigan si empresas privadas que contrataban con la Comunidad Valenciana acabaron pagando los mítines del PP a través de la red Gürtel.

‘CASO OVER’ EN BALEARES. El juzgado de instrucción de Palma de Mallorca investiga la adjudicación a dedo de múltiples contratos a la empresa de publicidad Over MC que, a su vez, montaba mítines para el PP de Jaume Matas que eran financiados, en parte, con aportaciones de hoteleros, o por la propia Over MC como consecuencia del trato de favor que recibía del Gobierno balear.

‘CASO PALAU’ EN CATALUÑA. La investigación judicial sobre el expolio del Palau de la Música destapó múltiples irregularidades en la adjudicación de obra pública en Cataluña por la que, supuestamente, pagaban las constructoras comisiones ilegales que financiaban a Convergencia Democrática de Catalunya, uno los partidos del Gobierno catalán.

El informe es diáfano en su análisis. Y anota en una decena de folios de los 239 que tiene el estudio todas las irregularidades detectadas.

Ofertas injustificadas. “Falta de justificación por los servicios promotores de la necesidad de los contratos para el funcionamiento de los correspondientes servicios públicos o justificaciones carentes de un nivel de concreción razonable o insuficiente justificación de los costes de las contrataciones al haberse aportado los correspondientes datos, cálculos y cuantificaciones”.

Troceo para evitar el concurso.“Fraccionamiento indebido de la cuantía de los contratos con la finalidad de tramitarlos mediante procedimientos negociados sin publicidad o como contratos menores, según los casos, eludiéndose de este modo los procedimientos y formas de contratación establecidos para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia”.

Falsa urgencia. “Abuso de la tramitación de urgencia de los expedientes, en muchos casos, sin justificarse adecuadamente, que implica la reducción a la mitad de los plazos establecidos lo que, en ocasiones, implica una restricción de la concurrencia”.

Abuso del concurso en lugar de la subasta. “Utilización desproporcionadamente mayoritaria del concurso en detrimento de la subasta, forma ordinaria de adjudicación de obras, que se aplicó muy escasamente a pesar de que, por el carácter absolutamente reglado del procedimiento, implicaba un menor riesgo de conculcación de los principios de transparencia y objetividad y de que, generalmente, permitía obtener las mayores bajas sin perjuicio del aseguramiento de los medios, la capacidad y la solvencia de las empresas licitadoras”.

Vía injustificada.“Falta de justificación o injustificación inadecuada de la elección del procedimiento y forma de adjudicación de los contratos, en particular, de los supuestos legales que permitían la contratación conjunta de proyectos y obras”.

Falta de criterios “Deficiente establecimiento de los criterios de adjudicación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los concursos al no expresarse con precisión o al no fijarse la metodología para su aplicación y para la asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos; o al establecerse como criterios aspectos que solo deben utilizarse para la admisión a las licitaciones, referentes a la valoración de los medios materiales y personales o a la experiencia de las empresas. En algunos casos, se establecieron mayores puntuaciones para los licitadores que acreditaban experiencia o medios vinculados con la respectiva comunidad autónoma, lo que resulta contrario a los principios de igualdad y no discriminación, y no siempre se establecieron con precisión límites a las variantes o alternativas que podían establecer los licitadores, lo que implica una especial dificultad para una valoración homogénea y objetiva de las ofertas”.

Sin datos técnicos. “Deficiente fundamentación de las adjudicaciones de los concursos en informes técnicos de valoración de las ofertas sin motivar o incorrectamente motivados”.

Bajas extrañas. “Insuficiente valoración de las bajas de los precios de las ofertas en los pliegos y/o informes de valoración de los concursos, sin que consten circunstancias que pudieran justificar esta actuación que no es conforme con el principio de economía en la gestión de fondos públicos. Con frecuencia, las apreciaciones de temeridad en las bajas ofertadas no se ajustaron a los requisitos legales”.

Sin publicidad. “Falta de justificación de los supuestos legales que permiten la utilización de los procedimientos negociados sin publicidad, que implican la exclusión de los contratos así asignados de publicidad y libre concurrencia, la mayor discrecionalidad en la selección de los adjudicatarios y en los que, además, no suelen obtenerse bajas apreciables, particularmente cuando se invocó la existencia de una imperiosa urgencia o de un fin único empresario capacitado para la realización de las correspondientes prestaciones”.

Modificación de contratos. “Modificaciones de contratos en ejecución, particularmente de obras, que no responden a nuevas necesidades surgidas durante su ejecución, sino a imprevisiones o deficiencia en las actuaciones preparatorias y sin que, generalmente, conste la exigencia de las correspondientes responsabilidades y/o resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las administraciones. En ocasiones, se tramitaron indebidamente como contratos complementarios algunos que, en realidad, constituyeron modificaciones por contener actuaciones cuya ejecución era absolutamente necesaria e inseparable de las inicialmente proyectadas”.

Facturas sanitarias. Mientras ahora algunas autonomías rebuscan distintas fórmulas de privatización o copago en materia sanitaria, incluido el euro por receta, el informe de los gastos de 2006 y 2007 denunciaba la “deficiente constancia de la conformidad de la Administración con las facturas correspondientes a suministros de bienes fungibles o de material sanitario a hospitales o servicios públicos de salud”.

Consultorías a granel. “En contratos de consultoría, asistencia o servicios, falta de justificación con un grado de concreción razonable de la imposibilidad de ejecución de las prestaciones con los medios personales o materiales propios de las administraciones”.

Todas estas anomalías denunciadas por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la gestión autonómica siguen produciéndose a juzgar por las causas abiertas en los tribunales de justicia de todo el país.

Denuncia penal del SUP contra el director general de la Polícia

SUP denuncia a Cosidó por usar un avión incautado para un acto protocolario

EUROPA PRESS

   El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al que acusa de un delito de malversación por usar un avión incautado en una operación policial contra el narcotráfico para desplazarse a Cádiz para felicitar personalmente a los agentes que participaron en otra operación contra el tráfico de drogas. Cosidó ha contestado que estaba autorizado judicialmente para usar dicho avión.

   Fue el pasado 14 de agosto cuando Cosidó se desplazó desde Madrid a Cádiz para felicitar personalmente a los agentes de la Policía que habían intervenido un barco cargado con 3.000 kilos de cocaína. Para ello, según la denuncia del SUP, empleó este avión, incautado en una operación antidroga en diciembre de 2005.

   Desde el sindicato entienden que “el uso que se hizo del avión no se ajusta a los requisitos establecidos legalmente” ya que sólo puede ser usado para “la persecución del tráfico ilegal de drogas y persecución del contrabando” por parte de la Policía Judicial. Por ello considera que se ha cometido “un delito contra la Administración Pública, más específicamente de malversación” y pide al juez que cite a declarar a Cosidó.

   Además advierte el SUP de que cuenta con “otros expedientes abiertos por el uso del avión por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz  para ir a Baleares al acto protocolario de la toma de posesión del delegado del Gobierno, o por su viaje a Algeciras, (donde desplazó a un grupo de 50 miembros de la UIP de Sevilla, con el consiguiente gasto en dietas y combustible, para “rendir honores”), entre otros que realizan usando indebidamente los medios aéreos de la Policía que son para actividades operativas, no de protocolo político, por su conveniencia y comodidad”.

EXPLICACIONES DE COSIDÓ

   El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha contestado desde Logroño que la autoridad judicial había concedido “sin restricciones” al Cuerpo el uso del aparato. Ha explicado que “este verano, el CNP tuvo la suerte de protagonizar una de las más importantes operaciones en la lucha contra la droga”, la ‘Operación Espartana’, en la que se incautaron 3.000 kilos de cocaína en las bodegas de un barco.

   Cosidó ha argumentado que su “obligación como director general de la Policía era acudir a Cádiz para conocer los detalles de la operación y felicitar a los numerosos agentes y unidades participantes”, algunos de ellos, como ha recordado, procedentes de Italia o Bulgaria, nacionalidad de los tripulantes del buque.

   “Además, había que darla a conocer a los medios de comunicación”, ha añadido, puesto que, según la denuncia del SUP, el viaje lo realizó en compañía de tres periodistas. Ante esta situación, Cosidó ha afirmado que “el avión estaba puesto a disposición del CNP por la autoridad judicial, sin ninguna restricción”.

   “No creo que hubiera ningún tipo de irregularidad”, ha dicho al tiempo que ha insistido en que “el avión fue puesto a disposición sin restricción por la autoridad judicial”, algo que, ha recalcado, “será convenientemente aclarado”.

   “Usé los medios que me parecieron oportunos. Se trataba de un avión puesto a disposición de la unidad aérea de la Policía, y el Cuerpo siempre hace un uso con estricto respeto de la legalidad de los medios puestos a su disposición”, ha finalizado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, presentó el pasado martes ante los juzgados de Madrid una denuncia penal contra el director general de la institución, Ignacio Cosidó, por malversación de bienes públicos.

El SUP sostiene que Cosidó usó el pasado verano un jet incautado a un grupo de ‘narcos’ que legalmente solo puede ser utilizado por los agentes de estupefacientes de la Policía Judicial y únicamente para operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Interior, sin embargo, argumenta que el SUP se equivoca de avión y tiene autorización judicial para disponer del aparato «sin limitaciones» en sus traslados, siempre que sean oficiales.La denuncia del SUP pivota sobre el artículo 374.3 del Código Penal, que limita el uso de los bienes decomisados a los narcotraficantes exclusivamente a los funcionarios antidroga. Textualmente, ese precepto establece que «la autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la Policía Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas».El sindicato también insiste en que el Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y la Ley de Represión de Contrabando reiteran que las propiedades incautadas solo puede ser usados por las fuerzas de seguridad y en exclusiva para combatir los delitos de narcotráfico y conexos.Los hechos denunciados se remontan al pasado 14 de agosto, cuando Cosidó, «en compañía de tres periodistas», voló a Cádiz en un avión del Cuerpo Nacional de Policía para felicitar a los agentes que habían participado en la ‘Operación Espartana’, en la que se había interceptado un mercante con 3.000 kilos de cocaína en sus bodegas. La demanda del SUP asegura que el aparato utilizado por el director era un reactor alemán Tipo Jet bimotor, matrícula D-ISGW, que la Policía interceptó en diciembre de 2005 en el aeródromo de Fuentemilanos, en Segovia, en el transcurso de la ‘operación Fomento’ en la que fueron incautados 106 kilos de cocaína .Para el sindicato no hay duda de que Cosidó incurrió en un delito de malversación porque es evidente que su figura como director general no puede «integrarse dentro del concepto de Policía Judicial dedicada particularmente a la persecución del tráfico de droga».«El uso que se hizo del avión no se ajusta a los requisitos establecidos legalmente. Cuestión distinta es que se estén utilizando de forma permisiva y generalizada e, incluso, abusiva por parte de responsables policiales aviones, vehículos y otros medios y objetos intervenidos en la lucha contra el narcotráfico, al amparo de la legislación indicada», apunta la denuncia. En ese documento, el SUP insiste en la falta de «control» en el Cuerpo de esos medios incautados a las redes de narcotraficantes y la «desviación en el uso y los fines para los que han sido autorizados judicialmente».‘Operación Malaya’Responsables de la Dirección General de la Policía aseguraron que el viaje a Cádiz se realizó en otro avión, un reactor matrícula EC-IAX, incautado en la conocida ‘operación Malaya’ de blanqueo de capitales, nada que ver con el narcotráfico. En cualquier caso, sostienen que el Cuerpo Nacional de Policía tiene autorización judicial para usar ese aparato «sin limitaciones» en cuanto al motivo del viaje, siempre que se trate de traslados oficiales de miembros de la institución. Todo ello, amén de que el viaje en el avión del Cuerpo costó 1.737 euros frente a los 3.861 que hubieran costado siete billetes de ida y vuelta entre Madrid y Jerez, según esas fuentes.