Ana Mato no es cesada ni dimite… ¿A qué espera Rajoy? ¿O es que tiene miedo?

¡Si hasta Pedro J. ha pedido la dimisión de Ana Mato!
Parece que Rajoy está perdiendo autoridad frente a los corruptos Bárcenas y Mato.
Un presidente de gobierno que no pueda cesar a sus empleados no puede dirigir una nación, especialmente en el momento por el que atravesamos.
Seguimos destruyendo empleo y no podemos seguirnos con estas tonterías.
El pájaro Rajoy
Pero si incluso el esposo de Ana Mato sigue cobrando del PP.

¡Qué vergüenza!

Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sigue percibiendo un salario del PP. Fuentes del partido han confirmado a EL PAÍS que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que dimitió en 2009 al ser imputado en el caso Gürtel, sigue cobrando por su trabajo de asesor, lo que le permite trabajar desde casa sin apenas acudir a la sede nacional, en la calle Génova, como avanzó eldiario.es. La situación de Sepúlveda, aducen las mismas fuentes, no ha cambiado desde enero de 2011, cuando otro informe policial acreditaba que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, regaló viajes al exregidor.

Al dimitir al frente del Consistorio de Pozuelo, como le había recomendado Esperanza Aguirre, Sepúlveda habló con Mariano Rajoypara poder reincorporarse a su puesto de asesor en el partido, donde trabajaba desde los tiempos de Alianza Popular, en 1982. El entonces líder de la oposición aceptó.

El exalcalde ha desvinculado en varias ocasiones a Ana Mato de sus actividades económicas e insiste en asumir toda la responsabilidad de los movimientos registrados en sus cuentas. Así lo aseguró a través de un comunicado después de que el viernes se conociera el informe policial notificado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos de la red Gürtel a Sepúlveda y a su esposa.

La policía considera confirmado que la trama corrupta liderada por Francisco Correa entregó dádivas y regalos a la actual ministra de Sanidad, entre 2000 y 2004. Se trata de viajes a distintos destinos de España —Jerez de la Frontera, Santiago, Tenerife— y Europa —Suiza, Irlanda—, en ocasiones acompañada por otros miembros de su familia. En la contabilidad b de la trama, hallada por los agentes en una nave industrial de Alcorcón (Madrid), aparecen también al menos dos obsequios de la firma de moda y objetos de lujo Louis Vuitton valorados en, al menos, 610 euros, y cuya compra atribuyen a Álvaro Pérez, El Bigotes.

Tanto el entorno de la ministra como Sepúlveda señalan que este nuevo informe solo es una ampliación del elaborado en 2011. Entonces Mato no fue imputada, pues el juez consideró que el delito, de existir, habría prescrito. La titular de Sanidad, coordinadora de Organización del PP cuando se produjeron los hechos, insistió el pasado viernes en que pagó los desplazamientos.

Mato se dirigió el sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para defender su honorabilidad y asegurar que siempre pagó sus gastos familiares. El propio Rajoy le mostró su respaldo en público, dando a entender que al menos de momento se descarta una dimisión, y le trasladó sus “ánimos” en nombre de todo el partido.

España, nido de avispas: Corrupción y lavado de dinero de las mafias rusas (4)

Cada vez más aparecían nombres de personas de alto rango involucradas en la Operación Avispa. Es por esto que se acuerda una II fase. El dia escogido fue el 22 de noviembre de 2006 y los objetivos principales eran el ucraniano Oleg Vorontsov, coordinador financiero de la organización y ex asesor del expresidente ruso Boris Yeltsin, y Alexander Gofshtein, abogado y quien visitaba a kalashov a menudo en la cárcel de Aranjuez.

Las órdenes estaban claras: las detenciones debían ser prácticamente simultáneas y además los arrestados debían ser incomunicados para evitar que unos alertasen a otros. Eso era especialmente importante en el caso del abogado, ya que se sabía que visitaba a Kalashov en la cárcel, pero se desconocía a qué hora.

Alexander Gofhstein acudió normalmente al centro penitenciario para entrevistarse con Kalashov. Cuando acabó su cita, el letrado ruso salió a la calle, pero para su sorpresa solo unos segundos después vio cómo unos policías le ponían los grilletes y le comunicaban que estaba detenido.

Por su parte, Vorontsov llegó al aeropuerto de Barajas rumbo a Ginebra. Unos metros antes de las puertas de embarque se le acercaron varios agentes que le colocaron las esposas.

Hay quienes dividen la operación Avispa en dos fases y hay otros que lo hacen en tres. Con esta última posición concuerda el Diario Información , el cual reseña que el último coletazo de la operación Avispa se produjo en julio de 2007 con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana.

Existe un nombre del cual no se habla mucho, pero que tiene relación con la Operación Avispa. Se trata de Oleg Deripaska, conocido como “el rey del aluminio” por controlar el 60% de la producción de este metal, figura como la segunda fortuna de Europa en la lista difundida en la revista “Forbes”, con un patrimonio de 18.000 millones de euros.

El Diario El Economista  escribe que según fuentes próximas a la investigación, hay indicios que demostrarían que Deripaska participó en una operación de blanqueo de 4 millones de euros entre 2001 y 2004.

La investigación se centra en una empresa situada en el este de Valencia, filial de la gran empresa rusa UMGC, gestionada por los tres socios y que Deripaska pudo utilizar para blanquear dinero.

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional en 2009, principal instancia judicial española, viajó a Moscú la primera semana de diciembre de 2009 para interrogar a Deripaska, cercano a Vladimir Putin y dueño de la gran empresa de aluminio Rusal.

Comunidat Valenciana, nido de avispas

Las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen constancia de que la mafia rusa dispone de una estructura estable en la Comunitat Valenciana desde, al menos, 2003.

El número dos de la organización Tambovskaya, Viataly Izgilov, presuntamente ha mantenido el control de la red de blanqueo de dinero que opera desde hace seis años en la Comunitat Valenciana.

Según los informes policiales, la estructura de blanqueo montada en la Comunitat Valencia canaliza el dinero de la mafia rusa en la adquisición de bienes inmuebles y negocios ficticios.

La organización Tambovskaya (la cuarta organización más importante del mundo) logró montar un entramado de empresas pantalla que supuestamente se dedican a negocios inexistentes como la importación de madera. La policía investigó también varias empresas de la mafia rusa utilizadas para blanquear dinero a través de la compra de aluminio.

Las investigaciones han llevado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a imputar al magnate ruso Oleg Deripaska por supuestamente lavar cuatro millones de euros a través de una firma valenciana.  Según las pesquisas, el dinero lavado mediante exportaciones y sobreprecio de arrabio, materia prima de la industria del hierro y el acero, procedería de la “Izmaislovskaya”, una de las grandes mafias rusas.

Ramoncín, “El rey del Pollo Frito”, imputado en el Caso SGAE

Si es que no hay día en que no salga una noticia de un caso de corrupción en alguna organización.

¡Depuración de responsabilidades ya!

¡Contra la impunidad ya!

Según El País:

El cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, comparecerá hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como imputado por haber facturado supuestamente a la SGAE 170.552 euros de manera irregularo por servicios inexistentes.

Ruz citó inicialmente a Ramoncín el día 14, pero adelantó luego la declaración del artista a hoy a las 10.00.

Ramoncín, al banquillo

El juez imputó el pasado día 21 a Ramoncín, que fue consejero de la SGAE entre 2000 y 2007, los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, así como falsedad documental, basándose en un informe aportado por la Guardia Civil.

En él se analizan facturas emitidas por el cantante y por su editora musical Júpiter Music S.L. al grupo SGAE entre 2004 y 2012, por un valor total de 170.552 euros.

Según este informe, se generan dudas sobre la forma de contratación observada y, en algunos casos, sobre la realidad de los servicios o productos por los que el grupo SGAE retribuyó al cantante.

En el escrito del instituto armado aparecen además correos electrónicos entre el cantante madrileño y el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, el presunto cabecilla de la supuesta trama de desvío de dinero de este organismo.

Entre las facturas investigadas figuran una emitida por Ramoncín mediante la empresa Portal Latino S.L. para poner en marcha un programa de televisión llamado El Creador, cuya realización la Guardia Civil no ha podido justificar con contrato alguno y que sospecha que nunca se hizo.

En relación con este último contrato, la contratación de Ramoncín para este programa supuestamente ficticio pudo ser una decisión adoptada por Neri, según se desprende de los correos electrónicos investigados.

Otra factura analizada en el informe se refiere a una herramienta informática que vendió el cantante a la SGAE, llamada Caja fuerte virtual, de la que ni se ha encontrado el contrato ni la herramienta en sí.

Comunicado de Attac ante la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad provisional a Hervé Falciani

 Attac celebra la libertad provisional de Hervé Falciani, aunque exige su libertad sin cargos y renueva su voluntad de seguir movilizando a la ciudadanía contra la impunidad con la que siguen operando los evasores y los paraísos fiscales

 

Madrid, 18 de diciembre de 2012. Attac celebra que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya acordado poner en libertad provisional al informático del HSBC Hervé Falciani -en prisión desde hace cinco meses en España acusado de robar listados de presuntos defraudadores- mientras tramita su procedimiento de extradición a Suiza. Una extradición que, si se produjera, Attac considera que iría en contra de la legalidad vigente en España y sólo demostraría la sumisión de la Justicia española a las presiones políticas de la banca suiza.

En este sentido, Attac apoya a la Fiscalía española que se ha mostrado contraria a su extradición y, de esta manera, pueda seguir colaborando con todos los países en denunciar a quienes evaden impuestos.

Attac exige la libertad sin cargos del Falciani y que se haga pública la lista de los presuntos 130.000 defraudadores (más de 600 españoles) de centenares de miles de millones de euros al tiempo que mantiene sucampaña de denuncia de prácticas tan dañinas para la ciudadanía como la evasión fiscal y la existencia de los paraísos fiscales.

Attac recuerda que el secreto bancario no existe en Suiza para su propia ciudadanía. En España, para nadie. Romperlo no es delito. La evasión fiscal, sí.

Attac renueva su voluntad de seguir movilizando a la ciudadanía española y mundial contra la impunidad con la que siguen operando los paraísos fiscales.

Compartir este artículo:

Se querellan contra el juez y los fiscales por prorrogar la prisión de 20 dirigentes de la red de Gao Ping.

 gao

Denuncian las “artimañas procesales” por las que Gao Ping y sus lugartenientes fueron excarcelados ocho días después del auto de la Sala


La defensa de Xiaoshuang Zhu, imputada en el marco de la ‘operación Emperador’ contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, por prorrogar “ilegalmente” su estancia en prisión y la de otros 19 presuntos dirigentes de esta red, entre los que se encuentra su máximo cabecilla, Gao Ping.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, atribuye al juez instructor y los fiscales Anticorrupción la comisión de 20 delitos contra la libertad individual por ordenar su encarcelamiento cuando ya había expirado el plazo legal de 72 horas previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prorrogar esta situación durante ocho días después de que el auto de prisión fuera anulado por la Sala de lo Penal.

La acción judicial fue interpuesta el pasado día 17 ante la Sala Segunda del alto tribunal, que ha dado traslado al fiscal para que informe sobre su competencia y valore si debe ser admitida a trámite.

Según esta parte, el juez y los fiscales “se concertaron” y se valieron de “artimañas procesales” que les permitiesen “paliar o tratar de paliar lo que a todas luces era irremediable y además escandaloso ante la opinión pública”, en alusión a la puesta en libertad de los 20 imputados, que se acordó el pasado 29 de noviembre.

INTERVENCIÓN DE LOS CORREOS

La querella, que solicita que se proceda a la intervención de los correos electrónicos del juez y los fiscales para comprobar si se concertaron para prolongar la prisión de los imputados tras conocer el auto de la Sala, denuncia el “más absoluto desprecio intelectual y jurídico” de Andreu por el criterio de la “superioridad” y considera que su actitud es “inaudita para un abogado, un fiscal o un juez, quienes deben con humildad asumir las resoluciones dictadas por nuestros tribunales”.

Andreu se vio obligado a adoptar esta decisión después de que el día 22 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, ordenara la “inmediata” puesta en libertad de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal. Al día siguiente ordenó la excarcelación de otros tres imputados más por los mismos motivos.

En su auto, la Sección Tercera argumentaba que el arresto de los presuntos miembros de la trama se produjo el 16 de octubre, por lo que al tratarse de una “detención judicial” y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en un plazo de 72 horas. Sin embargo, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición del juzgado de los detenidos, que no fueron enviados a prisión hasta los días 19 y 20. El juez se hizo “responsable” de la situación aunque manifestó que a partir del día 18 cesaron todas las diligencias policiales.

INCIDENTES DE NULIDAD

A partir de ese momento, los fiscales Anticorrupción presentaron incidentes de nulidad contra los autos de la Sala aun sabiendo, según la parte querellante, que se trataba de “un mecanismo inviable procesalmente” que también fue inadmitido por el tribunal.

De igual modo, la defensa de Xiaoshuang Zhu critica el “empecinamiento” del juez instructor al no fundamentar en el auto de libertad la imposición de una medida cautelar tan “grave y singular” como la obligación de realizar comparecencias diarias en la Audiencia Nacional.

Además de Gao Ping, la Sala ordenó la puesta en libertad de otros destacados dirigentes de su trama, entre los que se encontraban su esposa, Lizhen Yang; su lugarteniente, Wei Lin; y el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li.

Rodrigo Rato culpa a Zapatero y a Rajoy del deterioro de Bankia

Rato dice ante el juez que todo se hizo para dar una buena imagen a los mercados

 

 

Rodrigo Rato llega a la Audiencia Nacional para declarar como imputado.

Galeria de fotos de : “CONTRA LA IMPUNIDAD YA”

 

El exvicepresidente asegura que hubo un cambio de planes de última hora respecto a la aprobación de las cuentas por parte de Economía que fue lo que le llevó a dimitir

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha desvelado este jueves en la Audiencia Nacional que, poco antes de su dimisión, el Gobierno le pidió un nuevo plan para la entidad, a pesar de que el anterior tenía el visto bueno del Banco de España, según han informado fuentes jurídicas.

En su declaración ante el juez Fernando Andreu, Rato ha explicado que a finales de marzo el grupo financiero presentó al supervisor un plan de saneamiento paracumplir con las provisiones inmobiliarias impuestas por el Gobierno en su primera reforma financiera a principios de año.

Posteriormente, este plan se completó a primeros días de abril con otro, a iniciativa de BFA-Bankia, que resolvía algunas dudas sobre la matriz (BFA) y que fue elaborado por Deloitte, la misma compañía que auditaba al grupo y que participó activamente en su salida a bolsa, ha recordado Rato.

Y fue este proyecto el que recibió el visto bueno formal del Banco de España (BdE) en una misiva remitida a su atención el 17 de abril, según ha recordado Rodrigo Rato.

No obstante, a pesar de la aprobación del BdE, el expresidente de la entidad ha revelado que las “autoridades” le pidieron que hiciera otro en el que contemplara una caída de la economía española peor que las previsiones más pesimistas.

Y una vez más, convencido de que Bankia podría salir adelante, Rato se puso a trabajar con su equipo para diseñar en las últimas semanas de abril una nueva estrategia, que garantizara la continuidad de la entidad ante escenarios inimaginables.

< .

Según las declaraciones de Yagüe a eldiario.es, Rato ha soltado “muchísimos datos técnicos” pero no ha explicado los problemas de la entidad. “Nos ha explicado la trayectoria de la entidad pero seguimos sin saber qué es lo que ha pasado”, ha afirmado Yagüe.

Yagüe ha dicho además que si lo que dice Rato es cierto, quiere decir que “los reguladores y las autoridades han destruido el propio sistema. Eran conscientes de la morosidad y de la posición inmobiliaria. No tiene sentido”. El abogado ha señalado además que el expresidente de la entidad no ha cambiado su opinión y aún defiende que las cuentas que presentó en su día “son reales y estaban bien”. En opinión de Rato, “el banco realmente estaba dando beneficios”.

Los letrados de 15MpaRato están convencidos de que hay muchas posibilidades de que Rato sea procesado por el artículo 282 bis del Código Penal por un delito de publicidad engañosa cometida a causa de la información facilitada en la salida a bolsa, así como en el caso del canje de las preferentes.

Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es recuerdan que la posible intromisión del Banco de España o de Economía en la toma de decisiones empresariales por parte de Bankia no exime al que fuera responsable último de su ejecución. El abogado Fernando Zunzunegui, cuyo despacho está defendiendo a muchos inversores afectados por las preferentes, recuerda que aunque la iniciativa de ciertas actuaciones partiera de los reguladores, la aquiescencia de Rato le hace “cómplice”.

La declaración de Rato se ha producido mientras en las puertas de la Audiencia Nacional se concentraban unas 100 personas, la mayoría accionistas y preferencistas de Bankia, que han permanecido allí más de tres horas. Una de las personas, de hecho, ha tenido que ser atendida por el SAMUR por el tiempo que llevaba ahí, por el frío y por su avanzada edad. Via: Diario.es

Rato ha llegado a la Audiencia mucho antes de lo previsto y ha entrado en el edificio bajándose del coche, parado justo delante de la puerta. No obstante, ha salido desde el garaje en un coche a gran velocidad e incluso derrapando ante la ruidosa protesta de los manifestantes.

Las fianzas de Díaz Ferrán y Cabo suman 80 millones baten el récord judicial conocido hasta ahora.

LA MAYOR FIANZA DE LA HISTORIA

Prisión bajo fianza de 50 millones para Ángel de Cabo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.

A todos los detenidos en la denominada “Operación Crucero” se les han impuesto fianzas para eludir prisión menos al experto fiscal Rafael Tormo, quien no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez.

El resto de fianzas son los 30 millones impuestos a Díaz Ferrán y los 500.000 euros que deberán pagar si quieren envitar la cárcel a Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José  Enrique Pardo y Antonio García Escribano. A la secretaria de de Cabo, Susana Mora, se le han impuesto 3.000 euros de fianza porque ha colaborado durante su declaración.

Encuentran-euros-casa-Angel-Cabo_MDSVID20121204_0044_7

La detención de Ángel de Cabo y su equipo y la del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, es fruto de la denuncia de cinco empresas acreedoras que consideraban que este último, supuestamente ayudado por el valenciano, ocultó sus bienes para aparentar que era insolvente y, en consecuencia, que no podía pagar las deudas de Marsans que había avalado.

Hasta la operación de Marsans, en junio de 2010, Ángel de Cabo, como corresponde, era un auténtico desconocido más allá de su círculo de clientes y amigos. La adquisición del grupo turístico a través de Possibilitum Business, una firma que tenía como objeto social la compraventa de animales exóticos, le puso en el mapa, aunque un año antes se había quedado con Teconsa, la constructora castellana ligada al caso Gürtel por organizar para Canal 9 la infraestructura audiovisual de la visita del Papa en 2006. Todo muy turbio, como corresponde, aunque no tanto seguramente como la operación cerrada en septiembre de 2011: la compra a los Ruiz-Mateos de Nueva Rumasa a través de una empresa, Back in Business 2011, constituida en marzo de ese año en la factoría de firmas dormidas del también valenciano Ramón Cerdá. Otro de los detenidos ayer, Iván Losada, asumió la dirección general del grupo de la abeja y, como otros colaboradores de De Cabo, se asignó un sueldo astronómico.

182361_498626603493726_503811771_n

Hasta 2009, por tanto, el empresario valenciano apenas tuvo notoriedad, si bien, con un despacho de abogados como base operativa, el bufete Aszendia, con sede en Valencia, Castelló y Madrid, De Cabo fue realizando operaciones de liquidación, a través de Nuevas Formas y Diseño, firma radicada en Riba-roja del Túria, de compañías como la sevillana Construcciones Azagra, Omega, Urbacivil, Vías Canales y Puertos o la ya citada Teconsa. Eran los tiempos del ascenso al paraíso y en los que hizo una escala en la Libia de Gaddafi, donde promovió sin éxito un macrocomplejo de lujo en el que se invertirían 3.000 millones para construir 4.000 viviendas, un hotel de cinco estrellas, hospitales, una mezquita y hasta un puerto deportivo.

Prisión ‘eludible’ para Díaz Ferrán. Qué cachondos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán, después de declarar hoy, junto a los otros siete detenidos en la “Operación Crucero”.

 La fianza de 30 millones de euros, se sitúa a la cabeza de las más altas fijadas en España a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999 dentro del caso Torras

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario valenciano, Ángel de Cabo han llegado a la Audiencia Nacional a las 8.43 horas en un furgón policial para ser interrogados por el juez Eloy Velasco por la ocultación de bienes para pagar a los acreedores de Marsans.

Díaz Ferrán ha comenzado a declarar, a las 10.15 horas ante el juez de la Audiencia Nacional. El expresidentede la patronal ha sido el segundo de los nueve detenidos en ser llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid.

El juez Velasco, ha decretado prisión para Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración, durante algo más de una hora, como parte de la “Operación Crucero”. Es la fianza para eludir prisión más alta impuesta en una instrucción judicial en España, solo igualada por la decretada en 1999 para el empresario Javier de la Rosa, que también fue de 30 millones de euros.

Durante las declaraciones, Díaz Ferrán ha negado que exista una trama para ocultar sus bienes a los acreedores de Viajes Marsans, un grupo que ha dicho que vendió al empresario Ángel de Cabo por la crisis y del que luego se desentendió. La Fiscalía sospecha que acordó con él el vaciamiento del grupo, y por ello el representante del ministerio público ha pedido prisión incondicional para el empresario.

Los acusados
Ferrán está acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, junto con el resto de los ocho detenidos. Entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que mantiene bajo secreto la causa, decidirá hoy las medidas cautelares que impone a los detenidos, que previsiblemente se enfrentarán a prisión incondicional o prisión eludible bajo fianza.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que, el juez Eloy Velasco ha tomado esta medida cautelar sobre Díaz Ferrán antes de interrogar al resto de detenidos, con el objetivo de que sea trasladado a los juzgados de Plaza Castilla para que declare a las 13.00 horas por un crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Air Comet, que supuestamente se hizo de forma fraudulenta.

Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, llegaron a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales (Holdisan y Grudisan, en el caso del expresidente de la CEOE y Parihol Inversiones, en el caso de Pascual), con el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico. En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

50 millones bloqueados
Los nueve detenidos permanecen desde el lunes en dependencias policiales hasta que hoy pasen a disposición del juez Eloy Velasco, que les investiga por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido.

En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan. Además, la Policía encontró ayer dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido.

Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado el lunes en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán. Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.

Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez.

denunciantes-aseguran-Diaz-Ferran-millones-euros_MDSVID20121203_0161_7

Bienes en el extranjero
Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negó ayer que la detención Díaz Ferrán sea ejemplarizante, a lo que añadió que es adecuada “a las circunstancias del caso”, así como para garantizar su presencia ante los tribunales.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha considerado que la organización no pierde “en absoluto” legitimidad por la “incidencia” de la detención de su expresidente y ha apuntado que la justicia determinará si el empresario “ha hecho bien las cosas”.

 

Torres-Dulce cree que la libertad de Gao Ping no perjudicará a la investigación

dulce

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado este martes en el Congreso que la puesta en libertad de los detenidos en la Operación Emperador contra el blanqueo de dinero, empezando por la del supuesto cabecilla, Gao Ping, no perjudicará la marcha de las investigaciones.

«Las investigaciones no se verán perjudicadas por una puesta en libertad de estos imputados. Las actuaciones tienen ya un marco de investigación y de acarreo de pruebas», ha declarado Torres Dulce. «El que una persona esté en libertad no debe complicar, ni tenemos previsión de que vaya a perjudicar en modo alguno, a la investigación», ha añadido.

Los principales implicados en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales han salido en libertad en los últimos días debido a un error judicial.

La sección tercera de la Audiencia Nacional decretó ilegal la prórroga de 72 horas en las detenciones de los imputados en la operación contra la mafia china dictadas por el juez Fernando Andreu y decidió su salida en libertad. Esta decisión se basó en que la detención fue desde un inicio judicial y no policial, de modo que no correspondía prorrogarla.

El Sindicato Unificado de Policía criticó que las excarcelaciones echaran por tierra muchos años de investigación y mostró su apoyo al juez instructor del caso, Fernando Andreu, quien por su lado reconoció ser el«único responsable del error».

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.

Comparecerá todos los días

Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.

La salida de la cárcel de la cúpula de la trama Emperador,   llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.  

La salida de la cárcel  , llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

La trama de evasión de capitales y fraude fiscal liderada por el magnate chino Gao Ping además  Pagaba los favores que presuntamente les hacía el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid) Jose Borrás ofreciéndole distintos servicios en sus establecimientos, incluido uno en el que se realizaban ‘masajes especiales’.

Así se desprende del sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia.
En el sumario consta un escrito de los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa y José Grinda, en el que se detalla esta red de favores.

Los representantes del Ministerio Público explican que el que fuera concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada mantenía debido a su cargo “numerosos contactos” con los empresarios chinos de Cobo Calleja, un polígono en el que Gao Ping tiene todo su entramado empresarial en diferentes naves.

1350372280-541844-1350374852-noticia-normal

Ping y sus socios tenían la necesidad de mantener una relación constante y fluida con miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada “debido al tipo de negocios que regentaban y a las necesidades de los mismos en cuanto a licencias para las aperturas de locales y las multas que les podían venir por actividades fraudulentas”.

Los fiscales aseguran que los imputados mantenían una relación de “favores mutuos” con “algunos miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada”. El principal contacto de la red era Borrás, quien recibió “en muchas ocasiones contraprestaciones por los favores dispensados a los miembros del entramado empresarial chino”.

OPERACIÓN EMPERADOR

Estas contraprestaciones se concretaban a veces en visitas de Borrás a negocios de la red, donde recibía un trato de favor. Uno de estos establecimientos visitados por el concejal era el ‘Restaurante Costa Buena’, en el que, según la policía, la planta de arriba se utiliza para ofrecer ‘masajes especiales’. El fiscal señala que estos masajes encubren “un delito de prostitución”.

Borrás utilizaba además a los policías municipales de Fuenlabrada “para favorecer el trato de favor” a la red de Ping. Dentro del entramado, el concejal mantenía una especial relación con Wu Liu Yongping, según Anticorrupción.

 

Gao Ping y otros 11 jefes de la mafia china en Libertad

  • Deberán personarse todas las mañanas y se les retira el pasaporte
  • Fernando Andreu dictó una prórroga ilegal de los plazos de detención
  • La Audiencia rechazó los recursos de la Fiscalía contra las excarcelaciones

 

El juez Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de 12 detenidos en la ‘operación Emperador’, cuya prisión había declarado ilegal la sección tercera de la Audiencia Nacional. Se trata de los principales implicados en la operación contra la mafia china. Entre ellos está su supuesto cabecilla, Gao Ping.El juez les impone unas estrictas medidas cautelares: comparecer todas las mañanas en la Audiencia Nacional, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.El juez y la Fiscalía Anticorrupción han tardado más de una semana en excarcelarlos. La Sección Tercera de lo Penal declaró el pasado jueves que aproximadamente la mitad de las prisiones decretadas por Andreu eran ilegales por haberse dictado pasado el plazo legal de 72 horas desde las detenciones. El juez dice en su resolución que no está de acuerdo con el criterio de la Sala de lo Penal.En los últimos días el juez ya había excarcelado a cuatro implicados por orden directa de la Sala de lo Penal, que había estimado sus recursos, por lo que los excarcelados ya suman 16.La Fiscalía intentó mediante varios recursos evitar las excarcelaciones, pero la sección tercera de la Audiencia ha rechazado todos.Una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional podría echar por tierra la «operación Emperador», una investigación que ha servido para desarticular la mayor trama de blanqueo de dinero desmantelada en los últimos años y que se saldó con más de un centenar de detenciones, entre ellas la del cabecilla de la organización, Gao Ping. El tribunal le ha dado la razón a uno de los arrestados, Kay Yang, considerado uno de los colaboradores más próximos de Gao, al entender que su detención superó las 72 horas de plazo que establece la Constitución, por lo que lo ha puesto libertad. La decisión podría aplicarse a otra veintena de detenidos, entre los que se encuentran los principales cabecillas de la red y el propio Gao Ping. Por lo tanto, la Audiencia Nacional ha declarado ilegal la prórroga de la detención que aplicó el juez Fernando Andreu.

A juicio de la sala, la prórroga aplicada por Andreu es irregular porque la detención fue judicial y no policial, por lo que violó el derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución. Por ello, decreta la «nulidad absoluta e insubsanable» de la resolución por la que Andreu ordenó el ingreso en prisión incondicional de Kay Yang y ordena su inmediata excarcelación, «sin perjuicio de que el juez instructor adopte las medidas cautelares, nunca privativas de libertad». Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado emitió ayer el auto de libertad del detenido.

Según explican los magistrados, la puesta a disposición judicial de este detenido se produjo con su detención, a las 06.00 horas del 16 de octubre, momento en el que empieza para el instructor el plazo de 72 horas para acordar su libertad o la prisión provisional, previa celebración de su interrogatorio. Y es precisamente respecto a la comparecencia, pero no al auto de prisión por lo que únicamente se puede prorrogar la puesta a disposición ante el juez, subrayó la sala. La Audiencia basa su argumentación en la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional al anular, en noviembre de 2011, la detención judicial del empresario Tomás Olivo en el marco de la «operación Malaya», y estableció que en estos casos el cómputo de privación de libertad comienza cuando se hace efectiva la orden de arresto. Por ello, la sala insiste en que la puesta a disposición judicial «en manera alguna puede entenderse postergada» al auto del 18 de octubre, en la que amplió la detención de los arrestados, «haciendo una interpretación errónea y contraria» a la doctrina del Constitucional. Así, el hecho de que Andreu no legalizara la situación del arrestado en este plazo de 72 horas, que concluía un día antes de que le enviara a prisión, «determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad».

Fernando Andreu afirmó ayer que se siente «el único responsable» de la excarcelación y que asumirá «todas sus consecuencias» a pesar de que considera que su actuación fue correcta. «Sigo pensando que no me he equivocado», dijo Andreu, quien lamentó que esto haya podido «empañar» el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios. Andreu defendió que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la «disponibilidad» de la Policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, señaló, es que fue la Policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez.