Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.
EP – MADRID – 01/11/2009 – 12:44
La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es ‘Gürtel’, la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como ‘trama eólica’, pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado ‘caso Faycán’, que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.
Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es ‘Gürtel’, presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.
El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, ‘Gürtel’ ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso ‘Guateque’, que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés. CORRUPCIÓN EN BALEARES
Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.
La imputación de Matas está relacionada con el caso ‘Palma Arena’ que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso ‘Can Domenge’. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.
Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de ‘Son Oms’, relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el ‘caso Scala’, que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).
Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso ‘Zerrichera’ llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.
Palau de la Música
En Cataluña, la operación ‘Pretoria’ en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
Castro Rei
Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.
Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.
En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.
En los años ‘90, la cuestión del lavado de dinero, las plazas financieras offshore y otros paraísos fiscales movilizaba a la “comunidad internacional”. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 el tema pasó a un segundo plano, desplazado por la lucha contra la financiación del terrorismo. Así se preservan zonas oscuras dentro del sistema financiero controlado por Estados Unidos, para único provecho de los países ricos.
En el año 2000 la movilización internacional contra las plazas offshore estaba en su apogeo. El Foro de Estabilidad Financiera (creado por el G-7), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) habían difundido, casi simultáneamente, listas de países y territorios que incurrían en prácticas cuestionables en materia de estabilidad financiera, fraude fiscal o lavado de dinero.
Sin embargo, poco tiempo después quedó en claro que esta convergencia temporal encerraba más retórica que voluntad de terminar con las prácticas denunciadas. Sólo el GAFI siguió adelante con la lista negra que habla elaborado, partiendo de 15 países y territorios “no cooperativos” (PTNC) en la lucha antilavado, pero progresivamente fue reduciendo esa lista, que hoy contiene apenas tres nombres.
¿La lucha antilavado dio, entonces, resultados tangibles, lo que justificaría un cierto relajamiento? En verdad. nadie puede decirlo, porque las políticas instauradas bajo los auspicios del GAFI nunca pudieron ser evaluadas en términos de eficacia.
PARAISO FISCAL: Se califica de paraíso fiscal a aquel territorio o estado donde ciertos impuestos son muy bajos o no existen. Entre los existentes, diferentes jurisdicciones tienden a ser paraíso para distintos tipos de impuestos y para diferentes categorías de personas y compañías.
Una forma en la que una persona o compañía aprovecha un paraíso fiscal es trasladándose o haciéndose residente a efectos fiscales del mismo. Otra forma es establecer una entidad jurídica separada o subsidiaria (una compañía extraterritorial —offshore—, de fideicomiso o fundación) en el paraíso fiscal. Los activos se transfieren a la nueva compañía o entidad de forma que los beneficios puedan ser realizados o las rentas cobradas en el paraíso fiscal.
Que toda esta elusión o evasión de impuestos no sea siempre totalmente limpia depende de la legislación de los países involucrados y de las circunstancias particulares de las compañías o individuos implicados.
Muchos países tienen leyes que dificultan a sus residentes poseer una compañía (o realizar inversiones) en un paraíso fiscal sin pagar impuestos en él o en el país en el que residan. Por ejemplo, los ingresos o ganancias procedentes de una compañía extraterritorial o de inversión pueden atribuirse a efectos fiscales al dueño o inversor bajo el régimen de CEC u otras leyes similares. Aunque muchos países también tienen tratados fiscales bilaterales que evitan a sus residentes pagar impuestos dobles (si bien típicamente el mayor de los tipos de impuesto cobrado en los dos países se adeuda), pocos países tienen tratados con los paraísos fiscales.
Aunque los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un vuelco en la lucha por el saneamiento del sistema financiero, ese viraje adoptó una dirección inesperada. Hubiera parecido lógico que las fallas del sistema bancario y financiero occidental —que permitieron que los terroristas financiaran sus operaciones— fueran auditadas con seriedad. en especial los paraísos bancarios y fiscales utilizados por Al-Qaeda o las organizaciones criminales. La ocasión parecía perfecta para instaurar reglas internacionales comunes que terminaran con las prácticas de las estructuras offshore incansablemente denunciadas, detrás de las cuales operan todas las maniobras de ocultamiento.
Luego de adoptar dispositivos de vigilancia real, en octubre de 2001 Estados Unidos se apresuró a votar la Patriot Act, que coloca al sistema bancario y financiero bajo su control, y obliga a los bancos de todo el mundo que se relacionan con él a garantizar la transparencia de sus estructuras y operaciones financieras.
ZONAS FRANCAS: Existen alrededor de 250 en varias decenas de países, sin contar las zonas parcial o temporalmente desfiscalizadas.
América Latina México, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Guyana francesa
Asia China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, Turquía
Europa Irlanda, Francia (alrededor de 40, entre ellas Dunkerque y La Seyne-sur-Mer)
Paraísos Bancarios Fiscales y Judiciales:
América del Norte: Bermudas Estados Unidos (Colore Delaware, Miami, Nueva Jersey, Nueva
América Central:Belice Costa Rica Guatemala Panamá Caribe Anguila Antigua y Barbuda Antillas holandesas (Curaçao) Aruba, Bahamas Barbados Islas Cáimán Dominica, Granada Saint-Kitts y Nevis Santa Lucía Saint Martin Saint Vincent y Granadinas Turcas y Calcos Islas Vírgenes británicas América del Sur Uruguay
Europa: Andorra Islas anglonormandas (Jersey, Guernesey) Campione (Italia) Islas Canarias City londinense Chipre Estonia Gibraltar Hungría Irlanda Letonia Liechtensteir Lituania Luxemburgo Madeira Isla de Man Mónaco Malta Rusia San Marino Suiza Ucrania Vaticano
Medio Oriente y Estados del Golfo: Arabia Saudita Bahrein Dubai Emiratos Arabes Unidos Israel Líbano
África:Egipto Liberia Marruecos Nigeria Túnez
Principales Plazas Financieras: Amsterdam Bahrein Islas Caimán Chicago Franctort Ginebra Hong Kong Londres Luxemburgo Milán Montreal Nassau Nueva York ParísSingapur Sydney Tokio Toronto Zurich
Organizaciones Delictivas Transnacionales:
Estados Unidos: Cosa Nostra (40.000 miembros, 25 familias)
Hong Kong:Triadas – Federación Wo (40.000 miembros, 10 clanes), 14 K (25.000 miembros, 30 clanes), Sun Yee Qn (50.000 miembros).
Otros países involucrados:Canadá, México, Jamaica, Turquía, Albania, Kosovo, Chechenia, China, Taíwán, Nigetia, Israel, países del Cáucaso y Asia Central (valle del Ferghana).
PRIORIDAD AL TERRORISMO:
Aunque haya apuntado bien a las fallas del sistema financiero, esta política presenta dos inconvenientes. Por una parte, al concentrarse en la lucha antiterrorista, no se ocupa específicamente del saneamiento de las plazas financieras ni tampoco de la lucha contra la delincuencia mafiosa.
Por otra parte, el sistema fue instaurado unilateralmente por Estados Unidos, que controla todas las informaciones recogidas. En cuanto a los resultados de la lucha antiterrorista, las evaluaciones del dispositivo así impuesto al resto del mundo son muy criticas, y también se cuestiona su eficacia global en términos económicos.
En efecto, Estados Unidos no quiso terminar con las zonas oscuras del sistema financiero. Los paraísos bancarios y fiscales conservan la mayoría de sus atributos. Los que presentaron una enconada resistencia tuvieron dificultades, y los que aceptaron someterse a un creciente control lo hicieron para preservar sus prácticas de ocultamiento.
Para Estados Unidos, la lucha antilavado ya no es prioritaria, a menos que esté vinculada con las actividades terroristas. Por otra parte, los servicios que ofrecen los paraísos bancarios y fiscales tradicionales enfrentan la competencia de países que no son calificados como tales: el Reino Unido y Estados Unidos en particular, a través de las trabas que ponen a la cooperación judicial, mantienen deliberadamente la opacidad jurídica y financiera.
Eso no impide que Estados Unidos, en nombre de la lucha contra la financiación del terrorismo, ejerza considerables presiones sobre los sistemas financieros que escapan en mayor o menor medida a su dominio. Se trata, por un lado, de sistemas alternativos informales de compensación, del tipo “hawala”, extendidos por todo el Tercer Mundo y las diásporas; por el otro, de bancos islámicos que efectivamente funcionan de manera muy hermética.
Si bien es verdad que esos circuitos financieros que manejan importantes capitales son tan impenetrables como el sistema occidental, desde 2001 están mucho más estigmatizados que este último.
La lucha contra el lavado de dinero, concentrada ahora en la financiación del terrorismo, aparece, entonces, como un medio de preservar zonas oscuras dentro del sistema financiero que benefician sólo a los países ricos y obligan a los países del Tercer Mundo a integrarse a él.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar «innecesarias dilaciones». En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación. Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el Juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados; así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos.
El Ministerio Público también pide que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados para, en su caso, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas.
En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide asimismo que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aun no han declarado; así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. . (EUROPA PRESS) –
Las personas de la trama:
Laura Gómiz Nogales
Presidenta de Invercaria, nombrada por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en julio de 2010. Ocupó la dirección general de esta misma entidad antes de ser nombrada presidenta. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad como directora financiera del grupo Bogaris y directora general de División Agroindustrial en dicho grupo (anteriormente denominado Detea). Pertenece a los consejos de administración de varias empresas participadas por Invercaria. Fue concejal suplente elecciones 2007 por el PSOE en Alcaracejos (Córdoba). En la grabación trata de convencer a un subordinado para que elabore informes falsos que justifiquen las ayudas otorgadas ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Reconoce que estas se han repartido sin seguir procedimiento alguno.
Cristóbal Cantos Sánchez
Exdirector de Promoción Invercaria. En la grabación se niega a elaborar dichos informes falsos, lo que encrespa a la presidenta de este organismo, que le acusa de «no valer» para trabajar en Invercaria.
Antonio Valverde Ramos
Director general de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Economía e Innovación), a la que pertenece Invercaria. Hombre de la confianza de Griñán, con quien coincidió en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ya que cuando Griñán era consejero (de 2004 a 2009), Valverde fue director general de Fondos Europeos. En la grabación Laura Gómiz asegura que está al corriente de todas las irregularidades, de las que resalta que le ha informado personalmente. «¡Joder Cristóbal!», señala Gómiz, «¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí?». IDEA es la agencia pública de la Junta de Andalucía que recibía y gestionaba el dinero de la Consejería de Empleo para los ERE fraudulentos que investiga la Justicia. Según la presidenta de Invercaria, la agencia está realizando informes con fecha anterior para justificar las ayudas.
Tomás Pérez Sauquillo
Presidente de Invercaria desde su constitución en abril 2005 hasta marzo 2010. En la grabación la actual presidenta alude a irregularidades en su gestión y afirma que «ha dado dinero muy alegremente».
Manuel Rodríguez Rodríguez
Desde el año 2005 hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director de inversiones de Invercaria y es miembro del consejo de administración de varias sociedades de alto componente innovador. Laura Gómiz insinúa en la grabación que está realizando los informes falsos. «Hay cosas que a Manolo Rodríguez lo voy a poner para que haga determinados… para que haga… ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema de la auditoría».
Consejo de administración
Según Laura Gómiz, el consejo de administración de Invercaria estaba al tanto de las irregularidades. Entre sus integrantes figuran importantes cargos de la Junta de Andalucía, muy próximos a los consejeros. Además de Antonio Valverde, de IDEA, están Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco Alvaro Julio, gerente de las Fundación Andalucía Emprende; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Francisco José Oyonarte Molina, ex secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía bajo la presidencia de José Antonio Viera, y Antonio Fernández, implicados en el caso de los ERE.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha pedido valorar más los esfuerzos de los diputados frente a «algunas pequeñeces que no conducen a nada», en referencia a la exigencia de más transparencia en la Cámara Baja.
En declaraciones a ABC Punto Radio, ha asegurado que «cualquier diputado ha cobrado en 2012 entre un 12 y un 15% menos de lo que cobraba en 2007 en euros nominales», tras ser cuestionado por el motivo de la no publicación de los costes de los viajes de los parlamentarios en la web del Congreso.
Este mes de diciembre, la Mesa del Congreso dio luz verde a informar sobre el destino de los viajes, el programa de actividades, la composición de las delegaciones y las conclusiones de ese trabajo. Aunque no se conocerá el coste de los mismos. «Es un mal enfoque decir que se tiene que contar todo para que el ciudadano confíe -ha valorado Posada-. La transparencia no va por ahí».
A juicio de Posada, lo más importante es que se administre bien el dinero de los ciudadanos, centrarse en «lo que es mejor para la población: hacer buenas leyes». «No se trata de si gastamos un poquito más o un poquito menos, sino si de hacemos buenas leyes o llegamos a consensos. La discusión política tiene que estar ahí más que en el asunto» de la transparencia, ha defendido el presidente del Congreso.
Búsqueda de consensos
Precisamente, Posada ha aludido a la necesidad de consensos cuando ha sido cuestionado por la reforma del Poder Judicial, que sigue dejando en manos del Parlamento la elección de los miembros del CGPJ, tal y como quería el PSOE. «El consenso implica ceder en cosas importantes.Me gusta que haya habido consenso sobre el CGPJ», ha señalado Posada.
Este tipo de acuerdos deben ocurrir en los temas de «gran trascendencia política», que no es más que lo que pidió el Rey en su mensaje navideño, ha proseguido el presidente del Congreso: «Cualquier político se ha tenido que dar cuenta de que es más difícil conectar con los ciudadanos, pero el propio Rey indicaba el camino para resolverlo en su mensaje».
Respecto a la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat, donde se ocultó con una cortina el retrato de Don Juan Carlos, Posada ha reconocido que no le parece una «cosa nimia»: «No me gusta en absoluto que se tape el retrato del Rey con un trapo, pero no me hubiera ido».
Sobre Cataluña, Posada se ha mostrado convencido de que se cumplirá la ley ante el desafío independentista de Mas. «Frente a desafíos que pueden salirse de la legalidad, lo que hay que hacer es aplicarla», ha subrayado.
Una Ley aprobada por José María Aznar permite que los sindicatos no paguen ni un solo euro a Hacienda por su actividad económica
La Ley 49/2002 establece que puedan realizar actividades económicas no exentas como asesoramientos y ventas de productos siempre que no excedan del 40% de los ingresos totales de la entidad
Las cuentas de resultados de las organizaciones sindicales incluyen ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas
La futura Ley de Transparencia también les excluye de toda obligación de información.
Los ciudadanos han visto como se ha disparado su presión fiscal en los últimos meses y parece esfumarse la esperanza de que parte de estas subidas sean temporales. Pero no sólo ellos, los autónomos y especialmente las pequeñas empresas también han visto como la presión fiscal les ahoga, sin que hayamos visto que Sindicatos se manifestaran por ello, quizá una de las razones es que los sindicatos están libres no sólo de estas subidas si no de cualquier impuesto.
Los sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, al considerarlas como entidades sin ánimo de lucro, gozan de numerosos prerrogativas fiscales que los mantienen lejos de estas subidas. Este trato de privilegio hacia las entidades sin fin de lucro está regulado en la Ley 49/2002, aprobada durante el segundo mandato de José María Aznar.
Esta Ley establece que las organizaciones de carácter civil reconocidas como tales por el Gobierno quedan exentas de liquidar los impuestos que gravan la actividad económica, y ello a pesar de que sindicatos y patronal, manejan importantísimas cantidades de dinero público procedente del bolsillo de todos los contribuyentes, sin que ningún sólo euro revierta a Hacienda.
La Ley 49/2002 establece una serie de requisitos para que las entidades sin fin de lucro declaradas de utilidad púbica como son los sindicatos puedan evitar el pago de impuestos, unos límites muy generosos que permite que puedan acogerse sin problema. Así mientras impide «el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria«, ya que si no deberían liquidar impuestos, si permite realizar estas actividades ajenas “si no excede del 40% de los ingresos totales de la entidad”. Es decir puede prestar servicios de asesoría, vender productos o realizar cualquier otra actividad económica sin pagar impuestos, a condición de que el importe total de lo ingresado por tales actividades no exceda del 40% de sus ingresos totales. Si el Estado le inyecta aproximadamente un 50% de sus ingresos vía subvenciones, el negocio está servido, ya que por el resto de actividades estarán exentos.
Aunque también están exentos de hacer públicos sus resultados, Comisiones Obreras informaba de sus números de hace tres ejercicios, reconociendo unos ingresos de 445 millones de euros, de los cuales 168 millones procedían de sus afiliados pero 62 millones a operaciones internas entre las que están labores de asesoramiento pero también ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas, los 215 millones restantes subvenciones entre las que destacan los programas de formación.
La no transparencia de los sindicatos
Además de no tributar por su actividad económica, sus privilegios van mucho más allá. Los ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles no son considerados como una explotación económica y por tanto escapan al control del fisco. De hecho, no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dado que las haciendas locales también los han declarado exentos del pago de ese impuesto. Aunque en muchos casos, ni siquiera sería necesario hasta la sede principal de UGT es propiedad del Estado y cedida para su uso. Las cuotas de los afiliados, las donaciones recibidas (incluso las patrimoniales) o las subvenciones concedidas por organismos públicos también quedan expresamente fuera del impuesto de sociedades e incluso las rentas procedentes del patrimonio mobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses y cánones.
Por si fuera poco la futura Ley de Transparencia les excluye de cualquier obligación de informar, un caso extraordinario si tenemos en cuenta lo que ocurre en países de nuestro entorno (Francia, Italia, Reino Unido…) que si suelen excluir a los partidos políticos de sus normativas de transparencia pero no a los sindicatos, y lo peor es que los partidos mayoritarios apoyan que sea así. (UPyD) presentó el 11 de octubre una enmienda de totalidad a la Ley de Transparencia por dejar fuera a partidos, sindicatos, patronales, la Casa del Rey, los organismos constitucionales y, en general las entidades que reciben ayudas públicas, una enmienda que no tiene ningún viso de éxito.
Los sindicatos CC.OO y UGT viven de VENDER a los trabajadores a cambio de beneficios para ellos.El único sindicato que no tiene liberados,subvenciones,cursos y vive EXCLUSIVAMENTE de la cuota de sus afiliados es la CNT.
Los sindicatos tienen una función muy importante y todo eso está muy bien en teoría. Pero también es cierto que en los últimos años Toxo y Méndez, no digo que no hayan hecho nada, pero sí bien poco. Y no sólo lo dice gente que bebe de la información de la derecha mediática, sino que el propio Julio Anguita ha criticado a CCOO.
La prensa anglosajona castiga la imagen de España, según un estudio de Elcano.
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La imagen de España sigue por los suelos. Pese a los esfuerzos del Gobierno de Mariano de Rajoy de proyectar una ‘marca España’ positiva, la crisis económica española y la complicada situación de los bancos atrajeron la atención de los medios de comunicación extranjeros este verano y no para bien. A través prensa anglosajona se ha ofrecido una visión «negativa y parcial» del país, mientras franceses y chinos apostaban por una imagen positiva. Esta es la conclusión del estudio que ha realizado el Real Instituto Elcano tras analizar una quincena de medios y su cobertura de España a lo largo de junio y julio, fechas en las que el país aparecía irremediablemente asociado a la crisis bancaria y financiera.
Al margen de alguna alusión a la selección española de fútbol o al rey, todas la noticias se centraban en la economía y las palabras más utilizadas junto a «España» fueron «bancos», «billón», «rescate», «bono» o «euro». Los bancos y el rescate han tenido una clara omnipresencia en los medios extranjeros y en general la imagen española se ha proyectado bajo una «luz crítica», al hacerse hincapié en la relación del Estado y las entidades financieras en el «boom» inmobiliario.
La segunda idea con más peso en el discurso periodístico, según el estudio de Elcano, es la falta de transparencia de la que adolecen España y sus políticos, con dos focos de atención clave: el caso Bankia y la petición de rescate de las comunidades autónomas. La ayuda a los bancos ha reflejado la disparidad de visiones y, así, mientras que diarios como Le Monde o China Daily han interpretado el rescate en clave positiva, medios anglosajones como The New York Times o The Wall Street Journal, y el diario argentino La Nación, han insistido en su preocupación por el aumento de la deuda y por la capacidad de España para asumirla.
Según estos medios, la situación española era tan grave que la ayuda sería insuficiente, y llama la atención que esta idea persistiera incluso después de conocer los informes de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, que señalaron que las necesidades de los bancos serían muy inferiores a los recursos disponibles. La mayoría de los medios hablan de una crisis europea, no sólo española, y han criticado las medidas de austeridad y los recortes, sobre todo por contradecir el programa con el que el PP ganó las elecciones, punto denunciado con especial énfasis por el francés Le Monde, a pesar de su discurso positivo sobre España.
El discurso negativo que predomina en los medios británicos, estadounidenses y argentinos sobre España sólo se diferencia en que las dos últimas nacionalidades mantienen una postura muy crítica sobre la unidad política y económica europea, mientras que diarios y agencias del Reino Unido hacen más hincapié en el «lastre» que supone el Sur de Europa para el Norte. En general, las informaciones rezuman «desconfianza» hacia España y hacia las medidas para reestructurar su sistema financiero, que se ven «insuficientes». Los bancos se describen además «bajo una óptica de riesgo» por su implicación en la burbuja inmobiliaria, «poco transparentes y mal gestionadas», un análisis en el que destacan el caso de Bankia.
Frente a esta imagen, los medios franceses y chinos ofrecen un discurso «más aséptico e incluso positivo», dan una menor importancia a las agencias de calificación de riesgo y a los inversores y prestan más atención a las medidas adoptadas por la UE y por España. Tras este análisis, el Instituto subraya la necesidad de prestar atención a las informaciones que ofrecen los medios extranjeros y «hacer un llamamiento a la objetividad» por su capacidad de minar la imagen exterior del país como formadores de opinión.
‘NYT’, un país en ruina
Un de los periódicos que más duro ha sido con España ha sido el New York Times. Este diario dibujó a España como un país donde reinaba la austeridad y el hambre a través de un álbum demoledor. Desahucios, comedores sociales, revolución social… y hasta quince dramas en blanco y negro que coincidieron con la visita del presidente del Gobierno y del Rey a Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos días, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha indicado que la imagen de España ha mejorado en 2012 en todo el mundo, salvo en Japón, país en el que durante el próximo año el Gobierno organizará toda una serie de actividades con el objetivo de superar esta excepción. Por eso, añadió, las iniciativas que hasta la fecha ha puesto en marcha el proyecto de Marca España intentan poner en valor aquellas fortalezas de nuestro país quizás no tan conocidas, como el liderazgo de nuestras empresas en sectores como las energías renovables, la alta velocidad o la gestión del tráfico aéreo.
El COE se quejó a Urdangarín porque lo puenteó para hacer un negocio
El duque de Palma pidió al Comité Europeo que le ayudara en unos juegos en Valencia.
Iñaki Urdangarín, durante los Juegos Olímpicos de
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, se sintió puenteado por Iñaki Urdangarín en sus funciones institucionales y en las relaciones internacionales de su organismo y se lo comunicó al yerno del Rey por escrito. El duque de Palma gestionó, como uno más de sus negocios, el proyecto (finalmente frustrado) de los Juegos Europeos 2010 para la Comunidad Valenciana, un proyecto por cuyas gestiones cobró 382.000 euros.
Blanco se consideró “fuera de juego” por los contactos y las conversaciones que el duque de Palma entabló con el presidente del Comité Olímpico Europeo, Mario Pescante. Tras el reproche de Alejandro Blanco, Iñaki Urdangarín reconoció la existencia de “posibles malentendidos”.
En el sumario del caso Palma Arena se incluye la documentación sobre los proyectos del Instituto Nóos, presidido por Urdangarín, sobre el evento de Valencia. Los proyectos fueron elaborados en 2005 y las cartas enviadas y recibidas por Urdangarín en las que consta la polémica sobre competencias y jerarquías olímpicas están fechadas a finales de ese año e inicios del siguiente.
Alejandro Blanco, presidente del COE (cargo al que aspiró el esposo de la infanta Cristina), fue advertido por el presidente olímpico europeo, Mario Pescante, de las propuestas que le dirigió el duque de Palma y le remitió una copia de la carta de este.
Urdangarín presentó a Pescante el proyecto de Valencia y reclamó su ayuda en las instancias internacionales, con carta personal, sin especificar su rol de gestor empresarial al frente del Instituto Nóos y con una plataforma constituida como negocio con el dinero de la Generalitat Valenciana.
Blanco replicó por carta al esposo de la infanta Cristina: “Sólo te pido que, si tienes que hacer alguna gestión en la que este Comité Olímpico Español o yo podamos estar involucrados, me la comuniques para no estar en fuera de juego”.
El COE era elemento clave del proyecto por el que Nóos presupuestó un plan de trabajo y una oficina de los juegos cuyos gastos de ejecución cifró en cuatro millones de euros.
En la primera carta a Urdangarín, Alejandro Blanco anotó: “Me ha sorprendido este escrito (el de Mario Pescante), toda vez que no tenía constancia del que tú le habías enviado y que ha motivado esta respuesta (…) mucho te agradecería ser informado de los escritos que dirijas al respecto a los organismos internacionales”.
El duque de Palma se excusó ante Blanco asegurando que el anuncio se precipitó por “la premura” de las autoridades valencianas en dar cuenta de su proyecto, “al efecto de solventar posibles malentendidos que hayan podido producirse”. “Espero entiendas y comprendas la naturaleza de la actuación puesta en marcha”, añadió Urdangarín.
Urdangarín consignó que se efectuaría la “prospección por el Instituto Nóos de la viabilidad del lanzamiento de la candidatura” y que se contactaría con “todas aquellas instancias que tengan capacidad para generar opinión favorable en el entorno de las diferentes decisiones”. En este sentido, dio “ascendencia” al rol de Mario Pescante al frente del Comité Olímpico Europeo.
Los Juegos Europeos de Valencia 2010, para los que Nóos indicó que se debían invertir 450 millones en instalaciones, no contaron con la anuencia de otros comités olímpicos y de las federaciones deportivas internacionales. Nóos ideó el evento para contribuir a “una construcción europea sostenible y humanista con un respeto medioambiental permanente”, desde una Comunidad Valenciana “humanista”.
Urdangarín firmó a través del instituto Nóos con la empresa pública valenciana Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, creada para “coordinar y ejercer una dirección estratégica de las acciones de promoción y difusión de la imagen de la Comunidad Valenciana”. El contrato fue suscrito, en su condición de consejero de Presidencia, por Esteban González Pons, que está citado como testigo por el juez del caso Palma Arena.
Urdangarín fijó la primera tarifa dE NOOS en 181.000 euros, más gastos e IVA
Jaume Matas, no habría contratado nunca para alguna de sus empresas a Al Capone, por considerar, que no tenía el nivel suficiente de experiencia que él estaba acostumbrado a contratar. Según últimas informaciones de la «Cosa Nostra», no sé si están esperando que termine toda esta «puesta en escena judicial» de todo lo referente a Jaume Matas, para ofrecerle un suculento contrato como asesor económico. Veremos que contesta.
Damián Vidal
Nueva condena -a pena de cinco años de cárcel- por un episodio probado de corrupción en la época del Gobierno balear del presidente Jaume Matas (2003-2007), del Partido Popular. El exdirector gerente de la empresa pública regional de tecnologías Bitel, Damián Vidal, ha sido condenado por la Audiencia de Palma a una pena de cinco años de cárcel, como autor del delito de malversación de medio millón de euros de caudales público, fraude a la Administración y cohecho
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que en 2008 abrió la causa –con la detención de Vidal-, tras una denuncia del anterior Gobierno balear del PSOE, pidió para el reo hasta 12 años de reclusión carcelaria e inhabilitación, más una indemnización de 569.000 euros y una multa de 141.274 euros. Horrach acusó a Vidal de los mismos delitos por los que ha sido condenado.
Damián Vidal es profesor en la Universidad de la islas Baleares (UIB), especialista en ingeniería y seguridad de programas y sistemas. Ha sido condenado tras probarse que cargó gastos privados a las cuentas público, se dio sobresueldos, usó la tarjeta para gastos injustificables, cobró comisiones y efectuó adjudicaciones a sus propios socios que reconocieron los hechos.
El condenado se defendió asegurando que su cargo era privado –no público- que es un enfermo bipolar obsesivo, afectado de un complejo de inferioridad ante la familia de su ex mujer y, por ello, quiso ser capaz de diseñar un submarino, estudiar más carreras universitarios y traducir códices medievales, para ostentar la herencia propiedad del castillo medieval de su familia, en Santueri, Felanitx, Mallorca.
Matas puso al frente de Bitel –en cuyo capital participó Telefónica- a Damián Vidal tras haber actuado como perito de la defensa de su parte en un caso judicial de espionaje electrónico a los correos de un cargo del PSOE desde el ordenador de Presidencia. Por este caso se juzgó y absolvió, por falta de intencionalidad, a dos asistentes de Matas que no se sentó en el banquillo –era ministro- al ser amparado por la cúpula de la Fiscalía general contra el criterio de los fiscales en Palma.
Antes del juicio Damián Vidal descartó un pacto posible pacto de conformidad con la Fiscalía, de colaboración con la justicia para rebajar hasta cuatro años y medio la posible condena. Después negoció otra rebaja por retorno de fondos distraídos que tampoco cuajó. El presidente de la Sala que firma la sentencia, Eduardo Calderón, abandona el tribunal y pasa a un juzgado ordinario, saturado de trabajo, como otros cuatro magistrados que salieron de la Audiencia para ocupar empleos de rango inferior.
Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad…
¿Todo por la deuda?
Estamos en crisis y no existe otro discurso para salir de ella que el de recortar y continuar recortando los presupuestos del Estado destinados a fines sociales. El motivo de tal austeridad, según apunta el discurso dominante, es el alto nivel de endeudamiento del Estado español, motivo que comparte con el resto de países de “segunda” de la zona euro.
Hemos visto, durante estos años de crisis, cómo las agendas de nuestros políticos estaban repletas de reuniones y más reuniones; cómo los dirigentes europeos declaraban la urgencia de crear medidas de estabilidad del euro; cómo se llamaba al orden a ciertos países y cómo la presión político-mediática legitimaba continuos gestos antidemocráticos como la imposición de gobiernos tecnócratas no elegidos democráticamente (golpes de estado en Grecia e Italia) o nuestra reciente reforma exprés de la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011, que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. En otras palabras: el pago de la deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la deuda y sus intereses -en detrimento de sueldos, pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social- hasta que no se haya cubierto totalmente dicho importe. Y además, se prohíbe su negociación o repudio.
Así pues, el dinero de nuestros impuestos no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nunca fuimos conscientes sin poder opinar o participar. Una deuda apuntada como el mayor de los problemas y de la que nos hacen responsables directos y nos obligan, por constitución, a saldar. Una deuda que obliga a recortar nuestros servicios públicos y que nos condenará al mayor de los desamparos sociales. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría para determinar su legitimidad. Una deuda que ha establecido una nueva política de gobierno y un nuevo orden de prioridades presupuestarias.
Frente a todo esto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la verdad que esconde la deuda? Para descifrarlo, hagamos un repaso de la historia de la deuda y veamos cómo se acabó imponiendo este régimen económico llamado Deudocracia.
¿Cómo se ha llegado a vivir en Deudocracia?
Para empezar, debemos decir que la crisis actual no es nueva. El sistema capitalista en el que ya llevamos viviendo más de un siglo, ha generado, a lo largo de su historia, otros episodios de crisis tan duras como la actual. Y es menester decir que estas épocas de crisis han servido para que el sistema capitalista se refundase bajo otros parámetros o ejes de actuación. De hecho, el capitalismo vive de estas épocas de crisis, pues al estar basado en el crecimiento competitivo (producir más y vender más para obtener más y crecer más), y dado que este no puede ser infinito (hay, entre otros, un límite ecológico, pues el planeta no puede ofrecer infinitos recursos), necesita de una destrucción para poder volver a crecer y volver a restablecer, de nuevo, el campo de juego. De nada sirve, entonces, buscar soluciones a la crisis si no se construye una alternativa al sistema económico capitalista. Una alternativa, todo hay que decirlo, que no la encontraremos en el crecimiento y consumo que tanto defienden las escuelas tradicionales de economía, ¿todos debemos crecer y consumir para salir de la crisis? Está claro que las soluciones crecentistas no harán más que encaminar la sociedad a una destrucción irreparable del planeta.
Centrándonos en las causas de esta crisis, y para entender por qué se habla de una crisis de la deuda o por qué la deuda se ha convertido en el eje central de todas las reformas antisociales que estamos viviendo, es aconsejable entender cómo hemos llegado a esta situación de dependencia. Veamos cómo fue creciendo el endeudamiento tanto público como privado:
1ª Etapa: Antecedentes
En los 70 hay una crisis mundial generada, principalmente, por la subida del precio del petróleo (provocada por EEUU y seguida por los países árabes) y por la subida de las tasas de interés sobre los préstamos en EEUU, que afecta tanto a endeudados como a Estados.
Esta crisis marca el inicio de una nueva etapa: el Neoliberalismo. Una etapa que establece tres ejes básicos que, a la vez que dotan de un poder casi autoritario a las instituciones y entidades financieras, afectan muy negativamente al ingreso de dinero de las familias y el Estado:
Liberalizar el capital (quitar todas las barreras posibles a la libre circulación del capital), lo que promocionó el auge del sistema financiero por apoyarse en una tecnología que facilitaba la libre circulación (Internet).
Reducir el poder de control de los Estados sobre el mercado, lo que conlleva privatizaciones estatales y política fiscal regresiva (reducción de impuestos, sobre todo a grandes empresas). Un eje que afecta, directamente, al ingreso de dinero de los Estados (el dinero que se invierte en servicios sociales, infraestructura… etc).
Flexibilidad laboral, o lo que es lo mismo, presión para establecer unos trabajos precarios y peor remunerados. Esto afecta directamente al ingreso de dinero de las familias (el poder adquisitivo de la población española ha disminuido un 8% en los 10 años previos a la crisis).
2ª Etapa: Disminución de los ingresos
Debido a las medidas neoliberales impuestas a raíz de la crisis de los 70, las familias y los Estados dejaron de ingresar mucho dinero pese a mantener un creciente nivel de gastos (los precios y el consumo no dejan de subir). Esto llevó a ambos agentes a una situación de déficit (déficit es una diferencia negativa entre ingresos y gastos, es decir, cuando gastas más de lo que ingresas).
Por tanto, una de las cosas que hay que desmentir es que el déficit del Estado haya venido provocado por un malgasto o “mal uso” de nuestros servicios sociales. Si el Estado ha incurrido en un déficit es, principalmente, por la disminución de ingresos del Estado a cuenta de la disminución de los impuestos (sobre todo de grandes empresas y familias ricas) y de las privatizaciones de las empresas públicas.
Situación de déficit de un Estado:
El descenso de ingresos provocado por la disminución de los impuestos y las privatizaciones han sido compensados con el aumento de los impuestos indirectos como el IVA (un impuesto injusto por tener que pagarlo por igual todos los ciudadanos sin tener en cuenta el nivel de ingresos)
Bajo esta política neoliberal de dar más libertad al capital y reducir el papel del Estado como recaudador social, España es de los países de la UE que menos recoge en impuestos:
Ingresos fiscales por países en porcentaje del PIB nacional en 2010.
España contaba con un impuesto de sociedades para grandes empresas del 35% y, en plena crisis, se rebajó al 30% (según fuentes de la AEAT y la CNMV, las grandes empresas que cotizan en el IBEX35, tributan de media un 18%). El Estado dejó de ingresar en los 7 años anteriores a la crisis, por la rebaja fiscal a grandes empresas, 28.000 millones de euros, cifra que contrasta con los 15.000 que recortó Zapatero y los 40.000 que tiene previsto recortar Rajoy en 2012. Y no hay que olvidar la escandalosa cifra que supone el fraude fiscal en España: las organizaciones profesionales de inspectores de Hacienda ofrecen el dato de 70.000 millones de euros anuales (los recortes para el periodo 2010-2013 serán de un total de 50.000 millones de euros).
A pesar de estos factores, como la tendencia impuesta por el capitalismo era de la de un crecimiento basado en el consumo, en el mundo desarrollado se implantó el sistemacrediticio (o de la deuda) durante de los 70, 80 y 90. Este planteamiento crecentista, se pudo dar gracias a la promoción de dinero llevada a cabo por las entidades financieras, que son quienes obtienen beneficios con el movimiento y el préstamo del capital.
Este mecanismo afectó negativamente a todos los agentes posibles:
Bancos: Para dar créditos se tienen que endeudar con otro agente.
Empresas: El recurso fácil de crédito inundó de deuda las empresas al establecer el crédito como política de crecimiento.
Familias: Debido a la pérdida de poder adquisitivo y la promoción de crédito, las familias cayeron en la trampa de la codicia y fueron víctimas participantes del boom inmobiliario.
Estado: La pérdida de ingresos por la política neoliberal (intentada compensar con impuestos indirectos) generó un desequilibrio negativo entre estos y los gastos (déficit). Este déficit se solventó con endeudamiento en forma de crédito y de venta de bonos.
En el estado español, este endeudamiento dio rienda suelta a gastos inútiles en tema de infraestructuras (aeropuertos innecesarios, un TAV ineficiente…) y se promovió de una manera desorbitada la vivienda: se construyeron más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntas, a los precios más altos del mundo teniendo en cuenta los sueldos de los ciudadanos. Muchos se enriquecieron especulando, pero gran parte del dinero no volverá a existir. Gran parte de este dinero está enterrado en construcciones inacabadas (del orden de 1.500.000)
En el Estado español, el déficit fue contrarrestado por la promoción de la vivienda.Para entender el boom inmobiliario:
3ªEtapa: Aumento de los gastos
Con la crisis del 2007-2009, llega la etapa de los rescates:
Al sector inmobiliario: Se le conceden 20.000 millones de euros en los primeros compases de la crisis.
Al sector bancario: las ayudas a la banca, que supuestamente amenazaba con colapsar, supusieron un desembolso por parte de las arcas públicas que, en el caso del Estado español, ascendió a 141.000 millones de euros.
El Gobierno, sin embargo, no instauróimpuestos para contrarrestar este gasto en su balance, sino que recurrió al endeudamiento.
El galopante aumento del desempleo con el consecuente aumento en el pago de prestaciones y bajada en la recaudación del IRPF, el aumento del gasto público para afrontar la crisis y el aumento de la carga del pago de la deuda por refinanciación contribuyó a que se pasase de una situación de superávit fiscal del 1’9% del PIB en 2007 a un déficit del 11’1% a finales de 2009.
En la actualidad, a nivel mundial,la deuda agregada es de 158 billones de dólares (2 veces el PIB mundial, es decir, 2 veces la riqueza que se genera a nivel mundial). De esta deuda, el 25% es pública y el 75% privada. La deuda total de los países en desarrollo, incluyendo a China y Rusia, es de 1,5 billones de dólares: un 1% de la deuda total mundial, lo que implica que el problema lo tienen EEUU, Europa y Japón.
¿Cómo se endeuda un país?
Así como las familias o las empresas se endeudan con la contracción de créditos bancarios que tienen que devolver bajo unos intereses marcados por la entidad bancaria, los países tienes 3 formas de financiamiento:
Préstamos a entidades bancarias: Igual que las familias o empresas.
Deuda Multilateral: Préstamos que se contraen con el BEI (Banco Europeo de Inversión). Muy utilizados en la construcción de grandes infraestructuras. Actualmente supone entre un 10% y un 13% de la deuda total del Estado.
Emisión de Bonos o Deuda Pública: Es la más importante, supone casi el 80% de la deuda total del Estado. Mediante este mecanismo, el país emite unos “papeles” (bonos) que vende a una cantidad determinada. Esos bonos lo compran los agentes financieros (bancos principalmente) con el compromiso que el Estado les devolverá el dinero invertido más una cierta cantidad en forma de interés. Un interés que, como veremos más adelante, aumenta a medida que se torna más difícil la situación económica.
¿Cuál es la perversión del sistema de financiación?
Es el mecanismo de emisión de deuda pública y la forma de determinar el interés a pagar por esos bonos, es lo que hace del modelo de financiamiento un sistema a todas luces ilegítimo.
Por un lado, el BCE (emisor de la moneda única europea), en base a unas leyes para controlar la inflación, se constituyó para no poder prestar dinero directamente a los países. Dicha constitución obliga a los países a recurrir al mercado secundario (el de los bancos privados) para obtener financiación. Es así como los bancos privados hacen su negocio particular: obtienen dinero barato del BCE (al 1% de interés) y lo ceden a los Estados a un interés mayor (4% o más). Es decir, el sector bancario se beneficia de la deuda emitida por los países y, teniendo en cuenta que los países, debido al modelo de financiamiento, deben recurrir a la venta de bonos para obtener dinero con el que invertir en sus gastos, los bancos son los grandes beneficiarios de la deuda pública de los países, tanto por negocio como por posicionamiento de poder.
Además, el interés que deben pagar los Estados por la deuda contraída, aumenta con la posibilidad de impago, es decir, los intereses que se le exigen a un país por los bonos emitidos son mayores a mayores dificultades económicas atraviese el país. Este aumento del interés (sinónimo de gran negocio para la banca) viene marcado por valoraciones que hacen las agencias de calificación privadas (Standars $ Pool, Moody’s, Fitch) en función de unos parámetros que ellos mismo determinan. El resultado se mide en sus valoraciones y en la prima de riesgo, que es la diferencia porcentual de lo que se paga por el bono en relación al bono alemán.
Ejemplo financiación de un país europeo con una tasa de interés por sus bonos del 5%:
Además, hay todo un mercado financiero alrededor de esta deuda que no hace más alimentar la especulación. Este mercado, tan complejo como ilógico, está compuesto fundamentalmente por los CDS (Credit Default Swaps) o los seguros de impago de la deuda pública de los países. Es decir, un banco puede comprar un bono español y, a la vez, hacer un seguro de impago por si el Estado español se declara en bancarrota y no puede pagar. En caso de default (impago) el tenedor del CDS cobrará el dinero de la indemnización. Pues bien, la perversión de los CDS está en que estos productos financieros pueden adquirirse aún sin estar en posesión de ningún bono, con lo que hay agentes especulativos (tenedores de CDS) que están muy interesados en que haya ciertos países que puedan declarar un impago de sus bonos para poder cobrar el dinero de la indemnización.
¿Cómo se ha generado la deuda en Europa?
La doctrina neoliberal, que promocionó el poder de sector financiero y la reducción de ingresos de los Estados y familias, se instaló institucionalmente en Europa a finales de los 90 y principios del siglo XXI.
La UE, en base a unas reglas insostenibles de crecimiento y consumo, se formó entre países con políticas fiscales muy dispares (mucha diferencia en el impuesto de sociedades) y con capacidades de producción muy diferentes. Esto provocó un desequilibrio en las formas de funcionar: países exportadores (aquellos con mayor capacidad de producción y tecnología) y países importadores.
Los exportadores (Alemania, Francia y los países bajos), lejos de dedicar sus ganancias a promover mejoras sociales en sus ciudadanos, empezaron a exportar su dinero en forma de créditos hacia los países importadores (era más productivo invertir el capital en el sistema especulativo-financiero que en la economía real).
Los importadores, que no podían competir con las industrias más desarrolladas (la alemana y francesa principalmente), debían endeudarse para superar sus déficits comerciales. Recurrieron a la emisión de deuda pública para financiarse. Una deuda que fue absorbida por el sistema financiero privado, tanto interno como externo, y que engrosó las cuentas y el poder de bancos y agentes financieros.
La necesidad de financiamiento de los países importadores unida a la oportunidad que tenía la banca (y agentes financieros) para ganar dinero, promocionó un sistema de endeudamiento que fue absorbido con perfecta eficacia por sociedades educadas en el sobreconsumo, en las que tener más siempre es mejor sin importar las consecuencias sociales, medioambientales o financieras. Así, mientras el sector empresarial y financiero se complace de tener colocada toda su producción, los países periféricos, como importan más de lo que exportan, tienen la necesidad de endeudarse para seguir consumiendo.
Deuda Pública: representa sólo un 16% del total y es lo que deben las instituciones públicas como el Estado, CCAA y Ayuntamientos (la proporción: 75%, 20% y 5% respectivamente).
Deuda Privada: el resto, 84% del total, es de:
Familias 21%, contraída por la población en forma de hipotecas y préstamos personales.
Bancos y entidades financieras 32%
Empresas (principalmente del sector de la construcción) 31%.
¿Quiénes son los acreedores de nuestra Deuda?
De la Deuda Pública, hemos de decir que el 55% de ella se debe a entidades financieras españolas (Banco Santander y BBVA principalmente) y que el resto es a entidades extranjeras, principalmente bancos franceses y alemanes.
Deuda pública interna en manos de bancosSantanderBBVABankiala CaixaOtros25.3%23%29.1%10.1%12.5%
Según estos Datos, es fácil adivinar por qué los presidentes del Banco Santander, del BBVA o Merckel y Sarcozy (hablando por boca de sus banqueros nacionales) estén tan interesados en que España adopte las medidas necesarias para poder saldar sus deudas.
¿Cuál es el nivel de endeudamiento de España?
Según los mensajes que nos llegan para justificar los recortes, parece que el Estado español se haya endeudado mucho, pero ¿cuál es ese nivel de deuda en comparación con otros países? ¿Estamos en una situación tan grave como para que se nos apliquen estos recortes? ¿Acaso gastamos demasiado en servicios sociales? En cuanto a Sanidad y Educación, hay que decir que España, respecto a su PIB, invierte menos que la media de la UE, de hecho, está a la cola en estas materias (un 25% menos que Alemania o Francia). Nuestra deuda, comparada con otros Estados (en relación al PIB):
Deuda Pública (azul claro), sólo la punta del iceberg.
Deuda de empresas, bancos y entidades financieras (azul oscuro).
Deuda Familiar (negro).
A día de hoy tenemos una deuda pública menor que Alemania o Francia.
De hecho, antes de la crisis, España tenía una deuda del 36% respecto al PIB (mucho menor que los compromisos de Maastrich, que la establecían en un nivel máximo del 60%). En la actualidad ha crecido hasta el 70% del PIB.
Resumiendo, el problema no es la deuda pública sino la deuda privada. Y es un problema porque el avalador de tales deudas es el Estado. Así pues, los bancos tan sólo tienen que preocuparse de ganar dinero, pues en caso de fallida, quien asumirá las pérdidas será el Estado.
La banca española está en posesión de 173.000 millones de euros en activos tóxicos (activos financieros de dudoso cobro o difícil venta e hipotecas).
Gasto (encientos demillones deeuros)Gasto socialRecortes social…Rescate inmob…Fraude fiscal a…Deuda pública …Rescate a la ba…Activos tóxicos050100150200
La propuesta de creación de un “Banco Malo”, no es más que una manera de hacer que el Estado asuma (compre) estos activos tóxicos (basura financiera) y libere a la banca de los problemas generados por sus prácticas especulativas. Por supuesto, el Estado debe asumirlo con dinero público, es decir, con dinero de nuestros impuestos.
Debemos ser conscientes, además, que la banca privada fue la principal responsable y beneficiaria de la burbuja inmobiliaria y del aumento desorbitado del precio de los pisos. Ahora, descubierto el agujero que han provocado, no se les juzga por los graves problemas causados a la población, ni se les va a obligar a asumir las consecuencias de un negocio fallido. No participamos de sus beneficios pero debemos asumir sus pérdidas. Es más, han hecho valer su poder (bajo la complacencia interesada de la clase política) para que se les dé dinero de nuestros impuestos y que no se vean afectados económicamente por su negocio en la quiebra. ¿Qué ciudadano posee tal privilegio? Esto es un golpe de Estado financiero.
El coste del rescate a los bancos está siendo trasladado a la población. Se pagan los intereses de una deuda que ha servido para rescatar a la banca y cuyos objetivos están alejados de los intereses de los ciudadanos. Los rescates no deberían ser considerados deuda pública, sino que deberían ser tratados como préstamos separados, a pagar por la misma banca y no por toda la sociedad. Es importante recordar que en 2008 no existía la denominada crisis del “endeudamiento”, pero sí la crisis de los grandes bancos.
El instrumento de endeudamiento “público” está siendo utilizado ahora en Europa como lo fue en Latinoamérica desde los años 1970: como un mecanismo de transferencia de recursos hacia el sector financiero privado. Es una manera de desfalco de recursos públicos y ahora nos toca a nosotros.
Vídeo Viviendo en Deudocracia. La deuda en los países del Norte: Aprendiendo del Sur.
¿Recortes cómo solución a la crisis?
En la situación actual las soluciones que se imponen para afrontar la crisis, no son otras que las ofrecidas por el propio sistema capitalista: Mejorar la competitividad española en el exterior para reactivar la economía. Y para que la economía vuelva a crecer y el pastel vuelva a ser grande y podamos optar a un trozo mayor, nos venden que “todos” debemos hacer un esfuerzo. Pero a estas alturas es evidente que sólo una élite se beneficia de esta estrategia. El resto, permite la degradación de sus derechos, del medio ambiente y de la calidad de vida, en pro del siempre deseado crecimiento económico y a cambio de la esperanza de no figurar en la lista del INEM.
Así, bajo la premisa de una vuelta al crecimiento para salir de la crisis, se están imponiendo dos medidas terriblemente alejadas del bien social:
1.- Rescate de la Banca: Esta medida sólo desemboca en una situación más precaria, pues al poco ingreso que tienen los Estados como herencia de la época neoliberal, debemos añadir el expolio de dinero público que supone la recapitalización del sector bancario. En otras palabras, el dinero de nuestros impuestos, con el pretexto de salvar los ahorros de la población, se está empleando para engrosar cuentas corrientes de directivos bancarios, para seguir con el negocio de compra de activos financieros y para especular en contra de las deudas de los estados europeos.
La ayuda total al sector bancario ha supuesto 141.000 millones
Ayudas al sector bancario (millones de euros)Avales bancariosAdquisición activosEsquema protecciónactivosCapitalParticipacionespreferentesconvertibles8.1%13.8%14.9%56.6%
2.- Política de austeridad (sólo sufrida por la población): La aplicación de recortes sociales no hará más que aumentar la recesión económica. Al generar más paro se reducirá la recaudación de impuestos y aumentará el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública. Y con este aumento de la deuda vendrá la calificación a la baja de las agencias de rating, el consiguiente aumento de la prima de riesgo con su aumento de los intereses de la deuda y nuevos recortes sociales.
Además, los recortes vienen acompañados de otros ajustes como reformas laborales y aumento de los impuestos (sólo sobre los trabajadores y no sobre los beneficios empresariales). Ajustes que sólo recaen sobre la población.
En esta gráfica observamos el gasto que ha hecho el Estado en diferentes ámbitos. El dinero que ha de destinarse al pago de la Deuda ha crecido en 3 años un 65%, principalmente por los rescates bancarios y el gasto social del desempleo.
El coste del rescate a los bancos está siendo trasladado a la población con la excusa del endeudamiento. Gran parte de la deuda actual son los intereses de los préstamos contraídos para rescatar a la banca. El dinero que el Estado extrae de los recortes se utiliza para saldar esta deuda, y la banca utiliza este dinero para fines alejados de los intereses de los ciudadanos. Los rescates no deberían ser considerados deuda pública, sino que deberían ser tratados como préstamos separados, a pagar por la misma banca y no por toda la sociedad. La deuda contraída para rescatar a los bancos está hipotecando nuestro futuro y el de generaciones venideras.
La política de austeridad aumentará la situación de crisis y empeorará las cuentas del Estado. Los recortes hacen perder poder adquisitivo a las familias a la vez que se privatizan servicios sociales básicos, lo que llevará a una espiral continua de pobreza y de destrucción de derechos sociales.
Tal y como está instalado el control de la deuda, un país que demuestra menos capacidad para saldarla debe pagar más por los intereses de su financiamiento (aumenta la prima de riesgo y las agencias de rating califican a la baja). Siendo esto así, el estado español, con toda la disminución de ingresos que suponen las medidas de austeridad, será calificada a la baja (crecerán los intereses) y deberá aumentar sus partidas presupuestarias al pago de los intereses de la deuda, lo que significará más recortes.
Una política basada en la deuda genera unas inercias que sólo conducen a un nivel de endeudamiento muy por encima de las posibilidades reales de las poblaciones y a la destrucción del medioambiente por la promoción de una creciente necesidad de sobreconsumo.
Es momento de luchar por nuestros derechos, por nuestros servicios sociales, pues en la dinámica de precariedad, desposesión y privatización a la que estamos siendo sometidos, lo único que nos podrá dar cobertura social no es el capital individual, si no los planes universales de garantía social; es momento de dejar de obsesionarse por hacer el pastel más grande y empezar a cortarlo bien. La salida de la crisis está en que todos tengamos lo necesario, eliminando el derroche de los que tienen más. La salida de la crisis está en repartir la riqueza y el trabajo.
¿Por qué no mejoran las cosas?
El dinero público no se destina a aliviar la situación de los que más padecen la crisis, que ven recortadas sus prestaciones sociales. Nuestros impuestos, regalados a los bancos, se están empleando para engrosar cuentas corrientes de directivos bancarios, para seguir con el negocio de compra de activos financieros y para especular en contra de las deudas de los estados europeos.
El BCE presta dinero a bancos y aseguradoras a un interés muy bajo (1%), dinero barato que invierten en comprar deuda pública a tipos de interés que oscilan entre el 3 y el 15% (como es el caso de Grecia), un negocio redondo. Es decir, las inyecciones de liquidez que el BCE dota a la banca europea para que, supuestamente, lo destinen en forma de créditos a la ciudadanía, se convierte en dinero que los Bancos invierten (por su alta rentabilidad) en la compre de Deuda Pública.
La posibilidad de que el Banco Central preste dinero a los Estados sin la intermediación de los mercados no se plantea: la propia arquitectura financiera de la unión permite, e incluso facilita, este tipo de movimientos especulativos.Y todo ello bajo la injerencia de las agencias de rating, que tras su criminal actuación en EEUU durante el estallido de la crisis, siguen siendo capaces de evaluar la solvencia de un Estado.
A ello hay que añadir la mayor recesión que provocarán los nuevos recortes. Al generar más paro, se reducirá la recaudación de impuestos y aumentarán el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública –y la prima de riesgo, que alcanza tasas de usura–, forzando más recortes y alimentando el círculo vicioso.
Los recortes vienen acompañados de otros ajustes como reformas laborales y aumento de los impuestos sólo sobre los trabajadores (y no sobre los beneficios empresariales). Se pretende mejorar la competitividad española en el exterior y así reactivar la economía. Nos venden que “todos” debemos hacer un esfuerzo para que la economía vuelva a crecer, para que el pastel vuelva a ser grande y podamos cada uno tener un trozo mayor. A estas alturas es evidente que solo una elite se beneficia de esta estrategia. El resto permite la degradación de sus derechos, del medio ambiente, de la calidad de vida, en pro del siempredeseado crecimiento económico, a cambio de la esperanza de no figurar en la lista del INEM.
Es momento de dejar de obsesionarse por hacer el pastel más grande y empezar a cortarlo bien. La salida de la crisis está en que todos tengamos lo necesario, eliminando el derroche de los que tienen más. Repartir, en definitiva, la riqueza y el trabajo.
Entonces, ¿puede la Deuda considerarse ilegítima e injusta?
Sí, en derecho internacional, una deuda es ilegítima si procede de préstamos que, por cómo fueron concedidos, gestionados y en aquello que financian, de forma directa o indirecta, atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos y ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. Es la deudas que se deriva de acuerdos financieros que (o bien en la contratación o renegociación, o bien en lo que establecen, en lo que financian o en los impactos que causan) viola los derechos humanos o los principios de derecho internacional reconocidos por las naciones del mundo y que rigen las relaciones entre los estados y entre los pueblos. La deuda externa, sin embargo, también puede ser considerada ilegítima en su globalidad, en tanto que mecanismo de dominación y empobrecimiento, que perpetúa unas relaciones Sur-Norte injustas y desiguales, que responde fundamentalmente a los intereses de los acreedores y, en concreto, de las élites económicas (en el Norte y en el Sur).
Es una deuda ilegítima aquella cuyos fondos se emplean para adquirir medios y armas para reprimir a la población o para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate (el gobierno griego siguió comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme).
Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente no se deben pagar.
También las ayudas a los bancos pueden ser consideradas como deuda ilegítima, porque no cumple para lo que ha sido concebida. El dinero del rescate ha sido destinado a que el sector financiero privado se haya podido deshacer de los activos tóxicos, pagar parte de sus deudas y reestructurarse obteniendo grandes beneficios.
Auditoría ciudadana de la deuda: ¿por qué y cómo?
La cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. ¿Se debe pagar?
La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.
No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas. Es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público.
El proceso de una auditoría no es un proceso reservado a expertos; un colectivo puede comenzar el trabajo y provocar el debate público, durante el proceso los colectivos se entusiasmarán y conseguirán diferentes asesoramientos (por ejemplo, estudiar las dificultades financieras encontradas en los hospitales públicos presentes en un territorio).
Otros ámbitos en materia de deudas privadas también pueden abordarse. En países como España o Irlanda en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió a centenares de miles de familias en la ruina, sería útil investigar las deudas hipotecarias de las familias. Las víctimas de los manejos de los prestamistas pueden aportar sus testimonios y ayudar a comprender el proceso ilegítimo de endeudamiento que las afecta.
Pero más allá del control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos.
Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes.
El hecho de que los gobernantes se opongan a la idea de que los ciudadanos y ciudadanas osen realizar una auditoría ciudadana es revelador de una democracia muy enferma.
La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada, gracias a una importante movilización popular, con una suspensión del reembolso de la deuda pública, debe llevar a la anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una reducción drástica del resto de esa deuda.
No es cuestión de apoyar los alivios de deuda decididos por los acreedores, especialmente a causa de las severas contrapartidas que implican. La anulación de la deuda, que desde ese momento es un repudio por el país deudor, es un potente acto soberano unilateral.
¿Por qué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública al proceder a la anulación de las deudas ilegítimas?
En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y apropiárselas. Es inviable salir de la crisis de forma satisfactoria, si una parte creciente del presupuesto público se dedica al pago, cada vez más costoso, de la deuda pública.No es posible responder a una deuda que puede crecer indefinidamente haciendo crecer indefinidamente la economía, puesto que los recursos no son ilimitados.
Por lo tanto es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población (en este nivel, la auditoría ciudadana cumple una función crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas y en los lugares de trabajo mediante las actuales movilizaciones y las que están por venir.
La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria pero no suficiente para que los países de la Unión Europea puedan salir de la crisis. Se necesitan medidas complementarias: reforma fiscal redistributiva,persecución efectiva del fraude fiscal, transferencia del sector de las finanzas al ámbito público, imposición de una tasa sobre las transacciones financieras especulativas, resocialización de otros sectores claves de la economía, reducción del tiempo de trabajo con blindaje de los salarios más bajosy contratación compensatoria, y tantas otras medidas que permitirían cambiar radicalmente la situación actual que llevó al mundo a un explosivo callejón sin salida.
La unión (internacional) hace la fuerza.
Una campaña por la auditoría de la deuda desplegada únicamente en el interior de las fronteras nacionales es difícilmente concebible frente a un enemigosupranacional unido, rodado, experimentado, coordinado, sobrearmado y, sobre todo, determinado a pelearse durante mucho tiempo.
Esta deuda y las políticas de austeridad draconiana que engendra están totalmente internacionalizadas. Pero la extensión de la crisis de la deuda por toda Europa y Mediterráneo tiene al menos una consecuencia positiva: ha hecho nacer resistencias que caminan hacia la creación de campañas de auditoría de la deuda pública -muy pronto- en una docena de países.
Se están desarrollando iniciativas por auditorías ciudadanas de la deuda en Francia, Grecia, Irlanda, España, Portugal, Italia, Bélgica, Reino Unido, Túnez, Egipto…. El encuentro, el intercambio de experiencias, la conexión en red, la coordinación y, sobre todo, la elaboración programática y la acción común de todas estas campañas europeas (pero también extraeuropeas) son actualmente de una urgencia absoluta y constituyen una tarea prioritaria para todos nosotros.
En conclusión, podríamos muy bien afirmar que la verdadera razón de ser de una campaña o de una comisión de auditoría de la deuda pública es contribuir a dinamizar, radicalizar y a poner en marcha hacia su emancipación a una sociedad ya revuelta contra los planes de austeridad y el sistema que los genera. ¿De qué manera? Animando y ayudando directamente a la auto-organización de los ciudadanos en lascolectividades de lucha contra la deuda y la austeridad, con el fin de que nos familiaricemos tantocon el control ciudadano de los actos de “los de arriba”, como con la idea de que somos capacesde gestionar democráticamente nuestra cotidianeidad. En suma, con el fin de tomar las riendasde nuestras vidas y destinos. Ni más, ni menos…
La auditoría debe servir a las luchas de resistencia y de emancipación de losciudadanos. La auditoría de la deuda no es un fin en sí mismo, no es más que uninstrumento, un medio al servicio de la lucha por la emancipación de los ciudadanos.
Anexos:
“La deuda pública, un mecanismo de redistribución de riqueza de pobres a ricos”. Ivan Gordilloes miembro del Seminarid’Economia Crítica Taifa (http://seminaritaifa.org/).
“Resumen de Argumentos legales”. Resumido de los capítulos 21 y 22, escritos por CécileLamarque y RenaudVivien, CADTM Lieja, Bélgica, del libro colectivo “La deuda o la vida”, (direc.DamienMillet-Eric Toussaint), Icaria editorial, Barcelona 2011.
Glosario; quién y qué es qué en el mundo de la Deuda. (libro)
Maletín para ampliar información (Enric).
#Nodebemos#Nopagamos. Bajo este lema ha echado a andar la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) con el objetivo de analizar la política de endeudamiento llevada a cabo por el Gobierno. Los colectivos que integran esta plataforma reclaman una auditoría, ya que consideran que el problema de sobre-endeudamiento que tiene España no ha sido generado sólo por el Estado, sino “en mucha mayor medida por el sector privado”.
La deuda total de nuestro país asciende en torno al 400% del Producto Interior Bruto. La deuda del sector público (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos) representa el 80% del PIB, un 132% corresponde a las empresas no financieras y un 81% del PIB a los hogares, según los datos de 2012 del Banco de España.
La deuda de las entidades financieras rondaría el 100% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque los parámetros utilizados en este caso no son similares a los de las familias y al resto de empresas. Por lo tanto, en España,la deuda privada es bastante más abultada que la pública, según denuncian desde la Plataforma.
De hecho, la deuda pública española es inferior a la media de la UE, donde el promedio se encuentra en el 83%. En la actualidad, la deuda de nuestro país está por debajo de la de Alemania, situada en el 81% y bastante por detrás de la de Grecia, que representa el 180% del PIB. Sin embargo, esta situación puede empeorar en 2013 cuando la deuda española alcance el 90,5% del PIB y supere así la media europea, según el anteproyecto de ley de los presupuestos.
Partiendo de estas premisas, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, integrada por colectivos como el 15-M, Ecologistas en Acción, Economistas sin Fronteras o ATTAC, considera que es indispensable saber qué se esconde tras la deuda y donde se invierte ese dinero: “No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas. Es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público”, aseguran.
‘Viviendo en deudocracia’
La iniciativa surgió a raíz del encuentro internacional ‘Viviendo en Deudocracia’, celebrado en octubre de 2011 en Madrid, organizado por la Red Quién debe a Quién, donde se acordó sacar adelante la propuesta y extenderla por todo el país. La Plataforma estará así presente en las próximas movilizaciones del 15-M con el fin de denunciar “la ilegitimidad del pago de la deuda”, así como las políticas de austeridad que se están instaurando en su nombre.
“La deuda pública ha pasado del 36% en 2007 al casi 80% de la actualidad. El Estado se está endeudando para conseguir recursos con los que rescatar a la banca y a la élite empresarial, que dicen no poder pagar sus propias deudas. De esta manera, la deuda privada se convierte en pública y la debemos pagar todos, cuando no nos hemos beneficiado de ella”, asegura Guiomar Morales, economista y miembro de la Plataforma.
La iniciativa de auditar la deuda no es nueva y se ha puesto en marcha en países como Brasil y Ecuador
Según Morales, a todo ello hay que sumar que el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero a bancos a intereses muy bajos (1%), un dinero que ellos invierten en comprar deuda pública a intereses del 5%. “Por tanto, en plena crisis, los bancos siguen obteniendo beneficios gracias al endeudamiento y la liquidez que inyecta el BCE no revierte en crédito a los ciudadanos”, declara Morales.
La iniciativa de auditar la deuda externa no es nueva y se ha puesto en marcha en países como Brasil y Ecuador. La deuda en Ecuador alcanzaba 17.000 millones de dólares en 2006, casi el 61% del PIB. Ese año, el país latinoamericano empleaba el 200% de los ingresos fiscales petroleros para pagar los intereses de la deuda.
Cuando llegó al poder Rafael Correa, creó la ‘comisión para la auditoría integral del crédito público’ con el fin de identificar lo que consideraba como “deudas ilegítimas”. El presidente ecuatoriano decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población, logró reestructurar parte de ella y readquirió títulos de deuda a un valor inferior al que tenían. Tras todos estos pasos y duras negociaciones, Ecuador logró ahorrar casi 7.000 millones de dólares.
Aparte del caso de Ecuador, desde la Plataforma también miran el ejemplo de Islandia, donde el Gobierno no empleó ni una corona de los contribuyentes en los bancos. En el año 2008, Islandia dejó caer a tres grandes bancos, renegoció la deuda con los acreedores (Alemania, Reino Unido y Holanda) y permitió que tomaran el control de las entidades. No obstante, se calcula que los acreedores de la deuda sufrieron una quita del 70%.
Más próximo todavía tenemos el caso de Grecia. El país heleno tiene actualmente una deuda pública que roza el 180% de su PIB y se pretende que llegue a 2020 con un ratio del 124%.
Ante la imposibilidad de que el país heleno pueda hacer frente a una deuda tan abultada por muchos recortes que emprenda, el Eurogrupo y el FMI han puesto en marcha herramientas para ‘perdonar’ a Grecia 40.000 millones de euros, entre ellas, la de reducir en 100 puntos básicos (desde los 150 actuales hasta 50) los intereses que cobran los países del euro a Grecia por los préstamos bilaterales del primer rescate.
¿Qué pasará con España? ¿Serán suficientes los recortes para pagar la deuda? La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda considera que “se está imponiendo un régimen económico llamado deudocracia en el que las exigencias de los acreedores están por encima de la población”. “Es injusto que los ciudadanos tengan que cargar con las ayudas a los bancos, sufrir los recortes y las privatizaciones para pagar una deuda que ellos no han generado”, asevera Pablo Campo, otro miembro de la Plataforma.
Contra la impunidad ya! 