¡FELIZ 2013 en España ! 800 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios nos felicitan.

Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.

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EP – MADRID – 01/11/2009 – 12:44

La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es ‘Gürtel’, la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como ‘trama eólica’, pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado ‘caso Faycán’, que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es ‘Gürtel’, presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, ‘Gürtel’ ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso ‘Guateque’, que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés. CORRUPCIÓN EN BALEARES

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.

La imputación de Matas está relacionada con el caso ‘Palma Arena’ que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso ‘Can Domenge’. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.

Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de ‘Son Oms’, relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el ‘caso Scala’, que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso ‘Zerrichera’ llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

Palau de la Música

En Cataluña, la operación ‘Pretoria’ en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Castro Rei

Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.

En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.

El pacto contra el secreto bancario suizo se atrasa dos años por España

La entrada en vigor del nuevo protocolo abriría nuevas vías para investigar a los defraudadores

El convenio, firmado en julio del 2011, está a la espera de que lo ratifiqueel Consejo de Ministros

Las autoridades españolas están acostumbradas a estrellarse contra un muro de silencio cada vez que se topan en sus investigaciones con el secreto bancario suizo. Es tan difícil obtener información sobre defraudadores españoles con cuentas en Suiza, que los inspectores de Hacienda se desesperan.

 

 

EFEEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

EFE
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

Ahora debería estar a punto de abrirse una grieta en el muro del secreto bancario suizo gracias al nuevo convenio de intercambio de información acordado en julio del 2011. Sin embargo, la burocracia de las autoridades españolas está demorando hasta tal punto la ratificación definitiva del protocolo que este no podrá entrar en vigor, como pronto, hasta bien entrado el 2013.

No se podrá decir que el retraso del convenio es por culpa de las autoridades suizas. Aunque tarde, su parlamento ya ratificó en septiembre la reforma del convenio con de doble imposición. En España, sin embargo, esta ratificación está a la espera de autorización por el Consejo de Ministros; después, debe ser votada en el Congreso de los Diputados y no entrará en vigor hasta tres meses después, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Así, el protocolo no podrá aplicarse hasta bien entrado el 2013 a pesar de que las autoridades suizas aseguran estar listas para la aplicación de este convenio que el ministerio de Hacienda juzga esencial en la lucha contra el fraude internacional.

 

>> Lea la información completa sobre la transparencia de las cuentas en Suiza en e-Periódic

¿Hasta cuándo los ladrones políticos autonómicos abusarán de nuestra paciencia? Lista de Imputados Valencia.

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, dimite por el ‘caso Cooperación’
Niega en rotundo haber filtrado un informe al diputado Rafael Blasco, imputado en el caso
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                                                                                       El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel VelaEFE

El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha presentado su dimisión porque está “harto” de la “presión mediática” creada por la supuesta filtración de documentos del ‘caso Cooperación’ al exconseller y diputado del PP Rafael Blasco, que está imputado en esta causa. No obstante, ha negado este hecho y ha reiterado su “inocencia”.

Vela ha explicado que la decisión ha sido “personal” y que la ha adoptado en la mañana de este viernes. Según ha dicho, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “lo ha entendido perfectamente”.

Todo es falso

“Desde el pasado 20 de noviembre he venido soportando una serie de acusaciones falsas e insidias que me atribuyen haber filtrado supuestamente un informe del Interventor General al diputado Rafael Blasco”.

“Ello es rotundamente falso”, ha agregado Vela, que ha dicho que “desde esa fecha, la presión mediática me ha hecho reflexionar sobre la conveniencia o no de continuar con mi cargo”, ha dicho, para apuntar que trata de una decisión “irrevocable”.

Ciscar toma las riendas

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha comunicado que será él quien asuma “temporalmente” las competencias de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, tras la dimisión de Vela.

Císcar ha explicado que la decisión de Fabra se debe a que ha estado “coordinando con el conseller de Hacienda la elaboración de los presupuestos” y ha tenido una “relación muy fluida con Vela en la negociación con el Ministerio de Hacienda” de los asuntos que competen a esta Conselleria como el Fondo de Liquidación.

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A Blasco se le imputan seis delitos, los de fraude de subvenciones, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. En la jornada de ayer, tanto la fiscalía como la acusación popular, encarnada en la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), solicitaron a Calderón que se retire el pasaporte al político, medida que previene del peligro de fuga: la magistrada deberá resolver la petición por escrito.

En su declaración, que arrancó a las diez de la mañana y duro casi nueve horas, tras acabar a las 20.30 con un receso de hora y media, Blasco negó que conociera que los miembros de la trama de empresas y ONG implicadas en el fraude le llamaran Roger Rabbit, en referencia al conejo de dibujos animados de la película de Robert Zemeckis, tal y como ha quedado acreditado en multitud de mensajes y conversaciones telefónicas intervenidas por orden de la magistrada Nieves Molina, la titular del juzgado número 21 de Valencia que instruyó la causa durante más de un año hasta que pasó al TSJ.

No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado.

También fue preguntado por su relación con Augusto César Tauroni, el principal sospechoso de la causa y único que permanece en prisión desde la redada del pasado 23 de febrero en la que se detuvo a los primeros 14 imputados de un sumario que, con el diputado popular, ya ha elevado esa cifra a 28. En su declaración ante la juez, aseguró que su relación era “normal”, la “propia entre un consejero y un adjudicatario”. Incluso aseguró que muchos dirigentes de ONG tenían su teléfono particular, cuando responsables de la Coordinadora aseguran que eso no es cierto.

Tauroni y la ONG

Cabe recordar que cuando saltó el escándalo del fraude a las ONG, Blasco declaró que sólo conocía a Tauroni de vista puesto que los dos son de Alzira. No obstante, el sumario recoge decenas de llamadas telefónicas, citas, mensajes y hasta encuentros entre sus personas de confianza para intercambiarse sobres. Un contacto frecuente en el que, además de un trato muy cercano, se da a entender que hasta compartían intereses comunes en algún negocio.

“No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado”, aseguró el exconsejero a los medios al finalizar la jornada. Preguntado por si se había decretado alguna medida cautelar, echó balones fuera: “No, porque la tiene que tomar la señora magistrada y lo tendrá que decidir”. Y ante la pregunta de si alguien solicitó alguna, tampoco mencionó la petición de retirada del pasaporte: “Tiene que tomar la decisión la magistrada”.

Blasco, que volvió a referirse al caso como un “linchamiento político-mediático”, obviando las conclusiones de jueces y fiscales, afirmó que aportó sus datos económicos: “He entregado la declaración de mi patrimonio y de mis bienes y ha quedado demostrado que no he tenido no solamente ningún incremento en la etapa que he sido responsable político, sino que además tengo hoy menos recursos económicos que el día que empecé a ejercer mi función pública”

 

Tras las últimas decisiones judiciales, el Grupo Popular —que cuenta con 55 diputados en la Cámara— tiene 11 parlamentarios imputados en el Tribunal Superior de Justicia por su implicación en tres grandes tramas de corrupción: los casos Gürtel, Brugal y Cooperación.

Fabra aseguró en Madrid que Blasco “no tendrá ninguna responsabilidad dentro del grupo parlamentario”. La dirección regional del PP abrió ayer expediente informativo a Blasco, mientras estudiaba cómo hacer el relevo al frente del grupo parlamentario. El nuevo portavoz será, previsiblemente, el diputado y concejal en el Ayuntamiento de Valencia Jorge Bellver

La investigación del caso Cooperación arrancó en octubre de 2010 a raíz de las denuncias presentadas por dos diputadas, Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís. Las pesquisas cuajaron en una amplia operación policial el 23 de febrero pasado. La policía detuvo a 14 personas, entre las que figuraban altos cargos de la Generalitat, presidentes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresarios.

Desde entonces, solo uno de los detenidos permanece en prisión. Se trata del empresario Augusto César Tauroni, amigo de Blasco y, según la investigación, cabecilla de la trama que desvió a través de empresas los fondos concedidos a varias ONG por la Consejería de Solidaridad.

El cabecilla de la trama, Augusto Tauroni, amigo de Blasco, es el único que se encuentra en prisión

La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había “sólidos indicios” sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.

La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.

Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.

Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.

 

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano 1350502652_extras_portadilla_0con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.

  • La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.

El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.

La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/02/valencia/1349174299_605002.html

Imputados populares que aparecen también en el conocido como caso Cooperación, donde se investiga el desvío de fondos públicos, en esta ocasión, destinados a ayuda al Tercer Mundo (por ejemplo la construcción de un hospital en Haití). En la actualidad hay 22 imputados, seis de ellos altos cargos de la administración valenciana y se espera que en los próximos días se impute al actual portavoz popular en Les Corts, Rafael Blasco, por su relación con la trama.

El tercer caso de corrupción que se investigará en Valencia y que tiene como actores a miembros del Partido Popular, está relacionado con la trama Gürtel. Previsiblemente el 18 de septiembre se retomarán las declaraciones para investigar la presunta financiación irregular del PP en el País Valenciano.

El encargado de investigar este caso es el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien deberá pronunciarse sobre el presunto delito de delito electoral y una presunta prevaricación de la Administración autonómica. La causa, derivada de la investigación del juez Pedreira en Madrid, está dividida en tres piezas: delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007, delito de falsedad documental en las generales de 2008 y prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, vinculada a la trama Gürtel, derivados de su contratación para la feria de turismo Fitur.

Además, sobre el ex Gobierno valenciano de Francisco Camps también recae la duda de su relación con la trama Nóos y sus contrataciones con Iñaki Urdangarín para la realización de la Valencia Summit.

Los imputados del PP son ya la tercera “fuerza política” en Valencia

 La herencia envenenada de Francisco Camps, la balsa de aceite que era el Partido Popular valenciano, está a punto de explotar. El actual presidente Alberto Fabra llegó al poder con la bandera de la honradez, la limpieza y la lucha contra la corrupción en contraposición a su antecesor. Ahora tiene un problema dentro de su propio gruo parlamentario, un problema que puede llegar a ser de hasta 11 diputados en pocos días: el que ya se conoce como el ‘grupo de los imputados’.

  • Les Corts Valencianes están conformadas por 99 diputados, de ellos 55 pertenecen al grupo popular, 33 al partido socialista del País Valencià, 6 a Compromís y 5 a Esquerra Unida. Cuatro grupos parlamentarios en total.

Pero en los últimos tiempos, en el Partido Popular está creciendo una nueva corriente, la de los diputados imputados en algún caso de corrupción. Hasta el momento son siete, pero hay otros cuatro en puertas de ser llamados ante la Justicia por sus implicaciones en casos relacionados con el tráfico de influencias o la malversación de fondos, entre otros delitos. Si se confirmasen, estos diputados podrían incluso llegar a formar, si así lo desearan, un grupo parlamentario propio, y sería el tercero en número en Les Corts, por delante de los grupos de la izquierda plural.

  • Los imputados son Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla, todos ellos por el caso Gürtel. A ellos se suma, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, por el escándalo de la gestión de los residuos. Además, están a la espera de ser llamados ante el juez Luís Díaz-Alperi y Sonia Castedo por el Caso Brugal y Rafael Blasco por el caso Cooperación. Finalmente, Mayte Parra está siendo investigada por su gestión del ayuntamiento de Ibi, localidad de la que es alcaldesa.

Los nombres y los cargos

  • Ricardo Costa. Exsecretario general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario Actual portavoz de economía. Ya sabe lo que es pasar ante un jurado por la causa conocida como ‘caso de los trajes’ dentro de Gürtel. Ahora, tiene pendiente de resolver su imputación por la otra causa que investiga una trama de presunta financiación irregular del PP valenciano. Se le acusa de delito electoral y falsedad documental.
  • Vicente Rambla. Ex vicepresidente de la Generalitat, exconseller de economía y actual coordinador de esta área en el grupo popular. Está imputado en el macrosumario de la financiación, que investiga también los contratos del Consell con Gürtel. El juez considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación, así como delito electoral y falsedad documental. Rambla era el coordinador de la campaña electoral del PP durante los contratos con Gürtel.
  • Milagrosa Martínez. Expresidenta de las Cortes y actual alcaldesa de Novelda. El juez le imputa delitos de prevaricación y cohecho. En su caso se investiga su responsabilidad en los contratos adjudicados a Orange Market cuando fue consellera de Turismo.
  • David Serra. Exvicesecretario general del partido. Sus presuntos delitos en la causa de la financiación irregular son los de delito electoral y falsedad documental.
  • Angélica Such. Exconsellera de Turismo Angélica Such. Está imputada por las supuestas irregularidades en las contrataciones de Fitur con la trama Gürtel.
  • Yolanda García. Extesorera del partido. Imputada también por la presunta financiación ilegal del partido y el posible delito electoral que se investiga.
  • Pedro Ángel Hernández Mateo. Ex alcalde de Torrevieja. Está imputado por el Tribunal Superior de Justicia por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de recogida de residuos sólidos. Se le acusa de prevaricación y falsedad documental.Rafael Blasco. Exconseller de casi todo tanto con el PSPV como con el PP. Es el actual portavoz popular en Les Corts. La juez le atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su implicación en la trama que presuntamente desvió fondos destinados al Tercer Mundo cuando él era conseller de Solidaridad.

Los posibles imputados

  • Luís Díaz-Alperi. Exalcalde de Alicante desde 1995 hasta 2008. Acusado de delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por el supuesto amaño del Plan Urbanístico de su ciudad.
  • Sonia Castedo. Actual alcaldesa de Alicante, que sustituyó a Alperi en el cargo. Se le imputan los mismos cargos que a su antecesor. Ambos se vinculan con Enrique Ortiz, el empresario en torno al cual circula todo en el presunto caso de corrupción conocido como Brugal.
  • Mayte Parra. Está siendo investigada por todas las contrataciones que ha formalizado en los últimos años el Ayuntamiento de Ibi del que es alcaldesa. Entre estas contrataciones hay tres planes urbanísticos y varias adjudicaciones con sobrecostes.