El crimen organizado ruso en España .Política y corrupción

5 diciembre, 2012 de patcolon

Hace años que la mafia rusa campea por España lavando dinero de la droga y de operaciones ilícitas. La costumbre española de aceptar dinero B en las operaciones inmobiliarias es, o ha sido, lo normal.

La ecuación mafia rusa-corrupción-operaciones inmobiliarias estuvó plena actualidad con la operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil que acabó con la detención de un ex alcalde de Izquierda Unida de la localidad malagueña de Casares, Juan Sánchez.

Juan Sanchez

La esposa del alcalde de Casares

Sobre este asunto se llevaba trabajando desde 2010 -el fiscal Anticorrupción de Málaga Francisco Jiménez Villarejo ha impulsado y coordinado las pesquisas-, y el modo de actuar de la organización criminal era sencillo: llegaban con enormes sumas de dinero para blanquear, parte de las cuales destinaban a comprar voluntades de políticos, y el resto lo lavaban a través de enormes inversiones inmobiliarias.

Al margen del político sospechoso, por parte de la organización criminal rusa, la Kremlyoscaya, destacan tres nombres propios: Ricardo Fanchini, máximo responsable y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de droga; Robert Gaspar, uno de sus hombres en España, y también hay informes que vinculan con el caso a Robert Mani, quien ya fue denunciado en 2005 por sus sospechosas relaciones con el que fuera alcalde de Mijas Agustín Moreno..

Relaciones peligrosas

Todos ellos son considerados policialmente como personas relevantes del crimen organizado ruso.

Fanchini, además, tuvo una íntima relación con Roman Frumson (eran socios en los negocios de pantalanes de Puerto Banús), asesinado en febrero de 1998 en su lujosa residencia de una urbanización marbellí. Las investigaciones policiales del crimen revelaron la participación de la novia del capo, Stella, quien habría contado con la colaboración de dos de sus novios. De hecho, según esas pesquisas, Stella habría pedido permiso a la mafia rusa para que se perpetrara el crimen. El trabajo de la Policía española permitió conocer la identidad de los dos sicarios autores materiales del asesinato. Se les perdió la pista en San Petesburgo, entre otras razones por la falta de colaboración de la Policía rusa, según las fuentes consultadas.

La captura de Fanchini fue elogiada por el secretario de Estado de Justicia de EE.UU.

Fanchini pasaba temporadas en la Costa del Sol. Ha traficado con droga, vodka, diamantes y coches robados en varios países europeos y en Estados Unidos. Fue detenido en Londres en 2007 a petición de Estados Unidos tras ser controlado por la DEA. Había sido identificado por varias agencias policiales europeas como un delincuente internacional y tras él estaban Bélgica y Alemania. Su captura fue tan importante que el secretario de Estado de Justicia norteamericano en ese momento lo consideró como el mejor ejemplo de cooperación de visita oficial en el Reino Unido.

Pero el grupo de Franchini no ha sido el primero en elegir la Costa del Sol para sus operaciones de blanqueo en connivencia con políticos de la zona, tal como se puso de manifiesto en las investigaciones policiales que acabaron en la «operación Ballena Blanca», la mayor trama de lavado de dinero descubierta hasta entonces en nuestro país.

El inicio de la investigación del «caso Ballena Blanca» se produjo tras las pesquisas policiales dirigidas contra Vladimir Karlinsky y Germán Pastouchenlo por tráfico de drogas. Como resultado de estas investigaciones apareció implicado un grupo de individuos, en su mayoría procedentes de países del Este (sobre todo de Rusia y Ucrania), vinculados con actividades delictivas graves, y asimismo un despacho de abogados. Estos ciudadanos constituían sociedades limitadas, con un capital social mínimo de 3.000 euros.

Azote de los ‘vory v zakonen’

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, ‘ladrones en la ley’, el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta ahora la Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si mueven grandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias.

Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios.

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Dos fases de la ‘Operación Avispa’

La denominada ‘Operación Avispa’ tuvo dos fases. En la primera, de junio de 2005, la Policía detuvo a 28 personas, 22 de ellas consideradas «capos» de las mafias de la antigua URSS, acusados entre otros delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En la misma participaron 400 agentes, que practicaron 41 registros y bloquearon 800 cuentas bancarias. En una segunda fase, en noviembre de 2006, la Policía detuvo a otras nueve personas.

Eduard Planells, quien ocupó el cargo de subdelegado del Gobierno en Cataluña y fué detenido en Barcelona por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, tras una orden de la Fiscalía Anticorrupción que investiga las relaciones de Planells con miembros de la mafia rusa detenidos en sendas operaciones de los años 2005 y 2006 en la conocida como ‘Operación Avispa’, informaron a Europa Press en fuentes de la investigación.

El ex-subdelegado ya había sido investigado en los últimos años por Policía, Guardia Civil y CNI por su presunta relación con los capos de la mafia rusa que fueron detenidos dentro de la ‘Operación Avispa’. Planells estaba en el punto de mira de los investigadores desde el inicio de la operación policial, que en 2005 dio como fruto las primeras detenciones. Las sospechas se incrementaron cuando Planells se puso entonces en contacto con los servicios secretos la víspera de iniciarse la ‘Operación Avispa’ para interesarse por los pormenores del operativo policial.

Planell fue nombrado subdelegado del Gobierno el 15 de junio de 2004, como cargo de confianza del entonces delegado Joan Rangell. Para entonces, ya había sido investigado por la Policía Nacional y la Guardia Civil por realizar trámites en favor de miembros de la mafia ruso-georgiana.

Con anterioridad fue responsable de la oficina de extranjería.

DE WIKIPEDIA:

Mafia rusa
Fundación	Se fundó en Rusia, principalmente luego de la caída de la antigua Unión Soviética
Ámbito	Internacional, en las ex repúblicas soviéticas y gran número de operaciones en Israel y los Estados Unidos.
Etnias	Rusos, judíos rusos,ucranianos, abjasios,azerbaiyanos, armenios,asirios, bielorrusos, chechenos,georgianos, uzbecos, letones
Actividades criminales	Extorsión, tráfico de armas,fraude, delitos informáticos,tráfico de personas,prostitución, tráfico de drogas

Prensa Antigua sobre estos casos:

Las fianzas de Díaz Ferrán y Cabo suman 80 millones baten el récord judicial conocido hasta ahora.

5 diciembre, 2012 de patcolon

LA MAYOR FIANZA DE LA HISTORIA

Prisión bajo fianza de 50 millones para Ángel de Cabo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.

A todos los detenidos en la denominada «Operación Crucero» se les han impuesto fianzas para eludir prisión menos al experto fiscal Rafael Tormo, quien no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez.

El resto de fianzas son los 30 millones impuestos a Díaz Ferrán y los 500.000 euros que deberán pagar si quieren envitar la cárcel a Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. A la secretaria de de Cabo, Susana Mora, se le han impuesto 3.000 euros de fianza porque ha colaborado durante su declaración.

La detención de Ángel de Cabo y su equipo y la del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, es fruto de la denuncia de cinco empresas acreedoras que consideraban que este último, supuestamente ayudado por el valenciano, ocultó sus bienes para aparentar que era insolvente y, en consecuencia, que no podía pagar las deudas de Marsans que había avalado.

Hasta la operación de Marsans, en junio de 2010, Ángel de Cabo, como corresponde, era un auténtico desconocido más allá de su círculo de clientes y amigos. La adquisición del grupo turístico a través de Possibilitum Business, una firma que tenía como objeto social la compraventa de animales exóticos, le puso en el mapa, aunque un año antes se había quedado con Teconsa, la constructora castellana ligada al caso Gürtel por organizar para Canal 9 la infraestructura audiovisual de la visita del Papa en 2006. Todo muy turbio, como corresponde, aunque no tanto seguramente como la operación cerrada en septiembre de 2011: la compra a los Ruiz-Mateos de Nueva Rumasa a través de una empresa, Back in Business 2011, constituida en marzo de ese año en la factoría de firmas dormidas del también valenciano Ramón Cerdá. Otro de los detenidos ayer, Iván Losada, asumió la dirección general del grupo de la abeja y, como otros colaboradores de De Cabo, se asignó un sueldo astronómico.

Hasta 2009, por tanto, el empresario valenciano apenas tuvo notoriedad, si bien, con un despacho de abogados como base operativa, el bufete Aszendia, con sede en Valencia, Castelló y Madrid, De Cabo fue realizando operaciones de liquidación, a través de Nuevas Formas y Diseño, firma radicada en Riba-roja del Túria, de compañías como la sevillana Construcciones Azagra, Omega, Urbacivil, Vías Canales y Puertos o la ya citada Teconsa. Eran los tiempos del ascenso al paraíso y en los que hizo una escala en la Libia de Gaddafi, donde promovió sin éxito un macrocomplejo de lujo en el que se invertirían 3.000 millones para construir 4.000 viviendas, un hotel de cinco estrellas, hospitales, una mezquita y hasta un puerto deportivo.

España, al mismo nivel que Botsuana en el índice de percepción de la corrupción

5 diciembre, 2012 de patcolon

Agencias05/12/2012 (12:36)

España continúa estancada en alrededor del puesto número 30 del índice de percepción de la corrupción de 2012 que ha elaborado la organización Transparencia Internacional, que sitúa a nuestro país en el mismo puesto que Botsuana y por detrás de la mayoría de países de la antigua UE de los 15. Según este estudio, que establece cuáles son los países más y menos corruptos del mundo teniendo en cuenta la percepción de su población, España obtiene una nota de 6,5 en lo que se refiere a transparencia, sólo tres décimas por encima de la obtenida el año pasado y cuatro más que en 2010 y 2009. Sin embargo, son seis décimas menos de la puntuación que sacaba España en años anteriores, como en 2004, cuando obtuvo una nota de notable (7,1).

En la presentación del informe, el presidente de Transparencia Internacional España,Jesús Lizcano, ha alertado de que nuestro país sigue «atascado» en lo que a la percepción de la corrupción se refiere, un asunto en los que «no avanza» porque hay «bastante que mejorar». Es más, el catedrático Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional España, ha identificado la corrupción en nuestro país como un «problema cultural», ya que considera que a los políticos «les cuesta mucho asumir la idea de tener más transparencia».

Según ha explicado, «de puertas para fuera» los políticos hablan de mejorar los niveles de transparencia de las instituciones, pero «de puertas para adentro la cosa cambia». A su juicio, es un problema que debe abordarse desde las primeras etapas de la educación hasta la formación de funcionarios en valores éticos.

Pero además, el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, ha subrayado que el combate de la corrupción se tiene que llevar a cabo «desde una perspectiva internacional», incorporando la transparencia al listado de derechos fundamentales.

Así pues, en el caso de España el patrono vitalicio de la Fundación, Antonio Garrigues, ha dicho que la corrupción es un «problema que se puede afrontar», pero que la «única manera» es «establecer la transparencia como una obligación absoluta de las instituciones y como un derecho absoluto de los ciudadanos».

En este sentido, ha valorado la futura aprobación de la Ley de Transparencia, con la que cree posible que en España aumenten los índices de transparencia y, por tanto, ganar en «buena gestión» y «calidad democrática», elementos con los que hacer frente a la corrupción. Por eso, ha instado a aprobar la ley «cuanto antes» aunque se trate de una norma «incompleta, incluso con imperfecciones», ya que ha recordado queEspaña es el único país de la Europa occidental que carece de una ley de estas características.

Dinamarca o Finlandia, un ejemploLa puesta en marcha de esta norma es una de las recomendaciones que ha trasladado Transparencia Internacional para bajar los niveles de percepción de la corrupción en las administraciones españolas, a las que también aconseja que se miren en los países con mayor nivel de transparencia, como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda o Suecia, que se sitúan en los primeros puestos de la lista de más de 170 países que ha elaborado la organización.

Pero además, el presidente de la organización considera que los ciudadanos también tienen que poner de su parte «tomando conciencia de lo que pueden pedir y pueden ser informados». También ve necesaria la existencia de «un órgano que sancionase» a las instituciones que no cumplieran con las normas de transparencia.

Sobre la próxima publicación en Internet de la información sobre la actividad internacional de los diputados del Congreso sin ofrecer datos sobre el coste de esos viajes, Sánchez Lambás ha calificado la decisión de «poco inteligente» porque «todo lo que no sea transparencia», exceptuando los casos en los que existen causas justificadas, «favorece la corrupción»

La carta enviada por UNESA a Antena 3 trás Salvados

5 diciembre, 2012 de patcolon

LINK AL DOCUMENTO:

http://www.unesa.es/images/documentos/20121205125553_0.pdf

www.unesa.es images documentos 20121205125553_0.pdf

Prisión ‘eludible’ para Díaz Ferrán. Qué cachondos.

5 diciembre, 2012 de patcolon

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán, después de declarar hoy, junto a los otros siete detenidos en la «Operación Crucero».

La fianza de 30 millones de euros, se sitúa a la cabeza de las más altas fijadas en España a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999 dentro del caso Torras

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario valenciano, Ángel de Cabo han llegado a la Audiencia Nacional a las 8.43 horas en un furgón policial para ser interrogados por el juez Eloy Velasco por la ocultación de bienes para pagar a los acreedores de Marsans.

Díaz Ferrán ha comenzado a declarar, a las 10.15 horas ante el juez de la Audiencia Nacional. El expresidentede la patronal ha sido el segundo de los nueve detenidos en ser llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid.

El juez Velasco, ha decretado prisión para Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración, durante algo más de una hora, como parte de la «Operación Crucero». Es la fianza para eludir prisión más alta impuesta en una instrucción judicial en España, solo igualada por la decretada en 1999 para el empresario Javier de la Rosa, que también fue de 30 millones de euros.

Durante las declaraciones, Díaz Ferrán ha negado que exista una trama para ocultar sus bienes a los acreedores de Viajes Marsans, un grupo que ha dicho que vendió al empresario Ángel de Cabo por la crisis y del que luego se desentendió. La Fiscalía sospecha que acordó con él el vaciamiento del grupo, y por ello el representante del ministerio público ha pedido prisión incondicional para el empresario.

Los acusados
Ferrán está acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, junto con el resto de los ocho detenidos. Entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que mantiene bajo secreto la causa, decidirá hoy las medidas cautelares que impone a los detenidos, que previsiblemente se enfrentarán a prisión incondicional o prisión eludible bajo fianza.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que, el juez Eloy Velasco ha tomado esta medida cautelar sobre Díaz Ferrán antes de interrogar al resto de detenidos, con el objetivo de que sea trasladado a los juzgados de Plaza Castilla para que declare a las 13.00 horas por un crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Air Comet, que supuestamente se hizo de forma fraudulenta.

Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, llegaron a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales (Holdisan y Grudisan, en el caso del expresidente de la CEOE y Parihol Inversiones, en el caso de Pascual), con el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico. En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

50 millones bloqueados
Los nueve detenidos permanecen desde el lunes en dependencias policiales hasta que hoy pasen a disposición del juez Eloy Velasco, que les investiga por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido.

En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan. Además, la Policía encontró ayer dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido.

Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado el lunes en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán. Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.

Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez.

Bienes en el extranjero
Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negó ayer que la detención Díaz Ferrán sea ejemplarizante, a lo que añadió que es adecuada «a las circunstancias del caso», así como para garantizar su presencia ante los tribunales.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha considerado que la organización no pierde «en absoluto» legitimidad por la «incidencia» de la detención de su expresidente y ha apuntado que la justicia determinará si el empresario «ha hecho bien las cosas».

LA ESTAFA DEL DÉFICIT DE TARIFA de las eléctricas es una estafa de 24.000 millones de euros

5 diciembre, 2012 de patcolon

LA ESTAFA DEL DÉFICIT DE TARIFA

El déficit de tarifa, es un artificio contable, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el PP de Aznar para calcular el precio de la electricidad que el PSOE de Zapatero no se atrevió a desmontar. Este tinglado nació en el año 1997, al promulgar el Gobierno de José María Aznar la Ley 54/1997 que liberalizaba el sector eléctrico español. Hoy, José María Aznar es asesor externo de Endesa, cargo por el que percibe un sueldo que ronda los 200.000 euros anuales.

Es realmente una estafa, una supuesta deuda que los consumidores han contraído con las mayores empresas eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural), que viene siendo objeto de un discurso simplista e interesado por parte de las eléctricas y medios de comunicación con sustanciosos contratos publicitarios, que se limitan a atribuirlo al coste de las energías renovables. Sin embargo, a la sociedad no se le ha explicado que el déficit tiene su origen en el proceso de privatización del mercado eléctrico que se inició en 1998. Tampoco que para el abono de tal deuda el gobierno de Zapatero aprobó el Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico, con emisiones de deuda avalada por el Estado pero gestionado por los bancos, a los que se les hace partícipes del jugoso banquete. En conjunto, el Fondo gestiona unos 24.000 millones de euros, que pagaremos hasta el 2020 a través del recibo de la luz.

Un negocio redondo para las eléctricas que, argumentando que es para compensar sus pérdidas, cobran unos superbeneficios añadidos a los beneficios que ya obtienen, y también para los bancos que se hacen con el jugoso negocio de los intereses de la deuda titulizada de 24.000 millones sin poner un solo euro de su propiedad. ¿Será acaso otra vía de ayuda para sanear las pérdidas de la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué será que las eléctricas contratan a políticos como Aznar, González o Salgado, cuando dejan el gobierno?

Desde hace tiempo, el Gobierno no regula el precio de la electricidad sino que éste es fijado en un mercado oligopólico donde las empresas que venden y compran energía son en la práctica las mismas y tienen un enorme poder de influencia sobre el precio resultante. Este proceso de privatización se ha llevado a cabo sin contar con la ciudadanía y ha conducido a un mercado cuyo funcionamiento es totalmente opaco para la sociedad. Existen dentro de ese mercado muchos mecanismos que son responsables de la subida del precio de la electricidad y del déficit de tarifa: las primas a fuentes de energía emisoras de CO2 como carbón y gas natural (pagos por capacidad), la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia (por la que se estima que las eléctricas deberían devolver 4.000 millones de euros), los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras obtienen cuantiosos dividendos (subastas CESUR).

La suma de estos mecanismos, sospechosos para la CNE de haber sido manipulados en varias ocasiones durante la última década, conllevan un elevado coste y carecen de los beneficios que las primas a las renovables aportan al sistema de generación eléctrica: disminución de emisiones de CO2 y de importaciones de combustibles fósiles y, más genéricamente, ser la piedra angular de la inexorable transformación del modelo energético. Es por tanto un error eliminar las primas a las renovables con la acusación torticera de ser las responsables del déficit de tarifa. En todo caso, me parece indignante que sean precisamente las empresas eléctricas –un oligopolio que, desde la privatización y a pesar de la crisis, no ha dejado en ningún momento de anunciar beneficios desproporcionados– las que reclamen al Estado unas supuestas pérdidas que superan el 6% de los Presupuestos Generales. Una cantidad comparable a todos los recortes realizados por el último Gobierno del PSOE o al primer gran paquete de recortes del PP. La propia CNE ha sugerido recientemente la necesidad de revisar la deuda sin descartar la aplicación de quitas parciales, lo que ha provocado el rechazo unánime de la patronal eléctrica, UNESA.

Creo que antes de discutir los mecanismos técnicos para reducir el déficit de tarifa, los ciudadanos debemos reclamar que se abra un debate social amplio sobre el origen y la legitimidad de esta deuda. Para ello, es necesario insistir en que el déficit de tarifa no es la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que pagamos por ella sino la diferencia entre los “costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que el sistema ingresa vía tarifas”, que suena lo mismo pero no es igual.

Veamos algunos ejemplos realmente ilustradores (los datos son oficiales). El precio de coste real de producción de un MW/h en una central nuclear apenas alcanza los 44’37€ y el precio fijado por el oligopolio de las eléctricas para 2012 es de 57’56€. En el caso del MW/h producido en pool hidroeléctrico la diferencia es aún mayor ya que cuesta producirlo 39’00€ y se cobra también a 57’66€. Estos datos han llevado a la Asociación Nacional de Productores e Inversores Renovables (ANPIER) a estimar que el 32% del déficit de tarifa es virtual y se ha generado a través de dos mecanismos imperfectos pero muy favorables a UNESA: el sistema de pool y la moratoria nuclear. Frente a los datos de UNESA, los datos barajados por ANPIER demuestran que de lo reclamado 52’3M€ son imputables a la moratoria nuclear, 962’3M€ al pool nuclear y 602’4M€ al pool hidroeléctrico. Hasta la fecha, los españoles hemos abonado más de 4.000M€ con cargo a la moratoria nuclear y está más que satisfecha una deuda que nunca debió ser reconocida. Además, el pool nuclear e hidroeléctrico representa casi el 30% de la electricidad consumida en nuestro país y ya hemos visto la favorable diferencia entre el precio por producción y el precio de mercado.

L@s ciudadan@s deberíamos implicarnos activamente en un cambio de modelo energético que apueste por las energías de origen renovable, entendiendo que la energía es un medio y no un fin en sí mismo y, por lo tanto, debe gestionarse para proporcionar confort y generar progreso económico y social con unos costes razonables y transparentes, cuya perspectiva no se agote en el horizonte anual de unos presupuesto generales, sino en una planificación a largo plazo que contemple la sostenibilidad, la seguridad y el bienestar de las generaciones futuras.

No podemos olvidar que quienes nos reclaman 24.000M€ en forma de déficit de tarifa han obtenido, en los últimos tres años, unos beneficios contables de 21.991M€, en la peor de las crisis del mundo capitalista y mientras los españoles hemos visto incrementar en un 70% el recibo de la luz desde el año 2006.

Eduardo Montes UNESA

Contra la impunidad ya!

Archivos diarios: 5 diciembre, 2012