¡Si hasta Pedro J. ha pedido la dimisión de Ana Mato!
Parece que Rajoy está perdiendo autoridad frente a los corruptos Bárcenas y Mato.
Un presidente de gobierno que no pueda cesar a sus empleados no puede dirigir una nación, especialmente en el momento por el que atravesamos.
Seguimos destruyendo empleo y no podemos seguirnos con estas tonterías.
Pero si incluso el esposo de Ana Mato sigue cobrando del PP.
Al dimitir al frente del Consistorio de Pozuelo, como le había recomendado Esperanza Aguirre, Sepúlveda habló con Mariano Rajoypara poder reincorporarse a su puesto de asesor en el partido, donde trabajaba desde los tiempos de Alianza Popular, en 1982. El entonces líder de la oposición aceptó.
El exalcalde ha desvinculado en varias ocasiones a Ana Mato de sus actividades económicas e insiste en asumir toda la responsabilidad de los movimientos registrados en sus cuentas. Así lo aseguró a través de un comunicado después de que el viernes se conociera el informe policial notificado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos de la red Gürtel a Sepúlveda y a su esposa.
La policía considera confirmado que la trama corrupta liderada por Francisco Correa entregó dádivas y regalos a la actual ministra de Sanidad, entre 2000 y 2004. Se trata de viajes a distintos destinos de España —Jerez de la Frontera, Santiago, Tenerife— y Europa —Suiza, Irlanda—, en ocasiones acompañada por otros miembros de su familia. En la contabilidad b de la trama, hallada por los agentes en una nave industrial de Alcorcón (Madrid), aparecen también al menos dos obsequios de la firma de moda y objetos de lujo Louis Vuitton valorados en, al menos, 610 euros, y cuya compra atribuyen a Álvaro Pérez, El Bigotes.
Tanto el entorno de la ministra como Sepúlveda señalan que este nuevo informe solo es una ampliación del elaborado en 2011. Entonces Mato no fue imputada, pues el juez consideró que el delito, de existir, habría prescrito. La titular de Sanidad, coordinadora de Organización del PP cuando se produjeron los hechos, insistió el pasado viernes en que pagó los desplazamientos.
Mato se dirigió el sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para defender su honorabilidad y asegurar que siempre pagó sus gastos familiares. El propio Rajoy le mostró su respaldo en público, dando a entender que al menos de momento se descarta una dimisión, y le trasladó sus “ánimos” en nombre de todo el partido.
uente: Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
La mayoría de los hospitales públicos que constituyeron los pilares básicos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre fueron construidos por manos privadas, en un ingente negocio, que ahora se quiere privatizar para que acabe de nuevo en manos privadas ¿Qué manos exactamente?
Los hospitales públicos que, tanto desde el gobierno de la Comunidad de Madrid como desde el gobierno central, han calificado en repetidas ocasiones como insostenibles y ahora tratan de desmantelar son, en su mayoría, obra de constructoras privadas. Esperanza
Aguirre utilizó la creación de estos hospitales como su eje principal de campaña electoral. Un gasto que ahora ellos mismos tachan de insostenible, pero con el que han hecho un negocio redondo un puñado de señores del ladrillo.
¿Por qué constructoras privadas en el ámbito público?
Desde la Comunidad de Madrid, la excusa empleada para introducir a empresas privadas en la construcción de hospitales públicos, fue que “no había dinero” y que era urgente construir los hospitales. El sistema ideado para controlar estas obras consistía en que las empresas privadas adelantaban el dinero y, de esta manera, se convertían en propietarias de los centros. A cambio las arcas públicas les pagan durante entre 30 y 60 años un alquiler. En estos momentos, y según se asegura desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública se asegura que todo lo que invirtieron en su momento estas constructoras ya ha sido pagado y han obtenido alrededor de unos 100 millones de euros de beneficios, lo que supone un negocio redondo.
¿De quién es la mano detrás del negocio que hicieron con el ladrillo público?
Si comenzamos mirando hacia uno de los hospitales más concurridos del sur de Madrid nos topamos con que dos grandes constructoras se repartieron la construcción del hospital de Vallecas: Begar, la empresa del imputado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri y Ploder, controlada por la familia Gálvez y mezclada en los últimos años en una espiral de impagos y querellas.
El nombre de Begar trae a la mente las múltiples acusaciones contra su presidente, José Luis Ulibarri en el marco de la trama Gürtel, en las que se encuentra imputado por cohecho y blanqueo de capitales en relación con unos pagos que realizó presuntamente por comisiones a la trama de Francisco Correa, además de por estafa a la Hacienda pública. Ulibarri no es ningún desconocido en el mundo de los medios de comunicación, ya que controla el Diario de León, además de otras inversiones en otros medios.
La sombra de la trama Gürtel no acaba ahí, ya que el hospital público de Aranjuez fue construido por la Constructora Hispánica, propiedad de Alfonso García Pozuelo, otro de los constructores imputados en la Gürtel, quién está acusado de pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP. Además, de una de las partidas de dinero entregadas a Correa, una por valor de 1’6 millones de euros, 600.000 euros fueron a parar a Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP.
Al otro lado de Madrid, el hospital de la pequeña localidad de Valdemoro, fue construido con capital de un fondo anónimo de capital riesgo del norte de Europa que se llama Apax Partners y destaca por haber participado como socio fundador en la compañía Vueling. Tras la opacidad clásica de los fondos de capital riesgo, no se localizan los nombres de quienes controlan esta sociedad, aunque en la Comunidad de Madrid se les consideran tan “muy amigos”, como para concederles la construcción de un hospital en el municipio del que había sido alcalde el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Una obra que fue considerada por la prensa en aquel momento como “política” y en contraposición al de Parla, que se construyó gracias a la presión del entonces alcalde socialista Tomás Gómez.
El hospital público de Arganda, por su parte, fue construido en base a una financiación conjunta de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la compañía controlada por Esther Koplowitz y Caja Madrid.
El hospital de Coslada y el de Parla, también públicos, se llevaron a cabo con capital de Sacyr Vallehermoso, cuyos máximos accionistas son Disa Corporación Petrolífera, presidida por Luis del Rivero y Novagalicia Banco.
La obra de uno de los hospitales más importantes de los que se han construido en este periodo, el Hospital Universitario de Puerta del Hierro, en Majadahonda, fue encargado a Dragados.
La empresa que fue adquirida en 2002 por ACS, el gigante del ladrillo de Florentino Pérez.
Por su parte, el hospital del Norte, fue construido por Acciona, la empresa presidida por los Entrecanales, histórica familia de empresarios españoles con intereses diversificados en varios sectores.
Así se edificó la sanidad pública madrileña, con un sistema irracional que, a la larga, nos está saliendo inequívocamente más caro y con capital proveniente de empresas involucradas en la trama Gürtel, o de empresas que tradicionalmente contratan con las administraciones controladas por el Partido Popular. ¿Cómo acabará?
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la «trama Gürtel«.
La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Entre los actos de la Comunidad de Madrid supuestamente facturados por empresas de la Gürtel se encuentra un «Vídeo a la Presidenta» Esperanza Aguirre; un «cuadro a Gallardón» -se trata del acto de presentación del retrato pintado por el artista Hernán Cortés al hoy ministro cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid- ; la «Visita Bill Gates»; el primer aniversario de los atentados del 11-M; «Apoyo víctimas del terrorismo»; la firma de un «Convenio con el Real Madrid» y otro con la «Asociación Víctimas del Terrorismo» ; la celebración del acto de ascenso del Getafe a Primera División en 2004; la Copa Davis de aquel año; la firma de un el «Homenaje a Miguel Ángel Blanco»; el «Décimo Aniversario Gregorio Ordóñez»; el «Plan de Apoyo a la Familia»; la «Firma de Convenio Canal Isabel II», un acto con la Generalitat valenciana en febrero de 2006; o el «Viaje Presidenta Rumanía»; además de la organización de los actos de celebración del segundo y tercer aniversario del Ejecutivo de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.
El juez Pablo Ruz solicita esta documentación tras analizar la caja «B» de la empresa EASY CONCEPT, y el archivo informático «pagos anuales A.L.V. xls» intervenido en el domicilio de Isabel Jordán, imputada en la causa y exadministradora de varias empresas de la supuesta trama corrupta. El pasado mes de mayo solicitó a la Comunidad de Madrid una copia de esos contratos y tras recibirlos, ha decidido remitirlos al IGAE y a la Fiscalía Anticorrupción para que los analicen y depurar las posibles responsabilidades.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la «trama Gürtel«. La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Se trata de una de las primeras decisiones que adopta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras recibir la documentación procedente de diferentes consejerías de la Administración regional madrileña que contrataron la organización eventos con las empresas de la trama.El juez solicitó el pasado 18 de mayo estos contratos para tratar de determinar si se realizaron por mediación del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor, ambos imputados en la causa.La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los dos cargos públicos pudieron haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de los eventos, entre los que figuraban el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco o el encargo de un cuadro del exalcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Un juez progresista con experiencia en la Audiencia Nacional
Pablo Ruz está considerado un juez progresista -pertenece a la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, integrada por juristas de izquierdas- y era el único de la terna elegida por la Audiencia Nacional que había pasado por el propio tribunal donde, además de juez de apoyo de Del Olmo durante la instrucción del 11-M, lo fue también de Eloy Velasco, y llevó el juzgado en solitario durante unos meses.Durante ese periodo fijó una de las fianzas más altas (tres millones de euros) para el ex asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca en elcaso Saqueo I.
También inició el caso contra el ex preso etarra Iñaki de Juana por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo el mismo día en que dejó la prisión.
Contra la impunidad ya! 