Será finalmente el Juez Ruz el que se quede con la investigación del Caso Bárcenas

La justicia española ha vivido unos días un tanto increíbles al presentarse dos jueces para llevar uno de los casos más mediáticos de nuestros días.

No se sabe si por hambre de notoriedad o por ver que tenía algo relevante qué hacer con este juicio, el Juez Bermúdez solicitó encargarse del Caso Bárcenas, mientras el Juez Ruz estaba comenzando a descubrir algunas conexiones con otros casos que lleva en la Audiencia Nacional.

Sin duda hubo razones para esta disputa, pero se antoja sospechoso.

Veamos lo que dice El País sobre este tema que se acaba de resolver hace unos momentos:

Pablo Ruz será el juez que investigue los papeles de Bárcenas. Así lo ha decidido, por dos votos contra uno, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una vista en la que ha zanjado la disputa entre Ruz y Javier Gómez Bermúdez, en la que se ha decidido que sea el juzgado número 5 -en el que se instruye el grueso del caso Gürtel– y no el 3 -que admitió una querella de Izquierda Unida- el que dirija las pesquisas sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

El tribunal que ha zanjado la disputa está integrado por Alfonso Guevara y Ángeles Barreiro, que han votado a favor de que la investigación se queda en el juzgado de Ruz, y Clara Bayarri, que ha presentado un voto particular por su postura contraria a la de la mayoría. El tribunal ha escuchado primero las posiciones de las partes personadas en esta causa para luego señalar al juez que llevará la investigación en torno a la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Según fuentes jurídicas, esta tarde se dictará el auto que suscriba la decisión.

Hasta la sede del órgano judicial, en el número 14 de la calle Goya de Madrid, se han trasladado la Fiscalía Anticorrupción junto a las defensas de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y los abogados de Izquierda Unida, Los Verdes, la Asociación Libre de Abogados (ALA), y los empresarios Alfonso García Pozuelo y Luis del Rivero.

La fórmula para dirimir se ha adoptado después de que el magistrado Javier Gómez Bermúdez elevara una exposición razonada en la que planteaba la cuestión de competencia y después de que la amplia mayoría de los magistrados declinara llevar el asunto a Pleno, al ser consultados por el presidente de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves.

Gómez Bermúdez había reclamado su competencia sobre ‘los papeles de Bárcenas’ ante la «débil» y «endeble» conexión con el caso Gürtel, que instruye su colega. A su juicio, la trama sería «un donante más» del PP y podría ser «una parte» de la posible financiación ilegal del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió a trámite el 11 de marzo una querella de Izquierda Unida (IU) y otros por estos hechos y citó a declarar a Bárcenas, Lapuerta y diez supuestos donantes del PP. A su juicio, solo existen «meras coincidencias contables» entre la contabilidad del PP y los apuntes de la red Gürtel, que sería uno de los donantes de la formación política.

De su lado, Pablo Ruz asumió el pasado 7 de marzo la investigación de los papeles de Bárcenas, tras recibir un informe de la UDEF en el que se establecían al menos tres vínculos entre el caso Gürtel y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.

A esta tesis se ha sumado la Fiscalía Anticorrupción, que defiende la investigación en la pieza separada del caso Gürtel abierta por Ruz después de haber encontrado al menos cuatro vínculos entre la Gürtel y la contabilidad oficial del Partido Popular (PP) remitida por el Tribunal de Cuentas, que acreditarían que donaciones recibidas por esta formación política también pudieron ser recogidas en la contabilidad de la trama de corrupción investigada.

El jefe de los espías, como una tumba: “El CNI nunca ha tenido trato con Corinna”

¿De qué sirve tener organismos independientes si su nombramiento depende de la partitocracia y su fidelidad, por lo tanto, también? ¿Qué fiabilidad tienen unas instituciones sin organismos de control apropiados? ¿Para cuándo una separación de poderes real en este país?

“Como una tumba”, comentan los diputados que le escucharon. Así estuvo el director de los servicios secretos en su comparecencia de dos horas, a puerta cerrada, ante el Congreso. El general negó trato alguno del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con la princesa Corinna Zu Sayn Wittgenstein y trasladó a los parlamentarios que también desconocía donde se había hospedado la “amiga entrañable” de don Juan Carlos durante el tiempo en que ha permanecido en España. La protección de Corinna, añadió el general, tampoco ha corrido nunca a cargo de los agentes que dependen del Centro ni a él tampoco le consta que este trabajo haya sido desempeñado por miembros de las Fuerzas de Seguridad. Vamos, que en este aspecto la princesa no le habría costado un duro al Estado. Si realmente la cercanía de la interesada al monarca es tanto como la que se presume, la verdad es que ha estado muy desprotegida, comenta uno de los diputados que acoge con cierto escepticismo las afirmaciones del general.

“El CNI nunca ha tenido trato con Corinna”, sentenció Félix Sanzante las insistentes preguntas que le hizo uno de los portavoces parlamentarios. Lo que no descartó el general, porque matizó que no era de su competencia conocerlo, era que los últimos Gobiernos, tanto el que presidió José Luis Rodríguez Zapatero, como el que ahora pilota Mariano Rajoy, hayan encargado tareas “delicadas” a la princesa, como ella misma también ha reconocido en, al menos, una de las entrevistas que ha concedido a la prensa española. Si hubiera sido así, del CNI no partió el encargo, advirtió Félix Sanz.

En el Gobierno hay quien ve en las revelaciones de Corinna una ‘campaña de propaganda’ orientada a ganar clientes para su consultoría. “Ella se presenta como una conseguidota, como alguien que está en disposición de aceptar misiones aparentemente imposibles gracias a sus contactos en medio mundo, y eso al final multiplicará su facturación”, dicen fuentes gubernamentales que dan por buenas las explicaciones ofrecidas esta mañana por el máximo responsable del CNI.

Sin embargo, no todos los grupos aceptan como veraz, al menos en privado, las afirmaciones del general. Aunque ni IU ni UPyD han cuestionado públicamente las explicaciones de Sanz, sí las van a utilizar como palanca para alimentar la bola de nieve en torno a Corinna. Lo primero que han hecho es registrar en el Congreso la petición de comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, cuyos portavoces han reconocido que mantuvo, al menos, dos reuniones, con la princesa para calmar a los inversores árabes después de la reducción de las primas a las renovables.

Vía: Voz Populi

González Pons: “Que Nóos recibiera dinero público no dependía de mi firma”

«De ser así, me lo hubiera pensado», dijo. ¿Qué es lo que tenía que pensar? ¿Qué implica que no han pensado los firmantes? ¡Nos toman el pelo!

El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha asegurado ante el juezJosé Castro, que investiga al duque de Palma, que el Instituto Nóos que dirigía Iñaki Urdangarín “no recibió ni un solo euro de dinero público” por el hecho de que él firmara un documento.

El diputado valenciano, que ha declarado durante una hora en calidad de testigo en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla, ha asegurado de manera tajante que si con su firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público “a lo mejor me lo hubiera pensado mucho más”.

A su salida de los juzgados ha explicado que durante más de un año, el tiempo que su nombre salió relacionado con Urdangarín, se ha mantenido en silencio para no perjudicar la investigación del juez de Palma y así lo va a seguir haciendo.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitó al juez la citación de González Pons, ex conseller de Presidencia valenciano, en relación con el convenio firmado con el Instituto Nóos para la celebración de los Juegos Europeos 2006. La Generalitat pagó 382.203 euros a la entidad que presidía Urdangarin cuando el dirigente del PP era responsable de la Sociedad Gestora de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana. La declaración de Pons se fijó en un primer momento para la primavera de 2012, pero fue aplazada por problemas de agenda.

El dirigente popular ha confirmado que efectivamente su firma está en un convenio con el Instituto Nóos, “pero también es verdad que mi firma está porque hubo un convenio previo del Gobierno de la Generalitat valenciana”. Así, ha añadido que con su firma “no se comprometió ni un euro público ni se pagó ni un euro público al Instituo Nóos”.

De esta manera, ha sostenido que a pesar de su firma, el Instituto, dirigido por Urdangarín y su socio Diego Torres, no recibió ni un solo euro. “Aquel convenio sin mi firma le hubiera supuesto el mismo dinero a Nóos y sólo con mi firma no le habría supuesto ni un euro a Nóos”, ha recalcado González Pons, quien ha querido aclarar que no se ha acogido a su derecho como diputado a declarar en su despacho.

“Es un momento para que los políticos no usemos nuestros derechos y estemos a pie de calle o a pie de juzgado si se nos requiere”, ha subrayado.

Vía El Confidencial

Hacienda excluye a los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal de sus líneas de inspección de 2013

El ofertón que el ministro Montoro prometió que no existía, se muestra cierto poco más de un mes después de que éste lo negara. 2×1 en fraude fiscal y de regalo impunidad con el Ministerio durante el prier año. ¡Estamos que lo tiramos, oiga!

Los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal no figuran entre las líneas de actuación de la Agencia Tributaria para el próximo año. Así lo refleja el Plan de Control de 2013 que el Ejecutivo ha publicado hoy y que sólo habla de los amnistiados en su exposición de motivos. Sin embargo, cuando concreta cuáles serán los colectivos inspeccionados, los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal no aparecen en ningún momento, tal y como adelantó Vozpópuli. Eso significa que quienes se acogieron a la amnistía no serán objeto de ninguna orden específica.

La única mención que se hace a quienes se acogieron a la amnistía en el B.O.E. se hace en los siguientes términos:

Sin embargo, no se incluye ni una sola instrucción concreta para inspeccionarlos. De hecho, el Plan de Control Tributario de 2013sí detalla qué colectivos serán investigados. Según el texto de la Agencia Tributaria, entre ellos están:

• 1.- La comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero
• 2.- La economía sumergida
• 3.- La fiscalidad internacional
• 4.- La llamada «planificación fiscal agresiva», por la que las empresas tributan en otros países para evitar pagar impuestos en España
• 5.- Y el fraude organizado, así como el control aduanero

Las líneas concretas de ese plan y no la exposición de motivos son las que vinculan a los inspectores que han criticado ya que los defraudadores acogidos a la amnistía no sean incluidos específicamente en ese plan, tal y como han reclamado en las últimas semanas en varias reuniones con los responsables de la Agencia Tributaria. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, IHE, ha emitido un comunicado en el que asegura que  «no se refleja en las líneas de actuación que figuran en el texto de la Resolución. Resulta llamativo que en el nuevo Plan figure, por ejemplo, la comprobación de alquileres no declarados, que en muchos supuestos suponen cantidades de fraude irrisorias y, sin embargo, no figure la comprobación de las DTE, con los importantes riesgos fiscales que conlleva y que IHE ha puesto de manifiesto a la Agencia Tributaria, además del riesgo de que hayan sido utilizadas para blanquear importantes sumas de dinero procedente de actividades ilícitas, o de la corrupción, ya que en la DTE no se exigía la declaración del origen de las rentas».

Vía Vozpópuli

Pescanova oculta más de 500 millones de deuda en operaciones cruzadas con filiales

Este caso va a traer cola, empieza el ritmo de los grandes fiascos. Estemos atentos.

 

La banca acreedora teme que Pescanova oculte más de 500 millones de deuda a través de una operativa entre sus filiales que enmascara buena parte del pasivo, según han señalado fuentes financieras que están negociando con el grupo pesquero gallego.

En medios bancarios de Madrid y Galicia -el primer acreedor es la caja gallega NCG, que suma 225 millones– hay indignación porque, a pesar de haber presentado preconcurso el pasado 1 de marzo, la compañía que preside Manuel Fernández de Sousatodavía no ha entregado a los acreedores un mapa crediticio solvente que ofrezca una imagen fiel del balance de la empresa.

Ante la incertidumbre del momento, la banca maneja una horquilla muy amplia, y por ello también muy inquietante: entre 500 millones y 1.000 millones de crédito añadido que debería aflorar próximamente.

En todo caso, se da por hecho que la deuda de Pescanova superará los 1.522 millones que reconoce la compañía. Esta ha sido una de las claves para que la firma de reestructuración financiera de Los ÁngelesHoulihan Lokey rompiese sus negociaciones con el grupo conservero para refinanciar los créditos de la compañía.

Hay dos salvedades que la firma de auditoría BDO quiere introducir y por las que se está negando a firmar las cuentas. Las fuentes financieras consultadas han señalado que una de ellas se refiere a dejar constancia para que aflore esta deuda oculta.

Pánico entre los bancos

En medios bancarios de Madrid hay pánico por la situación real del pasivo de Pescanova y por cuál será el resultado cuando el grupo que preside Manuel Fernández de Sousa finalmente presente sus cuentas. Ayer no fue posible contrastar esta versión de los hechos con el grupo gallego. Por su parte, fuentes de la firma auditora BDO se limitaron a señalar que nunca hablan de sus clientes.

 

Si una de las salvedades se refiere a la deuda oculta en operativa cruzada con filiales, la otra hace referencia a la viabilidad de pago del crédito sindicado que vence este año y por el que la banca ya ha solicitado un aplazamiento.

Pescanova ha solicitado el preconcurso para negociar con la banca. Pero ya desde los bancos acreedores se entiende que la compañía no es capaz de devolver los intereses con sus ventas.

Consejo dividido

La inquietud también se extiende a los accionistas. La cervecera catalana Damm, que se sienta en el Consejo de Pescanova, tiene el 6,2% del capital. Además, el presidente de la cervecera, Demetrio Carceller, es el tenedor de 40 millones de bonos convertibles de la última emisión que cerró Pescanova. Damm ha solicitado un Consejo Extraordinario para que se explique la verdadera situación de la compañía, pero por ahora Pescanova no ha dado respuesta. En medios empresariales gallegos se teme que Carceller aproveche la coyuntura, convierta los bonos y se haga con el control de la conservera como socio de referencia.

Bancos afectados

Hay unos 40 bancos afectados por la delicada situación financiera de Pescanova. Entre ellos se encuentran Banco Sabadell, Bankia, Unicaja, Royal Bank of Scotland y Banco Popular. Y hay poco tiempo antes de que venza el sindicado de 150 millones, que agrupa a una veintena de entidades.

Sin embargo, desde la banca se cree que Pescanova tiene futuro a medio plazo. La empresa factura 1.671 millones anuales y es el cuarto grupo pesquero mundial. Pero necesita reestructurar su deuda y no agotar el plazo de cuatro meses que le da el preconcurso.

Vía: El Confidencial

Blanco no dejará el escaño hasta que no se abra juicio oral por presunto tráfico de influencias y prevaricación

¿Cuándo entenderán nuestros políticos que el mero hecho de que se desconfíe de ellos es motivo suficiente para su dimisión? ¿Cuándo entenderán que el voto fue de confianza y que la duda la rompe? ¿Cuándo entenderemos en este país que si es el sistema judicial el que debe sacar a un mal político de su silla es que algo ha fallado en el sistema democrático?s

José Blanco ha respondido esta mañana al arranque de la tramitación de su suplicatorio en el Congreso con unas declaraciones exculpatorias –“No se ha podido probar que Dorribo me entregó 200.000 euros en una gasolinera” – y también con el anuncio de que solo dejará el escaño en el caso de que el juez abra juicio oral por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

El ex ‘número dos’ del PSOE se juega dos acusaciones en el llamado ‘caso Campeón’. La primera es de cohecho por haber realizado gestiones ante el Ministerio de Sanidad, entonces pilotado por Leire Pajín, para facilitar la introducción de productos unidosis en la red sanitaria y la reventa de medicamentos a Africa.. La segunda es de tráfico de influencias y prevaricación por haber mediado en la construcción de una nave propiedad de un empresario amigo suyo en el ayuntamiento barcelonés de Sant Boi. La primera acusación ha sido eliminada de las diligencias por falta de pruebas: “No se ha podido probar que Dorribo me entregó 200.000 euros en una gasolinera”, ha dicho hoy el diputado. La segunda está investigándose y es la que ha llevado a la fiscalía a solicitar al juez instructor del caso que tramite la petición al Congreso para el correspondiente suplicatorio.

Blanco se mantiene en su escaño para garantizar su condición de aforado y que la investigación quede en el Supremo y no regrese al juzgado de Lugo

Blanco ha respondido al paso dado por la fiscalía con una estrategia de manual: se mantiene en su escaño para garantizar su condición de aforado y garantizarse que la investigación judicial quede en el Supremo y no regrese al juzgado de Lugo. Por otra parte, condiciona una reconsideración de esta actitud solo a la posibilidad de que el juez le abra juicio oral, una decisión que tardará meses en llegar ya que la instrucción aun no ha acabado y hay numerosos recursos todavía pendientes de valorar. “Si acabada la instrucción el juez abriera juicio oral, presentaría mi dimisión y la renuncia como diputado”, ha dichoBlanco.

El ex vicesecretario general del PSOE en la etapa de Zapatero ha hablado esta mañana con Alfredo Pérez Rubalcaba y con el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, para comunicarles lo que ha pensado hacer después de la iniciativa adoptada por la fiscalía. Blanco está encantado con que el Congreso conceda el suplicatorio ya que ello le sirve para mantener la instrucción judicial en el Supremo, algo que cree le beneficia más que si volviera a la Audiencia de Lugo, la instancia original que inició la investigación del ‘caso Campeón.

El ex titular de Fomento ha reconocido hoy en el Congreso que realizó gestiones desde el Ministerio para agilizar el expediente relacionado con la construcción de una nave en Sant Boi porque el proyecto de su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, permitía crear 400 puestos de trabajo.

Blanco ha reconocido que hizo gestiones para agilizar un expediente relacionado con un proyecto de su amigo José Antonio Orozco porque «creaba 400 puestos de trabajo»

En el PSOE gallego está muy instalada la idea de que el empresario Carlos de la Peña ha actuado siempre como ‘cerebro’ financiero del ex ministro, como una especie de testaferro, al que José Blanco rescató para la empresa pública Adif, administradora de las infraestructuras ferroviarias, cuando el empresario causó baja en Tragsa, el grupo dependiente de la Sepi que desempeña trabajos de obra pública para las tres administraciones. De la Peña no cesó en Adif hasta meses después de entrar la ministra Ana Pastor en Fomento.

Durante el tiempo en que permaneció en estos menesteres, De la Peña mantuvo en activo más de una docena de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, inversiones, hostelería y consultoría, de las que tampoco se desligó cuando entre 2003 y 2004 fue alcalde de Baiona.

Vía Vozpópuli

Arenas y Michavila median entre Rajoy y Bárcenas para que éste no tire de la manta

Y esto, amigos, es la vergüenza del país. Un país (que no un estado) quebrado, saqueado en todas sus estructuras, vilipendiado por castas que parecían invisibles e impunes. De nosotros, los ciudadanos, depende que consigamos que esto no continúe y, sobre todo, que los responsables paguen por ello. Son muchos y grandes, pero los ojos de los españoles están abiertos y el mundo nos observa.

Desde que saltara la imputación de Luis Bárcenas por la trama Gürtel, el extesorero ha intentado reclamar ‘ayuda’ de su partido para eludir las penas de prisión a las que se enfrenta, bajo chantaje de que, de lo contrario, sacaría a la luz toda la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Según una información que publica ‘El Mundo’ y a la que reiteradamente ha aludido este diario en varias ocasiones, habría sido Javier Arenas quien habría canalizado en 2011 y 2012 entre Bárcenas y Rajoy.

El exministro de Trabajo fue en ese tiempo el ‘correo’ entre una y otra parte, pese a que negase cualquier tarea relacionada cuando saltó a la luz el escándalo de las cuentas suizas del exsenador por Cantabria. En ese momento Arenas dejó de ser el hombre adecuado para ‘mediar entre el hombre que lo sabía todo y los hombres y mujeres que saben que lo sabe todo’, como refleja el diario.

Arenas fue el encargado de mediar hasta que saltó el escándalo de las cuentas, momento en que el nexo ha pasado a ser Michavila

A partir de ese momento el partido necesitaba otra persona en quien depositar su confianza, y el escogido fue José María Michavila, amigo de los dos abogados de Bárcenas: Miguel Bajo y Alfonso Trallero, cuya mujer trabaja en el bufete que comparten Michavila y Ángel Acebes. A día de hoy, el exministro de Justicia sigue siendo el nexo de unión entre Bárcenas y Rajoy, como el propio extesorero se ha encargado de difundir.

Para las labores de mediación y de transmisión de mensajes entre ambos lados, también aparece el nombre de Pedro gómez de la Serna, diputado por Segovia y antigua mano derecha de Jaime Mayor Oreja en Interior, exjefe además de gabinete de Arenas en la vicepresidencia del Gobierno.

En el Partido Popular siguen aún con el miedo en el cuerpo ante la posibilidad de que ‘se tire de la manta’ y todo se enrede aún más, algo que pasaría de confirmarse que alguno de los ministros de la etapa de José María Aznar habría cobrado sobres en negro. En todo este escándalo, la mayoría de nombres que figuran como perceptores de estos sobresueldos los tendrían fiscalmente prescritos, pero de comprobarse que algún miembro del Ejecutivo anterior también los hubiera recibido, supondría una vulneración de la Ley de Incompatibilidades.

Rajoy permanece impasible confiando en su imagen de hombre honrado, y no se altera ni cuando Bárcenas hace referencia al pago de sus trajes

Especial recelo están generando en Génova, 13 las posibles actitudes deRodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos en el caso de que alguno de ellos pueda confirmar unas prácticas que eran conocidas por la cúpula del partido. Pese a que tanto uno como otro tendrían grandes focos de fricción con la formación política, el propio Cascos habría desmentido vía mail a Núñez Feijóo la intención de ‘ir contra la que durante 30 años fue su casa’. Del mismo modo habría dejado claro que ‘no renunciará a defender su buen nombre e inocencia en referencia a los sobresueldos y la financiación del PP.

Mientras tanto, Rajoy parece permanecer impasible ante los posibles escenarios que le han planteado sus asesores, en caso de que hablen Rato, Cascos, los dos, o de que incluso se compruebe que algún ministro de Aznar habría recibido sobresueldos. Tampoco se altera al escuchar que el extesorero ha comentado abiertamente que «yo por lo menos me pago mis trajes, no como Mariano».

De momento, no parece que nada haya cambiado en la vida del extesorero, salvo los numerosos medios que aguardan a diario en la puerta de su casa. Él sigue paseándose por las tiendas más caras de la milla de oro madrileña con o sin su mujer y pagando en metálico las compras, y hasta hace bien poco, paseaba su destreza por las estaciones de esquí más cotizadas, dentro y fuera de España.

Vía Vozpópuli

El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP

El caso Bárcenas sigue expandiendose e imputan a los más importantes empresarios del país. ¿Pasará de ahí? ¿Hará justicia el juez Ruz?

Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de «asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales. Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.

Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una «alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa». «Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración».

El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.

En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, «el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal», dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, «sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro».

La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido ‘sobresueldos’ a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen «un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo».

Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.

El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Gurtel’ y ha abierto una pieza separada para investigar el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.

Vía eldiario.es

Las actas del Instituto Nóos alejan a la Infanta Cristina de la imputación

Estamos hartos, en serio. ¿Otra como Mato? ¿Qué pasa con la alta alcurnia de este país que o es terriblemente machista – muy terrible- o absurdamente idiota? ¿Es creíble que tantas parejas lleguen a ser completamente ajenas a las fechorías de sus compañeros de cama? ¡Basta ya!

Las actas del Instituto Nóos revelan que la Infanta Cristina no asistió a las reuniones de la Junta Directiva celebradas por la entidad entre el 23 de septiembre de 2003, fecha en la que fue designada la nueva Junta con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a la cabeza, y el 20 de marzo de 2006, cuando tanto éste como su mujer y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, se desvincularon de la asociación investigada en el caso Nóos.

Así consta en los documentos, y que están pendientes de ser entregados al juez instructor de la causa por parte del exsecretario general de Nóos Miguel Tejeiro, después de que el magistrado así se lo haya requerido con el objetivo de averiguar si a los encuentros celebrados asistieron todos sus miembros y, entre ellos, la Infanta en calidad de vocal de la entidad.

Se da la circunstancia de que ninguna de las actas hace referencia a la toma de decisiones con respecto a los eventos investigados en relación con Valencia ni con Baleares. De hecho, el propio Tejeiro, en la declaración que prestó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, señaló que como secretario general de Nóos firmó los acuerdos adoptados puesto que no había entre ellos ninguno «sorpresivo o arriesgado».

Más en concreto, el primero de ellos, del 23 de septiembre de 2003, alude a la constitución de la Junta Directiva, integrada por Urdangarin, Torres, Tejeiro, García Revenga como tesorero de la asociación, y la Infanta en calidad de vocal. Mientras tanto, la siguiente reunión, del 3 de marzo de 2004, contó con la presencia de Urdangarin, Torres y Tejeiro, y en ella se acordó por unanimidad autorizar al Duque y a su exsocio a operar con firma indistinta en la cuenta corriente del Instituto Nóos.

Ya el 26 de noviembre de 2005 concurrieron a la reunión de la Junta de ese día Urdangarin, Torres y Tejeiro, quienes aprobaron, también de forma unánime,conferir poderes generales de administración y disposición en favor de Urdangarin y Torres para que, en nombre de la asociación, pueda cada uno de ellos indistinta y solidariamente ejercer todas las facultades que se relacionaban en un anexo que acompañaba al acuerdo.

Facultades conferidas en favor de Urdangarin y Torres

Más en concreto, se les habilitaba para comprar, disponer, enajenar y gravar todo tipo de bienes muebles e inmuebles; otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos; asministrar bienes; girar, aceptar y protestar letras de cambio; tomar dinero a préstamo o a crédito; disponer, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo; otorgar contratos de trabajo; comparecer ante toda clase de juzgados; intervenir en suspensiones de pago o quiebras; dirigir la organización comercial de la asociación, y otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados.

Finalmente, en la asamblea celebrada el 20 de marzo de 2006, se aprobó el nombramiento de una nueva junta directiva, que quedaría constituida por Torrescomo presidente -en sustitución de Urdangarin-, Tejeiro como secretario general yPedro Parada como tesorero.

Entre las actas también se encuentra la correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de octubre de 2004 en la que, también por unanimidad, se acordó solicitar a La Caixa una póliza de crédito por un importe máximo de 300.000 euros a un plazo de hasta 12 meses, ofreciendo como garantía las facturas que se girarían a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia. También se facultaba a Torres para efectuar las gestiones necesarias y contratar la anterior póliza.

Cabe recordar que, según justificó el Duque en su declaración como imputado del pasado 23 de febrero en torno al papel desempeñado por su mujer en Nóos, la Infanta era vocal en el Instituto que presidía porque hacían falta cinco personas para formalizar la Junta Directiva y «tuvimos, cómo decir, que cubrir esos asientos«. No obstante, señaló que su esposa no hacía «absolutamente nada» sino que fue nombrada como persona «de máxima confianza y transparencia» para el cargo que iba a ostentar.

«Hacían falta cinco personas para conformar la Junta»

«Era una persona de confianza mía en la Junta Directiva, simplemente eso, con la voluntad máxima de dar una transparencia y una normalidad a las cosas», recalcó el imputado acerca del nombramiento de la Infanta en la entidad a través de la cual presuntamente fueron desviados unos 5,8 millones de euros.

En una de sus preguntas en torno al papel de la hija del Rey Don Juan Carlos, Castro observó que según los estatutos de Nóos, con tres miembros en la Junta -presidente, tesorero y secretario- «bastaba», a lo que el Duque respondió que sus asesores le dijeron que «había esto, conformamos que iban a ser cinco y yo siempre he pensado que el formalismo eran cinco, no tres».

Al interpelarle sobre qué hacía entonces su esposa como vocal, Urdangarin se limitó a contestar: «absolutamente nada», tras lo cual el juez le preguntó «y si no hacía nada, ¿para qué estaba allí?». «Le repito Señoría, yo siempre he pensado que hacían falta cinco personas para formalizar esa Junta y nombramos a las personas de máxima confianza y máxima transparencia para ello. Nada más. Es la primera noticia que tengo que con tres ya hubiésemos conformado la Junta», espetó el encausado.

Vía El Confidencial

La Audiencia Nacional estudia recuperar la investigación del oligarca ruso Oleg Deripaska

Hace ya tres años de la «operación Avispa» y todavía no ha habido ningún movimiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta impunidad? ¿Quién se hace responsable de esta desfachatez? ¿Dónde queda la independencia de la justicia? ¿A que altura quedan nuestros políticos?

La Audiencia Nacional se plantea reclamar a las autoridades rusas la investigación abierta en su día contra el magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska por su posible vinculación con la organización mafiosa “Izmailovskaya”, acusada de blanquear dinero en España en el contexto de la llamada “Operación Avispa”. El juez Fernando Andreu aceptó en su día remitir a sus colegas rusos las diligencias contra Deripaska, imputado en España, pero advirtió que recuperaría la competencia en caso de que Rusia no realizara las investigaciones solicitadas sobre las posibles actividades delictivas de Deripaska y su entonces socio, Iskander Majmúdov.

La investigación sobre Deripaska surgió a raíz de la citada«Operación Avispa», desarrollada en dos fases en España (en 2005 y 2006), y por la que ya fueron condenados seis miembros de la mafia ruso-georgiana, entre ellos el máximo responsable del grupo, Zajar Kalashov.

En el auto en el que cedía la iniciativa investigadora a las autoridades judiciales rusas, Andreu argumentó su decisión en el hecho de que las actividades ilícitas imputadas a Deripaska y Majmúdov, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales, se habrían cometido en Rusia, país en el que residen ambos. En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, y es también en ese país donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales objeto de las diligencias abiertas, según el juez español. Además, Andreu señaló que la Fiscalía General de Rusia le comunicó su interés por la investigación de estos hechos. Según el auto, Deripaska, Majmúdov y el también exsocio del oligarca ruso, Mijail Cherney, controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal «habría ido ‘conquistando’ mediante extorsión y el asesinato», y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Ni la fiscalía ni la policía rusas han iniciado en tres años indagación alguna sobre el caso investigado en la Audiencia Nacional

En mayo de 2010 Andreu y el fiscal José Grinda, interrogaron en Moscú al magnate ruso, pero en calidad de testigo. Fue después de ese encuentro, que se desarrolló en un clima de cierta tensión, cuando Andreu accedió a ceder la iniciativa de la investigación a Rusia, anulando la imputación de Deripaska. Ahora, cuando van a cumplirse tres años de aquella decisión, ni la fiscalía, ni la policía rusas han iniciado investigación algunasobre el caso investigado en la Audiencia Nacional, y ésta valora recuperar en las próximas semanas la iniciativa del caso.

Además, el pasado 26 de febrero miembros del llamado Comité de Investigación ruso, una estructura independiente de la policía y la fiscalía, procedieron a registrar los locales moscovitas de la empresa Rusal, matriz del imperio que controla Deripaska. La causa del registro -que según anunció el Comité también se había realizado en otras oficinas de la sociedad- tiene que ver con una investigación abierta por un posible fraude fiscal de 200 millones de rublos, unos 5 millones de euros.

Vía Vozpópuli