La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos para España (CIS)

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La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos que debe afrontar el país en los próximos cinco años, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido hoy.

En este sondeo, el paro y la situación económica se mantienen como las dos mayores inquietudes de la ciudadanía, seguidos de la clase política, aunque en los tres casos bajan, mientras que sube un puesto, hasta el cuarto, la corrupción y el fraude dentro de los problemas más citados.

El barómetro incluye preguntas nuevas, por ejemplo sobre la organización del Estado y que muestran que una mayoría, el 54,4%, cree que debe mantenerse la actual o incluso que las comunidades tengan mayor autonomía, aunque un 36,9% es partidario de un único Gobierno central sin autonomías o con las comunidades con menos competencias.

La gestión de la crisis está pasando una factura muy alta al Gobierno: el PP ha perdido casi 9 puntos de apoyo desde las elecciones y tan solo el 6,8% considera que lo está haciendo bien o muy bien, mientras Rajoy saca su peor nota desde que es presidente. Pero los problemas no son exclusivos del Ejecutivo. El PSOE se estanca y crece la desafección por la política: los ciudadanos ven a los partidos como el tercer problema de España, solo superado por el paro y la economía. El sistema político queda en entredicho.

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Los resultados del barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son más que elocuentes. El Partido Popular ya ha perdido 8,7 puntos en estimación de voto respecto a las elecciones de hace un año, obteniendo un 35,9% en estimación de voto, siete décimas menos que en el barómetro del mes julio.

Esta caída no ha sido capitalizada por el principal partido de la oposición, ya que los socialistas también han bajado una décima desde los comicios y hasta 1,3 puntos con respecto al anterior sondeo, quedando su estimación en apenas el 28,6%.

Lejos quedan los datos que arrojaron las urnas hace menos de un año en las que los populares obtuvieron un 44,62% de los votos, que les dieron una amplísima mayoría de 186 escaños, y el PSOE consiguió el 28,73% y 110 escaños.

Empeora asimismo la valoración ciudadana de la labor de oposición del PSOE, que es censurada por la mayoría de encuestados. Así un 65,3% la califican como “mala” o “muy mala” -57,6% en julio-, un 5,7% como “buena” o “muy buena” y un 25,2% como “regular”.

Rajoy, cada vez peor valorado

Un hecho que se ve reflejado la valoración que hacen los ciudadanos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a caer en los últimos meses, al pasar de una nota de 3,33 puntos el pasado mes de julio, a 2,78 de media en octubre, la más baja desde que ocupa el Palacio de la Moncloa, según el último barómetro del CIS.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también pierde apoyos desde el último sondeo, ya que en julio obtuvo una nota de 3,8 puntos y ahora es de 3,7 sobre 10, aunque saca un punto al presidente del Gobierno.

También aumenta el número de españoles que critican la gestión del Gobierno, que es calificada como “mala” o “muy mala” por el 67,1% -56,1% en julio- frente a sólo un 6,8% que cree que es “buena” o “muy buena” y un 23,5% que la considera “regular”.

 

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Crece la desafección por la política y los partidos

Por otro lado, los ciudadanos ven peor que nunca la situación económica, ya que el 91,2% considera que es mala o muy mala, porcentaje que ha aumentado diez puntos en el último año y que supone un récord del barómetro del CIS.

También se ha elevado el pesimismo de la ciudadanía, dado que casi la mitad, el 49,1%, cree que la situación económica será peor dentro de un año. Además, siete de cada diez encuestados consideran que la economía se ha deteriorado en los últimos doce meses.

El paro y la economía siguen siendo los dos principales problemas para la ciudadanía, mientras que aumenta la desafección por la política y bate récord en este sondeo: los partidos y los políticos en general son vistos como el tercer problema de España para los encuestados.

En concreto, el paro continúa liderando la tabla con un 77,9% de menciones, y seguido de los problemas económicos, que se anotan un 43,4%. En tercer lugar, plaza que no abandona desde febrero de 2010, sigue la clase política, que en esta ocasión experimenta un importante aumento de 3,6 puntos respecto al mes anterior.

Si en septiembre los políticos eran mencionados en el 26,9% de las entrevistas, en octubre el porcentaje subió al 30,5%. Además, en ese lapso de tiempo ha subido casi 4,5 puntos el porcentaje de los ciudadanos que tildan de “mala” o “muy mala” la situación política del país, al pasar del 73,2 al 77,6%. Por contra, sólo un 2,4% considera que es “buena” o “muy buena”.

Pero, además, un 47,9% sostiene que la situación política es hoy peor hace un año, cuando se iban a celebrar las elecciones generales que ganó el PP, y otro 41,5% cree que las cosas no han cambiado en estos doce meses. Asimismo, un 36,4% augura que la situación política será aún peor el año que viene.

El CIS también revela que el sentimiento mayoritario que genera la política es la desconfianza, seguido de la irritación y el aburrimiento. Más de la mitad de los entrevistados cree que el voto es la única forma que tienen para influir en el Gobierno, aunque hay un 37% que cuestiona esa afirmación.

Estos resultados reflejan la mala acogida que han tenido entre los ciudadanos las primeras medidas tomadas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, pero sobre todo muestran como crece el descontento con el sistema político español. En este último trimestre se han materializado los Presupuestos Generales del Estado, la reforma laboral y los recortes en sanidad además de la debilidad de oposición del PSOE.

La encuesta, dada a conocer este jueves y que tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento, se basa en 2.484 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 49 provincias entre los días 2 y 14 de octubre.

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¡FELIZ 2013 en España ! 800 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios nos felicitan.

Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.

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EP – MADRID – 01/11/2009 – 12:44

La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es ‘Gürtel’, la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como ‘trama eólica’, pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado ‘caso Faycán’, que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es ‘Gürtel’, presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, ‘Gürtel’ ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso ‘Guateque’, que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés. CORRUPCIÓN EN BALEARES

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.

La imputación de Matas está relacionada con el caso ‘Palma Arena’ que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso ‘Can Domenge’. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.

Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de ‘Son Oms’, relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el ‘caso Scala’, que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso ‘Zerrichera’ llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

Palau de la Música

En Cataluña, la operación ‘Pretoria’ en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Castro Rei

Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.

En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.

Todas las nuevas medidas contra el fraude fiscal que entran en vigor hoy.

 

 

 

El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, anunciada por el ejecutivo y que endurece las medidas y penas de cárcel en delitos de fraude contra Hacienda y la Seguridad Social. El cobro indebido de prestaciones por desempleo, la creación de empresas para defraudar o el empleo irregular serán delitos penados con hasta cinco años de cárcel. Las empresas o personas que defrauden a Hacienda más de 600.000 euros tendrán que afrontar penas de entre dos y seis años de prisión.

Seis años de cárcel para el empresario que defraude a la Seguridad Social

Los fraudes a la Seguridad Social estarán penados, a partir de ahora, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los cinco y seis años. Beneficiarse irregularmente de reducciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional estará penado con una pena de hasta cinco años de prisión. Es una condena que podrá aumentar hasta seis años en el caso de empresas, ya que se considerará infracción grave obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social, y también no cotizar por los salarios de tramitación. La sanción será mayor cuanto mayor sea el número de trabajadoresafectado.

El aumento de estas penas también trae consigo una ampliación de la prescripción de estos delitos fiscales: en los supuestos más graves, su prescripción legal pasará de cinco a diez años. También se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Cinco años de cárcel por defraudar en subvenciones

Cobrar el paro de manera fraudulenta o recibir subvenciones de más de 120.000 euros de forma irregular también acarreará penas de hasta cinco años de cárcel. Utilizar una subvención para unos fines distintos de los que fue otorgada también será considerado como un supuesto de fraude fiscal.

Este endurecimiento de las penas de prisión por fraude fiscal también trae consigo un aumento de las multas aplicadas: si el delito incluye una pena de más de dos años de cárcel, el defraudador tendrá que pagar el doble de lo defraudado. Si esta pena es de más de cinco años, la multa ascenderá al cuádruple de esta cantidad.

Partidos políticos y sindicatos tendrán responsabilidad penal

Otra de las novedades introducidas en esta nueva Ley Orgánica, que entrará en vigor veinte días después de su publicación, incluye la inclusión de partidos políticos y sindicatos dentro del régimen de responsabilidad penal en casos de fraude fiscal. De esta manera, partidos y sindicatos tendrán que responder por las actuaciones ilícitas desarrolladas por sus miembros en su beneficio. Con esto, el ejecutivo busca superar lo que define como la “percepción de impunidad” de la que gozaban estos dos actores de la vida política.

EP/MADRID
Hoy entra en vigor la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma más ambiciosa de la democracia, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado, y se ha aprobado solo con el apoyo del Partido Popular en las dos Cámaras, así que entra en vigor tal y como la anunció y presentó el Ejecutivo.

La ley entra en vigor con carácter general, excepto el artículo 7, que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, que lo hará dentro de veinte días.

La norma, según Hacienda, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, el Ministerio asegura que la nueva ley supone el mayor esfuerzo normativo den la lucha contra el fraude, junto al proyecto de ley de lucha contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal.

Además, es un “complemento perfecto” al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el pasado 30 de marzo, con el que se pretende aflorar ingresos procedentes de la economía sumergida para incorporarlos a la economía regular.

La limitación de los pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes para favorecer la llegada de turistas.

Aquellos que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que haya sido comunicado por el contribuyente.

Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No solo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.

Medidas cautelares

Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, la nueva ley permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.

En concreto, se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.

Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes. Hasta ahora, cuando una deudor se declaraba sin bienes pero con acciones en una sociedad con inmuebles se le embargaban dichas acciones. A partir de ahora, se limitará la actividad de la propia sociedad.

Por otro lado, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.

También se introducen algunos cambios en el uso del IVA en operaciones inmobiliarias, ya que no se permitirá que el adquiriente se deduzca el impuesto si el vendedor no lo ha ingresado previamente. En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas antes del concurso no podrá realizarse en liquidaciones posteriores.

Cambios en el sistema de módulos

La nueva norma también incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de merc

La #transparencia en España y la cara de cemento de Jesús Posada.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha pedido valorar más los esfuerzos de los diputados frente a «algunas pequeñeces que no conducen a nada», en referencia a la exigencia de más transparencia en la Cámara Baja.POSADA

En declaraciones a ABC Punto Radio, ha asegurado que «cualquier diputado ha cobrado en 2012 entre un 12 y un 15% menos de lo que cobraba en 2007 en euros nominales», tras ser cuestionado por el motivo de la no publicación de los costes de los viajes de los parlamentarios en la web del Congreso.

Este mes de diciembre, la Mesa del Congreso dio luz verde a informar sobre el destino de los viajes, el programa de actividades, la composición de las delegaciones y las conclusiones de ese trabajo. Aunque no se conocerá el coste de los mismos. «Es un mal enfoque decir que se tiene que contar todo para que el ciudadano confíe -ha valorado Posada-. La transparencia no va por ahí».

A juicio de Posada, lo más importante es que se administre bien el dinero de los ciudadanos, centrarse en «lo que es mejor para la población: hacer buenas leyes». «No se trata de si gastamos un poquito más o un poquito menos, sino si de hacemos buenas leyes o llegamos a consensos. La discusión política tiene que estar ahí más que en el asunto» de la transparencia, ha defendido el presidente del Congreso.

Búsqueda de consensos

Precisamente, Posada ha aludido a la necesidad de consensos cuando ha sido cuestionado por la reforma del Poder Judicial, que sigue dejando en manos del Parlamento la elección de los miembros del CGPJ, tal y como quería el PSOE. «El consenso implica ceder en cosas importantes.Me gusta que haya habido consenso sobre el CGPJ», ha señalado Posada.

Este tipo de acuerdos deben ocurrir en los temas de «gran trascendencia política», que no es más que lo que pidió el Rey en su mensaje navideño, ha proseguido el presidente del Congreso: «Cualquier político se ha tenido que dar cuenta de que es más difícil conectar con los ciudadanos, pero el propio Rey indicaba el camino para resolverlo en su mensaje».

Respecto a la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat, donde se ocultó con una cortina el retrato de Don Juan Carlos, Posada ha reconocido que no le parece una «cosa nimia»: «No me gusta en absoluto que se tape el retrato del Rey con un trapo, pero no me hubiera ido».

Sobre Cataluña, Posada se ha mostrado convencido de que se cumplirá la ley ante el desafío independentista de Mas. «Frente a desafíos que pueden salirse de la legalidad, lo que hay que hacer es aplicarla», ha subrayado.

Los sindicatos no pagan ni un solo euro a Hacienda por su actividad económica.

155966_374219422667512_814838_nUna Ley aprobada por José María Aznar permite que los sindicatos no paguen ni un solo euro a Hacienda por su actividad económica

La Ley 49/2002 establece que puedan realizar actividades económicas no exentas como asesoramientos y ventas de productos siempre que  no excedan del 40% de los ingresos totales de la entidad

Las cuentas de resultados de las organizaciones sindicales incluyen ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas

La futura Ley de Transparencia también les excluye de toda obligación de información.

Los ciudadanos han visto como se ha disparado su presión fiscal en los últimos meses y parece esfumarse la esperanza de que parte de estas subidas sean temporales. Pero no sólo ellos, los autónomos y especialmente las pequeñas empresas también han visto como la presión fiscal les ahoga, sin que hayamos visto que Sindicatos se manifestaran por ello, quizá una de las razones es que los sindicatos están libres no sólo de estas subidas si no de cualquier impuesto.
Los sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, al considerarlas como entidades sin ánimo de lucro, gozan de numerosos prerrogativas fiscales que los mantienen lejos de estas subidas. Este trato de privilegio hacia las entidades sin fin de lucro está regulado en la Ley 49/2002, aprobada durante el segundo mandato de José María Aznar.
Esta Ley establece que las organizaciones de carácter civil reconocidas como tales por el Gobierno quedan exentas de liquidar los impuestos que gravan la actividad económica, y ello a pesar de que sindicatos y patronal, manejan importantísimas cantidades de dinero público procedente del bolsillo de todos los contribuyentes, sin que ningún sólo euro revierta a Hacienda.

La Ley 49/2002 establece una serie de requisitos para que las entidades sin fin de lucro declaradas de utilidad púbica como son los sindicatos puedan evitar el pago de impuestos, unos límites muy generosos que permite que puedan acogerse sin problema.  Así mientras impide “el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria“, ya que si no deberían liquidar impuestos, si permite realizar estas actividades  ajenas “si no excede del 40% de los ingresos totales de la entidad”. Es decir puede prestar servicios de asesoría, vender productos o realizar cualquier otra actividad económica sin pagar impuestos, a condición de que el importe total de lo ingresado por tales actividades no exceda del 40% de sus ingresos totales. Si el Estado le inyecta aproximadamente un 50% de sus ingresos vía subvenciones, el negocio está servido, ya que por el resto de actividades estarán exentos.

Aunque también están exentos de hacer públicos sus resultados, Comisiones Obreras informaba de sus números de hace tres ejercicios, reconociendo unos ingresos de 445 millones de euros, de los cuales 168 millones procedían de sus afiliados pero 62 millones a operaciones internas entre las que están labores de asesoramiento pero también ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas, los 215 millones restantes subvenciones entre las que destacan los programas de formación.

La no transparencia de los sindicatos

Además de no tributar por su actividad económica, sus privilegios van mucho más allá. Los ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles no son considerados como una explotación económica y por tanto escapan al control del fisco. De hecho, no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dado que las haciendas locales también los han declarado exentos del pago de ese impuesto. Aunque en muchos casos, ni siquiera sería necesario  hasta la sede principal de UGT es propiedad del Estado y cedida para su uso. Las cuotas de los afiliados, las donaciones recibidas (incluso las patrimoniales) o las subvenciones concedidas por organismos públicos también quedan expresamente fuera del impuesto de sociedades e incluso las rentas procedentes del patrimonio mobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses y cánones.

Por si fuera poco la futura Ley de Transparencia les excluye de cualquier obligación de informar, un caso extraordinario si tenemos en cuenta lo que ocurre en países de nuestro entorno (Francia, Italia, Reino Unido…) que si suelen excluir a los partidos políticos de sus normativas de transparencia pero no a los sindicatos, y lo peor es que los partidos mayoritarios apoyan que sea así.  (UPyD) presentó el 11 de octubre una enmienda de totalidad a la Ley de Transparencia por dejar fuera a partidos, sindicatos, patronales, la Casa del Rey, los organismos constitucionales y, en general las entidades que reciben ayudas públicas, una enmienda que no tiene ningún viso de éxito.

Los sindicatos CC.OO y UGT viven de VENDER a los trabajadores a cambio de beneficios para ellos.El único sindicato que no tiene liberados,subvenciones,cursos y vive EXCLUSIVAMENTE de la cuota de sus afiliados es la CNT.

Los sindicatos tienen una función muy importante y todo eso está muy bien en teoría. Pero también es cierto que en los últimos años  Toxo y Méndez, no digo que no hayan hecho nada, pero sí bien poco. Y no sólo lo dice gente que bebe de la información de la derecha mediática, sino que el propio Julio Anguita ha criticado a CCOO.

La lista de grandes defraudadores y morosos llegará el primer trimestre de 2013

 

El Gobierno quiere aprobar en el primer trimestre de 2013 la publicación de la lista con los mayores morosos y defraudadores a la Hacienda Pública, una iniciativa que se enmarca en el paquete de medidas de lucha contra del fraude que ha impulsado el Ejecutivo.

Por el momento, el Ministerio de Hacienda está ya trabajando en este asunto que implica cambios legales en varias normas, como la Ley General Tributaria o la de Protección de Datos, lo que impide acelerar la puesta en marcha de la medida, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Fue el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien lanzó la propuesta en el Senado: cómo adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.

Objetivo: que paguen

En concreto, el Ejecutivo estudia la precisión de “parámetros objetivos” para configurar el listado de los morosos y defraudadores con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.

“Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata”, dijo el ministro, quien no puede entender “tanto sigilo y cautela” hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones y no merecen confianza.

El Consejo de Ministros vio el pasado viernes un informe del ministerio sobre este asunto, que enmarca en sus planes de lucha contra el fraude fiscal. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que, de hecho, es uno de los “pilares” de la política del Gobierno, que ha decidido actuar después de muchos años de caída de recaudación con un perjuicio “directo e inmediato” al Estado de bienestar y los servicios públicos.

Dentro de este paquete de medidas de lucha contra el fraude, el Gobierno ha aprobado también a la convocatoria de 100 plazas públicas para funcionarios dedicados exclusivamente a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

 VIA :407254_290845234313058_1268659426_nEuropa Press | Madrid