El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP

El caso Bárcenas sigue expandiendose e imputan a los más importantes empresarios del país. ¿Pasará de ahí? ¿Hará justicia el juez Ruz?

Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales. Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.

Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una “alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa”. “Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración”.

El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.

En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, “el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal”, dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, “sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”.

La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido ‘sobresueldos’ a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen “un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo”.

Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.

El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Gurtel’ y ha abierto una pieza separada para investigar el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.

Vía eldiario.es

La Audiencia Nacional estudia recuperar la investigación del oligarca ruso Oleg Deripaska

Hace ya tres años de la “operación Avispa” y todavía no ha habido ningún movimiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta impunidad? ¿Quién se hace responsable de esta desfachatez? ¿Dónde queda la independencia de la justicia? ¿A que altura quedan nuestros políticos?

La Audiencia Nacional se plantea reclamar a las autoridades rusas la investigación abierta en su día contra el magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska por su posible vinculación con la organización mafiosa “Izmailovskaya”, acusada de blanquear dinero en España en el contexto de la llamada “Operación Avispa”. El juez Fernando Andreu aceptó en su día remitir a sus colegas rusos las diligencias contra Deripaska, imputado en España, pero advirtió que recuperaría la competencia en caso de que Rusia no realizara las investigaciones solicitadas sobre las posibles actividades delictivas de Deripaska y su entonces socio, Iskander Majmúdov.

La investigación sobre Deripaska surgió a raíz de la citada“Operación Avispa”, desarrollada en dos fases en España (en 2005 y 2006), y por la que ya fueron condenados seis miembros de la mafia ruso-georgiana, entre ellos el máximo responsable del grupo, Zajar Kalashov.

En el auto en el que cedía la iniciativa investigadora a las autoridades judiciales rusas, Andreu argumentó su decisión en el hecho de que las actividades ilícitas imputadas a Deripaska y Majmúdov, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales, se habrían cometido en Rusia, país en el que residen ambos. En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, y es también en ese país donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales objeto de las diligencias abiertas, según el juez español. Además, Andreu señaló que la Fiscalía General de Rusia le comunicó su interés por la investigación de estos hechos. Según el auto, Deripaska, Majmúdov y el también exsocio del oligarca ruso, Mijail Cherney, controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal “habría ido ‘conquistando’ mediante extorsión y el asesinato”, y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Ni la fiscalía ni la policía rusas han iniciado en tres años indagación alguna sobre el caso investigado en la Audiencia Nacional

En mayo de 2010 Andreu y el fiscal José Grinda, interrogaron en Moscú al magnate ruso, pero en calidad de testigo. Fue después de ese encuentro, que se desarrolló en un clima de cierta tensión, cuando Andreu accedió a ceder la iniciativa de la investigación a Rusia, anulando la imputación de Deripaska. Ahora, cuando van a cumplirse tres años de aquella decisión, ni la fiscalía, ni la policía rusas han iniciado investigación algunasobre el caso investigado en la Audiencia Nacional, y ésta valora recuperar en las próximas semanas la iniciativa del caso.

Además, el pasado 26 de febrero miembros del llamado Comité de Investigación ruso, una estructura independiente de la policía y la fiscalía, procedieron a registrar los locales moscovitas de la empresa Rusal, matriz del imperio que controla Deripaska. La causa del registro -que según anunció el Comité también se había realizado en otras oficinas de la sociedad- tiene que ver con una investigación abierta por un posible fraude fiscal de 200 millones de rublos, unos 5 millones de euros.

Vía Vozpópuli

Denuncian ante la CNMV que Bárcenas pudo usar información privilegiada en la OPA de Endesa

Otro día, otro caso. Al extesorero del PP se le acumulan los pleitos. Y no es para menos, pues cada día descubrimos nuevas tropelías por su parte. ¿Cómo puede el PP seguir defendiendo a este cara-dura? ¿Tan manchados están?

La Asociación Europea de Inversiones Profesionales, ASINVER ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un escrito, fechado el 4 de marzo de 2013, para solicitar al regulador de los mercados españoles una investigación sobre el posible uso de información privilegiada por parte de Luis Bárcenas. La denuncia se centra principalmente en las operaciones vinculadas a la compra de Endesa por parte de Enel.

En su última declaración, el extesorero del PP Luis Bárcenas reconoció ante el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había logrado unas ganancias de seis millones de euros con una operación bursátil en Endesa en el año 2007. Utilizanco como base estas declaraciones, la documentación publicada por los medios de comunicación sobre las inversiones declaradas por el extesorero del Partido Popular; y las sospechas que ha lanzado la UDEF sobre posible información privilegiada, en Asinver consideran que hay indicios suficientes como para la que la CNMV “solicite toda la información disponible en la Audiencia Nacional e investigue el caso”.

En el escrito que ha remitido la Asociación se pone el foco en el hecho de que Bárcenas tuviera una inversión tan cuantiosa precisamente en acciones de Enel y Endesa, en la medida en que todas estas compañías fueron las que estuvieron implicadas en la convulsa Oferta Pública de Adquisición (OPA) que Enel y Acciona lanzaron en 2007 sobre la eléctrica española. El texto del documento de reclamación al que ha tenido acceso Eldiario.es asegura que puede haber “indicios” de que una posible filtración hubiera provocado “una distorsión en el precio de las acciones de Endesa”.

En el documento también consta una relación temporal de los hechos acaecidos en torno a dicha opa que va desde la autorización de compra de Endesa por parte de E.on, en noviembre de 2006, hasta la demanda presentada el 27 de abril de 2007 contra Miguel Sebastián, David Taguas y Carlos Arenillas por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.  Estos hechos coinciden con los movimientos accionariales que se están publicando en prensa en las últimas semanas.

Conviene recordar que las penas aplicables a los delitos de mal uso de información privilegiada pueden llegar a duplicar el beneficio obtenido en la operación.

Desde la CNMV explican que este tipo de gestiones no son públicas, pero que se seguirá el procedimiento habitual de la entidad en función del tipo de documento formal que haya presentado la citada asociación. Es decir, los servicios jurídicos del regulador valorarán la documentación aportada y decidirán si hay o no base para actuar. En cualquier caso ninguno de esos procedimientos será público, ni siquiera en el caso de que sea calificada como infracción grave o muy grave se identificará al sancionado.

La larga relación del PP con Endesa

La oferta de Enel fue el último episodio en una larga guerra por el control de Endesa, la mayor compañía eléctrica española. En septiembre de 2005, Gas Natural desató la tormenta con una primera opa sobre la compañía que Endesa rechazó. Su entonces presidente, Manuel Pizarro, se opuso a la operación, que se sospechaba bendecida por el Gobierno, entonces en manos del PSOE. Poco después, en febrero de 2006, entró en la puja la eléctrica alemana E.on, que mejoró la oferta en un 30%, también con el rechazo de Manuel Pizarro. Y tras varios intentos legislativos por parte del Gobierno para parar la operación alemana –unos reales decretos duramente rechazados por la Unión Europea por proteccionistas–, llegó la italiana Enel aliada con la española Acciona. Ambas empresas lanzaron su opa en 2007 y lograron cerrar la compra poco después. Manuel Pizarro abandonó la presidencia de Endesa, llevándose una indemnización de 10 millones de euros.

Casi acto seguido, el 17 de enero de 2008, Pizarro se afilió al Partido Popular con las firmas de Mariano Rajoy y José María Aznar como avalistas. Fue a las elecciones de ese año como número dos de la lista por Madrid y futuro vicepresidente económico si Rajoy ganaba las elecciones.

Tras la derrota de Rajoy, Pizarro cayó en desgracia y no recibió ningún cargo dentro del nuevo organigrama del partido. En enero de 2010 dejó la política.

Vía eldiario.es

La empresa de Eurovegas reconoce una “probable” implicación en sobornos a funcionarios extranjeros

La empresa que según algunos va a salvar a la Comunidad de Madrid, ha reconocido estar “probablemente” involucrada en una trama de sobornos a funcionarios extranjeros. ¿Cuál será el próximo movimiento de la Comunidad? ¿Aclararán el asunto o callarán, como de costumbre?

  • Las Vegas Sands, la empresa del magnate Adelson, admite ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos su “probable” violación de una ley que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros
  • Reconoce posibles irregularidades en ejercicios fiscales pasados y subraya que en los últimos años ha mejorado sus prácticas

Las Vegas Sands ha admitido ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) su “probable” violación de una ley estadounidense que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros, en una comunicación oficial a la que Efe tuvo acceso hoy.

La compañía estadounidense, que empezará este año a construir el macrocomplejo de ocio y juego Eurovegas en Alcorcón (Madrid), remitió el viernes su informe anual a la SEC, en el que reconoce posibles irregularidades en ejercicios fiscales pasados, aunque subraya que en los últimos años ha mejorado sus prácticas.

En la comunicación, Las Vegas Sands indica que una auditoría interna de sus cuentas ha revelado que “probablemente hubo violaciones de cuentas, declaraciones financieras y medidas de control internas previstas en la FCPA (Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.)”.

“En los últimos años, la compañía ha mejorado sus prácticas con respecto a las cuentas, las declaraciones y los controles internos”, aseguró la empresa a la SEC.

Según el diario Wall Street Journal, que cita una fuente anónima cercana a la compañía, las citadas violaciones están relacionadas con negocios que tuvieron lugar en la China continental la década pasada y fueron entabladas por funcionarios que ya no trabajan en la empresa, algo que Las Vegas Sands no ha confirmado.

La compañía del magnate Sheldon Adelson reveló hace dos años que era objeto de una investigación de la SEC por posibles violaciones de la FCPA, y más tarde fue informada de que el Departamento de Justicia de EE.UU. había emprendido “una investigación similar”, según recordó en su comunicación a la entidad reguladora.

A raíz de esas notificaciones, la compañía nombró un comité auditor compuesto de “tres miembros independientes” de su junta directiva, cuya investigación está casi completada, explicó.

Basándose en las conclusiones preliminares de la auditoría, Las Vegas Sands indicó a la SEC que las probables irregularidades “no tienen un impacto material en las declaraciones financieras de la compañía” y “no merecen ninguna repetición de las declaraciones (de ejercicios) pasados”.

Además, concluyó que las sospechas “no representan una debilidad material en los controles internos de la compañía sobre sus informes financieros, a fecha de 31 de diciembre de 2012”.

“De acuerdo con el desarrollo (de la investigación) hasta la fecha, la administración de la empresa es actualmente incapaz de determinar la probabilidad de la resolución de este asunto, su importancia relativa o la dimensión de las posibles pérdidas razonables, si las hubiera”, señaló.

Las Vegas Corps agregó que cree que la investigación de la SEC se basa en la demanda que presentó contra la compañía en 2010 Steven C. Jacobs, expresidente de la filial en China de la empresa dirigida por Adelson, en un caso que continúa en litigio en Nevada (EE.UU.).

De acuerdo con el Wall Street Journal, los supuestos sobornos se produjeron la década pasada, cuando Las Vegas Corps empezaba a expandirse en Asia y buscaba conexiones en China con el fin de impulsar su nuevo casino en Macao.

El diario asegura que antiguos ejecutivos de Las Vegas Sands, entre ellos su expresidente Bill Weidner, llevaron entonces a cabo “una serie de acuerdos en China que podrían haber carecido de controles de cuentas adecuados”. Weidner renunció a su cargo en 2009, citando “diferencias de gestión” con Adelson.

Vía eldiario.es

Tras perder la adjudicación de la cafetería del Congreso, Arturo Fernández logra un contrato por 3,6 millones para hostelería en una residencia de las Fuerzas Armadas

Una de cal y otra de arena, pan, circo y lo que haga falta para que la fiesta no pare. ¿Que la galería descubre esto? Quitamos por aquí, te damos por allá y todo solucionado. ¿Cuánto tardará la sociedad civil en despertar? ¿Dónde tienen los españoles el límite?

Según eldiario.es:

  • Grupo Cantoblanco Colectividades, propiedad del vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, se ha adjudicado un contrato para prestar servicios de hostelería en una residencia de las Fuerzas Armadas en Alicante.

El Ministerio de Defensa, a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ha formalizado el contrato el pasado 19 de febrero al considerar que se trata de la oferta económicamente más ventajosa.

El importe neto de adjudicación del contrato para prestar servicios de hostelería en la residencia ‘Jorge Juan’ de Alicente asciende a 3,31 millones de euros, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). El importe total bruto supera los 3,6 millones de euros.

El pasado diciembre trascendió que Cantoblanco Colectividades debía 418.000 euros a la Seguridad Social en cotizaciones. La Tesorería pidió a la Asamblea de Madrid, uno de los clientes de esta sociedad, que embargara las cuentas de la contrata. Finalmente, Fernández pactó un aplazamiento de pagos con el organismo. Una vez que la empresa regulariza su deuda puede aparecer como al corriente de pagos.

Las Fuerzas Armadas son un cliente habitual de las contratas de Arturo Fernández que hace la mayor parte de su negocio mediante la adjudicación de servicios públicos. Sin embargo, el empresario no es riguroso con sus pagos al sector público. Con otras dos de sus empresas (de diferente denominación a esta que ha ganado la contrata de Alicante), debe 3,6 millones de euros a Turespaña y 1 millón de euros a Ifema (recinto ferial de Madrid).

¿Método 3 investigaba o espiaba?

Parece que en España nos gusta mantener las formas. Y es que en el país de Sálvame y Gran Hermano 14, en la política como en “la casa”, todo se magnifica. Al igual que actos de corrupción están nacionalmente aceptados si se trata del fontanero o el taller ahorrándote unos eurillos en el IVA pero son un escándalo si éstos los hace un empresario a mayor escala, lo mismo podría estar ocurriendo con el caso Método 3. Ay, España, pura y cristiana. Ay, a dónde te llevará esa doble moral…

Os reproduzco el artículo de El País al respecto:

Los detectives pisaron la mina de los partidos

Método 3 sufría exceso de marketing.Tal era la obsesión de su director, Francisco Marco, por publicitar los presuntos éxitos de su agencia, que a alguien se le escapó el pinchazo a un responsable político, en este caso a Alicia Sánchez Camacho en medio de los escándalos de corrupción en Cataluña. Lo que hacía o dejaba de hacer Método 3 era sobradamente conocido en el sector, así como sus colaboraciones con algunos medios de comunicación. Su problema fue no cuidar las formas con la política.Su forma de operar estaba extendida. Desde 1995 ha sido sancionada en cuatro ocasiones por Interior, que tiene la potestad de inspeccionar las agencias (habrá unas 2.700 licencias de detectives en España, unas 1.800 operativas). Algo tan sencillo como echarle un vistazo al registro de clientes está al alcance de la comisaría de seguridad privada, por lo que no haría falta haber hecho tanto ruido para saber quien encargaba trabajos a Método 3.

Los gestores de la agencia han estado imputados por escuchas telefónicas ilegales, empezando por la fundadora, Marita Fernández Lado, a la sazón madre de Francisco Marco. De Marita hablan bien muchos profesionales, no así de su hijo, que alcanzó el cénit de la celebridad en 2007 cuando manifestó haber sido contratado por el matrimonio McCann para buscar a los raptores de su hija Madeleine. Unos meses antes, Método 3 se atribuyó el éxito de haber localizado vivo y coleando al espía Francisco Paesa en París, dado por muerto tiempo atrás. Entonces, afirmaba tener 40 empleados y facturar unos cuatro millones.

¿Investigaba Método 3 o espiaba? Esa parece ser la frontera en la que se mueven estos profesionales. “Parece que una investigación se convierte en espionaje cuando se toca a los políticos”, explica el detective Agustín Ruiz, “cuando es lícito que se investigue a un político, por ejemplo cuando un empresario piensa que puede estar en connivencia con un competidor”. Detectives consultados ponen el ejemplo del seguimiento hecho a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y encargado por empresarios. Todos dudan de las versiones que están circulando sobre el caso: “Una conversación no se pincha sin una connivencia con alguno de los actores de la entrevista o con personal del restaurante”. También sorprende que un responsable político encargue una investigación sin utilizar una persona o una empresa interpuesta.

Todo puede valer si se respeta la deontología. Pero no todo vale, parece ser, si el afectado es un político. Después de Pitiusa y Método 3, el temor de las agencias es que la nueva ley de seguridad privada en estudio termine por blindar a los partidos.

Un informe policial sugiere que Bárcenas tuvo información privilegiada para invertir en bolsa

Cuando la policía fija su mirada en uno de estos individuos, salen tropelías por doquier. ¿Cuántos ‘Bárcenas habrá a los que no estemos mirando? ¿Seguirá el Gobierno y el Partido Popular defendiendo a Bárcenas con su silencio? ¿Condenarán su actuación algún día? Como dijo ne su día Alberto Alcalá, quizás sea el momento de pedir eu el Gobierno deje las armas y se disuelva.

La noticia en vozpópuli:

Llamativas operaciones especulativas en bolsa que siempre tenían éxito. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha analizado de modo exhaustivo los documentos enviados por las autoridades de Berna sobre los movimientos de la nutrida cartera de valores que Luis Bárcenas, extesorero del PP, tenía depositada en la cuenta de Suiza donde llegó a atesorar 22 millones de euros. En el informe sobre los mismos, enviado recientemente al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, los agentes reflejan varias particularidades detectadas: durante años, el político popular sólo invirtió en compañías españolas, siempre buscaba empresas que repartieran generosos dividendos y realizó varias ventas y recompras de paquetes de acciones en un mismo día (lo que se conoce en el argot del mercado como operaciones ‘intradía’) que, sorprendentemente, le reportaron pingües beneficios en todos los casos, lo que sugiere la existencia de información privilegiada previa a estos movimientos de alto riesgo.

De hecho, las operaciones ‘intradía’ son habitualmente realizadas por inversores institucionales y tienen un elevado componente especulativo, por lo que también comportan un elevado riesgo. Si la cotización del valor es muy baja, una variación de apenas dos o tres céntimos de euro en la misma puede reportar millonarios beneficios a los traders (operadores) intradía. Sin embargo, en valores más estables, como los que figuraban en la cartera de Bárcenas, este tipo de maniobra sólo resulta rentable cuando se produce una repentina y destacada fluctuación en una jornada bursátil concreta, normalmente motivada por una comunicación al mercado que afecta a la compañía o por rumores bursátiles. De ahí que para llevar a cabo con éxito esta operativa sea fundamental contar con muy buena información previa. El documento policial detecta hasta ocho de estas operaciones en la cartera de Bárcenas, que los agentes califican de “particulares”.

Bárcenas no comenzó a invertir en valores de empresas extranjeras hasta mediados de 2006. Deustche Bank fue la primera de la que adquirió acciones

Los investigadores plasman el concienzudo análisis sobre “la evolución de la cartera de inversión (acciones, bonos, depósitos)” de Bárcenas en 56 páginas con profusión de cuadros en los que recogen todas y cada una de las compras de acciones realizadas entre la apertura de la cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra en 2005 y su apresurado cierre tras estallar el caso Gürtel. Gracias a la documentación remitida por las autoridades judiciales del país helvético, los agentes pudieron constatar que la ‘afición‘ de Barcenas a invertir en bolsa no era nueva, ya que cuando abrió el depósito que puso a nombre de la fundación panameña Sinequanon, en el primer movimiento que se realizó en ella se reflejó que “ya poseía valores, es decir, que ya tenía adquiridas acciones de tiempo atras”. La Policía deduce que éstas fueron traspasadas de una cuenta bancaria anterior en la misma entidad financiera que fue dada de baja tras abrir la nueva.

El informe de la UDEF detalla que el extesorero del PP llegó a tener acciones en un total de 25 empresas españolas y extranjeras, aunque en las foráneas no comenzó a invertir hasta mediados de 2006, concretamente mayo, cuando adquirió participaciones en Deustche Bank. Esta aparente patriotismo, sin embargo, no le impidió en todo este tiempo discriminar claramente en qué empresas depositar las millonarias cantidades que invertía: sólo grandes grupos de la banca, telecomunicaciones, y la construcción. Y en el caso de las españolas, sólo aquellas que formaban parte del Ibex-35, el índice selectivo de la bolsa española, que agrupa las mayores compañías del mercado. De hecho, sólo uno de los valores en los que puso fondos de su cuenta suiza secreta, el Grupo Realia, no formaba parte de dicho índice bursatil. “No ha operado con cualquier empresa, sino que se ha codeado con las mejores”, resaltan textualmente los agentes, que concluyen que el objetivo de ello no era otro que dotar de “una mayor seguridad” a sus inversiones.

“Siempre con beneficios”

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la UDEF, y así lo destacan los autores del documento policial, fue “la manera de proceder con alguna de estas empresas”. Los agentes se refieren a la venta y compra en el mismo día de la totalidad del paquete accionarial de una determinada compañía que poseía en ese momento. “En estas operaciones siempre obtenía beneficios, pues vendía a un precio más caro que al que posteriormente compraba, habiendo obtenido ganancias todas las veces que realizó esta maniobra”, se lee en el informe entregado al juez Ruz. Estas plusvalías obtenidas las invertía “días o meses” después en la compra de más acciones de la misma compañía. Éste es otro de los aspectos llamativos de la operativa de la cartera de Bárcenas, ya que lo habitual en estos casos es la reinversión de los dividendos (que no dependen de las fluctuaciones bursátiles una vez que están aprobados por las empresas) y no recurrir a arriesgadas maniobras especulativas para lograr plusvalías con las que invertir. A lo largo de la vida de esta cuenta, el extesorero del PP ingresó 2,26 millones de euros sólo en concepto de dividendos, de acuerdo con la información recopilada en el informe de la UDEF.

El extesorero del PP realizó tres operaciones intradía con las acciones de Zardoya Otis, dos con las del Santander y las de Abertis, y una con las de la italiana Enel

Un ejemplo de esta sospechosa operativa se detalla con claridad en los movimientos del paquete de acciones de la empresa Zardoya Otis. Según la documentación remitida por las autoridades suizas, Bárcenas ya abrió la cuenta en el Dresdner Bank en 2005 con 19.831 acciones de esta empresa, a las que fue sumando durante ese mismo año y el siguiente participaciones hasta sumar 61.888 títulos. Es en 2007 cuando los agentes detectan una de las operaciones ‘intradía’. Ese año, en concreto el 14 de junio, el extesorero vendió todas sus acciones y posteriormente las volvió a comprar por un precio inferior, lo que le permitió obtener una ganancia cercana a los 90.000 euros. Dinero con el que dos meses después adquirió 6.188 nuevas acciones.

Una operación que el exsenador por Cantabria volvió a repetir con los títulos de esta mercantil en 2008 y en 2009. Cuando en noviembre de ese año cerró la cuenta después de que fuese imputado en el caso Gürtel, acumulaba ya más de 78.000 acciones de Zardoya Otis. No obstante, ésta no fue la única compañía con cuyos valores realizó estas ventas y recompras en el mismo día. Los balances incorporados al sumario reflejan que también las participaciones del Banco Santander (en dos ocasiones), las de Abertis (en otras dos) y las de la italiana Enel (sólo una vez) ‘sufrieron‘ esta rentable especulación. En el caso de las ‘intradía’ realizadas con los títulos de Abertis, el montante tanto de la venta como de la posterior compra superó en ambos casos el millón de euros, lo que da una idea de lo arriesgado del movimiento y de la seguridad que tuvo el broker a la hora de efectuar la maniobra. En este tipo de operativa no hay lugar para el error, tanto la venta como la posterior compra hay que efectuarlas en el momento preciso, con escasísimo margen de minutos por medio.

Vía vozpópuli

Arturo Fernández dejó de pagar facturas al Estado ya en 2005

EL presidente de la patronal madrileña, adalid del liberalismo, nos debe a los españoles ya tres millones de Euros. Desde 2005, y bajo diferentes denominaciones, Arturo Fernández ha acumulado deuda con diferentes organismos como Turespaña, la seguridad social y otros. ¿Casualidad o impunidad? ¿No puede actuar la justicia igual de rápido que lo está haciendo contra el ciudadano medio?

Os dejamos la noticia completa de eldiario.es:

Arturo Fernandez, CEOE

Las administraciones públicas llevan años acumulando problemas con las concesiones de Arturo Fernández, aún presidente de la patronal madrileña. Según avanzó El Economista, Turespaña, donde Esperanza Aguirre se reincorporó durante unos meses cuando dejó la presidencia de Madrid, le reclama una deuda de 2,7 millones de euros, punto que este medio ha confirmado con la sociedad dependiente del Ministerio de Industria. La deuda que le reclama el organismo estatal tuvo su origen en 2005, cuando Arturo Fernández dejó de pagar las facturas del canon que la sociedad le remitía por la adjudicación de la cafetería del Palacio de Congresos.

La Abogacía del Estado tuvo que intervenir ya en 2005 para asesorar a Turespaña sobre un recurso que el grupo Arturo Cantoblanco interpuso para no atender las facturas que el organismo estatal le requería. Las deudas tienen como origen la gestión de la cafetería del Palacio de Congresos con sede en la Castellana (frente al estadio Santiago Bernabéu). El grupo Arturo lleva gestionando la restauración del edificio, que forma parte de Patrimonio del Estado, desde al menos 1997.

En origen, el contrato era por servicio y estaba a nombre de “Restaurantes y Hoteles Cantoblanco”. Sin embargo, las condiciones con Turespaña fueron cambiando y el organismo estatal fue imponiendo tarifas más elevadas. Así, en la adjudicación de noviembre de 2003 Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un canon variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo. Esta adjudicación se la llevó la sociedad “Arturo Grupo Cantoblanco”.

Apenas un año más tarde de quedarse con el servicio, el grupo del vicepresidente de la CEOE interpuso un recurso de alzada por sus discrepancias con las facturas que le remitía el organismo. Un recurso de alzada es un instrumento por el cual los ciudadanos pueden recurrir las decisiones de la Administración Pública y revisar un acto administrativo por el superior jerárquico del órgano que lo dictó. En este caso, el recurso quería revocar una decisión tomada por el director del Palacio de Congresos, cargo que ocupaba Octavio González Manteca.

Finalmente, el grupo de Arturo perdió la concesión en 2008 frente a la oferta de Husa, la empresa de su amigo, y rival, Joan Gaspart, también vicepresidente de la CEOE. Husa ha aclarado a eldiario.es que no tiene nada que ver con la gestión anterior que el Grupo Arturo había hecho de la cafetería. Algunas informaciones apuntan a que el servicio se prestó de común acuerdo entre ambas empresas de restauración, punto que descartó tajantemente un portavoz oficial de la cadena hotelera a este medio.

Turespaña ha vuelto a licitar el servicio en diciembre de 2012. Las condiciones han cambiado radicalmente desde aquel contrato que se quedó Arturo Fernández. El canon que pide ahora el organismo oficial es de un fijo de 45.000 euros anuales y un variable sobre la condición de los servicios del 0,2% el primer año con una subida escalonada hasta el 0,5% en el cuarto año de la concesión. El concurso, según publicó el BOE este mismo miércoles, ha quedado desierto.

Lo cierto es que el Palacio de Congresos está temporalmente cerrado para someterse a unas obras de restauración después de que se detectaran numerosas irregularidades que hacían que las instalaciones fueran inviables para celebrar actos públicos.

Requisitos para contratos públicos

En cualquier caso, llama la atención cómo el Grupo Arturo Cantoblanco se siguió quedando con contratos públicos durante todos estos años que lleva con el litigio abierto con Turespaña (que según los intereses de demora acumulados le reclama ya 3,1 millones de euros). Normalmente, la exigencia mínima para acudir a los concursos públicos es hallarse al corriente de pago con las Administraciones Públicas y ser solvente.

Según el registro mercantil, la sociedad coincidente con esta denominación (bajo la dirección de Arturo Fernández hay cerca de medio centenar de empresas con nombres muy similares) tiene una deuda con la Seguridad Social de 44.000 euros, por lo que en diciembre se dictó una orden de embargo contra la empresa. Esta deuda, como la sociedad, es diferente a la deuda que ya había trascendido de más de 400.000 euros y que se contrajo con la marca Cantoblanco Colectividades, que presta servicios a la Asamblea de Madrid.

Esta empresa tampoco es la misma que lleva el servicio de cafetería del Congreso de los Diputados. El amigo íntimo del rey, y de Esperanza Aguirre, se presentó al hemiciclo bajo la denominación de “Grupo Cantoblanco Alimentación”. En declaraciones a eldiario.es, Fernández aseguró estar al corriente de pagos con la Seguridad Social ya que dice haber negociado el aplazamiento de todas sus deudas. Fernández recuerda que este procedimiento es muy normal en tiempos de crisis entre los empresarios.

Bajo la denominación deudora del Estado, se prestan servicios a Moncloa, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Universidad Carlos III o Aena. También presta servicios a Telefónica, una de las contratas en la que el empresario ha sido acusado de hacer pagos en dinero negro.

Vía eldiario.es

Comienzan los movimientos para que prevalezca la impunidad… La Policía invalida los ‘papeles’ de Bárcenas al alegar defectos de forma

Parece ser que ya se ha puesto en marcha la maquinaria para aplastar cualquier atisbo de justicia en el caso de “Los Papeles de Bárcenas”.

Si no se le da credibilidad a las pruebas caligráficas que determinen que los apuntes son en realidad del extesorero del PP, entonces no habrá delito que perseguir y de ahí al cierre del caso y a la impunidad más absoluta hay un trecho muy corto.

¡Evitémoslo!

#contralaimpunidadya

Lo que dice Elconfidencial sobre este tema…

La Policía no va a poder llegar a ninguna conclusión determinante en su informe caligráfico sobre los documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas, que han puesto en jaque a todo el partido. Según fuentes de la investigación, la prueba nace viciada al tratarse de fotocopias, lo que impide determinar si los papeles fueron adulterados. Por tanto, queda invalidada para certificar si Bárcenas fue el autor y si los documentos fueron escritos a lo largo del tiempo, entre 1990 y 2008, o a posteriori de una sola vez.

En ese sentido irá dirigido el informe realizado por la Policía Científica, ordenado por el fiscal Anticorrupción que está investigando la presunta financiación ilegal del PP. En el marco de esas diligencias informativas, la pasada semana se tomó declaración al propio Bárcenas, a su exabogado Jorge Trías y al anterior tesorero, Álvaro Lapuerta.
La causa principal es que se trata de una fotocopia y los investigadores no tienen en su poder el documento original. Que sea una copia no impide saber si la letra es o no de Bárcenas, pero no permite certificar que no se trate de un montaje realizado con un ‘corta y pega’ de otros textos escritos por el extesorero del PP. Al tratarse de una fotocopia, un perito caligráfico no puede garantizar que los papeles publicados como la contabilidad B del partido y los sobresueldos a varios de sus dirigentes no estén manipulados.
El segundo error ha sido que los encargados de hacer la prueba caligráfica a Bárcenas el pasado miércoles durante su interrogatorio eran agentes adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en vez de los peritos caligráficos que van a preparar el informe y quienes saben a qué ejercicios específicos claves se debe someter la persona que es objeto de estudio. A Barcenas se le deberían haber realizado pruebas específicas, como escribir varios folios y con expresiones similares a los documentos a analizar, para hacer comparativas. Asimismo, tendrían que haberse forzado cambios de velocidad, entre otros puntos, para evitar que le hubiera dado tiempo a fabricar la escritura, a la vez que haberse concedido margen a los peritos para averiguar si el imputado intentaba manipular o cambiar su letra.
 
La prueba pericial nace nula
Estos dos aspectos son suficientes para que los peritos sostengan que la prueba pericial nace nula y, por tanto, quede invalidada la pieza clave de esta investigación. No sólo eso, la Policía tampoco va a poder determinar la antigüedad de los documentos ni la unidad de acto, es decir, si se hizo todo seguido o en espacios de tiempo. Una de las sospechas es que el autor de los escritos pudo haberlos escrito a posteriori y de una sola vez.
Fuentes de la investigación subrayan que es técnicamente imposible averiguar a día de hoy el tiempo que puede tener un documento porque, aun teniendo el original, cada papel envejece de manera distinta dependiendo de las condiciones ambientales que haya podido sufrir. Y si se intenta descubrir por la tinta o el bolígrafo, en la actualidad hay miles de fabricantes de ambos, lo que lo hace imposible. Además, estas fuentes puntualizan que la letra de una persona entre los 30 y los 55 años aproximadamente no cambia y, por tanto, tampoco se puede determinar si Bárcenas los pudo escribir hace dos semanas o hace 15 años.
Con todo esto, aunque no se pueda certificar la veracidad de los documentos, sí se puede decir al 100% que la letra que aparece en los papeles es de Luis Bárcenas, comparándola con otros textos escritos de su propio puño y letra. Estas mismas fuentes explican que la letra de extesorero tiene algunas particularidades que la hacen inconfundible. Por ejemplo, su ‘M’ con un bucle en la punta superior izquierda.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, está esperando recibir el informe calígrafo antes de citar a una serie de testigos, entre los que se encontrarían quince empresarios que pudieron dar donativos al PP fuera de la legalidad. Fuentes fiscales subrayan que, sin tener la prueba central, estos testimonios tienen que ser muy aclaradores y aportar muchos datos para poder seguir adelante con la investigación.

Surge un nuevo héroe: El Juez Pablo Ruz tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Montoro

Si es que ya decíamos que la amnistía fiscal fue para los amiguetes del PP.

Ahora lo dice el juez Pablo Ruz que tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda o ¿Ministro de los Amiguetes?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

Francisco Correa, cabecilla de la trama;

Pablo Crespo, su mano derecha;

Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

José Luis Ulibarri, empresario leonés;

César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

Jesús Merino, exsenador del PP;

Fernando Martín, dueño de Martinsa;

Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

Vía El Confidencial.