La Mesa del Congreso se inclina por rechazar hacer públicas las nóminas de los diputados #notenemosderechoasaber

   La Mesa del Congreso se inclina por rechazar la pretensión de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de hacer públicas las nóminas de los diputados en la página de Internet de la Cámara, un asunto sobre el que se prevé que este martes comience a debatir la Junta de Portavoces, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

   Después de que la líder de la formación magenta, Rosa Díez, enviara dos cartas al presidente del Congreso pidiéndole que se dé ese paso en aras de la transparencia, Jesús Posada ha accedido a llevar el asunto a la Junta de Portavoces de este martes, aunque se tratará como un punto fuera del orden del día.

Será entonces la Mesa del Congreso, tras conocer la opinión de los distintos portavoces parlamentarios, la que resuelva si acepta dar a conocer las nóminas de los 350 diputados que conforman el hemiciclo, algo que los diputados de UPyD ya hacen en la página web del partido.

DEPENDE DE LOS PERCEPTORES, NO DE LA INSTITUCIÓN

No obstante, desde el órgano de gobierno de la Cámara ya han adelantado a Europa Press que existen dificultades legales para que la institución dé a conocer las nóminas de sus señorías, puesto que se trata de información personal. Ponen el ejemplo de una empresa que tampoco puede difundir los sueldos de sus empleados.

Eso sí, las citadas fuentes subrayan que nada impide a los parlamentarios hacer públicos esos datos si así lo desean, tal y como ya hacían individualmente algunos diputados la pasada legislatura y desde primavera los cinco de la formación magenta.

Ya en su respuesta a Rosa Díez, Posada señaló que “no existe precepto legal alguno que contemple como exigencia” la publicación de las nóminas de los diputados, y destacó que esa publicidad “tampoco parece que sea la regla general en la mayoría de las Cámaras parlamentarias ni en otras instituciones del país”.

Posada también recordó a la líder de UPyD que el Congreso sí informa en su web de las cuantías que abona a los diputados por cada uno de los conceptos sujetos a retribución. En concreto, se habla de 2.818,87 euros brutos al mes de asignación básica más complementos en función del cargo en la Cámara (miembro de mesa o portavoz) más una indemnización mensual para cubrir gastos originados por la actividad parlamentaria (870,56 euros los de Madrid y 1.823,86 euros el resto).

NO AFECTARÍA A LOS INGRESOS ‘EXTRA’

Si finalmente no se publican las nóminas, al menos esta tabla informativa de conceptos retributivos podría ser objeto de revisión para ofrecer un mayor detalle con el fin de favorecer la transparencia. En todo caso, el presidente de la Cámara ha mostrado su disposición a cumplir “fielmente” con las modificaciones reglamentarias que acuerden los grupos parlamentarios en el futuro.

Eso sí, la publicación de las nóminas que abona al Congreso no afectaría a quienes perciben su sueldo de otras instituciones ni a los ingresos que los diputados reciben de entidades privadas por actividades extraparlamentarias autorizadas.

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Falciani el hombre que tiene la lista de 1.300 evasores fiscales españoles queda en libertad provisional.

Falciani queda en libertad provisional hasta que se decida su extradición a Suiza

El francoitaliano que reveló datos de evasores debe presentarse cada tres días en comisaría 

Hervé Falcani, exempleado del banco HSCB. / VALERY HACHE (AFP)

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido la libertad provisional de Hervé Falciani, el informático francoitaliano que reveló datos de cientos de evasores fiscales españoles y que está reclamado por la justicia suiza. Llevaba en prisión desde el pasado uno de julio.

El oro de la ‘lista Falciani’

Falciani es detenido e interrogado en 2008 porque intentó supuestamente vender los datos que fue copiando durante dos años en Beirut. Es puesto en libertad al poco tiempo, momento en el que aprovecha para huir a Francia e instalarse en un pueblo cerca de Montecarlo (Mónaco), donde nació, lo que le permite tener los pies en los dos países de los que no tiene pasaporte, Francia e Italia, Estados que no extraditan a sus nacionales. Suiza reclama que se registre su domicilio, requise su ordenador y envíe los ficheros descargados de vuelta al país helvético. París entonces se da cuenta de que detrás de la lista Falciani hay oro. Información sobre 130.000 cuentas bancarias de presuntos defraudadores. El viceprocurador en Niza comunica a su superior, Éric de Montgolfier, qué ha hallado. El fiscal Montgolfier decide abrir una investigación, pero para echarse encima de los supuestos evasores, y descubre a 3.000 contribuyentes que huyeron del pago de impuestos. El asunto desata la tensión diplomática con Berna, que acusa a París de quedarse con datos de clientes robados ilícitamente.

Falciani fue detenido en Barcelona y el Gobierno acordó seguir por vía judicial la extradición a Suiza

Francia, después de un tira y afloja, cede. Acepta devolver el ordenador de Falciani a Suiza, pero antes remite una copia de los archivos a todos los países con los que tiene acuerdos en colaboración fiscal: Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos… Y España. Aquí la información llega en mayo de 2010. Gracias a los ficheros del ingeniero francoitaliano, la Agencia Tributaria descubre a 659 contribuyentes que habrían evadido al fisco unos 6.000 millones de euros. Carlos Ocaña, entonces secretario de Estado de Hacienda, califica de excepcional la operación. No escatima adjetivos: “Estamos ante el proceso de regularización más importante en España en toda su historia. No hay precedentes de una operación de esta envergadura”. En la lista Falciani figura incluso información bancaria sobre algunos imputados en el caso Gürtel, como el exalcalde del PP de Boadilla del Monte Arturo González Panero, El Albondiguilla, y su hoy exesposa, Elena Villarroya.

El 1 de julio de 2012, ya con el PP en el Gobierno, Falciani es detenido en el puerto de Barcelona en virtud de una orden de detención internacional emitida por Suiza, que le imputa delitos de encubrimiento y revelación de secretos. El Consejo de Ministros del 3 de agosto acordó continuar en vía judicial de la petición de extradición. El día 9, Falciani comparece ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y se niega a ser sacado de España. El magistrado decide mantenerlo en prisión y remitirlo a la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que decida sobre su extradición. El 8 de octubre, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo suizo, Didier Burkhalter, y “hablaron del caso Falciani”, recordó hoy Saura, quien registró a principios de mes las preguntas dirigidas al Gobierno sobre este asunto.

Argumentos en la legislación y en la política

España no castiga penalmente la revelación de secretos bancarios

El Ejecutivo “no debería extraditar a Falciani a Suiza”, aseguró el diputado. Y esgrimió argumentos semejantes a los expresados por Llamazares y el republicano Alfred Bosch. En primer lugar, porque entregar al ingeniero informático a Berna supondría reconocer que los datos fueron recabados de manera ilícita, lo que llevaría a una paradoja clara, pues España no reconoce la vulneración del secreto bancario como delito. “Más bien al contrario”, sostiene el parlamentario de IU. Saura citó la legislación existentelos artículos 2 y 6 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva; el artículo 23 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales, y el artículo 5 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. Las dos últimas normas eximen de responsabilidad a quienes revelen secretos bancarios. En otros países, argumentaba Llamazares en su pregunta al Ejecutivo del 23 de agosto, se protege a los ciudadanos que denuncian el fraude fiscal e incluso se premia la delación. A ello se suma la convención de la ONU contra la corrupción (2003), ratificada por España en 2005, que mandata el establecimiento de mecanismos de protección de los denunciantes.

Saura alegó igualmente razones jurídicas –la Fiscalía apoya a Falciani– y motivos de “prioridad” política, porque el Gobierno debe tener en mente, “más que nunca”, la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales”. El diputado agregó que la información que llegó a España es, presumiblemente, una parte del gran volumen de ficheros copiados por el informático (centrado en personas físicas), ya que el fiscal francés, Montgolfier, según declaró el mismo en el Senado galo el pasado 22 de mayo, desechó las cuentas por debajo de un millón de euros, porque era muchísima la información que debía tratar, y no estudió las personas jurídicas. Montgolfier enfatizaba en su comparecencia que se trataba sobre todo de penetrar en los datos informáticos, “y sin la ayuda del señor Falciani”, Francia jamás lo habría conseguido. “Por eso es relevante qué hará el Gobierno de España en relación con ese ofrecimiento de Falciani” de colaborar con las autoridades.

 

Falciani deberá comparecer cada tres días en la comisaría de policía más próxima a su domicilio, mientras se tramita su extradición. También tiene prohibido abandonar el territorio español y establecer domicilio permanente en el país, con obligación de comunicar cualquier cambio del mismo.

Los magistrados de la Audiencia recuerdan en el auto que la libertad provisional no impedirá una posible extradición de Falciani: “La puesta en libertad, con o sin medidas alternativas de la prisión provisional, no será obstáculo para una nueva detención ni para la extradición, si la solicitud de ésta llegara después de la expiración del plazo mencionado en el apartado anterior”.

La sala ha tenido en cuenta el informe favorable del fiscal. El ministerio público argumentó el tiempo transcurrido y la actitud colaboradora del reclamado, que ha colaborado y sigue colaborando con diversos Estados de la Unión Europea en investigaciones financieras, tributarias, de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y corrupción. También valoró la previsión de que el procedimiento de extradición puede demorarse, puesto que ha de ser aportada información complementaria.

Para Suiza Falciani es un ladrón. Un individuo despreciable que ha quebrantado una de las señas de identidad de la confederación. Nada menos que el secreto bancario. Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos o España, sin embargo, han usado su información para destapar a cientos de evasores fiscales que se aprovecharon de la opacidad de cuentas que garantiza el Estado helvético para evadir miles de millones de euros y dejar de declararlos en sus países.

El pasado 1 de julio llegó a Barcelona en barco. Al mostrar su pasaporte en el puerto, los agentes comprobaron que existía una orden internacional de busca y captura contra él de las autoridades de Berna.Fue detenido por la policía, lo que trasladó el dilema de este héroe-villano a la Audiencia Nacional. La sección cuarta del tribunal español tiene pendiente decidir sobre su extradición. Falciani ya ha puesto sobre la mesa su principal baza: su valiosa información. Se ha ofrecido a la justicia española para descubrir a nuevos defraudadores.

El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

17/01/2012 – EFE, Barcelona

Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre, y a su exesposa, por un presunto fraude fiscal de casi 4 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.
  • El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre, y a su exesposa, por un presunto fraude fiscal de casi 4 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el juez ha acordado admitir a trámite la querella que ha presentado la Fiscalía contra Cuatrecasas, al que acusa de diez delitos contra la Hacienda Pública de los que su exesposa, Mercedes B., sería participante a título lucrativo por beneficiarse de 142.831 euros en el supuesto fraude.

Por ese motivo, ha citado a ambos a declarar como imputados el próximo 24 de febrero para interrogarles sobre el supuesto fraude fiscal, que afecta a los beneficios económicos de Emilio Cuatrecasas sin relación con la actividad del bufete que fundó su padre, actualmente el primero de España.

En su querella, la Fiscalía acusa al abogado de defraudar casi 4 millones de euros a Hacienda en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA a través de un entramado de empresas sin actividad real.

La denuncia del ministerio público se basa en un informe de la Agencia Tributaria que detectó indicios de fraude en los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 del abogado y experto en asesoría fiscal

El querellado, mantiene la Fiscalía, incluyó como gastos vinculados a una actividad empresarial los generados por sus viviendas, barco de recreo, mobiliario, personal de servicio, viajes y otros dispendios domésticos, que de esa forma fueron deducidos en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente fraude fiscal y evitando tributar su propio IRPF.

Paralelamente, el imputado “dispuso mediante una trama de sociedades evitar la tributación por el impuesto sobre el patrimonio”, operaciones de las que resultó beneficiada la que fuera su esposa, añade la querella del ministerio público.

La Fiscalía sitúa en el epicentro de la supuesta trama de fraude fiscal a la empresa EMESA S.L, que pertenecía al querellado “a través de una doble superposición de sociedades” que, a juicio del ministerio público, nunca realizaron actividad económica alguna.

Para eludir la tributación de distintos impuestos, Cuatrecasas simuló presuntamente contratos de arrendamiento de los bienes de su uso situándolos en el patrimonio de EMESA para, a continuación, fingir que los mismos eran alquilados por él a la citada sociedad.

De esa forma, agrega la Fiscalía, el querellado aparentó suscribir contratos de arrendamiento previamente adquiridos por EMESA que destinaba a su uso exclusivo personal: él y su familia, por ejemplo, gozaron en calidad de inquilinos de la vivienda de Barcelona que constituyó su hogar familiar.

Cuatrecasas también suscribió, según la querella, contratos de arrendamiento ficticios por sus dos segundas residencias de Garós (Vall d’Aran) y Fontanilles (Baix Empordà), sus nueve automóviles, su embarcación de recreo y dos amarres -valorados en 6 millones- y el ático de paseo de Gràcia de Barcelona que adquirió tras su divorcio, según el ministerio público.