Método 3 espió a Ignacio González por orden de un ‘rival’ dentro del PP

Se está empezando a ver que el espionaje era parte del día a día de la política en España. Después de descubrirse las diferentes investigaciones que tuvieron lugar en Cataluña, hoy se ha conocido que Método 3 tambien trabaja en Madrid para guerras internas del propio partido en el gobierno. Y parece sólo la punta del iceberg…

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

La agencia de detectives Método 3 elaboró un voluminoso informe sobre el hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con datos y documentos sobre sus relaciones, sus propiedades y la tupida red de intereses que le rodea. Sólo las conclusiones, en poder de El Confidencial, ocupan cincuenta páginas. El informe fue ordenado por un rival de Ignacio González en el propio PP de Madrid.

La agencia, hoy en el ojo del huracán por haber grabado subrepticiamente la conversación entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, yVictoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, asegura que fue “un directivo” del PP de Madrid el que ordenó la elaboración. Según ha podido conocer este diario de fuentes solventes, la novia de un conocido exdirigente popular fue quien encargó la investigación, que al final fue sufragada por un constructor amigo de ese exdirigente. Toda una enrevesada trama de intereses político-empresariales que aún puede cobrarse alguna víctima por el camino.

Las pugnas internas en el PP cuando la Comunidad era gobernada por Esperanza Aguirre propiciaron la creación de sectores que iniciaron una cruenta batalla política por el control del aparato. Fue en ese momento cuando se gestó el dosier sobre González, encargado a los despachos de Método 3. El resultado fue un espeso informe, prolijo en detalles, que desmenuza el entorno del hoy presidente madrileño.

Las posesiones de González

El dosier de la controvertida agencia de detectives contiene algunos datos que a simple vista parecen inconexos e incluso confusos, pero que intentan apuntar al corazón de Nacho González. Así, desgrana que la primera casa familiar del presidente fue comprada en 1994 por un precio de 39.950.000 pesetas (alrededor de 240.000 euros), con un préstamo de 23 millones de pesetas (unos 138.000 euros), a pesar de que dos años antes estaba tasada en 72.750.000 pesetas (más de 430.000 euros). “Es obvio, por tanto, que o se la vendieron bajo precio a cambio de algún favor o que hubo mucho dinero negro en la compraventa”, dice literalmente el informe de la agencia.

Para intentar dar munición al ‘rival’ de Ignacio González en la sucesión futura de Esperanza Aguirre (el informe es de 2006), los detectives destacan que “la compra sigue siendo ilegal hasta que el 25 de marzo del 2003, mediante auto firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emite mandamiento de legalidad de la urbanización El Prado de Aravaca, acusándose, además, a la Comunidad de Madrid de actuar en fraude de ley al introducir una nueva calificación urbanística de estos terrenos que no estaba contemplada en el planeamiento”.

Un supuesto pelotazo

En 1994, se constituyó el grupo gestor para negociar “con los máximos responsables municipales de Urbanismo el cambio de uso de decenas de hectáreas en Valdemarín, el barrio de superlujo de Aravaca”. Los promotores adquirieron el suelo “por cantidades inferiores a las 10.000 pesetas el metro cuadrado. La modificación [concedida por el Ayuntamiento] redundó en plusvalías ciertamente notables: el precio de cada metro cuadrado de terreno se situó en 100.000 pesetas tras el plácet municipal”. González vendió posteriormente la vivienda por 778.371 euros, aunque estaba tasada en 828.752,04. “Es anormal esta dicotomía (sic) salvo que exista una parte de la compraventa en dinero negro”.

La segunda vivienda del presidente madrileño tiene 447 metros cuadrados y fue comprada el 28 de febrero del 2006 a la sociedad Seinsa. Por ella, González pagó 172.000 euros de arras y entregó dos talones por un monto de 650.802 euros, mientras que retuvo 300.000 para cancelar una hipoteca que pendía sobre ella.Para la compra, también pidió un préstamo de 600.000 euros. El informe detalla incluso que la casa colindante, perteneciente a un amigo de González, fue valorada por Cajamadrid en casi 2,8 millones de euros en la misma fecha de la anterior operación.

Los datos que va desgranando el informe sobre el patrimonio del entonces vicepresidente salen de los registros y son más bien una labor de ‘recopilación’ y supuestas conclusiones ‘lógicas’ cuyo destino parece ser el de ofrecer ‘munición’ al enemigo de González en la batalla de la sucesión. Algo que, como se puede comprobar hoy, no le sirvió para evitar que fuera el elegido por Esperanza Aguirre para sucederla.

Vía El Confidencial

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La empresa de Eurovegas reconoce una “probable” implicación en sobornos a funcionarios extranjeros

La empresa que según algunos va a salvar a la Comunidad de Madrid, ha reconocido estar “probablemente” involucrada en una trama de sobornos a funcionarios extranjeros. ¿Cuál será el próximo movimiento de la Comunidad? ¿Aclararán el asunto o callarán, como de costumbre?

  • Las Vegas Sands, la empresa del magnate Adelson, admite ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos su “probable” violación de una ley que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros
  • Reconoce posibles irregularidades en ejercicios fiscales pasados y subraya que en los últimos años ha mejorado sus prácticas

Las Vegas Sands ha admitido ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) su “probable” violación de una ley estadounidense que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros, en una comunicación oficial a la que Efe tuvo acceso hoy.

La compañía estadounidense, que empezará este año a construir el macrocomplejo de ocio y juego Eurovegas en Alcorcón (Madrid), remitió el viernes su informe anual a la SEC, en el que reconoce posibles irregularidades en ejercicios fiscales pasados, aunque subraya que en los últimos años ha mejorado sus prácticas.

En la comunicación, Las Vegas Sands indica que una auditoría interna de sus cuentas ha revelado que “probablemente hubo violaciones de cuentas, declaraciones financieras y medidas de control internas previstas en la FCPA (Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.)”.

“En los últimos años, la compañía ha mejorado sus prácticas con respecto a las cuentas, las declaraciones y los controles internos”, aseguró la empresa a la SEC.

Según el diario Wall Street Journal, que cita una fuente anónima cercana a la compañía, las citadas violaciones están relacionadas con negocios que tuvieron lugar en la China continental la década pasada y fueron entabladas por funcionarios que ya no trabajan en la empresa, algo que Las Vegas Sands no ha confirmado.

La compañía del magnate Sheldon Adelson reveló hace dos años que era objeto de una investigación de la SEC por posibles violaciones de la FCPA, y más tarde fue informada de que el Departamento de Justicia de EE.UU. había emprendido “una investigación similar”, según recordó en su comunicación a la entidad reguladora.

A raíz de esas notificaciones, la compañía nombró un comité auditor compuesto de “tres miembros independientes” de su junta directiva, cuya investigación está casi completada, explicó.

Basándose en las conclusiones preliminares de la auditoría, Las Vegas Sands indicó a la SEC que las probables irregularidades “no tienen un impacto material en las declaraciones financieras de la compañía” y “no merecen ninguna repetición de las declaraciones (de ejercicios) pasados”.

Además, concluyó que las sospechas “no representan una debilidad material en los controles internos de la compañía sobre sus informes financieros, a fecha de 31 de diciembre de 2012”.

“De acuerdo con el desarrollo (de la investigación) hasta la fecha, la administración de la empresa es actualmente incapaz de determinar la probabilidad de la resolución de este asunto, su importancia relativa o la dimensión de las posibles pérdidas razonables, si las hubiera”, señaló.

Las Vegas Corps agregó que cree que la investigación de la SEC se basa en la demanda que presentó contra la compañía en 2010 Steven C. Jacobs, expresidente de la filial en China de la empresa dirigida por Adelson, en un caso que continúa en litigio en Nevada (EE.UU.).

De acuerdo con el Wall Street Journal, los supuestos sobornos se produjeron la década pasada, cuando Las Vegas Corps empezaba a expandirse en Asia y buscaba conexiones en China con el fin de impulsar su nuevo casino en Macao.

El diario asegura que antiguos ejecutivos de Las Vegas Sands, entre ellos su expresidente Bill Weidner, llevaron entonces a cabo “una serie de acuerdos en China que podrían haber carecido de controles de cuentas adecuados”. Weidner renunció a su cargo en 2009, citando “diferencias de gestión” con Adelson.

Vía eldiario.es

¿De quién es la mano detrás del negocio de los Hospitales de Madrid?

Hospitales de Madrid

uente: Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

uente: Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

La mayoría de los hospitales públicos que constituyeron los pilares básicos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre fueron construidos por manos privadas, en un ingente negocio, que ahora se quiere privatizar para que acabe de nuevo en manos privadas ¿Qué manos exactamente?

Los hospitales públicos que, tanto desde el gobierno de la Comunidad de Madrid como desde el gobierno central, han calificado en repetidas ocasiones como insostenibles y ahora tratan de desmantelar son, en su mayoría, obra de constructoras privadas. Esperanza

Aguirre utilizó la creación de estos hospitales como su eje principal de campaña electoral. Un gasto que ahora ellos mismos tachan de insostenible, pero con el que han hecho un negocio redondo un puñado de señores del ladrillo.
¿Por qué constructoras privadas en el ámbito público?
Desde la Comunidad de Madrid, la excusa empleada para introducir a empresas privadas en la construcción de hospitales públicos, fue que “no había dinero” y que era urgente construir los hospitales. El sistema ideado para controlar estas obras consistía en que las empresas privadas adelantaban el dinero y, de esta manera, se convertían en propietarias de los centros. A cambio las arcas públicas les pagan durante entre 30 y 60 años un alquiler. En estos momentos, y según se asegura desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública se asegura que todo lo que invirtieron en su momento estas constructoras ya ha sido pagado y han obtenido alrededor de unos 100 millones de euros de beneficios, lo que supone un negocio redondo.
¿De quién es la mano detrás del negocio que hicieron con el ladrillo público?
Si comenzamos mirando hacia uno de los hospitales más concurridos del sur de Madrid nos topamos con que dos grandes constructoras se repartieron la construcción del hospital de Vallecas: Begar, la empresa del imputado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri y Ploder, controlada por la familia Gálvez y mezclada en los últimos años en una espiral de impagos y querellas.
El nombre de Begar trae a la mente las múltiples acusaciones contra su presidente, José Luis Ulibarri en el marco de la trama Gürtel, en las que se encuentra imputado por cohecho y blanqueo de capitales en relación con unos pagos que realizó presuntamente por comisiones a la trama de Francisco Correa, además de por estafa a la Hacienda pública. Ulibarri no es ningún desconocido en el mundo de los medios de comunicación, ya que controla el Diario de León, además de otras inversiones en otros medios.
La sombra de la trama Gürtel  no acaba ahí, ya que el hospital público de Aranjuez fue construido por la Constructora Hispánica, propiedad de  Alfonso García Pozuelo, otro de los constructores imputados en la Gürtel, quién está acusado de pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP. Además, de una de las partidas de dinero entregadas a Correa, una por valor de 1’6 millones de euros, 600.000 euros fueron a parar a Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP.
Al otro lado de Madrid, el hospital de la pequeña localidad de Valdemoro, fue construido con capital de un fondo  anónimo de capital riesgo del norte de Europa que se llama Apax Partners y destaca por haber participado como socio fundador en la compañía Vueling. Tras la opacidad clásica de los fondos de capital riesgo, no se localizan los nombres de quienes controlan esta sociedad, aunque en la Comunidad de Madrid se les consideran tan “muy amigos”, como para concederles la construcción de un hospital en el municipio del que había sido alcalde el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Una obra que fue considerada por la prensa en aquel momento como “política” y en contraposición al de Parla, que se construyó gracias a la presión del entonces alcalde socialista Tomás Gómez.
El hospital público de Arganda, por su parte, fue construido en base a una financiación conjunta de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la compañía controlada por Esther Koplowitz y Caja Madrid.
El hospital de Coslada y el de Parla, también públicos, se llevaron a cabo con capital de Sacyr Vallehermoso, cuyos máximos accionistas son Disa Corporación Petrolífera, presidida por Luis del Rivero y Novagalicia Banco.
La obra de uno de los hospitales más importantes de los que se han construido en este periodo, el Hospital Universitario de Puerta del Hierro, en Majadahonda, fue encargado a Dragados.
La empresa que fue adquirida en 2002 por ACS, el gigante del ladrillo de Florentino Pérez.
Por su parte, el hospital del Norte, fue construido por Acciona, la empresa presidida por los Entrecanales, histórica familia de empresarios españoles con intereses diversificados en varios sectores.
Así se edificó la sanidad pública madrileña, con un sistema irracional que, a la larga, nos está saliendo inequívocamente más caro y con capital proveniente de empresas involucradas en la trama Gürtel, o de empresas que tradicionalmente contratan con las administraciones controladas por el Partido Popular. ¿Cómo acabará?

 

El juez pide a la Intervención General que analice los 317 contratos remitidos por la Comunidad de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la “trama Gürtel.

La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Entre los actos de la Comunidad de Madrid supuestamente facturados por empresas de la Gürtel se encuentra un “Vídeo a la Presidenta” Esperanza Aguirre; un “cuadro a Gallardón” -se trata del acto de presentación del retrato pintado por el artista Hernán Cortés al hoy ministro cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid- ; la “Visita Bill Gates”; el primer aniversario de los atentados del 11-M; “Apoyo víctimas del terrorismo”; la firma de un “Convenio con el Real Madrid” y otro con la “Asociación Víctimas del Terrorismo” ; la celebración del acto de ascenso del Getafe a Primera División en 2004; la Copa Davis de aquel año; la firma de un el “Homenaje a Miguel Ángel Blanco”; el “Décimo Aniversario Gregorio Ordóñez”; el “Plan de Apoyo a la Familia”; la “Firma de Convenio Canal Isabel II”, un acto con la Generalitat valenciana en febrero de 2006; o el “Viaje Presidenta Rumanía”; además de la organización de los actos de celebración del segundo y tercer aniversario del Ejecutivo de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

El juez Pablo Ruz solicita esta documentación tras analizar la caja “B” de la empresa EASY CONCEPT, y el archivo informático “pagos anuales A.L.V. xls” intervenido en el domicilio de Isabel Jordán, imputada en la causa y exadministradora de varias empresas de la supuesta trama corrupta. El pasado mes de mayo solicitó a la Comunidad de Madrid una copia de esos contratos y tras recibirlos, ha decidido remitirlos al IGAE y a la Fiscalía Anticorrupción para que los analicen y depurar las posibles responsabilidades.

El juez pide a la Intervención General que analice los 317 contratos remitidos por la Comunidad de Madrid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la “trama Gürtel“. La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Se trata de una de las primeras decisiones que adopta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras recibir la documentación procedente de diferentes consejerías de la Administración regional madrileña que contrataron la organización eventos con las empresas de la trama.El juez solicitó el pasado 18 de mayo estos contratos para tratar de determinar si se realizaron por mediación del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor, ambos imputados en la causa.La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los dos cargos públicos pudieron haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de los eventos, entre los que figuraban el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco o el encargo de un cuadro del exalcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Un juez progresista con experiencia en la Audiencia Nacional

Pablo Ruz está considerado un juez progresista -pertenece a la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, integrada por juristas de izquierdas- y era el único de la terna elegida por la Audiencia Nacional que había pasado por el propio tribunal donde, además de juez de apoyo de Del Olmo durante la instrucción del 11-M, lo fue también de Eloy Velasco, y llevó el juzgado en solitario durante unos meses.Durante ese periodo fijó una de las fianzas más altas (tres millones de euros) para el ex asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca en elcaso Saqueo I.

También inició el caso contra el ex preso etarra Iñaki de Juana por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo el mismo día en que dejó la prisión. 
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