El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP

El caso Bárcenas sigue expandiendose e imputan a los más importantes empresarios del país. ¿Pasará de ahí? ¿Hará justicia el juez Ruz?

Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales. Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.

Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una “alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa”. “Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración”.

El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.

En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, “el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal”, dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, “sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”.

La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido ‘sobresueldos’ a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen “un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo”.

Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.

El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Gurtel’ y ha abierto una pieza separada para investigar el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.

Vía eldiario.es

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La Audiencia Nacional estudia recuperar la investigación del oligarca ruso Oleg Deripaska

Hace ya tres años de la “operación Avispa” y todavía no ha habido ningún movimiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta impunidad? ¿Quién se hace responsable de esta desfachatez? ¿Dónde queda la independencia de la justicia? ¿A que altura quedan nuestros políticos?

La Audiencia Nacional se plantea reclamar a las autoridades rusas la investigación abierta en su día contra el magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska por su posible vinculación con la organización mafiosa “Izmailovskaya”, acusada de blanquear dinero en España en el contexto de la llamada “Operación Avispa”. El juez Fernando Andreu aceptó en su día remitir a sus colegas rusos las diligencias contra Deripaska, imputado en España, pero advirtió que recuperaría la competencia en caso de que Rusia no realizara las investigaciones solicitadas sobre las posibles actividades delictivas de Deripaska y su entonces socio, Iskander Majmúdov.

La investigación sobre Deripaska surgió a raíz de la citada“Operación Avispa”, desarrollada en dos fases en España (en 2005 y 2006), y por la que ya fueron condenados seis miembros de la mafia ruso-georgiana, entre ellos el máximo responsable del grupo, Zajar Kalashov.

En el auto en el que cedía la iniciativa investigadora a las autoridades judiciales rusas, Andreu argumentó su decisión en el hecho de que las actividades ilícitas imputadas a Deripaska y Majmúdov, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales, se habrían cometido en Rusia, país en el que residen ambos. En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, y es también en ese país donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales objeto de las diligencias abiertas, según el juez español. Además, Andreu señaló que la Fiscalía General de Rusia le comunicó su interés por la investigación de estos hechos. Según el auto, Deripaska, Majmúdov y el también exsocio del oligarca ruso, Mijail Cherney, controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal “habría ido ‘conquistando’ mediante extorsión y el asesinato”, y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Ni la fiscalía ni la policía rusas han iniciado en tres años indagación alguna sobre el caso investigado en la Audiencia Nacional

En mayo de 2010 Andreu y el fiscal José Grinda, interrogaron en Moscú al magnate ruso, pero en calidad de testigo. Fue después de ese encuentro, que se desarrolló en un clima de cierta tensión, cuando Andreu accedió a ceder la iniciativa de la investigación a Rusia, anulando la imputación de Deripaska. Ahora, cuando van a cumplirse tres años de aquella decisión, ni la fiscalía, ni la policía rusas han iniciado investigación algunasobre el caso investigado en la Audiencia Nacional, y ésta valora recuperar en las próximas semanas la iniciativa del caso.

Además, el pasado 26 de febrero miembros del llamado Comité de Investigación ruso, una estructura independiente de la policía y la fiscalía, procedieron a registrar los locales moscovitas de la empresa Rusal, matriz del imperio que controla Deripaska. La causa del registro -que según anunció el Comité también se había realizado en otras oficinas de la sociedad- tiene que ver con una investigación abierta por un posible fraude fiscal de 200 millones de rublos, unos 5 millones de euros.

Vía Vozpópuli

Surge un nuevo héroe: El Juez Pablo Ruz tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Montoro

Si es que ya decíamos que la amnistía fiscal fue para los amiguetes del PP.

Ahora lo dice el juez Pablo Ruz que tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda o ¿Ministro de los Amiguetes?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

Francisco Correa, cabecilla de la trama;

Pablo Crespo, su mano derecha;

Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

José Luis Ulibarri, empresario leonés;

César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

Jesús Merino, exsenador del PP;

Fernando Martín, dueño de Martinsa;

Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

Vía El Confidencial.

Ana Mato no es cesada ni dimite… ¿A qué espera Rajoy? ¿O es que tiene miedo?

¡Si hasta Pedro J. ha pedido la dimisión de Ana Mato!
Parece que Rajoy está perdiendo autoridad frente a los corruptos Bárcenas y Mato.
Un presidente de gobierno que no pueda cesar a sus empleados no puede dirigir una nación, especialmente en el momento por el que atravesamos.
Seguimos destruyendo empleo y no podemos seguirnos con estas tonterías.
El pájaro Rajoy
Pero si incluso el esposo de Ana Mato sigue cobrando del PP.

¡Qué vergüenza!

Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sigue percibiendo un salario del PP. Fuentes del partido han confirmado a EL PAÍS que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que dimitió en 2009 al ser imputado en el caso Gürtel, sigue cobrando por su trabajo de asesor, lo que le permite trabajar desde casa sin apenas acudir a la sede nacional, en la calle Génova, como avanzó eldiario.es. La situación de Sepúlveda, aducen las mismas fuentes, no ha cambiado desde enero de 2011, cuando otro informe policial acreditaba que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, regaló viajes al exregidor.

Al dimitir al frente del Consistorio de Pozuelo, como le había recomendado Esperanza Aguirre, Sepúlveda habló con Mariano Rajoypara poder reincorporarse a su puesto de asesor en el partido, donde trabajaba desde los tiempos de Alianza Popular, en 1982. El entonces líder de la oposición aceptó.

El exalcalde ha desvinculado en varias ocasiones a Ana Mato de sus actividades económicas e insiste en asumir toda la responsabilidad de los movimientos registrados en sus cuentas. Así lo aseguró a través de un comunicado después de que el viernes se conociera el informe policial notificado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos de la red Gürtel a Sepúlveda y a su esposa.

La policía considera confirmado que la trama corrupta liderada por Francisco Correa entregó dádivas y regalos a la actual ministra de Sanidad, entre 2000 y 2004. Se trata de viajes a distintos destinos de España —Jerez de la Frontera, Santiago, Tenerife— y Europa —Suiza, Irlanda—, en ocasiones acompañada por otros miembros de su familia. En la contabilidad b de la trama, hallada por los agentes en una nave industrial de Alcorcón (Madrid), aparecen también al menos dos obsequios de la firma de moda y objetos de lujo Louis Vuitton valorados en, al menos, 610 euros, y cuya compra atribuyen a Álvaro Pérez, El Bigotes.

Tanto el entorno de la ministra como Sepúlveda señalan que este nuevo informe solo es una ampliación del elaborado en 2011. Entonces Mato no fue imputada, pues el juez consideró que el delito, de existir, habría prescrito. La titular de Sanidad, coordinadora de Organización del PP cuando se produjeron los hechos, insistió el pasado viernes en que pagó los desplazamientos.

Mato se dirigió el sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para defender su honorabilidad y asegurar que siempre pagó sus gastos familiares. El propio Rajoy le mostró su respaldo en público, dando a entender que al menos de momento se descarta una dimisión, y le trasladó sus “ánimos” en nombre de todo el partido.

La amnistía fiscal para los amiguetes… del PP ¿o no?

Esto resulta inaudito, aunque son tantas y tantas cosas que salen a diario sobre la impunidad y los malos manejos criminales, que a veces nos cuesta sorprendernos negativamente.

Sin embargo, hay noticias que no pueden sino asombrarnos.

El abogado de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular investigado por la Audiencia Nacional, ha asegurado esta mañana que su cliente había regularizado 10 millones de euros, aunque no ha especificado que fuera acogiéndose a la Declaración Tributaria Especial, más conocida como amnistía fiscal. De hecho, la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha negado en un comunicado que Bárcenas se hubiera acogido a esta amnistía.

El desmentido de Hacienda no excluye, pues, que el extesorero se haya podido acoger a un proceso voluntario de regularización contemplado en el artículo 27 de la ley general Tributaria. Es decir, Bárcenas sí podría haber regularizado los 10 millones de euros, como hoy ha asegurado su abogado, Alfonso Trapello, a través del procedimiento ordinario.

Fuentes del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro habían explicado ya esta mañana a EL PAÍS que si hubiera habido una investigación abierta por la Agencia Tributaria por alguna infracción o irregularidad fiscal no se habría podido haber beneficiado del indulto fiscal del Gobierno. Es decir, que si los inspectores de Hacienda hubieran abierto un acta de inspección a Bárcenas este no podría haber limpiado los 10 millones de euros que regularizó con la amnistía.

La amnistía fiscal resultó ser una de sus decisiones más controvertidasdel Gobierno, que la justificó por la necesidad de lograr ingresos públicos en una “situación extraordinaria”. En diciembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicó que el fisco ingresará finalmente unos 1.200 millones, menos de la mitad de los 2.500 millones presupuestados.

Durante seis meses (del 30 de marzo al 30 de noviembre), la amnistía fiscal permitió a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10% de multa, un tipo muy inferior al aplicado en la mayoría de impuestos. Además, como es frecuente en estos procesos, Hacienda blindó a los evasores de investigaciones penales por regularizar el dinero oculto. Y adelantó que, una vez cerrada la amnistía, endurecería las medidas antifraude.

Hacienda fue más allá: extendió la amnistía al dinero en efectivo; aseguró que la Agencia Tributaria no haría comprobaciones “aisladas” de los datos suministrados en la declaración. Y, en el caso de que se acreditara que se tenía el dinero oculto desde antes de 2008 (ejercicios prescritos), limitó la multa del 10% a los intereses generados entre 2008 y 2010: una escuálida contrapartida a cambio regularizar todo el capital.

La regularización fiscal sigue pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional porque el PSOE considera que quiebra principios de la Carta Magna.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha desvinculado esta mañana a su partido de la actividad de Bárcenas: “Nada tiene que ver la actividad del señor Bárcenas con el PP”. Además, ha pedido una “rectificación” a la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, al considerar una “insidia” haber relacionado la regularización fiscal con la intención del Gobierno de proteger a Bárcenas.

El hombre que manejaba hasta 2009 las cuentas del Partido Populardispuso en Suiza, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, de unos 15 millones de euros como saldo medio, entre dinero líquido y valores. A finales de 2007, alcanzó incluso los 22 millones.

Esta mañana EL PAÍS ha adelantado que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, ha localizado en un banco de Nueva York dos cuentas a nombre del extesorero nacional del PP a las que este habría transferido 2,5 millones del total. El también exsenador por Cantabria habría remitido ese dinero a una cuenta del HSBC de Nueva York (EE UU), en 2009, tras estallar el caso Gürtel y verse él entre los investigados junto con numerosos altos cargos del PP.

Ramoncín, “El rey del Pollo Frito”, imputado en el Caso SGAE

Si es que no hay día en que no salga una noticia de un caso de corrupción en alguna organización.

¡Depuración de responsabilidades ya!

¡Contra la impunidad ya!

Según El País:

El cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, comparecerá hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como imputado por haber facturado supuestamente a la SGAE 170.552 euros de manera irregularo por servicios inexistentes.

Ruz citó inicialmente a Ramoncín el día 14, pero adelantó luego la declaración del artista a hoy a las 10.00.

Ramoncín, al banquillo

El juez imputó el pasado día 21 a Ramoncín, que fue consejero de la SGAE entre 2000 y 2007, los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, así como falsedad documental, basándose en un informe aportado por la Guardia Civil.

En él se analizan facturas emitidas por el cantante y por su editora musical Júpiter Music S.L. al grupo SGAE entre 2004 y 2012, por un valor total de 170.552 euros.

Según este informe, se generan dudas sobre la forma de contratación observada y, en algunos casos, sobre la realidad de los servicios o productos por los que el grupo SGAE retribuyó al cantante.

En el escrito del instituto armado aparecen además correos electrónicos entre el cantante madrileño y el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, el presunto cabecilla de la supuesta trama de desvío de dinero de este organismo.

Entre las facturas investigadas figuran una emitida por Ramoncín mediante la empresa Portal Latino S.L. para poner en marcha un programa de televisión llamado El Creador, cuya realización la Guardia Civil no ha podido justificar con contrato alguno y que sospecha que nunca se hizo.

En relación con este último contrato, la contratación de Ramoncín para este programa supuestamente ficticio pudo ser una decisión adoptada por Neri, según se desprende de los correos electrónicos investigados.

Otra factura analizada en el informe se refiere a una herramienta informática que vendió el cantante a la SGAE, llamada Caja fuerte virtual, de la que ni se ha encontrado el contrato ni la herramienta en sí.