España, nido de avispas: Corrupción y lavado de dinero de las mafias rusas (5)

El magnate Oleg Deripaska pertenece a la familia del primer presidente de Rusia, Borís Yeltsin. Está casado con Polina, hija del primer matrimonio del periodista Valentin Yumáshev, ex jefe de la Administración presidencial y esposo de Tania, la hija menor de Yeltsin.

Los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Fernando Andreu tenían previsto viajar en octubre de 2009 a Moscú para interrogar a seis personas imputadas en dos de los sumarios que se instruyen en sus respectivos juzgados contra la mafia rusa.

Las autoridades de la Federación suspendieron, por segunda vez, las comisiones rogatorias. Ya en diciembre, nada más celebrarse el juicio por la Operación Avispa, ocurrió lo mismo.

La condición de Rusia para que esas comisiones rogatorias vayan adelante es que no se tome declaración como imputado sino como testigo al oligarca Oleg Derispaka, hombre cercano a Vladimir Putin y presidente de la primera empresa de aluminio del mundo, Rusal.

Las autoridades moscovitas tratan de salvar a toda costa a Derispaska de un eventual proceso penal en España. Desde hace meses los tira y afloja judiciales han sido una constante y aún no se tiene la certeza de que las comisiones rogatorias puedan materializarse a la vista de los últimos reveses. Pero Derispaka, con ser el objetivo principal de esas comisiones, no es el único. Mientras que Andreu, iba a centrarse en este objetivo, Garzón tenía previsto viajar a Rusia para tomar declaración como imputadas a otras cinco personas que figuran en la Operación Troika, la segunda de gran calado realizada en España contra la mafia.

El diario Ideal recopila también información sobre Oleg Deripaska:

En una carta al jefe del Kremlin los trabajadores de la fábrica local de celulosa y papel aseguran que Deripaska, considerado próximo a Putin, arruinó premeditadamente la planta cuando aún controlaba el 51 por ciento de sus acciones.

La planta, declarada en suspensión de pagos e intervenida desde 2010 por la Justicia, fue cerrada en 2008 por contaminar una superficie de al menos 200 kilómetros cuadrados del lago con dioxina, fenol y derivados del sulfuro, entre otras sustancias nocivas.

Aunque fue reabierta por orden directa de Putin, entonces primer ministro, la industria sigue adeudando millones de dólares al propio Deripaska, el multimillonario que controló la empresa hasta 2010 y que según sus empleados la llevó a la bancarrota.

Los trabajadores de la planta acusan a los gerentes de Deripaska de haber vendido activos de la fábrica -una central eléctrica y una estación de esquí- para luego desviar los beneficios.

El oligarca, investigado por la Justicia española por sus posibles relaciones con el crimen organizado, también habría “inflado la deuda” de la compañía y dejado de pagar los impuestos al Estado, según la carta remitida al presidente ruso.

Después de que la empresa fuera declarada en suspensión de pagos, el magnate del aluminio no dudó en vender el 51 por ciento de las acciones a su entonces socio Nikolái Makárov, a quien ahora reclama 150 millones de rublos (5 millones de dólares) prestados a la fábrica.

El empresario israelí de origen ruso Mikhail Cherny reclama a Deripaska el 20% de las acciones de UC Rusal, la mitad de todas las que posee el magnate del aluminio, en virtud de un supuesto acuerdo al que habrían llegado en 2001.

Mientras, fuentes del entorno de Deripaska pregonan por Moscú que el final de la “odisea española” de su patrón ha sido el procesamiento del juez Baltasar Garzón, quien inició la investigación contra él. Esta misma información coincide con el ABC quien reseña que el oligarca Oleg Deripaska, que ha estado imputado en España por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en uno de los sumarios abiertos contra la mafia rusa -investigación que ahora ha asumido la Justicia de su país-, relaciona la condena de Baltasar Garzón y su separación de la carrera judicial con el final de su “odisea”.

Al remitir copia del procedimiento a sus colegas rusos, el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu advirtió de que recuperará la competencia en caso de que Rusia decline su solicitud para investigar a Deripaska.

En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, conocida como “Izmailovskaya” (banda rusa), y es en Rusia donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales en España. Deripaska y sus ex socios controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal “habría ido conquistando” mediante la extorsión y el asesinato, y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Deripaska es reconocido no solamente por su éxito empresarial, sino por tener una relación muy cercana con el Kremlin, situación que ha usado en su beneficio, especialmente cuando de eludir a la justicia se trata.

Según el portal Noticias Diarias, Deripaska usó su maquinaria de amistades influyentes para negarse a ser interrogado en una investigación que la justicia española adelanta contra él por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, obligando al juez del caso (juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón) a desplazarse hasta Moscú para poder entrevistarse con él y con el visto bueno de la fiscalía rusa lo hizo en calidad de testigo y no de imputado.

Las tretas de Deripaska para conseguir sus objetivos en las cortes de todo el mundo parecen estar enfocadas ahora al juicio por la demanda que presentó el empresario israelí Michael Cherney en su contra, reclamando el pago del 20% de las acciones de una de las compañías de aluminio más grandes del mundo: RUSAL, una cifra que podría rondar los 4 billones de dólares. Cherney solicitó a la justicia británica que se encargara del caso, alegando que, dadas las conexiones de Deripaska en Rusia, no podía esperar.

No es la primera vez que Deripaska acude a oscuras maniobras para desacreditar a Cherney. En diciembre de 2010 una corte de Tel Aviv reconoció que había una campaña de desprestigio promovida por Alexei Drobashenko,  antigua mano derecha y director del “Eurasian Group“ – una de las empresas dirigidas por Deripaska – para la que contrató investigadores privados y consultores de imagen que se encargaran de conseguir información que pudiera dañar a su contraparte. Por este proceso ya han sido juzgadas y condenadas 4 personas en Israel.

Con la operación Troika cae la cuarta organización del crimen organizado más importante del mundo.  Estuvo dirigida contra la ‘Tambovskaya’, un grupo criminal ruso que toma su nombre de Tambov, una localidad a más de 1.000 kilómetros de San Petersburgo.

La operación fue coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, en la que han participado de forma conjunta más de 400 operativos de la Policía Nacional, incluido el Grupo Especial de Operaciones (GEO), miembros de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Según reseñó El Mundo, se practicaron una veintena de detenciones a personas que ocupaban puestos de gran responsabilidad en la organización mafiosa, los denominados ‘Vor v zakone‘, aquellos que ocupan la más alta categoría de la criminalidad de los países del Este, y mantenían contacto directo y permanente con otros miembros de la organización en Rusia.

En total, se produjeron 20 detenciones en Málaga, Madrid, Palma de Mallorca y Alicante y se desarrollaron una treintena de registros, en los que se hallaron documentación y efectos esenciales para demostrar que las empresas investigadas eran utilizadas para blanquear dinero. En Palma de Mallorca, además de los arrestos en la urbanización, algunas de las detenciones han sido en una inmobiliaria de la capital balear llamada Inmobiliaria Balear 2001 S.L.

En el vídeo que se incluye en este post se puede ver las condiciones en las que son tratados los empleados de una de las fábricas de las que es dueño Oleg Deripaska.

Sin transparencia sólo puede haber impunidad

Todos los días nos despertamos con sobresaltos sobre delitos realizados impunemente por personajes de toda ralea: Bárcenas, Urdangarín, Cristina de Borbón, Gao Ping, Oniani, Deripaska… por mencionar un puñado mínimo de nombres.

Además, hay que contar con empresas muy conocidas y respectadas que también cometen actos delictivos como Pfizer, American Express, HSBC, Wal Mart, entre muchas otras.

Hay una auténtica red global de delincuentes, que es capaz de garantizar la impunidad de sus miembros ante cualquier tipo de delito: lavado de dinero, concursos públicos amañados, falsedad documental, fraude contra la hacienda pública, extorsión, asesinatos…

Esta corrupción, esta impunidad, esta sensación de que los poderosos se salen siempre con la suya, deja a la gente la idea de que no merece la pena hacer ningún esfuerzo honesto, porque los delitos gordos son más rentables.

Los delitos les salen gratis a quienes los cometen, mientras que somos la gente de a pie quienes tenemos que pagar sus fechorías.

Y cuando se dice pagar, no es en sentido figurado, sino totalmente literal.

Tan sólo en España se calcula que en desde el año 2000 la corrupción se ha cobrado casi 7.000 millones de euros.  ¡¡¡¡Más de 1 Billón con B) de las antiguas pesetas!!!!

Nadie paga por hacer cosas fuera de la ley, menos si son grandes delitos, incluso descubieros en flagrancia.

El sistema está hecho para que los poderosos nos tomen el pelo, ya que ellos deciden el momento para hacer y deshacer a su antojo las leyes que sí persiguen a otros, a sus enemigos, pero también a gente común y corriente que nos sentimos en un estado policial cada vez que levantamos la cabeza.

¿Cómo podemos ver marchar a nuestros jóvenes sin sentirnos desgarrados?

¿Cómo podemos seguir votando a los mismos después que sabemos que nos roban y se vuelven a presentar a las urnas sin ningún tipo de arrepentimiento?

¿Cómo podemos permitir que la policía, la guardia civil y algunos jueces honestos se juegen el tipo para atrapar a peligrosos delincuentes y que luego se les escapen entre los dedos?

¿No estáis hartos?

Estar harto de que no podamos acceder a la información de lo que se hace con nuestro dinero:

¿Cuánto ganan nuestros políticos?

¿En qué lo invierten?

Cosas tan básicas como saber el número de coches oficiales, las dietas, las secretarias, el coste de los proyectos, alquileres, gasolina, etc.

¿Cómo podemos tomar las mejores decisiones si no tenemos información?

La ley de transparencia no servirá si se le da a los gobiernos la posibilidad de responder cuando a ellos se les antoje.

Deberíamos exigir una transparencia total y absoluta, y sólo así los ciudadanos tendríamos la posibilidad de demandar un honesto desempeño de los políticos.

Saber dónde se van los dineros nos haría tan bien…

No solucionaría de manera automática todos los problemas, pero los poderosos se cuidarían de meter la mano en la caja pública si hay una manera directa de poder descubrirlos y no estar a merced de las filtraciones de la voluntad de los medios de comunicación, que son empresas con sus propios intereses.

Sin transparencia sólo puede haber impunidad.

¡Contra la impunidad ya!

¡Transparencia ahora!

La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante el secreto sumarial de las investigaciones de los ERE

 

Manuel Chaves

Manuel Chaves

 PARA EVITAR “INNECESARIAS DILACIONES”

   La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar “innecesarias dilaciones”. En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación. Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el Juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados; así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos.

El Ministerio Público también pide que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados para, en su caso, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas.
En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide asimismo que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aun no han declarado; así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. . (EUROPA PRESS) –

Las personas de la trama:

Laura Gómiz Nogales

Presidenta de Invercaria, nombrada por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en julio de 2010. Ocupó la dirección general de esta misma entidad antes de ser nombrada presidenta. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad como directora financiera del grupo Bogaris y directora general de División Agroindustrial en dicho grupo (anteriormente denominado Detea). Pertenece a los consejos de administración de varias empresas participadas por Invercaria. Fue concejal suplente elecciones 2007 por el PSOE en Alcaracejos (Córdoba). En la grabación trata de convencer a un subordinado para que elabore informes falsos que justifiquen las ayudas otorgadas ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Reconoce que estas se han repartido sin seguir procedimiento alguno.

Cristóbal Cantos Sánchez

Exdirector de Promoción Invercaria. En la grabación se niega a elaborar dichos informes falsos, lo que encrespa a la presidenta de este organismo, que le acusa de «no valer» para trabajar en Invercaria.

Antonio Valverde Ramos

Director general de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Economía e Innovación), a la que pertenece Invercaria. Hombre de la confianza de Griñán, con quien coincidió en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ya que cuando Griñán era consejero (de 2004 a 2009), Valverde fue director general de Fondos Europeos. En la grabación Laura Gómiz asegura que está al corriente de todas las irregularidades, de las que resalta que le ha informado personalmente. «¡Joder Cristóbal!», señala Gómiz, «¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí?». IDEA es la agencia pública de la Junta de Andalucía que recibía y gestionaba el dinero de la Consejería de Empleo para los ERE fraudulentos que investiga la Justicia. Según la presidenta de Invercaria, la agencia está realizando informes con fecha anterior para justificar las ayudas.

Tomás Pérez Sauquillo

Presidente de Invercaria desde su constitución en abril 2005 hasta marzo 2010. En la grabación la actual presidenta alude a irregularidades en su gestión y afirma que «ha dado dinero muy alegremente».

Manuel Rodríguez Rodríguez

Desde el año 2005 hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director de inversiones de Invercaria y es miembro del consejo de administración de varias sociedades de alto componente innovador. Laura Gómiz insinúa en la grabación que está realizando los informes falsos. «Hay cosas que a Manolo Rodríguez lo voy a poner para que haga determinados… para que haga… ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema de la auditoría».

Consejo de administración

Según Laura Gómiz, el consejo de administración de Invercaria estaba al tanto de las irregularidades. Entre sus integrantes figuran importantes cargos de la Junta de Andalucía, muy próximos a los consejeros. Además de Antonio Valverde, de IDEA, están Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco Alvaro Julio, gerente de las Fundación Andalucía Emprende; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Francisco José Oyonarte Molina, ex secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía bajo la presidencia de José Antonio Viera, y Antonio Fernández, implicados en el caso de los ERE.