Surge un nuevo héroe: El Juez Pablo Ruz tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Montoro

Si es que ya decíamos que la amnistía fiscal fue para los amiguetes del PP.

Ahora lo dice el juez Pablo Ruz que tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda o ¿Ministro de los Amiguetes?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

Francisco Correa, cabecilla de la trama;

Pablo Crespo, su mano derecha;

Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

José Luis Ulibarri, empresario leonés;

César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

Jesús Merino, exsenador del PP;

Fernando Martín, dueño de Martinsa;

Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

Vía El Confidencial.

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Ana Mato no es cesada ni dimite… ¿A qué espera Rajoy? ¿O es que tiene miedo?

¡Si hasta Pedro J. ha pedido la dimisión de Ana Mato!
Parece que Rajoy está perdiendo autoridad frente a los corruptos Bárcenas y Mato.
Un presidente de gobierno que no pueda cesar a sus empleados no puede dirigir una nación, especialmente en el momento por el que atravesamos.
Seguimos destruyendo empleo y no podemos seguirnos con estas tonterías.
El pájaro Rajoy
Pero si incluso el esposo de Ana Mato sigue cobrando del PP.

¡Qué vergüenza!

Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sigue percibiendo un salario del PP. Fuentes del partido han confirmado a EL PAÍS que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que dimitió en 2009 al ser imputado en el caso Gürtel, sigue cobrando por su trabajo de asesor, lo que le permite trabajar desde casa sin apenas acudir a la sede nacional, en la calle Génova, como avanzó eldiario.es. La situación de Sepúlveda, aducen las mismas fuentes, no ha cambiado desde enero de 2011, cuando otro informe policial acreditaba que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, regaló viajes al exregidor.

Al dimitir al frente del Consistorio de Pozuelo, como le había recomendado Esperanza Aguirre, Sepúlveda habló con Mariano Rajoypara poder reincorporarse a su puesto de asesor en el partido, donde trabajaba desde los tiempos de Alianza Popular, en 1982. El entonces líder de la oposición aceptó.

El exalcalde ha desvinculado en varias ocasiones a Ana Mato de sus actividades económicas e insiste en asumir toda la responsabilidad de los movimientos registrados en sus cuentas. Así lo aseguró a través de un comunicado después de que el viernes se conociera el informe policial notificado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos de la red Gürtel a Sepúlveda y a su esposa.

La policía considera confirmado que la trama corrupta liderada por Francisco Correa entregó dádivas y regalos a la actual ministra de Sanidad, entre 2000 y 2004. Se trata de viajes a distintos destinos de España —Jerez de la Frontera, Santiago, Tenerife— y Europa —Suiza, Irlanda—, en ocasiones acompañada por otros miembros de su familia. En la contabilidad b de la trama, hallada por los agentes en una nave industrial de Alcorcón (Madrid), aparecen también al menos dos obsequios de la firma de moda y objetos de lujo Louis Vuitton valorados en, al menos, 610 euros, y cuya compra atribuyen a Álvaro Pérez, El Bigotes.

Tanto el entorno de la ministra como Sepúlveda señalan que este nuevo informe solo es una ampliación del elaborado en 2011. Entonces Mato no fue imputada, pues el juez consideró que el delito, de existir, habría prescrito. La titular de Sanidad, coordinadora de Organización del PP cuando se produjeron los hechos, insistió el pasado viernes en que pagó los desplazamientos.

Mato se dirigió el sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para defender su honorabilidad y asegurar que siempre pagó sus gastos familiares. El propio Rajoy le mostró su respaldo en público, dando a entender que al menos de momento se descarta una dimisión, y le trasladó sus “ánimos” en nombre de todo el partido.

#Rajoydimisión – Los papeles de Bárcenas

 

¡Espantados estamos!

Pero vamos a ver… ¿quién nos gobierna?

#Rajoydimisión

Gracias a El País por airear esta información:

Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como “donativos” sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

Se registran pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios

Los documentos a los que ha accedido EL PAÍS recogen el periodo comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

La primera anotación, de abril de 1990, registra: “Saldo inicial (entrega R. N). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8”. Las iniciales hacen referencia, supuestamente, a Rosendo Naseiro, anterior tesorero popular que se vio implicado, y absuelto por defectos de forma, en un escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora.

Entregas a la cúpula del PP

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general,Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos,Javier ArenasÁngel Acebes y Dolores de Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como receptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como “L. del R.”), con 120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de “J. M. Villar Mir”, en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008. En dos ingresos de 2004 y 2008 figura “Mercadona” con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Solo se ingresaban en el banco parte de las donaciones privadas recibidas

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran tambiénPablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión “Galicia (O.C.)”, “De Málaga”, “La Rioja” o “Palencia”, aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).

Además, incluye gastos de funcionamiento ordinario del partido como servicios de asesoría jurídica, encuestas o estudios, y otros desembolsos de variada naturaleza.

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

El primer apunte de pagos a Dolores de Cospedal es del 7 de julio de 2008

De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. Los papeles de Barcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares.

Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los presidentes que ha tenido el PP y encargado de los estudios demoscópicos, también aparece en las anotaciones como receptor de cantidades que van de 100.000 hasta 161.000 euros. Arriola ha aclarado a EL PAÍS que nunca tuvo contacto con el tesorero y que, efectivamente, factura al PP desde 1990 distintas cantidades anuales, primero en talones y luego por transferencia. Según recordó, la cantidad estipulada en su contrato no coincide con la registrada en los papeles de Bárcenas.

La contabilidad anota también pagos esporádicos sin continuidad en el tiempo. Entre ellos figura una ayuda de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. Además, hay dos aportaciones al portal de Internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004. La organización vasca Basta Ya figura con una ayuda de 3.005 euros en el primer semestre de 2002.

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para “corbatas presidente”. En diciembre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto “Trajes Mariano”. En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para “Trajes M. R.”. Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para “trajes y camisas” no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal —dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno—, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año. La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.

Las mayores entregas registradas son a Arenas y a Álvarez-Cascos

Cospedal aseguró en público, a raíz del estallido del escándalo de las presuntas entregas de dinero a la cúpula del PP, que no tenía constancia de esas prácticas. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido indicaron a EL PAÍS que la secretaria general ha comentado en su entorno que fue ella quien puso fin a esas prácticas al acceder al cargo.

El presidente Rajoy declinó, a través de un portavoz y a requerimiento de EL PAÍS, pronunciarse sobre los documentos y su contenido hasta que se conozca el resultado de las auditorías interna y externa que encargó sobre las cuentas del partido.

Los pagos a la cúpula del PP reflejados en las anotaciones no tributaban a Hacienda, según fuentes próximas a los dos ex tesoreros, porque se entregaban como gastos de representación que los beneficiados supuestamente no debían justificar. De no haberlos declarado a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Una o varias veces al año la contabilidad registra salidas de dinero, que se ingresan en un banco bajo el concepto “donativos”. Esta mecánica sugiere que solo una parte de lo recibido era tramitado por vías legales y transparentes a través de su ingreso en un banco.

Dirigentes del PP sospechan que Bárcenas se pudo quedar con dinero

De esta manera, la contabilidad registra entre 2000 y 2003 diversos ingresos en el Banco de Vitoria con el concepto “donativos”. El Banco de Vitoria abandonó su marca comercial a finales de 2003 cuando fue absorbido por Banesto. En la contabilidad que manejaba Bárcenas hay un apunte de abril de 2004 donde junto al concepto “ingreso donativos Banco de Vitoria” aparece dibujada una pequeña flecha que apunta a un nombre: “Banesto”. A partir de ese momento, los ingresos de los donativos en el banco se identifican con el nuevo nombre de la entidad.

Pese a que, según los documentos analizados por EL PAÍS, solo se declaró una parte del dinero recibido, el PP sumó entre 1999 y 2007, según el Tribunal de Cuentas, 33 millones de euros en donaciones, diez veces más que el PSOE en el mismo periodo.

Dirigentes del PP consultados por este periódico temían que los secretos que Bárcenas guardaba en las nueve cajas de documentación que sacó de la sede del partido en vísperas de ser imputado por el caso Gürtel acabaran estallándole a la formación conservadora y al Gobierno de Rajoy.

El descubrimiento de una cuenta secreta en Suiza donde Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros, fruto de sus negocios a lo largo del tiempo, según el extesorero, hizo aumentar la preocupación entre los dirigentes del PP respecto a la información que como consecuencia del hallazgo judicial pudiera salir relacionada con las cuentas del partido. Sus temores se hicieron realidad cuando El Mundo informó de estos pagos procedentes de supuestas comisiones ilegales. En esa información se excluía del cobro de los mismos expresamente a Rajoy, en contra de lo que señala la contabilidad de Bárcenas, y a Cospedal, que según los mismos registros recibió dinero cuando fue elegida secretaria general.

Bárcenas ha sido junto a Lapuerta, con el que trabajó de gerente durante 18 años, el dueño de la caja del PP, la persona que conocía todos los detalles de cómo se financiaba la formación conservadora, a quién debían favores y quienes se beneficiaban de las aportaciones.

Rajoy aparece por primera vez con un pago semestral de 2.100.000 pesetas

Bárcenas, que no aparece como receptor de dinero en esa lista que controlaba, tenía un salario muy por encima del resto de ejecutivos del partido. Desde 2000 cobraba, de media, 200.000 euros al año. Y a partir de 2007, empezó a cobrar mediante dos ingresos: uno de la nómina y otro, muy superior, con el enunciado “transferencia del PP”. Dirigentes del partido han transmitido a EL PAÍS sus sospechas de que el extesorero, que durante 20 años controló todas las aportaciones privadas, pudo quedarse con un parte de ese dinero sin registrarlo en la contabilidad secreta. Esas sustracciones, siempre según las mismas fuentes del PP, podrían haber engrosado las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero en la investigación de la trama Gürtel.

Durante el proceso judicial del caso Gürtel, Bárcenas sintió que el partido en el que había trabajado 20 años le abandonaba a su suerte. Hasta el punto de que el PP dejó de pagar la minuta de su abogado. Bárcenas logró que en septiembre de 2011 el juez archivara la causa contra él pese a que aún no había llegado el resultado de las comisiones rogatorias en Suiza en busca de cuentas secretas. Pero la Audiencia reabrió el caso en 2012 tras un recurso de la Fiscalía.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han recibido presiones desde distintos sectores del PP para buscar una salida que dañe lo menos posible al partido y al Gobierno. Estas presiones se intensificaron tras conocerse la cuenta suiza donde Bárcenas acumuló 22 millones.

Caso GURTEL. ¿Quien es quién? Y sumando procesados 3 más.

El TSJCV

Foto: EUROPA PRESS

VALENCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) –

   El magistrado José Ceres, encargado de instruir el conocido como ‘casoGürtel‘, ha acordado procesar al exvicepresidente del gobierno valencianoVicente Rambla, a las ex consejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la misma consejería, Rafael Betoret, en la pieza relativa a las adjudicación de la feria Fitur.

   Asimismo, el juez, en una resolución contra la que cabe recurso, ha acordado archivar la causa contra cinco imputados, entre ellos, contra la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Iba

 

El sumario

El juez de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ya levantó el secreto de sumario el pasado 28 de septiembre sobre unos 17.000 folios que recogen las actuaciones emprendidas por el primer instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Ahora se conocen unos 50.000 más. Quedan excluidas las diligencias relativas a 15 comisiones rogatorias enviadas a ocho países y paraísos fiscales donde la trama pudo ocultar millones de euros. Suiza ya ha contestado que dos de los cabecillas, Pablo Crespo y Francisco Correa, disponen allí de 21 millones en cuentas bancarias.

La red corrupta

La trama investigada por la justicia involucra a una decena de Administraciones en cuatro comunidades autónomas a lo largo de más de una década.

El método

Correa y sus compinches lograban, a cambio de favores o dinero, contratos de servicios a dedo de cargos públicos y ejercían de intermediarios entre políticos y empresarios en las adjudicaciones de obras o suelo.

Las administraciones afectadas

La Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte; la Comunidad Valenciana; Castilla y León; Galicia; y el Gobierno central durante la etapa en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.

Políticos salpicados por el escándalo

Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia.

Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria.

Cargos públicos salpicados por el escándalo

 

Madrid

Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes autonómico y ex concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico en Madrid y ex alto cargo de la empresa municipal del suelo de Arganda del Rey.

Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey.

Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración.

Alfonso Bosch, diputado autonómico y ex alto cargo municipal de Boadilla.

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla.

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda.

Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo.

VALENCIA

Francisco Camps, presidente del Gobierno valenciano.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.

Ricardo Costa, diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano.

Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano.

Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

Pedro García, ex director general de Canal 9.

CASTILLA Y LEÓN

José Manuel Fernández Santiago, presidente del Parlamento autonómico y ex consejero de Fomento.

El dinero defraudado al fisco

En total, 43,2 millones de euros, que se dividen así: Alfonso Bosch: 250.000 euros. Alberto López Viejo: 352.000 euros. Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros. Arturo González Panero: 642.000 euros Ginés López: 534.000 euros Jesús Sepúlveda: 455.000 euros Tomás Martín Morales: 450.000 euros Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros Álvaro Pérez: 330.833 euros. Pablo Crespo: 539.120 euros. Francisco Correa: 38,5 millones de euros

Las fianzas

Pedreira ha impuesto una fianza de 116 millones de euros a los cabecillas de la trama, de los que 85 corresponden a Correa y Crespo. Se trata de una caución de responsabilidad, cuyo objeto no es eludir la cárcel sino respaldar las cantidades que presuntamente habrían obtenido ilícitamente. El resto de fianzas son 800.000 para su mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano; 30 millones de euros para el abogado José Ramón Blanco Balín; y 650.000 para Álvaro Pérez, El Bigotes.

Los bienes embargados

A Correa sólo se le ha podido embargar una moto Suzuki que estaba a su nombre. A su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano, que también está imputada y sobre la que pesa una fianza de responsabilidad de 800.000 euros, se le ha embargado un piso y cinco vehículos de lujo (dos todoterrenos Chrysler, dos Land Rover y un Lincoln).