González Pons: “Que Nóos recibiera dinero público no dependía de mi firma”

“De ser así, me lo hubiera pensado”, dijo. ¿Qué es lo que tenía que pensar? ¿Qué implica que no han pensado los firmantes? ¡Nos toman el pelo!

El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha asegurado ante el juezJosé Castro, que investiga al duque de Palma, que el Instituto Nóos que dirigía Iñaki Urdangarín “no recibió ni un solo euro de dinero público” por el hecho de que él firmara un documento.

El diputado valenciano, que ha declarado durante una hora en calidad de testigo en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla, ha asegurado de manera tajante que si con su firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público “a lo mejor me lo hubiera pensado mucho más”.

A su salida de los juzgados ha explicado que durante más de un año, el tiempo que su nombre salió relacionado con Urdangarín, se ha mantenido en silencio para no perjudicar la investigación del juez de Palma y así lo va a seguir haciendo.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitó al juez la citación de González Pons, ex conseller de Presidencia valenciano, en relación con el convenio firmado con el Instituto Nóos para la celebración de los Juegos Europeos 2006. La Generalitat pagó 382.203 euros a la entidad que presidía Urdangarin cuando el dirigente del PP era responsable de la Sociedad Gestora de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana. La declaración de Pons se fijó en un primer momento para la primavera de 2012, pero fue aplazada por problemas de agenda.

El dirigente popular ha confirmado que efectivamente su firma está en un convenio con el Instituto Nóos, “pero también es verdad que mi firma está porque hubo un convenio previo del Gobierno de la Generalitat valenciana”. Así, ha añadido que con su firma “no se comprometió ni un euro público ni se pagó ni un euro público al Instituo Nóos”.

De esta manera, ha sostenido que a pesar de su firma, el Instituto, dirigido por Urdangarín y su socio Diego Torres, no recibió ni un solo euro. “Aquel convenio sin mi firma le hubiera supuesto el mismo dinero a Nóos y sólo con mi firma no le habría supuesto ni un euro a Nóos”, ha recalcado González Pons, quien ha querido aclarar que no se ha acogido a su derecho como diputado a declarar en su despacho.

“Es un momento para que los políticos no usemos nuestros derechos y estemos a pie de calle o a pie de juzgado si se nos requiere”, ha subrayado.

Vía El Confidencial

Arenas y Michavila median entre Rajoy y Bárcenas para que éste no tire de la manta

Y esto, amigos, es la vergüenza del país. Un país (que no un estado) quebrado, saqueado en todas sus estructuras, vilipendiado por castas que parecían invisibles e impunes. De nosotros, los ciudadanos, depende que consigamos que esto no continúe y, sobre todo, que los responsables paguen por ello. Son muchos y grandes, pero los ojos de los españoles están abiertos y el mundo nos observa.

Desde que saltara la imputación de Luis Bárcenas por la trama Gürtel, el extesorero ha intentado reclamar ‘ayuda’ de su partido para eludir las penas de prisión a las que se enfrenta, bajo chantaje de que, de lo contrario, sacaría a la luz toda la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Según una información que publica ‘El Mundo’ y a la que reiteradamente ha aludido este diario en varias ocasiones, habría sido Javier Arenas quien habría canalizado en 2011 y 2012 entre Bárcenas y Rajoy.

El exministro de Trabajo fue en ese tiempo el ‘correo’ entre una y otra parte, pese a que negase cualquier tarea relacionada cuando saltó a la luz el escándalo de las cuentas suizas del exsenador por Cantabria. En ese momento Arenas dejó de ser el hombre adecuado para ‘mediar entre el hombre que lo sabía todo y los hombres y mujeres que saben que lo sabe todo’, como refleja el diario.

Arenas fue el encargado de mediar hasta que saltó el escándalo de las cuentas, momento en que el nexo ha pasado a ser Michavila

A partir de ese momento el partido necesitaba otra persona en quien depositar su confianza, y el escogido fue José María Michavila, amigo de los dos abogados de Bárcenas: Miguel Bajo y Alfonso Trallero, cuya mujer trabaja en el bufete que comparten Michavila y Ángel Acebes. A día de hoy, el exministro de Justicia sigue siendo el nexo de unión entre Bárcenas y Rajoy, como el propio extesorero se ha encargado de difundir.

Para las labores de mediación y de transmisión de mensajes entre ambos lados, también aparece el nombre de Pedro gómez de la Serna, diputado por Segovia y antigua mano derecha de Jaime Mayor Oreja en Interior, exjefe además de gabinete de Arenas en la vicepresidencia del Gobierno.

En el Partido Popular siguen aún con el miedo en el cuerpo ante la posibilidad de que ‘se tire de la manta’ y todo se enrede aún más, algo que pasaría de confirmarse que alguno de los ministros de la etapa de José María Aznar habría cobrado sobres en negro. En todo este escándalo, la mayoría de nombres que figuran como perceptores de estos sobresueldos los tendrían fiscalmente prescritos, pero de comprobarse que algún miembro del Ejecutivo anterior también los hubiera recibido, supondría una vulneración de la Ley de Incompatibilidades.

Rajoy permanece impasible confiando en su imagen de hombre honrado, y no se altera ni cuando Bárcenas hace referencia al pago de sus trajes

Especial recelo están generando en Génova, 13 las posibles actitudes deRodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos en el caso de que alguno de ellos pueda confirmar unas prácticas que eran conocidas por la cúpula del partido. Pese a que tanto uno como otro tendrían grandes focos de fricción con la formación política, el propio Cascos habría desmentido vía mail a Núñez Feijóo la intención de ‘ir contra la que durante 30 años fue su casa’. Del mismo modo habría dejado claro que ‘no renunciará a defender su buen nombre e inocencia en referencia a los sobresueldos y la financiación del PP.

Mientras tanto, Rajoy parece permanecer impasible ante los posibles escenarios que le han planteado sus asesores, en caso de que hablen Rato, Cascos, los dos, o de que incluso se compruebe que algún ministro de Aznar habría recibido sobresueldos. Tampoco se altera al escuchar que el extesorero ha comentado abiertamente que “yo por lo menos me pago mis trajes, no como Mariano”.

De momento, no parece que nada haya cambiado en la vida del extesorero, salvo los numerosos medios que aguardan a diario en la puerta de su casa. Él sigue paseándose por las tiendas más caras de la milla de oro madrileña con o sin su mujer y pagando en metálico las compras, y hasta hace bien poco, paseaba su destreza por las estaciones de esquí más cotizadas, dentro y fuera de España.

Vía Vozpópuli

El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP

El caso Bárcenas sigue expandiendose e imputan a los más importantes empresarios del país. ¿Pasará de ahí? ¿Hará justicia el juez Ruz?

Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales. Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.

Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una “alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa”. “Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración”.

El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.

En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, “el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal”, dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, “sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”.

La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido ‘sobresueldos’ a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen “un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo”.

Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.

El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Gurtel’ y ha abierto una pieza separada para investigar el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.

Vía eldiario.es

Denuncian ante la CNMV que Bárcenas pudo usar información privilegiada en la OPA de Endesa

Otro día, otro caso. Al extesorero del PP se le acumulan los pleitos. Y no es para menos, pues cada día descubrimos nuevas tropelías por su parte. ¿Cómo puede el PP seguir defendiendo a este cara-dura? ¿Tan manchados están?

La Asociación Europea de Inversiones Profesionales, ASINVER ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un escrito, fechado el 4 de marzo de 2013, para solicitar al regulador de los mercados españoles una investigación sobre el posible uso de información privilegiada por parte de Luis Bárcenas. La denuncia se centra principalmente en las operaciones vinculadas a la compra de Endesa por parte de Enel.

En su última declaración, el extesorero del PP Luis Bárcenas reconoció ante el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había logrado unas ganancias de seis millones de euros con una operación bursátil en Endesa en el año 2007. Utilizanco como base estas declaraciones, la documentación publicada por los medios de comunicación sobre las inversiones declaradas por el extesorero del Partido Popular; y las sospechas que ha lanzado la UDEF sobre posible información privilegiada, en Asinver consideran que hay indicios suficientes como para la que la CNMV “solicite toda la información disponible en la Audiencia Nacional e investigue el caso”.

En el escrito que ha remitido la Asociación se pone el foco en el hecho de que Bárcenas tuviera una inversión tan cuantiosa precisamente en acciones de Enel y Endesa, en la medida en que todas estas compañías fueron las que estuvieron implicadas en la convulsa Oferta Pública de Adquisición (OPA) que Enel y Acciona lanzaron en 2007 sobre la eléctrica española. El texto del documento de reclamación al que ha tenido acceso Eldiario.es asegura que puede haber “indicios” de que una posible filtración hubiera provocado “una distorsión en el precio de las acciones de Endesa”.

En el documento también consta una relación temporal de los hechos acaecidos en torno a dicha opa que va desde la autorización de compra de Endesa por parte de E.on, en noviembre de 2006, hasta la demanda presentada el 27 de abril de 2007 contra Miguel Sebastián, David Taguas y Carlos Arenillas por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.  Estos hechos coinciden con los movimientos accionariales que se están publicando en prensa en las últimas semanas.

Conviene recordar que las penas aplicables a los delitos de mal uso de información privilegiada pueden llegar a duplicar el beneficio obtenido en la operación.

Desde la CNMV explican que este tipo de gestiones no son públicas, pero que se seguirá el procedimiento habitual de la entidad en función del tipo de documento formal que haya presentado la citada asociación. Es decir, los servicios jurídicos del regulador valorarán la documentación aportada y decidirán si hay o no base para actuar. En cualquier caso ninguno de esos procedimientos será público, ni siquiera en el caso de que sea calificada como infracción grave o muy grave se identificará al sancionado.

La larga relación del PP con Endesa

La oferta de Enel fue el último episodio en una larga guerra por el control de Endesa, la mayor compañía eléctrica española. En septiembre de 2005, Gas Natural desató la tormenta con una primera opa sobre la compañía que Endesa rechazó. Su entonces presidente, Manuel Pizarro, se opuso a la operación, que se sospechaba bendecida por el Gobierno, entonces en manos del PSOE. Poco después, en febrero de 2006, entró en la puja la eléctrica alemana E.on, que mejoró la oferta en un 30%, también con el rechazo de Manuel Pizarro. Y tras varios intentos legislativos por parte del Gobierno para parar la operación alemana –unos reales decretos duramente rechazados por la Unión Europea por proteccionistas–, llegó la italiana Enel aliada con la española Acciona. Ambas empresas lanzaron su opa en 2007 y lograron cerrar la compra poco después. Manuel Pizarro abandonó la presidencia de Endesa, llevándose una indemnización de 10 millones de euros.

Casi acto seguido, el 17 de enero de 2008, Pizarro se afilió al Partido Popular con las firmas de Mariano Rajoy y José María Aznar como avalistas. Fue a las elecciones de ese año como número dos de la lista por Madrid y futuro vicepresidente económico si Rajoy ganaba las elecciones.

Tras la derrota de Rajoy, Pizarro cayó en desgracia y no recibió ningún cargo dentro del nuevo organigrama del partido. En enero de 2010 dejó la política.

Vía eldiario.es

Método 3 espió a Ignacio González por orden de un ‘rival’ dentro del PP

Se está empezando a ver que el espionaje era parte del día a día de la política en España. Después de descubrirse las diferentes investigaciones que tuvieron lugar en Cataluña, hoy se ha conocido que Método 3 tambien trabaja en Madrid para guerras internas del propio partido en el gobierno. Y parece sólo la punta del iceberg…

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

La agencia de detectives Método 3 elaboró un voluminoso informe sobre el hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con datos y documentos sobre sus relaciones, sus propiedades y la tupida red de intereses que le rodea. Sólo las conclusiones, en poder de El Confidencial, ocupan cincuenta páginas. El informe fue ordenado por un rival de Ignacio González en el propio PP de Madrid.

La agencia, hoy en el ojo del huracán por haber grabado subrepticiamente la conversación entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, yVictoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, asegura que fue “un directivo” del PP de Madrid el que ordenó la elaboración. Según ha podido conocer este diario de fuentes solventes, la novia de un conocido exdirigente popular fue quien encargó la investigación, que al final fue sufragada por un constructor amigo de ese exdirigente. Toda una enrevesada trama de intereses político-empresariales que aún puede cobrarse alguna víctima por el camino.

Las pugnas internas en el PP cuando la Comunidad era gobernada por Esperanza Aguirre propiciaron la creación de sectores que iniciaron una cruenta batalla política por el control del aparato. Fue en ese momento cuando se gestó el dosier sobre González, encargado a los despachos de Método 3. El resultado fue un espeso informe, prolijo en detalles, que desmenuza el entorno del hoy presidente madrileño.

Las posesiones de González

El dosier de la controvertida agencia de detectives contiene algunos datos que a simple vista parecen inconexos e incluso confusos, pero que intentan apuntar al corazón de Nacho González. Así, desgrana que la primera casa familiar del presidente fue comprada en 1994 por un precio de 39.950.000 pesetas (alrededor de 240.000 euros), con un préstamo de 23 millones de pesetas (unos 138.000 euros), a pesar de que dos años antes estaba tasada en 72.750.000 pesetas (más de 430.000 euros). “Es obvio, por tanto, que o se la vendieron bajo precio a cambio de algún favor o que hubo mucho dinero negro en la compraventa”, dice literalmente el informe de la agencia.

Para intentar dar munición al ‘rival’ de Ignacio González en la sucesión futura de Esperanza Aguirre (el informe es de 2006), los detectives destacan que “la compra sigue siendo ilegal hasta que el 25 de marzo del 2003, mediante auto firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emite mandamiento de legalidad de la urbanización El Prado de Aravaca, acusándose, además, a la Comunidad de Madrid de actuar en fraude de ley al introducir una nueva calificación urbanística de estos terrenos que no estaba contemplada en el planeamiento”.

Un supuesto pelotazo

En 1994, se constituyó el grupo gestor para negociar “con los máximos responsables municipales de Urbanismo el cambio de uso de decenas de hectáreas en Valdemarín, el barrio de superlujo de Aravaca”. Los promotores adquirieron el suelo “por cantidades inferiores a las 10.000 pesetas el metro cuadrado. La modificación [concedida por el Ayuntamiento] redundó en plusvalías ciertamente notables: el precio de cada metro cuadrado de terreno se situó en 100.000 pesetas tras el plácet municipal”. González vendió posteriormente la vivienda por 778.371 euros, aunque estaba tasada en 828.752,04. “Es anormal esta dicotomía (sic) salvo que exista una parte de la compraventa en dinero negro”.

La segunda vivienda del presidente madrileño tiene 447 metros cuadrados y fue comprada el 28 de febrero del 2006 a la sociedad Seinsa. Por ella, González pagó 172.000 euros de arras y entregó dos talones por un monto de 650.802 euros, mientras que retuvo 300.000 para cancelar una hipoteca que pendía sobre ella.Para la compra, también pidió un préstamo de 600.000 euros. El informe detalla incluso que la casa colindante, perteneciente a un amigo de González, fue valorada por Cajamadrid en casi 2,8 millones de euros en la misma fecha de la anterior operación.

Los datos que va desgranando el informe sobre el patrimonio del entonces vicepresidente salen de los registros y son más bien una labor de ‘recopilación’ y supuestas conclusiones ‘lógicas’ cuyo destino parece ser el de ofrecer ‘munición’ al enemigo de González en la batalla de la sucesión. Algo que, como se puede comprobar hoy, no le sirvió para evitar que fuera el elegido por Esperanza Aguirre para sucederla.

Vía El Confidencial

Los donativos registrados por Bárcenas coinciden con adjudicaciones del PP

El cerco se va cerrando sobre Bárcenas mientras el PP rehuye dar explicaciones. Y además está crecidito, ha visto los 20 y sube a 38!

Os dejo la información de eldiario.es:

Gran parte de las donaciones registradas en la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas se solapan en el tiempo con lucrativos contratos públicos decididos por administraciones gobernadas por el Partido Popular

La ley electoral prohíbe tajantamente que empresas que contraten con la Administración donen a los partidos políticos

Entre todos los constructores que aparecen en la lista de Bárcenasrecibieron más de 6.600 millones de euros en contratos públicos durante estos años

El 15 de octubre de 2004, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a OHL la construcción de una nueva salida a la M-30. Fueron 25 millones de euros. Cuatro días después, el 19 de octubre, aparece en los papeles de Bárcenas el nombre del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con un donativo de 100.000 euros.

El 17 de noviembre de 2003, el nombre de José Luis Sánchez aparece como donante de 100.000 euros al PP, según los papeles de Bárcenas. Sánchez es el presidente de la constructora Sando. Tres días después, su empresa logró un tramo de la A-42 por valor de 691.685 euros.

Son solo tres ejemplos, pero los hay por decenas: gran parte de los donativos que supuestamente recibió el PP –según aparecen en los papeles atribuidos a Luis Bárcenas por el diario El País– coinciden en las fechas de forma casi milimétrica con adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

La redacción de eldiario.es ha cruzado las fechas de los supuestos pagos al PP con la información relativa a los contratos públicos que recibieron las empresas citadas en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Los gráficos que acompañan este informe utilizan como fuente esos papeles, publicados por El País, y los distintos boletines de la administración donde se recogen las adjudicaciones públicas.

Según la ley electoral, ninguna empresa que contrate con la Administración puede realizar donación alguna a un partido político. De demostrarse la veracidad de los apuntes contables atribuidos al extesorero popular, el partido de Rajoy y las empresas que figuran en el listado habrían incurrido en un fraude de ley.

Dos nombres propios de constructores brillan por sí mismos en los papeles de Bárcenas. Según los documentos publicados por El País, los empresarios Luis del Rivero y Juan Miguel Villar Mir habrían dado diversos donativos al extesorero popular. A diferencia de otros apuntes realizados por Bárcenas, en este caso las anotaciones están recogidas con nombre propio (aunque Villar Mir tiene una empresa homónima).

En el caso de Villar Mir, los pagos sobrepasan el medio millón de euros en tres anotaciones. El primero, siempre según estos papeles, tuvo lugar el 19 de octubre, apenas cuatro días después de quedarse con uno de los accesos de la M-30 en Madrid, valorado en 25 millones de euros.

Los otros dos abonos no tienen una relación en el espacio-tiempo tan definida. El tercer pago es el más elevado, 250.000 euros, y se realiza en un momento en el que OHL se queda con la construcción de líneas ferroviarias del cercanías de Madrid.

La aportación total de Luis del Rivero, que hace ya más de un año que abandonó la dirección de Sacyr, es de 380.000 euros, según los supuestos apuntes de Bárcenas. El primer donativo, del 15 de septiembre de 2004, tiene un importe de 120.000 euros y se realiza una semana después de la adjudicación de las obras de prolongación del Metro de Madrid. El contrato de Sacyr supera los 150 millones de euros.

Los otros pagos están fechados en 2006 y 2007. Solo en 2006, los contratos en obra pública adjudicados a Sacyr superaban los 1.220 millones de euros en España.

La redacción de eldiario.es se ha puesto en contacto con estas empresas, que han negado tajantemente la veracidad de estos pagos.

Otra de las empresas que figuran en los papeles es Rubau, a priori desconocida para el gran público. Esta constructora tiene su origen en Girona y tiene ya una cartera considerable en el extranjero. Junto a su nombre aparece el de Antonio Vilella, un empresario que ha tenido relación con la constructora, aunque ésta no aclara el cargo que ocupó en la época de los abonos. Bajo la rúbrica de Vilella hay apuntados dos pagos de 50.000 euros muy próximos en el tiempo, el 1 y el 11 de marzo. En esa fecha la empresa gerundense se llevó una adjudicación (en colaboración con otra empresa) de un tramo de la Autovía A-23 por valor de 52 millones de euros. Desde la empresa niegan también cualquier relación con estos donativos.

Entre 2000 y 2004, Constructora Hispánica recibió 703 millones de euros en contratos públicos adjudicados por administraciones en manos del PP. En los estadillos de cuentas atribuidos a Bárcenas figuran constantes entradas de dinero procedentes de Alfonso García Pozuelo, entonces consejero delegado de la constructora. García Pozuelo, imputado en la Operación Gürtel, ha vuelto recientemente a las portadas de los diarios tras saberse que se trata de uno de los beneficiados de la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En este caso, llama la atención la cercanía de fechas entre los supuestos pagos a Bárcenas y las adjudicaciones recibidas por las administraciones gobernadas por el PP. Constructora Hispánica fue la encargada de construir la estación del AVE en Zaragoza. La licitación de esa obra data de noviembre de 2000. Según la documentación que refleja la supuesta contabilidad B en el PP, en esas mismas fechas García Pozuelo entregó a Bárcenas 30.000 euros. En junio de 2000, Hispánica consiguió la adjudicación de la plataforma de un tramo de AVE entre Lleida y Barcelona. Es un gran contrato: 28 millones a repartir con otra empresa, Copisa. Sólo un mes después, según los papeles del extesorero del PP, Alfonso García Pozuelo entregó 12.000 euros al PP.

La concatenación de presuntos pagos al PP y suculentos contratos públicos es constante en el caso de esta compañía. La mayor parte de las adjudicaciones de Hispánica proceden del ministerio de Fomento, en la época en la que Francisco Álvarez Cascos estaba al frente de esa cartera. Alfonso García Pozuelo es viejo amigo de Cascos: estudiaron juntos la carrera de Ingeniería de Caminos. Las cantidades que Hispánica entrega presuntamente a Bárcenas parecen ridículas comparadas con la cuantía de los contratos obtenidos, pero son constantes en los alrededores de las fechas de adjudicación. Sin embargo, algo cambia en 2003: las cantidades empiezan a aumentar. Ese año, Hispánica resulta adjudicataria de numerosos contratos públicos en UTE con otra empresa llamada Copisa. Según los papeles de Bárcenas, publicados por El País, solo entre marzo y mayo de 2003 Copisa habría entregado al PP un total de 200.000 euros.

Alfonso García Pozuelo fue también, hasta noviembre de 2009, administrador único de EOC de Obras y Servicios. Esta empresa, con domicilio fiscal en Málaga, ha recibido múltiples adjudicaciones en el Ayuntamiento de Pozuelo, en los años en los que Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, era el alcalde de la ciudad.

En Pozuelo, la constructora Hispánica también recibió contratos superiores a los 4,5 millones de euros de la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpasa). Juan Carlos Bárcenas, hermano de Luis Bárcenas, era por entonces uno de los consejeros de esa empresa municipal.  

Antonio Fernández Rubio, consejero delegado de Aldesa Construcciones, figura con reiteración en los estadillos supuestamente elaborados por Luis Bárcenas. Sus adjudicaciones también coinciden en el tiempo con esas presuntas aportaciones a las cuentas del PP que figuran en los papeles de Bárcenas.

El 20 de febrero de 2003, Aldesa recibe una adjudicación de varias remodelaciones urbanas en el Ayuntamiento de Madrid por más de 11 millones de euros. Unos días antes, el 6 de febrero, el máximo responsable de esta compañía habría ingresado 18.000 euros en las cuentas de Bárcenas.

Un mes después la historia se repite: es 7 de abril y Aldesa recibe una adjudicación dependiente del Gobierno de Aznar por valor de 343.103 euros. Solo dos semanas después, el 24 de abril de 2003, Bárcenas vuelve a recibir un ingreso de 18.000 euros que abona el consejero delegado de la compañía, siempre según figura en los papeles difundidos por El País.

Seguimos en 2003. El 25 de mayo de ese año, Rubio realiza otro ingreso de 18.000 euros. Al día siguiente, su empresa recibe una nueva adjudicación: 1.334.766 euros del Ministerio de Medio Ambiente para la remodelación del paseo marítimo de Pineda de Mar.

El 2 de julio de 2003, Rubio entrega 30.000 euros a Bárcenas; seis días después, Aldesa recibe 2.436.008 euros de la Confederación Hidrográfica del Sur.

El 10 de diciembre de 2003 Aldesa resulta adjudicataria, junto con otras dos compañías para la construcción de varias obras ferroviarias por un importe de 47.267.958 euros. Ese mismo día Bárcenas recibe de Rubio otros 24.000 euros.

Poco antes de las elecciones de marzo de 2004 las aportaciones económicas entregadas por el consejero delegado de Aldesa al PP aumentan considerablemente y continúan estando relacionadas con adjudicaciones públicas. El 8 de enero, Aldesa decide formar UTE con Begar, una empresa vinculada a la trama Gürtel. Ambas compañías ganan el concurso para la realización de obras en la cuenca del Duero por importe de 18.290.174 euros. Cuatro días después, Bárcenas recibe su ingreso: 24.000 euros. El remitente vuelve a ser Aldesa.

A partir de esa fecha, las anotaciones atribuidas al extesorero del PP registran nuevos ingresos. 48.000 euros a principios de febrero y otros 48.000 euros el 8 de marzo, a las puertas de las elecciones que volvió a perder Mariano Rajoy frente a José Luis Rodríguez Zapatero.

El año 2002, bajo la presidencia de Manuel Contreras Ramos, la empresa de construcción ferroviaria fundada en 1925 por Manuel Contreras Graciani se transforma en Grupo Azvi. Como consecuencia, explican en su propia página web, “de la evolución de Azvi hacia la diversificación” a “todas las áreas de construcción en general, especialmente autovías y carreteras, alta velocidad, hidráulicas y medioambientales, puertos y aeropuertos”. Un año después aparecen los primeros apuntes en el “Debe” de los papeles de Bárcenas a nombre de M. Contreras, y que el propio diario El País, que publicó la lista, atribuye a Manuel Contreras Ramos y a su hijo Manuel Contreras Caro. Curiosamente, las fechas de dichos apuntes coinciden con diversas adjudicaciones de obra pública al entonces recién diversificado Grupo Azvi: obras de autovías, alta velocidad, medioambientales…

Desde Azvi aseguran que “no tienen nada que contestar” a la coincidencia de los apuntes con las adjudicaciones de obras, ya que no tienen “nada que ver, ni con los papeles de Bárcenas, ni con los pagos, ni con los cobros. No podemos hablar sobre temas que no nos incumben”. Como por ejemplo que el 17 de marzo de 2003 resulte adjudicataria de un tramo de autovía entre Castellón y Teruel por casi 71,6 millones de euros y aparezca un pago de 60.000 euros justo dos semanas después, el 2 de abril. Lo mismo ocurre en junio de ese año, con la construcción del tramo del AVE León-Asturias y, en octubre, con los proyectos de obra de depuradoras en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Los dos años siguientes vuelven a coincidir pagos y concesiones. En 2004, Azvi se hace con la construcción y explotación de tres aparcamientos en Jerez de la Frontera, base política del tesorero del PP andaluz, Aurelio Romero. Y en 2005 consigue en Madrid la infraestructura de la línea de metro ligero de Colonia Jardín a Boadilla del Monte.

Hay más coincidencias. Los dos empresarios que suman las mayores aportaciones a las listas manuscritas de Bárcenas son andaluces. El otro es el promotor malagueño y presidente de Sando, José Luis Sánchez.

Sando Proyectos Inmobiliarios supone otro caso donde las supuestas donaciones y las adjudicaciones se solapan de forma más evidente. Según los papeles de Bárcenas, esta empresa, a través de su presidente José Luis Sánchez, realizó varias donaciones de 100.000 euros. Cada uno de estos ingresos coincide en el tiempo con una adjudicación pública.

José Luis Sánchez entregó 100.000 euros al PP en junio de 2003. Un mes después, el 25 de julio, recibió una adjudicación ferroviaria por valor de 125.423.073 euros. El 17 de noviembre de ese mismo año, el presidente de Sando entrega otros 100.000 euros; tres días después logra un tramo de la A-42 por valor de 691.685.

La historia se repite en febrero de 2004. El 9 de ese mes, Sando resulta ganadora en la adjudicación de otro tramo de la A-42. Solo 15 días más tarde, Bárcenas recibe otro ingreso de 100.000.

Siempre según los papeles de Bárcenas, en junio de 2004 Sando vuelve a ingresar 100.000 euros en las cuentas controladas por el extesorero. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Madrid le adjudica trabajos en la M-30 por valor superior a los 24 millones de euros.

Esta relación causa efecto se sigue repitiendo hasta 2007. A finales de mayo de ese año se produce un nuevo envío de 100.000 euros a la cuenta de Bárcenas. El 12 de junio, nuevo contrato público: Reformas y acondicionamiento de parques en Madrid por importe de 306.300 euros.

Desde eldiario.es, hemos intentado recabar la versión de la constructora Sando Proyectos Inmobiliarios. Tampoco responde. La compañía se remite a su comunicado emitido el día en que se publicaron las listas: “Ni el señor Sánchez Domínguez, ni representante alguno de Sando, ha entregado cantidad alguna al Partido Popular ni al señor Bárcenas”.