La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos para España (CIS)

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La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos que debe afrontar el país en los próximos cinco años, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido hoy.

En este sondeo, el paro y la situación económica se mantienen como las dos mayores inquietudes de la ciudadanía, seguidos de la clase política, aunque en los tres casos bajan, mientras que sube un puesto, hasta el cuarto, la corrupción y el fraude dentro de los problemas más citados.

El barómetro incluye preguntas nuevas, por ejemplo sobre la organización del Estado y que muestran que una mayoría, el 54,4%, cree que debe mantenerse la actual o incluso que las comunidades tengan mayor autonomía, aunque un 36,9% es partidario de un único Gobierno central sin autonomías o con las comunidades con menos competencias.

La gestión de la crisis está pasando una factura muy alta al Gobierno: el PP ha perdido casi 9 puntos de apoyo desde las elecciones y tan solo el 6,8% considera que lo está haciendo bien o muy bien, mientras Rajoy saca su peor nota desde que es presidente. Pero los problemas no son exclusivos del Ejecutivo. El PSOE se estanca y crece la desafección por la política: los ciudadanos ven a los partidos como el tercer problema de España, solo superado por el paro y la economía. El sistema político queda en entredicho.

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Los resultados del barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son más que elocuentes. El Partido Popular ya ha perdido 8,7 puntos en estimación de voto respecto a las elecciones de hace un año, obteniendo un 35,9% en estimación de voto, siete décimas menos que en el barómetro del mes julio.

Esta caída no ha sido capitalizada por el principal partido de la oposición, ya que los socialistas también han bajado una décima desde los comicios y hasta 1,3 puntos con respecto al anterior sondeo, quedando su estimación en apenas el 28,6%.

Lejos quedan los datos que arrojaron las urnas hace menos de un año en las que los populares obtuvieron un 44,62% de los votos, que les dieron una amplísima mayoría de 186 escaños, y el PSOE consiguió el 28,73% y 110 escaños.

Empeora asimismo la valoración ciudadana de la labor de oposición del PSOE, que es censurada por la mayoría de encuestados. Así un 65,3% la califican como “mala” o “muy mala” -57,6% en julio-, un 5,7% como “buena” o “muy buena” y un 25,2% como “regular”.

Rajoy, cada vez peor valorado

Un hecho que se ve reflejado la valoración que hacen los ciudadanos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a caer en los últimos meses, al pasar de una nota de 3,33 puntos el pasado mes de julio, a 2,78 de media en octubre, la más baja desde que ocupa el Palacio de la Moncloa, según el último barómetro del CIS.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también pierde apoyos desde el último sondeo, ya que en julio obtuvo una nota de 3,8 puntos y ahora es de 3,7 sobre 10, aunque saca un punto al presidente del Gobierno.

También aumenta el número de españoles que critican la gestión del Gobierno, que es calificada como “mala” o “muy mala” por el 67,1% -56,1% en julio- frente a sólo un 6,8% que cree que es “buena” o “muy buena” y un 23,5% que la considera “regular”.

 

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Crece la desafección por la política y los partidos

Por otro lado, los ciudadanos ven peor que nunca la situación económica, ya que el 91,2% considera que es mala o muy mala, porcentaje que ha aumentado diez puntos en el último año y que supone un récord del barómetro del CIS.

También se ha elevado el pesimismo de la ciudadanía, dado que casi la mitad, el 49,1%, cree que la situación económica será peor dentro de un año. Además, siete de cada diez encuestados consideran que la economía se ha deteriorado en los últimos doce meses.

El paro y la economía siguen siendo los dos principales problemas para la ciudadanía, mientras que aumenta la desafección por la política y bate récord en este sondeo: los partidos y los políticos en general son vistos como el tercer problema de España para los encuestados.

En concreto, el paro continúa liderando la tabla con un 77,9% de menciones, y seguido de los problemas económicos, que se anotan un 43,4%. En tercer lugar, plaza que no abandona desde febrero de 2010, sigue la clase política, que en esta ocasión experimenta un importante aumento de 3,6 puntos respecto al mes anterior.

Si en septiembre los políticos eran mencionados en el 26,9% de las entrevistas, en octubre el porcentaje subió al 30,5%. Además, en ese lapso de tiempo ha subido casi 4,5 puntos el porcentaje de los ciudadanos que tildan de “mala” o “muy mala” la situación política del país, al pasar del 73,2 al 77,6%. Por contra, sólo un 2,4% considera que es “buena” o “muy buena”.

Pero, además, un 47,9% sostiene que la situación política es hoy peor hace un año, cuando se iban a celebrar las elecciones generales que ganó el PP, y otro 41,5% cree que las cosas no han cambiado en estos doce meses. Asimismo, un 36,4% augura que la situación política será aún peor el año que viene.

El CIS también revela que el sentimiento mayoritario que genera la política es la desconfianza, seguido de la irritación y el aburrimiento. Más de la mitad de los entrevistados cree que el voto es la única forma que tienen para influir en el Gobierno, aunque hay un 37% que cuestiona esa afirmación.

Estos resultados reflejan la mala acogida que han tenido entre los ciudadanos las primeras medidas tomadas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, pero sobre todo muestran como crece el descontento con el sistema político español. En este último trimestre se han materializado los Presupuestos Generales del Estado, la reforma laboral y los recortes en sanidad además de la debilidad de oposición del PSOE.

La encuesta, dada a conocer este jueves y que tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento, se basa en 2.484 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 49 provincias entre los días 2 y 14 de octubre.

La corrupción amenaza la seguridad de Rusia.

La popularidad del presidente se resiente

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En Rusia el dinero no llega a donde quiere el Gobierno, la arbitrariedad burocrática ahuyenta a los inversores, el presupuesto destinado al Ejército se roba a espuertas, impidiendo así su modernización, y ello en un entorno en el que los sobornos provocan una subida sin precedentes de los precios en todos los sectores del consumo.

Según Transparency International, Rusia ocupa en el mundo el lugar 133 en «percepción de corrupción». La lista la encabezan los estados más transparentes (Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda) y el último puesto, el 174, lo comparten Afganistán, Corea del Norte y Somalia. España se encuentra en la posición 30, Alemania en la 13, Estados Unidos en la 19, Francia en la 22, Italia en la 72 y Grecia en la 94. De esta forma, Rusia es el país más corrupto entre los miembros del G20.

Pese a todo, el país eslavo ha mejorado relativamente, subiendo 10 lugares con respecto al año anterior. Pero no porque haya menos corrupción sino por el hecho de que esta lacra ha aumentado considerablemente en el resto del mundo.

En los primeros nueve meses de 2012 se iniciaron más de 16.500 causas por corrupción

El ex ministro de Finanzas ruso, Alexéi Kudrin, ve una relación directa entre los ingresos generados por la venta de petróleo y gas, el aumento del gasto público y la corrupción. Según su opinión, «cuando se produce un incremento explosivo del gasto aumenta el número de eslabones en la cadena administrativa y cada uno de ellos aspira a recibir su parte del pastel».

El jefe de la Cámara de Cuentas de Rusia, Serguéi Stepashin, ha advertido que «más de un billón de rublos -unos 24.000 millones de euros- desaparece anualmente de las arcas del Estado». El Comité de Instrucción, órgano judicial desgajado hace poco de la Fiscalía General, anunció en un comunicado emitido esta semana que se han iniciado más de 16.500 causas por corrupción en los primeros nueve meses de 2012, un 50% más que en 2011.

La oposición y determinados sectores intelectuales llevan tiempo denunciando la corrupción, la cual, según un sondeo, se ha agravado durante los años en los que el presidente Vladímir Putin dirige el país. Así lo estiman seis de cada diez rusos encuestados.

El activista que más ha contribuido a crear una conciencia social en contra de los abusos del funcionariado ha sido Alexéi Navalni, uno de los líderes del actual movimiento de protesta contra Putin. Se ha convertido en el receptor de la mayor parte de las denuncias por corrupción y cuelga los casos más flagrantes en su blog.

«Ladrones y estafadores»

De Navalni fue la idea de llamar a Rusia Unida, formación creada a instancias del Kremlin, «el partido de los ladrones y los estafadores». Sus revelaciones contribuyeron de forma decisiva a la sensible caída de votos a favor de Rusia Unida en las legislativas de hace un año.

Desde que regresó al Kremlin, el pasado mes de mayo, la popularidad de Putin también se resiente. Según un reciente informe del centro sociológico ruso Levada el jefe del Estado ha perdido un 6% de apoyo de la ciudadanía.

Gueorgui Satárov, presidente de la fundación para el estudio de la corrupción INDEM, está convencido de que «a Putin le preocupa y mucho que la corrupción le esté haciendo perder el control del aparato de Estado». Por su parte, Elena Panfílova, responsable de la delegación en Moscú de Transparency International señala que «no es posible seguir sin plantear una lucha en serio contra la corrupción (…) el poder necesita garantizar la firmeza de la vertical de mando».

Oboronservice fue utilizada para privatizar a precios de ganga las propiedades de Defensa

Efectivamente, el máximo dirigente ruso parece haberse dado cuenta del desafío y ha lanzado una nueva campaña anticorrupción que ha impactado de lleno en la línea de flotación de ministerios clave, como los de Defensa, Interior y Agricultura. Tanto él como su primer ministro, Dmitri Medvédev, han reconocido reiteradamente que «la corrupción amenaza nuestra seguridad nacional».

El titular de Defensa, Anatoli Serdiukov, fue destituido el 6 de noviembre. Su presunta amante, Evguenia Vasílieva, que dirigía la empresa «Oboronservice», está acusada de apropiación indebida de fondos del Estado. «Oboronservice» fue la estructura utilizada para privatizar a precios de ganga las propiedades de Defensa y el daño asestado al presupuesto se calcula en 75 millones de euros. El año pasado, según la Fiscalía Militar, unos cien millones de euros fueron a parar a los bolsillos de generales y contratistas corruptos.

Ha habido muchos otros ceses en distintos ministerios, pero, a juicio de Satárov, todos los casos destapados en noviembre «no son más que la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y extendido».

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¡FELIZ 2013 en España ! 800 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios nos felicitan.

Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.

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EP – MADRID – 01/11/2009 – 12:44

La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es ‘Gürtel’, la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como ‘trama eólica’, pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado ‘caso Faycán’, que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es ‘Gürtel’, presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, ‘Gürtel’ ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso ‘Guateque’, que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés. CORRUPCIÓN EN BALEARES

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.

La imputación de Matas está relacionada con el caso ‘Palma Arena’ que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso ‘Can Domenge’. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.

Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de ‘Son Oms’, relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el ‘caso Scala’, que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso ‘Zerrichera’ llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

Palau de la Música

En Cataluña, la operación ‘Pretoria’ en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Castro Rei

Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.

En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.

El Gobierno : ” Solo algunos tienen acceso a datos de la amnistía para evitar problemas de seguridad”.

MADRID, 2 (fraude_foroEUROPA PRESS)

El Gobierno asegura que ha centralizado el acceso a datos de la amnistía fiscal en algunos inspectores para permitir el seguimiento cuando haya un procedimiento inspector en curso y evitar posibles problemas de seguridad derivados de accesos a la información que no guarden relación con los expedientes asignados a los funcionarios de inspección.

En una respuesta parlamentaria a UPyD a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno dice que cuando el personal inspector detecte que se ha presentado una declaración tributaria especial en relación a un contribuyente sobre el que se están realizando actuaciones inspectoras, se podrá acceder a los datos a través de las personas que tienen permitido el acceso.

Con este mecanismo, según el Gobierno, se garantiza el conocimiento de la información relativa a la declaración tributaria especial por las personas que deban tener acceso a dicha información para el adecuado desempeño de sus funciones y se minimiza el riesgo de acceso por personas que no necesitan conocer esta información para desarrollar su trabajo.

De esta forma, el Gobierno niega que se bloquee el acceso a esta información, tal y como denuncia UPyD, mientras que la formación liderada por Rosa Díez asegura que sólo los máximos responsables funcionales del departamento de Inspección y los delegados territoriales pueden acceder a esa información, que permanece oculta para el resto de profesionales de la Inspección.

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Apuesta por una reforma fiscal

La asociación Economistas Frente a la Crisis, que aborda la necesidad de reformar el sistema fiscal en el libro “No es economía es ideología”, califica la amnistía como “profundamente injusta y antisocial”. Del Pozo va más allá asegurando que el endurecimiento de la lucha contra el fraude debe ser generalizado (con una mayor coordinación entre las administraciones y más medios técnicos y humanos) porque “el aumento de la recaudación también es una inversión”.

La regulación de bienes y dinero ocultos puede “llegar a ser útil” si va acompañada de una “batería de medidas que hagan que la colectividad gane“, explica el catedrático de Economía Aplicada. Existen medidas “potentes” de inspección de economía sumergida con la aplicación de sanciones ejemplares y ágiles que pueden ser más efectivas.

Sin embargo, para el presidente del Colegio de Economistas, “no es el momento de experimentos“. Luis del Amo considera, además, que se debería valorar el hecho de que muchos evasores se hayan decidido realizar declaraciones complementarias sobre el ejercicio 2011 (no incluido en la amnistía). De esta forma el capital aflorado podría aumentar en otros 12.000 millones de euros, explica el economista a RTVE.es. Unos bienes que, desde 2013, tributarán y aportarán dinero a las arcas del Estado.

Si en algo coinciden casi todos es en la necesidad de reformar el impuesto de sociedades, cuya recaudación se ha desplomado en los últimos tiempos. El experto de la asociación Economistas Frente a la Crisis incide además en la necesidad de mejorar el control sobre la fiscalidad de las grandes corporaciones, que se benefician de una serie de deducciones que, en su caso, dejan reducido el impuesto de sociedades de facto “desde un 30% hasta un 16%“.

Por eso los expertos consideran que todavía queda margen de actuación en la reforma del sistema fiscal español: “(Es necesario un) debate global del Estado porque si no tenemos una recaudación impositiva potente (…) España tampoco podrá ser un país potente en términos de (Estado de) bienestar“, concluye Del Pozo.

Ventajas de la amnistía para los evasores

Según los expertos, uno de los atractivos de esta amnistía, la tercera después de las de 1984 y 1991, es que los evasores no podrán ser sancionados ni acusados de un delito de capitales, por los bienes declarados a través de esta vía y que el recargo por la declaración es mucho más económico que a través de otras vías.

La medida, denominada Declaración Tributaria Especial (DTE), es aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, para bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010.

Así, se han quedado fuera todas las rentas generadas en 2011 y muchos beneficiarios han preferido hacer una declaración complementaria del pasado ejercicio para prevenir cualquier sanción derivada del endurecimiento de la ley de lucha contra el fraude y la reforma prevista del delito fiscal..

BFA-Bankia ¿Cuándo nos engañaron: hace dos años o ahora?

A mi no deja de sorprenderme que todavía haya transacciones. No entiendo qué puede mover a una persona o entidad a pagar 30 o 40 céntimos por una acción de Bankia. Seguramente manejan alguna “información secreta”

El banco nacionalizado cotiza fuera del selectivo español, a la espera de realizar la conversión de los bonos contingentes convertibles (CoCos) que le ha inyectado Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

La matriz de Bankia recibió el 26 de diciembre 13.459 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se suman a los 4.500 millones que obtuvo el pasado 12 de septiembre. Tras ser recapitalizado y nacionalizado, BFA ha procedido a recapitalizar a Bankia.

La vía elegida, por ser la más rápida, ha sido la suscripción de CoCos. Sin embargo, en estos primeros días de enero, Bankia tendrá que realizar la conversión de los bonos en acciones, lo que provocará una dilución para los actuales accionistas superior al 90%. Y eso, sin contar que la conversión podría conllevar un descuento, en línea con lo que ha ocurrido con ampliaciones de capital recientes, como la de Popular. En este caso, la dilución llegaría al 95%.

En este escenario, los títulos de Bankia han perdido al cierre un 6,14%, hasta los 0,367 euros. La cotización ha suavizado el rumbo frente a las caídas de primeras horas de la mañana del 12%, hasta los 0,344 euros, en un día en que la bolsa española, en línea con el resto de Europa, ha cotizado en verde gracias al acuerdo alcanzado en EEUU para evitar el abismo fiscal.

El FROB acaba de hacer públicos los resultados de los informes elaborados por tres expertos independientes para establecer la valoración económica del Banco Financiero de Ahorros y el de su filial Bankia

Aunque no se han facilitado los detalles de los estudios realizados que dan lugar a los descomunales agujeros patrimoniales publicados, las informaciones preliminares solo pueden generar satisfacción a los que como la Plataforma por una Banca Pública advertimos de la fraudulenta ocultación de la verdadera situación de la entidad.

Pero ese sentimiento no está exento de una gran dosis de indignación ante la tropelía cometida y que se puede resumir en dos puntos insuficientemente explicados por el FROB:

1º ¿Cómo es posible que el Banco Financiero y de Ahorros presentara un balance consolidado en diciembre de 2010 con un patrimonio neto de 10.673 millones de euros y ahora el FROB reconozca que su valor es -10.444 millones de euros?. Dificilmente pueden atribuirlo al deterioro producido en los últimos dos años: Se trata de un “pequeño desfase” superior a los 21 mil millones de euros…

2º En diciembre de 2010, Bankia, filial de Banco Financiero y de Ahorros y que agrupaba a los “activos sanos y sólidos” de la entidad, estaba valorada contablemente en 12.000 millones de euros. El FROB ahora da una valoración de -4.148 millones de euros. El deterioro del “banco bueno” supera los 16 mil millones de euros a los que hay que añadir más de 3 mil millones de euros que se obtuvieron de los inversores privados que acudieron a la Oferta Pública de Venta de acciones de la entidad y que tomaron su decisión de ser “bankeros” en base a unos balances falseados (ríanse ustedes de los timos tradicionales).

Ninguno de los miembros del anterior Gobierno ni del actual han reaccionado con la mínima dignidad que requeriría la situación a la publicación de los datos de una entidad bancaria a la cual apoyaron con dinero público y con declaraciones políticas en su salida a Bolsa.

¿Es creíble que las autoridades gubernamentales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no fueran conscientes de un desfase patrimonial de una magnitud como la ahora descubierta cuando realizaron la Oferta Pública de Venta de acciones de Bankia?

Mintieron entonces a los crédulos “bankeros” a los que estafaron sus ahorros y mienten ahora al resto de ciudadanos cuando consideran reestructurado el sistema financiero español y limitan a las entidades nacionalizadas la situación de quiebra general del sistema bancario.

El tiempo volverá a darnos la razón.

http://www.frob.es/notas/20121226%20Recapitalizacion%20entidades%20grupo%201%20PROT.pdf

 
 
 
 

EL LAVADO DE DINERO, MAFIAS Y PARAÍSOS FISCALES

En los años ‘90, la cuestión del lavado de dinero, las plazas financieras offshore y otros paraísos fiscales movilizaba a la “comunidad internacional”. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 el tema pasó a un segundo plano, desplazado por la lucha contra la financiación del terrorismo. Así se preservan zonas oscuras dentro del sistema financiero controlado por Estados Unidos, para único provecho de los países ricos.

En el año 2000 la movilización internacional contra las plazas offshore estaba en su apogeo. El Foro de Estabilidad Financiera (creado por el G-7), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) habían difundido, casi simultáneamente, listas de países y territorios que incurrían en prácticas cuestionables en materia de estabilidad financiera, fraude fiscal o lavado de dinero.

Sin embargo, poco tiempo después quedó en claro que esta convergencia temporal encerraba más retórica que voluntad de terminar con las prácticas denunciadas. Sólo el GAFI siguió adelante con la lista negra que habla elaborado, partiendo de 15 países y territorios “no cooperativos” (PTNC) en la lucha antilavado, pero progresivamente fue reduciendo esa lista, que hoy contiene apenas tres nombres.

¿La lucha antilavado dio, entonces, resultados tangibles, lo que justificaría un cierto relajamiento? En verdad. nadie puede decirlo, porque las políticas instauradas bajo los auspicios del GAFI nunca pudieron ser evaluadas en términos de eficacia.

PARAISO FISCAL: Se califica de paraíso fiscal a aquel territorio o estado donde ciertos impuestos son muy bajos o no existen. Entre los existentes, diferentes jurisdicciones tienden a ser paraíso para distintos tipos de impuestos y para diferentes categorías de personas y compañías.

Una forma en la que una persona o compañía aprovecha un paraíso fiscal es trasladándose o haciéndose residente a efectos fiscales del mismo. Otra forma es establecer una entidad jurídica separada o subsidiaria (una compañía extraterritorial —offshore—, de fideicomiso o fundación) en el paraíso fiscal. Los activos se transfieren a la nueva compañía o entidad de forma que los beneficios puedan ser realizados o las rentas cobradas en el paraíso fiscal.

Que toda esta elusión o evasión de impuestos no sea siempre totalmente limpia depende de la legislación de los países involucrados y de las circunstancias particulares de las compañías o individuos implicados.

Muchos países tienen leyes que dificultan a sus residentes poseer una compañía (o realizar inversiones) en un paraíso fiscal sin pagar impuestos en él o en el país en el que residan. Por ejemplo, los ingresos o ganancias procedentes de una compañía extraterritorial o de inversión pueden atribuirse a efectos fiscales al dueño o inversor bajo el régimen de CEC u otras leyes similares. Aunque muchos países también tienen tratados fiscales bilaterales que evitan a sus residentes pagar impuestos dobles (si bien típicamente el mayor de los tipos de impuesto cobrado en los dos países se adeuda), pocos países tienen tratados con los paraísos fiscales.

Aunque los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un vuelco en la lucha por el saneamiento del sistema financiero, ese viraje adoptó una dirección inesperada. Hubiera parecido lógico que las fallas del sistema bancario y financiero occidental —que permitieron que los terroristas financiaran sus operaciones— fueran auditadas con seriedad. en especial los paraísos bancarios y fiscales utilizados por Al-Qaeda o las organizaciones criminales. La ocasión parecía perfecta para instaurar reglas internacionales comunes que terminaran con las prácticas de las estructuras offshore incansablemente denunciadas, detrás de las cuales operan todas las maniobras de ocultamiento.

Luego de adoptar dispositivos de vigilancia real, en octubre de 2001 Estados Unidos se apresuró a votar la Patriot Act, que coloca al sistema bancario y financiero bajo su control, y obliga a los bancos de todo el mundo que se relacionan con él a garantizar la transparencia de sus estructuras y operaciones financieras.

ZONAS FRANCAS: Existen alrededor de 250 en varias decenas de países, sin contar las zonas parcial o temporalmente desfiscalizadas.

América Latina México, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Guyana francesa

África Túnez, Mauricio, Togo, Egipto, Ghana, Kenia, Zimbabwe, Madagascar

Asia China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, Turquía

Europa Irlanda, Francia (alrededor de 40, entre ellas Dunkerque y La Seyne-sur-Mer)

Paraísos Bancarios Fiscales y Judiciales: 

América del Norte: Bermudas Estados Unidos (Colore Delaware, Miami, Nueva Jersey, Nueva

América Central:Belice Costa Rica Guatemala Panamá Caribe Anguila Antigua y Barbuda Antillas holandesas (Curaçao) Aruba, Bahamas Barbados Islas Cáimán Dominica, Granada Saint-Kitts y Nevis Santa Lucía Saint Martin Saint Vincent y Granadinas Turcas y Calcos Islas Vírgenes británicas América del Sur Uruguay

Europa: Andorra Islas anglonormandas (Jersey, Guernesey) Campione (Italia) Islas Canarias City londinense Chipre Estonia Gibraltar Hungría Irlanda Letonia Liechtensteir Lituania Luxemburgo Madeira Isla de Man Mónaco Malta Rusia San Marino Suiza Ucrania Vaticano

Asia-Pacifico-Oceanía Birmania, Brunei Islas Cook, Islas Fidji Hong Kong Indonesia Labuan, Macao Islas Marianas Islas Marshall Isla Mauricio Nauru, Niue Filipinas Samoa Singapur Vanuatu, Islas Salomón Seychelles Taiwán, Tailandia Tonga, Tuvalu

Medio Oriente y Estados del Golfo: Arabia Saudita Bahrein Dubai Emiratos Arabes Unidos Israel Líbano

África:Egipto Liberia Marruecos Nigeria Túnez

Principales Plazas Financieras:
Amsterdam Bahrein Islas Caimán Chicago Franctort Ginebra Hong Kong Londres Luxemburgo Milán Montreal Nassau Nueva York  ParísSingapur  Sydney Tokio Toronto Zurich

Organizaciones Delictivas Transnacionales:

Estados Unidos: Cosa Nostra (40.000 miembros, 25 familias)

Colombia:Narcotraficantes (25.000 personas, 2.500 grupos)

Italia:Mafia (Sicilia, 50.000 miembros, 150 familias) Camorra (Campaña, 7.000 miembros, 130 familias) N´Dranghetta (Calabna, 5.000 personas, 150 ‘Ndrine) Nuova Sacra Corona Unitá (Puglia, 2.000 miembos, 50 familias)

Rusia: 160.000 miembros, 12.000 grupos

Japón:Yakuzas, Yamaguchi Gumi (23.000 miembros, 750 clanes) Sumiyoshi Rengo (7.000 miembros, 170 clanes) lnagawa kai (7.000 miembros, 300 clanes)

Hong Kong:Triadas – Federación Wo (40.000 miembros, 10 clanes), 14 K (25.000 miembros, 30 clanes), Sun Yee Qn (50.000 miembros).

Otros países involucrados:Canadá, México, Jamaica, Turquía, Albania, Kosovo, Chechenia, China, Taíwán, Nigetia, Israel, países del Cáucaso y Asia Central (valle del Ferghana). 

PRIORIDAD AL TERRORISMO:

Aunque haya apuntado bien a las fallas del sistema financiero, esta política presenta dos inconvenientes. Por una parte, al concentrarse en la lucha antiterrorista, no se ocupa específicamente del saneamiento de las plazas financieras ni tampoco de la lucha contra la delincuencia mafiosa.

Por otra parte, el sistema fue instaurado unilateralmente por Estados Unidos, que controla todas las informaciones recogidas. En cuanto a los resultados de la lucha antiterrorista, las evaluaciones del dispositivo así impuesto al resto del mundo son muy criticas, y también se cuestiona su eficacia global en términos económicos.

En efecto, Estados Unidos no quiso terminar con las zonas oscuras del sistema financiero. Los paraísos bancarios y fiscales conservan la mayoría de sus atributos. Los que presentaron una enconada resistencia tuvieron dificultades, y los que aceptaron someterse a un creciente control lo hicieron para preservar sus prácticas de ocultamiento.

Para Estados Unidos, la lucha antilavado ya no es prioritaria, a menos que esté vinculada con las actividades terroristas. Por otra parte, los servicios que ofrecen los paraísos bancarios y fiscales tradicionales enfrentan la competencia de países que no son calificados como tales: el Reino Unido y Estados Unidos en particular, a través de las trabas que ponen a la cooperación judicial, mantienen deliberadamente la opacidad jurídica y financiera.

Eso no impide que Estados Unidos, en nombre de la lucha contra la financiación del terrorismo, ejerza considerables presiones sobre los sistemas financieros que escapan en mayor o menor medida a su dominio. Se trata, por un lado, de sistemas alternativos informales de compensación, del tipo “hawala”, extendidos por todo el Tercer Mundo y las diásporas; por el otro, de bancos islámicos que efectivamente funcionan de manera muy hermética.

Si bien es verdad que esos circuitos financieros que manejan importantes capitales son tan impenetrables como el sistema occidental, desde 2001 están mucho más estigmatizados que este último.

La lucha contra el lavado de dinero, concentrada ahora en la financiación del terrorismo, aparece, entonces, como un medio de preservar zonas oscuras dentro del sistema financiero que benefician sólo a los países ricos y obligan a los países del Tercer Mundo a integrarse a él.

Fuente Consultada: El Atlas Le Monde Diplomatique

El pacto contra el secreto bancario suizo se atrasa dos años por España

La entrada en vigor del nuevo protocolo abriría nuevas vías para investigar a los defraudadores

El convenio, firmado en julio del 2011, está a la espera de que lo ratifiqueel Consejo de Ministros

Las autoridades españolas están acostumbradas a estrellarse contra un muro de silencio cada vez que se topan en sus investigaciones con el secreto bancario suizo. Es tan difícil obtener información sobre defraudadores españoles con cuentas en Suiza, que los inspectores de Hacienda se desesperan.

 

 

EFEEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

EFE
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

Ahora debería estar a punto de abrirse una grieta en el muro del secreto bancario suizo gracias al nuevo convenio de intercambio de información acordado en julio del 2011. Sin embargo, la burocracia de las autoridades españolas está demorando hasta tal punto la ratificación definitiva del protocolo que este no podrá entrar en vigor, como pronto, hasta bien entrado el 2013.

No se podrá decir que el retraso del convenio es por culpa de las autoridades suizas. Aunque tarde, su parlamento ya ratificó en septiembre la reforma del convenio con de doble imposición. En España, sin embargo, esta ratificación está a la espera de autorización por el Consejo de Ministros; después, debe ser votada en el Congreso de los Diputados y no entrará en vigor hasta tres meses después, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Así, el protocolo no podrá aplicarse hasta bien entrado el 2013 a pesar de que las autoridades suizas aseguran estar listas para la aplicación de este convenio que el ministerio de Hacienda juzga esencial en la lucha contra el fraude internacional.

 

>> Lea la información completa sobre la transparencia de las cuentas en Suiza en e-Periódic

La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante el secreto sumarial de las investigaciones de los ERE

 

Manuel Chaves

Manuel Chaves

 PARA EVITAR “INNECESARIAS DILACIONES”

   La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar “innecesarias dilaciones”. En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación. Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el Juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados; así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos.

El Ministerio Público también pide que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados para, en su caso, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas.
En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide asimismo que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aun no han declarado; así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. . (EUROPA PRESS) –

Las personas de la trama:

Laura Gómiz Nogales

Presidenta de Invercaria, nombrada por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en julio de 2010. Ocupó la dirección general de esta misma entidad antes de ser nombrada presidenta. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad como directora financiera del grupo Bogaris y directora general de División Agroindustrial en dicho grupo (anteriormente denominado Detea). Pertenece a los consejos de administración de varias empresas participadas por Invercaria. Fue concejal suplente elecciones 2007 por el PSOE en Alcaracejos (Córdoba). En la grabación trata de convencer a un subordinado para que elabore informes falsos que justifiquen las ayudas otorgadas ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Reconoce que estas se han repartido sin seguir procedimiento alguno.

Cristóbal Cantos Sánchez

Exdirector de Promoción Invercaria. En la grabación se niega a elaborar dichos informes falsos, lo que encrespa a la presidenta de este organismo, que le acusa de «no valer» para trabajar en Invercaria.

Antonio Valverde Ramos

Director general de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Economía e Innovación), a la que pertenece Invercaria. Hombre de la confianza de Griñán, con quien coincidió en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ya que cuando Griñán era consejero (de 2004 a 2009), Valverde fue director general de Fondos Europeos. En la grabación Laura Gómiz asegura que está al corriente de todas las irregularidades, de las que resalta que le ha informado personalmente. «¡Joder Cristóbal!», señala Gómiz, «¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí?». IDEA es la agencia pública de la Junta de Andalucía que recibía y gestionaba el dinero de la Consejería de Empleo para los ERE fraudulentos que investiga la Justicia. Según la presidenta de Invercaria, la agencia está realizando informes con fecha anterior para justificar las ayudas.

Tomás Pérez Sauquillo

Presidente de Invercaria desde su constitución en abril 2005 hasta marzo 2010. En la grabación la actual presidenta alude a irregularidades en su gestión y afirma que «ha dado dinero muy alegremente».

Manuel Rodríguez Rodríguez

Desde el año 2005 hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director de inversiones de Invercaria y es miembro del consejo de administración de varias sociedades de alto componente innovador. Laura Gómiz insinúa en la grabación que está realizando los informes falsos. «Hay cosas que a Manolo Rodríguez lo voy a poner para que haga determinados… para que haga… ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema de la auditoría».

Consejo de administración

Según Laura Gómiz, el consejo de administración de Invercaria estaba al tanto de las irregularidades. Entre sus integrantes figuran importantes cargos de la Junta de Andalucía, muy próximos a los consejeros. Además de Antonio Valverde, de IDEA, están Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco Alvaro Julio, gerente de las Fundación Andalucía Emprende; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Francisco José Oyonarte Molina, ex secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía bajo la presidencia de José Antonio Viera, y Antonio Fernández, implicados en el caso de los ERE.

EL historial criminal corporativo de 2012

El crimen corporativo ha estado con nosotros durante mucho tiempo, pero es posible que 2012 se recuerde como el año en el cual multas y soluciones extrajudiciales relacionadas con esos delitos comenzaron a ser lugar común. Durante los últimos 12 meses, más de media docena de compañías han tenido que aceptar multas de 10 dígitos (junto con numerosos casos de nueve dígitos) para llegar a acuerdos extrajudiciales por acusaciones que van desde el lavado de dinero y la manipulación de tasas de interés a crímenes medioambientales y mercadeo ilegal de medicamentos bajo receta.El problema que todavía no se ha resuelto es si incluso esas elevadas multas son suficientemente punitivas, considerando que la mala conducta de las corporaciones no da señales de disminuir. Para ayudar a considerar ese tema, publicamos una visión general del mal comportamiento de las corporaciones durante este año.

Soborno: El escándalo de soborno más notorio del año tiene que ver con Wal-Mart, que aparte de su descarada persecución de los sindicatos ha tratado de cultivar una imagen superlimpia. Una gran investigación del New York Times en abril mostró que los máximos ejecutivos del gigantesco detallista frustraron y finalmente aplazaron indefinidamente una investigación interna de considerables sobornos pagados por la compañía a funcionarios de inferior nivel como parte de un esfuerzo por aumentar la cuota de mercado de Wal-Mart en México. Un reciente informe de seguimiento delTimes suministra sorprendentes detalles adicionales.

Semejante conducta no es exclusiva de Wall-Mart. Este año, el gigante farmacéutico Pfizer tuvo que pagar 60 millones de dólares para resolver acusaciones federales relacionadas con el soborno de médicos, administradores de hospitales y reguladores gubernamentales en Europa y Asia. Tyco International pagó 27 millones de dólares para resolver acusaciones de soborno contra varias de sus subsidiarias. Se informa de que Avon Products está en discusiones con el Departamento de Justicia de EE.UU. y de la Comisión de Valores [SEC] para resolver una investigación por soborno.

Lavado de dinero y sanciones económicas. En junio el Departamento de Justicia anunció que el banco holandés ING pagará 619 millones de dólares para resolver afirmaciones de que ha violado sanciones económicas de EE.UU. contra

como Irán y Cuba. El mes siguiente, un informe del Senado de EE.UU. acusó al gigantesco banco HSBC de haber mirado hacia otro lado durante años mientras sus extensas operaciones se utilizaban para lavado de dinero por narcotraficantes y posibles financieros de terroristas. En agosto, el banco británico Standard Chartered aceptó pagar 340 millones de para solucionar acusaciones del Estado de Nueva York de que había lavado cientos de miles de millones de dólares en dinero contaminado y de que había mentido a los reguladores sobre sus acciones; este mes aceptó pagar otros 327 millones para solucionar extrajudicialmente acusaciones federales. Recientemente, HSBC llegó a una solución con las autoridades federales por lavado de dinero por 1.900 millones de dólares.

Manipulación de tasas de interés. Este fue el año en el cual quedó claro que los bancos gigantes han manipulado rutinariamente en su beneficio el crucial índice de tasas de interés LIBOR. En junio, Barclays acepto pagar unos 450 millones de dólares para solucionar acusaciones presentadas por este hecho por los reguladores estadounidenses y británicos. UBS acaba de aprobar el pago de 1.500 millones de dólares a las autoridades de EE.UU., Reino Unido y Suiza y que una de sus subsidiarias se declare culpable de una acusación de fraude criminal en conexión con la manipulación del LIBOR.

Practicas discriminatorias. En julio se anunció que Wells Fargo pagará 175 millones de dólares por un acuerdo de conciliación por discriminar a prestatarios afro-estadounidenses y latinos al otorgar préstamos hipotecarios.

Engaño de inversionistas. En agosto, Citigroup aceptó pagar 590 millones de dólares en un acuerdo de conciliación en una demanda judicial colectiva en la que se afirmó que no reveló toda su exposición a deudas por préstamos hipotecarios tóxicos de alto riesgo antes de la crisis financiera de 2008. El mes siguiente, Bank of America dijo que pagará 2.400 millones de dólares para llegar a un acuerdo en una demanda judicial colectiva que lo acusó de haber hecho declaraciones falsas y engañosas durante su adquisición de Merrill Lynch durante la crisis. En noviembre, JPMorgan Chase y Credit Suisse aceptaron pagar un total de 417 millones de dólares para llegar a un acuerdo por las acusaciones de la SEC de engaño en la venta de valores hipotecarios a inversionistas.

Abusos con tarjetas de crédito. En octubre el gigante de tarjetas de crédito American Express aceptó pagar 112 millones de dólares en un acuerdo de conciliación por acusaciones de cobro abusivo de deudas y cargos por atraso, y mercadeo engañoso de sus tarjetas de crédito.

Fraude al gobierno: En marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Lockheed Martin pagará 15,9 millones de dólares para llegar a un acuerdo sobre afirmaciones de que cobró de más al gobierno federal por instrumentos utilizados en programas de aviones militares. En octubre, EE.UU. presentó una demanda contra Bank of America y el emisor de préstamos Countrywide por un “fraude hipotecario” entre 2007 y 2009 que costó 1.000 millones de dólares al Estado en el período que condujo a la crisis financiera.

Colusión en la fijación de precios: Reguladores europeos impusieron recientemente el equivalente de casi 2.000 millones de dólares en multas a compañías electrónicas como Panasonic, LG, Samsung y Philips por colusión en la fijación de los precios de monitores de televisión y ordenadoras. Antes en este año, la compañía taiwanesa AU Optronics fue multada 500 millones de dólares por un tribunal estadounidense por una conducta similar.

Crímenes medioambientales: Este año se estableció un hito legal en el enjuiciamiento de BP por su papel en el accidente de perforación del Deepwater Horizon en 2010 que mató a 11 trabajadores y derramó una vasta cantidad de petróleo crudo en el Golfo de México. La compañía se declaró culpable de 11 acusaciones criminales y fue condenada a pagar 4.500 millones de dólares en multas y otras sanciones. También se excluyó temporalmente a BP de la obtención de nuevos contratos federales.

Mercadeo ilegal: En julio, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que el gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline pagará un total de 3.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo respecto a acusaciones criminales y civiles como la afirmación de que mercadeó ilegalmente sus antidepresivos Paxil y Wellbutrin para propósitos no aprobados y posiblemente inseguros. La operación de mercadeo incluyó comisiones clandestinas a doctores y otros profesionales de la salud. El acuerdo también cubrió acusaciones relacionadas con la falta de información de seguridad y de sobrecarga a programas federales de atención sanitaria. En mayo, Abbott Laboratories aceptó el pago de 1.600 millones de dólares para llegar a un acuerdo sobre acusaciones de mercadeo ilegal.

Encubrimiento de problemas de seguridad: En abril, un juez federal ordenó a Johnson & Johnson que pague 1.200 millones de dólares después que un jurado estableció que la compañía había ocultado problemas de seguridad asociados con su droga antipsicótica Risperdal. A Toyota el Departamento de Transporté de EE.UU. la multó recientemente con 17 millones de dólares por no haber notificado a los reguladores una serie de casos en los cuales los tapetes de las camionetas todo terreno Lexus se corrían fuera de posición e interferían con los pedales de aceleración.

Exageración de la eficacia del consumo de combustible: En noviembre la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA), anunció que Hyundai y Kia habían exagerado los valores de economía de combustible de muchos de los vehículos que habían vendido durante los últimos dos años.

Producción antihigiénica: Un brote de meningitis a principios de este se relcionó con jeringas de esteroides contaminadas producidas por las farmacéuticas especializadas New England Compounding Center y Ameridose que tenían un historial de operación en condiciones antihigiénicas.

Accidentes fatales de la mano de obra: Resultó que la fábrica de vestimenta bangladesí donde un incendio en noviembre mató a más de 100 personas (que habían sido encerradas por sus jefes) era un proveedor de compañías occidentales como Wal-Mart, que es tristemente célebre por presionar a sus subcontratistas hasta el punto de que no tienen otra alternativa que imponer exigencias imposibles a sus empleados y obligarlos a trabajar en condiciones peligrosas.

Prácticas laborales injustas: Wal-Mart también crea condiciones duras para su fuerza laboral dentro de EE.UU. Cuando una nueva campaña llamada OUR [nuestro] Wal-Mart anunció planes para acciones pacíficas en el lugar de trabajo en el gran día de compras después del Día de Acción de Gracias, la compañía hizo caso omiso de los temas presentados y trató de conseguir que el Consejo Nacional de Relaciones Laborales bloqueara las manifestaciones. Otras compañías que emplearon tácticas antisindicales como paros forzosos y excesivas demandas concesionarias durante el año incluyeron a Lockheed Martin y Caterpillar.

Evasión de impuestos: Aunque a menudo no es técnicamente criminal, la evasión de impuestos por parte de las grandes compañías a menudo tuerce la ley tanto que resulta irreconocible. Por ejemplo, en abril una denuncia en el New York Times mostró que Apple evita deudas por impuestos de miles de millones de dólares mediante complicados trucos contables como el “Doble Irlandés con un Sandwich Holandés”, que involucra desviar artificialmente beneficios a través de diferentes paraísos fiscales.

Trabajo forzado: En noviembre, el detallista global IKEA reveló que utilizó el trabajo de presos en Alemania Oriental en los años ochenta.

Phil Mattera
Dirt Diggers Digest
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Comunicado de Attac ante la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad provisional a Hervé Falciani

 Attac celebra la libertad provisional de Hervé Falciani, aunque exige su libertad sin cargos y renueva su voluntad de seguir movilizando a la ciudadanía contra la impunidad con la que siguen operando los evasores y los paraísos fiscales

 

Madrid, 18 de diciembre de 2012. Attac celebra que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya acordado poner en libertad provisional al informático del HSBC Hervé Falciani -en prisión desde hace cinco meses en España acusado de robar listados de presuntos defraudadores- mientras tramita su procedimiento de extradición a Suiza. Una extradición que, si se produjera, Attac considera que iría en contra de la legalidad vigente en España y sólo demostraría la sumisión de la Justicia española a las presiones políticas de la banca suiza.

En este sentido, Attac apoya a la Fiscalía española que se ha mostrado contraria a su extradición y, de esta manera, pueda seguir colaborando con todos los países en denunciar a quienes evaden impuestos.

Attac exige la libertad sin cargos del Falciani y que se haga pública la lista de los presuntos 130.000 defraudadores (más de 600 españoles) de centenares de miles de millones de euros al tiempo que mantiene sucampaña de denuncia de prácticas tan dañinas para la ciudadanía como la evasión fiscal y la existencia de los paraísos fiscales.

Attac recuerda que el secreto bancario no existe en Suiza para su propia ciudadanía. En España, para nadie. Romperlo no es delito. La evasión fiscal, sí.

Attac renueva su voluntad de seguir movilizando a la ciudadanía española y mundial contra la impunidad con la que siguen operando los paraísos fiscales.

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