#Rajoydimisión – Los papeles de Bárcenas

 

¡Espantados estamos!

Pero vamos a ver… ¿quién nos gobierna?

#Rajoydimisión

Gracias a El País por airear esta información:

Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como “donativos” sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

Se registran pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios

Los documentos a los que ha accedido EL PAÍS recogen el periodo comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

La primera anotación, de abril de 1990, registra: “Saldo inicial (entrega R. N). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8”. Las iniciales hacen referencia, supuestamente, a Rosendo Naseiro, anterior tesorero popular que se vio implicado, y absuelto por defectos de forma, en un escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora.

Entregas a la cúpula del PP

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general,Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos,Javier ArenasÁngel Acebes y Dolores de Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como receptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como “L. del R.”), con 120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de “J. M. Villar Mir”, en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008. En dos ingresos de 2004 y 2008 figura “Mercadona” con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Solo se ingresaban en el banco parte de las donaciones privadas recibidas

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran tambiénPablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión “Galicia (O.C.)”, “De Málaga”, “La Rioja” o “Palencia”, aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).

Además, incluye gastos de funcionamiento ordinario del partido como servicios de asesoría jurídica, encuestas o estudios, y otros desembolsos de variada naturaleza.

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

El primer apunte de pagos a Dolores de Cospedal es del 7 de julio de 2008

De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. Los papeles de Barcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares.

Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los presidentes que ha tenido el PP y encargado de los estudios demoscópicos, también aparece en las anotaciones como receptor de cantidades que van de 100.000 hasta 161.000 euros. Arriola ha aclarado a EL PAÍS que nunca tuvo contacto con el tesorero y que, efectivamente, factura al PP desde 1990 distintas cantidades anuales, primero en talones y luego por transferencia. Según recordó, la cantidad estipulada en su contrato no coincide con la registrada en los papeles de Bárcenas.

La contabilidad anota también pagos esporádicos sin continuidad en el tiempo. Entre ellos figura una ayuda de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. Además, hay dos aportaciones al portal de Internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004. La organización vasca Basta Ya figura con una ayuda de 3.005 euros en el primer semestre de 2002.

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para “corbatas presidente”. En diciembre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto “Trajes Mariano”. En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para “Trajes M. R.”. Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para “trajes y camisas” no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal —dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno—, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año. La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.

Las mayores entregas registradas son a Arenas y a Álvarez-Cascos

Cospedal aseguró en público, a raíz del estallido del escándalo de las presuntas entregas de dinero a la cúpula del PP, que no tenía constancia de esas prácticas. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido indicaron a EL PAÍS que la secretaria general ha comentado en su entorno que fue ella quien puso fin a esas prácticas al acceder al cargo.

El presidente Rajoy declinó, a través de un portavoz y a requerimiento de EL PAÍS, pronunciarse sobre los documentos y su contenido hasta que se conozca el resultado de las auditorías interna y externa que encargó sobre las cuentas del partido.

Los pagos a la cúpula del PP reflejados en las anotaciones no tributaban a Hacienda, según fuentes próximas a los dos ex tesoreros, porque se entregaban como gastos de representación que los beneficiados supuestamente no debían justificar. De no haberlos declarado a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Una o varias veces al año la contabilidad registra salidas de dinero, que se ingresan en un banco bajo el concepto “donativos”. Esta mecánica sugiere que solo una parte de lo recibido era tramitado por vías legales y transparentes a través de su ingreso en un banco.

Dirigentes del PP sospechan que Bárcenas se pudo quedar con dinero

De esta manera, la contabilidad registra entre 2000 y 2003 diversos ingresos en el Banco de Vitoria con el concepto “donativos”. El Banco de Vitoria abandonó su marca comercial a finales de 2003 cuando fue absorbido por Banesto. En la contabilidad que manejaba Bárcenas hay un apunte de abril de 2004 donde junto al concepto “ingreso donativos Banco de Vitoria” aparece dibujada una pequeña flecha que apunta a un nombre: “Banesto”. A partir de ese momento, los ingresos de los donativos en el banco se identifican con el nuevo nombre de la entidad.

Pese a que, según los documentos analizados por EL PAÍS, solo se declaró una parte del dinero recibido, el PP sumó entre 1999 y 2007, según el Tribunal de Cuentas, 33 millones de euros en donaciones, diez veces más que el PSOE en el mismo periodo.

Dirigentes del PP consultados por este periódico temían que los secretos que Bárcenas guardaba en las nueve cajas de documentación que sacó de la sede del partido en vísperas de ser imputado por el caso Gürtel acabaran estallándole a la formación conservadora y al Gobierno de Rajoy.

El descubrimiento de una cuenta secreta en Suiza donde Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros, fruto de sus negocios a lo largo del tiempo, según el extesorero, hizo aumentar la preocupación entre los dirigentes del PP respecto a la información que como consecuencia del hallazgo judicial pudiera salir relacionada con las cuentas del partido. Sus temores se hicieron realidad cuando El Mundo informó de estos pagos procedentes de supuestas comisiones ilegales. En esa información se excluía del cobro de los mismos expresamente a Rajoy, en contra de lo que señala la contabilidad de Bárcenas, y a Cospedal, que según los mismos registros recibió dinero cuando fue elegida secretaria general.

Bárcenas ha sido junto a Lapuerta, con el que trabajó de gerente durante 18 años, el dueño de la caja del PP, la persona que conocía todos los detalles de cómo se financiaba la formación conservadora, a quién debían favores y quienes se beneficiaban de las aportaciones.

Rajoy aparece por primera vez con un pago semestral de 2.100.000 pesetas

Bárcenas, que no aparece como receptor de dinero en esa lista que controlaba, tenía un salario muy por encima del resto de ejecutivos del partido. Desde 2000 cobraba, de media, 200.000 euros al año. Y a partir de 2007, empezó a cobrar mediante dos ingresos: uno de la nómina y otro, muy superior, con el enunciado “transferencia del PP”. Dirigentes del partido han transmitido a EL PAÍS sus sospechas de que el extesorero, que durante 20 años controló todas las aportaciones privadas, pudo quedarse con un parte de ese dinero sin registrarlo en la contabilidad secreta. Esas sustracciones, siempre según las mismas fuentes del PP, podrían haber engrosado las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero en la investigación de la trama Gürtel.

Durante el proceso judicial del caso Gürtel, Bárcenas sintió que el partido en el que había trabajado 20 años le abandonaba a su suerte. Hasta el punto de que el PP dejó de pagar la minuta de su abogado. Bárcenas logró que en septiembre de 2011 el juez archivara la causa contra él pese a que aún no había llegado el resultado de las comisiones rogatorias en Suiza en busca de cuentas secretas. Pero la Audiencia reabrió el caso en 2012 tras un recurso de la Fiscalía.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han recibido presiones desde distintos sectores del PP para buscar una salida que dañe lo menos posible al partido y al Gobierno. Estas presiones se intensificaron tras conocerse la cuenta suiza donde Bárcenas acumuló 22 millones.

Anuncios

España, nido de avispas: Corrupción y lavado de dinero de las mafias rusas (5)

El magnate Oleg Deripaska pertenece a la familia del primer presidente de Rusia, Borís Yeltsin. Está casado con Polina, hija del primer matrimonio del periodista Valentin Yumáshev, ex jefe de la Administración presidencial y esposo de Tania, la hija menor de Yeltsin.

Los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Fernando Andreu tenían previsto viajar en octubre de 2009 a Moscú para interrogar a seis personas imputadas en dos de los sumarios que se instruyen en sus respectivos juzgados contra la mafia rusa.

Las autoridades de la Federación suspendieron, por segunda vez, las comisiones rogatorias. Ya en diciembre, nada más celebrarse el juicio por la Operación Avispa, ocurrió lo mismo.

La condición de Rusia para que esas comisiones rogatorias vayan adelante es que no se tome declaración como imputado sino como testigo al oligarca Oleg Derispaka, hombre cercano a Vladimir Putin y presidente de la primera empresa de aluminio del mundo, Rusal.

Las autoridades moscovitas tratan de salvar a toda costa a Derispaska de un eventual proceso penal en España. Desde hace meses los tira y afloja judiciales han sido una constante y aún no se tiene la certeza de que las comisiones rogatorias puedan materializarse a la vista de los últimos reveses. Pero Derispaka, con ser el objetivo principal de esas comisiones, no es el único. Mientras que Andreu, iba a centrarse en este objetivo, Garzón tenía previsto viajar a Rusia para tomar declaración como imputadas a otras cinco personas que figuran en la Operación Troika, la segunda de gran calado realizada en España contra la mafia.

El diario Ideal recopila también información sobre Oleg Deripaska:

En una carta al jefe del Kremlin los trabajadores de la fábrica local de celulosa y papel aseguran que Deripaska, considerado próximo a Putin, arruinó premeditadamente la planta cuando aún controlaba el 51 por ciento de sus acciones.

La planta, declarada en suspensión de pagos e intervenida desde 2010 por la Justicia, fue cerrada en 2008 por contaminar una superficie de al menos 200 kilómetros cuadrados del lago con dioxina, fenol y derivados del sulfuro, entre otras sustancias nocivas.

Aunque fue reabierta por orden directa de Putin, entonces primer ministro, la industria sigue adeudando millones de dólares al propio Deripaska, el multimillonario que controló la empresa hasta 2010 y que según sus empleados la llevó a la bancarrota.

Los trabajadores de la planta acusan a los gerentes de Deripaska de haber vendido activos de la fábrica -una central eléctrica y una estación de esquí- para luego desviar los beneficios.

El oligarca, investigado por la Justicia española por sus posibles relaciones con el crimen organizado, también habría “inflado la deuda” de la compañía y dejado de pagar los impuestos al Estado, según la carta remitida al presidente ruso.

Después de que la empresa fuera declarada en suspensión de pagos, el magnate del aluminio no dudó en vender el 51 por ciento de las acciones a su entonces socio Nikolái Makárov, a quien ahora reclama 150 millones de rublos (5 millones de dólares) prestados a la fábrica.

El empresario israelí de origen ruso Mikhail Cherny reclama a Deripaska el 20% de las acciones de UC Rusal, la mitad de todas las que posee el magnate del aluminio, en virtud de un supuesto acuerdo al que habrían llegado en 2001.

Mientras, fuentes del entorno de Deripaska pregonan por Moscú que el final de la “odisea española” de su patrón ha sido el procesamiento del juez Baltasar Garzón, quien inició la investigación contra él. Esta misma información coincide con el ABC quien reseña que el oligarca Oleg Deripaska, que ha estado imputado en España por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en uno de los sumarios abiertos contra la mafia rusa -investigación que ahora ha asumido la Justicia de su país-, relaciona la condena de Baltasar Garzón y su separación de la carrera judicial con el final de su “odisea”.

Al remitir copia del procedimiento a sus colegas rusos, el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu advirtió de que recuperará la competencia en caso de que Rusia decline su solicitud para investigar a Deripaska.

En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, conocida como “Izmailovskaya” (banda rusa), y es en Rusia donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales en España. Deripaska y sus ex socios controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal “habría ido conquistando” mediante la extorsión y el asesinato, y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Deripaska es reconocido no solamente por su éxito empresarial, sino por tener una relación muy cercana con el Kremlin, situación que ha usado en su beneficio, especialmente cuando de eludir a la justicia se trata.

Según el portal Noticias Diarias, Deripaska usó su maquinaria de amistades influyentes para negarse a ser interrogado en una investigación que la justicia española adelanta contra él por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, obligando al juez del caso (juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón) a desplazarse hasta Moscú para poder entrevistarse con él y con el visto bueno de la fiscalía rusa lo hizo en calidad de testigo y no de imputado.

Las tretas de Deripaska para conseguir sus objetivos en las cortes de todo el mundo parecen estar enfocadas ahora al juicio por la demanda que presentó el empresario israelí Michael Cherney en su contra, reclamando el pago del 20% de las acciones de una de las compañías de aluminio más grandes del mundo: RUSAL, una cifra que podría rondar los 4 billones de dólares. Cherney solicitó a la justicia británica que se encargara del caso, alegando que, dadas las conexiones de Deripaska en Rusia, no podía esperar.

No es la primera vez que Deripaska acude a oscuras maniobras para desacreditar a Cherney. En diciembre de 2010 una corte de Tel Aviv reconoció que había una campaña de desprestigio promovida por Alexei Drobashenko,  antigua mano derecha y director del “Eurasian Group“ – una de las empresas dirigidas por Deripaska – para la que contrató investigadores privados y consultores de imagen que se encargaran de conseguir información que pudiera dañar a su contraparte. Por este proceso ya han sido juzgadas y condenadas 4 personas en Israel.

Con la operación Troika cae la cuarta organización del crimen organizado más importante del mundo.  Estuvo dirigida contra la ‘Tambovskaya’, un grupo criminal ruso que toma su nombre de Tambov, una localidad a más de 1.000 kilómetros de San Petersburgo.

La operación fue coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, en la que han participado de forma conjunta más de 400 operativos de la Policía Nacional, incluido el Grupo Especial de Operaciones (GEO), miembros de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Según reseñó El Mundo, se practicaron una veintena de detenciones a personas que ocupaban puestos de gran responsabilidad en la organización mafiosa, los denominados ‘Vor v zakone‘, aquellos que ocupan la más alta categoría de la criminalidad de los países del Este, y mantenían contacto directo y permanente con otros miembros de la organización en Rusia.

En total, se produjeron 20 detenciones en Málaga, Madrid, Palma de Mallorca y Alicante y se desarrollaron una treintena de registros, en los que se hallaron documentación y efectos esenciales para demostrar que las empresas investigadas eran utilizadas para blanquear dinero. En Palma de Mallorca, además de los arrestos en la urbanización, algunas de las detenciones han sido en una inmobiliaria de la capital balear llamada Inmobiliaria Balear 2001 S.L.

En el vídeo que se incluye en este post se puede ver las condiciones en las que son tratados los empleados de una de las fábricas de las que es dueño Oleg Deripaska.

¡Urgente! Iñaki Urdangarín se enfrenta a una fianza millonaria

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y su exsocio en la Fundación Nóos, Diego Torres, van a verse obligados a hacer frente a una fianza millonaria por su implicación en el popularmente conocido como ‘Caso Nóos’.

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por el fiscal Pedro Horrach, formaliza este miércoles 21 de noviembre la petición de una fianza conjunta de 8,18 millones de euros, que Urdangarín y Torres tendrán que afrontar con su patrimonio personal.

La acusación popular, encabezada por la abogada Virginia López-Negrete del sindicato Manos Limpias, también ultima el informe que va a presentar al juez.

Denuncian ante la fiscalía otro presunto ‘caso Pallerols’ de la época de Farreres

Un fan de nuestro Facebook nos envía esta información y solicita máxima difusión.

Apoyamos con gusto este tipo de iniciativas.

El caso Pallerols y el caso Trabajo han sido dos ejemplos de corrupción política-económica probada judicialmente en Cataluña. El primero, con acuerdo; el segundo, con juicio. Los dos han afectado a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y a la Consejería de Trabajo de la Generalidad, departamento en manos de Ignasi Farreres (UDC) de 1988 a 1999.

Sin embargo, podrían no ser los dos únicos casos de desvío de dinero público mediante el mismo o similar modus operandi. Durante esos años, los centros de formación de cursos privados establecieron convenios con la Consejería por los que esta les reconocía como colaboradores para la oferta de cursos a parados y personas con trabajo. Los centros, para poder acceder a las subvenciones públicas, debían inscribirse en un censo que estaba en manos de la autonómica Dirección General de Trabajo.

Las subvenciones se solicitaban a través de las delegaciones territoriales de la Consejería de Trabajo, si bien las entidades colaboradoras con programas formativos de ámbito pluriprovincial podían presentar sus solicitudes directamente en la Dirección General de Trabajo. Esto último solo era obligatorio en los años 1998 y 1999.

Las solicitudes de ayudas -partidas que eran mixtas, una parte del dinero lo ponía directamente la Generalidad y otra, la Unión Europea; pero todo lo gestionaba la Administración autonómica- eran examinadas en las delegaciones territoriales, donde se elaboraba una propuesta o informe valorativo de acuerdo con los criterios legalmente establecidos. A estos informes se les unían los informes de los inspectores de la Consejería, llamados promotores en los primeros años.

Estos inspectores -unos 40 en toda Cataluña- eran los encargados de verificar in situ que los centros de formación reunían las condiciones y requisitos legales para impartir los cursos y, así, poder beneficiarse de las subvenciones que habían solicitado. También examinaban la calidad y la correcta ejecución de los cursos de formación.

¿Cómo se pedían las subvenciones?

Con estos informes completos de las delegaciones territoriales, en la Dirección General de Trabajo se tramitaba la primera fase para la concesión de la ayuda pública. Hubo dos formas de obtener las ayudas, una que se llevó a cabo entre los años 1994 y 1996 y otra, entre los años 1997 y 1999.

En el periodo 1994-1996, el autonómico Servicio de Seguimiento Técnico-Administrativo llevaba a cabo las labores de control y revisión de las acciones formativas desarrolladas por cada centro de formación, y se gestionaba la solicitud de subvenciones que se presentaba para el siguiente curso.

Tras esto, el jefe del Servicio de Administración y Promoción de Programas, el ya fallecido Joan Martín Toribio, emitía un informe dando el visto bueno a la concesión de la subvención. Todo el expediente era remitido al director general, Lluís Gavaldà -uno de los ahora condenados en el caso Pallerols-, que redactaba y firmaba la propuesta de resolución de concesión de la subvención. Finalmente, la propuesta se llevaba hasta la mesa del consejero de Trabajo para que la firmara.

Durante el periodo 1997-1999, el visto bueno era firmado directamente por la Subdirección General, sin necesidad de llegar a Gavaldà. En cualquiera de los dos casos, si se detectaban irregularidades, incumplimientos o infracciones durante los cursos de formación subvencionados, la revocación de la subvención ya concedida era propuesta por Gavaldà y firmada, necesariamente, por el propio Ferreres.

¿Cuándo se pagaban las subvenciones?

La Consejería de Trabajo entregaba el 50% de la subvención otorgada en el momento de la aprobación del proyecto para cada curso. Y el 50% restante cuando el curso finalizaba y se acreditaba documentalmente su realización y costes. Pero este 50-50 se dio solo durante los años 1994 y 1995, ya que a partir de 1996 la proporción varió: un 75% de la subvención, antes del curso; y el 25% restante, al finalizar el curso.

Para todo el periodo, la consolidación de los dos pagos necesitaba el informe favorable del director general de la Consejería. Como suele ocurrir en estos casos, el importe de la subvención dependía del número de horas del curso, su grado de complejidad y su coste para el centro o academia educativa. Unas cuantías o tarifas que fijaba la propia autonómica Dirección General.

En todo el proceso, Lluís Gavaldà ejercía de figura decisiva y determinante, tal y como ha señalado la sentencia del caso Pallerols -un pacto aceptado tanto por el propio afectado como por Unió-, condenado en este caso con la pena más alta de los cuatro imputados: un año y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inahbilitación absoluta durante tres años. Este es hermano del que fuera, durante esos años, secretario de Organización de UDC, Vicenç Gavaldà, también condenado en este último caso y motivo por el que este partido ha pagado.

¿Podría haber más casos?

Al caso Pallerols, cuyo modus operandi señalado utilizaban los tres centros de formación del empresario andorrano Fidel Pallerols, habría que sumar un sistema similar para las empresas relacionadas en el conocido como caso Trabajo por el que se desviaba dinero público de la Consejería de Trabajo mediante informes y estudios inútiles o inexistentes relacionados con proyectos laborales. Los dos condenados por este caso -ambos de Unió- han sido indultados recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Sin embargo, según una denuncia presentada el pasado 23 de enero ante la Fiscalía Superior de Cataluña estos dos casos podrían no ser los únicos. Informes de los inspectores de la Consejería, a los que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA, ponen de manifiesto que al menos otra empresa vinculada a Unió Democràtica de Catalunya podría haber desviado dinero de las subvenciones recibidas por la Generalidad durante el tiempo que Farreres fue consejero.

La empresa Educem Business, S.L. de Granollers (Barcelona), cuya propietaria era en 1996 Anna Maria Duran i Casanovashija de uno de los fundadores del centro-, entonces militante de Unió según varias fuentes consultadas, y, pese al apellido, sin relación familiar con Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, habría recibido supuestamente más cuantía en las subvenciones para cursos de formación de lo que justificó para ello.

Irregularidades o ‘incidencias destacadas’

Los hechos se remontan a 1996. El supuesto desvío de dinero afectaría a seis cursos y la cantidad supuestamente malversada sería de 45.476,2 euros (7.566.600 pesetas). El modus operandi utilizado sería el de impartir menos horas de las aprobadas en unos cursos que fueron sufragados con subvenciones pero con una novedad y es que la empresa, en el proceso del expediente administrativo, reconoce que efectuó menos horas de las que había programado inicialmente. Pero no devolvió la parte de la subvención correspondiente a esas horas no efectuadas.

La empresa recibe en 1996 el otorgamiento de la parte final (25%) de tres subvenciones (25 de abril, 28 de mayo y 16 de julio) para varios cursos por valor de 68.018.800 pesetas (408.801,22 euros). Entre estos cursos subvencionados están seis: de ofimática (dos), para jóvenes empresarios, de técnico en comercio exterior, de secretariado informático y de Word (Microsoft), cuya cuantía total subvencionada es de 32.600.000 pesetas (195.929,95 euros).

A finales de ese año e inicios de 1997, el inspector correspondiente de la Consejería de Trabajo detecta irregularidades o ‘incidencias destacadas’ durante el seguimiento técnico-administrativo. En concreto, los cursos no tienen los alumnos mínimos y las horas realizadas no se corresponden con las horas otorgadas de acuerdo con la documentación presentada, y ratificada por los propios alumnos. Se abren tres expedientes, uno por cada subvención.

Sin constancia de ‘las horas otorgadas’

Estos expedientes son estudiados por la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas de la autonómica Subdirección General de Trabajo, que emite el informe correspondiente el 9 de junio de 1997. Esta valoración concluye que las subvenciones deben ser revocadas parcialmente, ‘en función de las horas no impartidas en los cursos referidos’.

Más de nueve meses después, el 31 de marzo de 1998, el consejero Ferreres firma la resolución por la que se revocan las subvenciones  de los tres expedientes (96-C-0297, 96-C-0133 y 96-C-0810), dando así por bueno el informe de la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas.

Sin embargo, casi ocho meses después de esta revocación, el 21 de noviembre de 1998, una nueva resolución, también firmada por el consejero de Trabajo, deja sin efecto la decisión de revocación de las subvenciones a Educem Business, S.L. porque ‘existe una coherencia absoluta entre el gasto justificado y pagado en la referida entidad en relación a las subvenciones otorgadas’. Esta firma se lleva a cabo sin el informe técnico preceptivo y sin un solo cambio en los expedientes.

Pese a esta nueva resolución, el 1 de junio de 1999, Mercè Poch i Viñes, coordinadora del área de comarcas de la Delegación Territorial de Barcelona -actualmente jefa de la Sección de Fomento del Trabajo en el Servicio Territorial del Bajo Llobregat de la Dirección de la Red Ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)-, remite a Eulàlia Berna i Aguilar, jefa del Servicio de Ocupación de Cataluña, un informe señalando que pese a lo firmado por el consejero, en la Delegación que ella dirige ‘no queda constancia que, pese a que haya coherencia entre el gasto justificado y pagado en relación a las subvenciones otorgadas, se hayan realizado las horas otorgadas’, y por lo tanto no existen ‘elementos suficientes para firmar el segundo 25% de [las subvenciones de] los cursos señalados’.

Transferencia del 25% restante

Esta advertencia que recibe Berna i Aguilar es trasladada, solo seis días después, a Dolors Llorens i Ardiaca, subdirectora general de Trabajo, imputada inicialmente en el caso Pallerols y librada de cualquier pena al serle retirados los cargos en el marco del acuerdo alcanzado con la fiscalía para evitar el juicio.

En esa fecha, 7 de junio de 1999 se pierde la pista documental. Pese a la resolución del consejero no existe un informe favorable al pago de la parte final de las subvenciones a la entidad de formación. Hasta el 27 de abril de 2000, fecha en la que la empresa Educem Business, S.L. recibe la transferencia del 25% restante de las subvenciones de los seis cursos que los informes técnicos de los inspectores de la Consejería de Trabajo señalan con ‘incidencias’. El visto bueno de la Generalidad a esas transferencias se da el 16 de marzo de 2000.

Educem Business recibió 374,8 millones de pesetas (más de 2,25 millones de euros) entre 1993 y 1997 solo de la Consejería de Trabajo. Un año después de detectarse las irregularidades, según los informes de los inspectores, la empresa recibió 128,3 millones de pesetas, fue el año que más subvenciones de la Consejería de Trabajo recibió.

¿Por qué se tramitaron finalmente estas subvenciones? Tanto para el caso Pallerols, donde los jueces han señalado que las resoluciones del consejero eran fruto de una mera ‘revisión formal’ de los expedientes y venían directamente condicionadas y determinadas por los informes previos y propuestas del director general, como para el caso Trabajo, donde Ferreres fue absuelto, la justicia parece no darle valor a la firma del máximo responsable de la Consejería.

Ley de Transparencia… parece que algo se mueve y es por el escándalo Bárcenas

Soraya ha dicho que la ley de transparencia que se prepara será un posible antídoto contra la corrupción.

Parece que por fin se han dado cuenta de lo que hemos venido denunciando en este blog.

Aquí la noticia de RTVE, aunque Rajoy sigue esquivando el espinoso tema de Bárcenas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido hablar del caso Bárcenas en el Congreso de los Diputados aunque sí ha insistido en la necesidad de que todos los grupos alcancen un pacto contra la corrupción, tal y como anunció tras el último Comité Ejecutivo del PP.

En su turno, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado que el Ejecutivo presentará medidas concretas para perseguir los delitos de corrupción y ha dicho que si hay que modificar el Código Penal y endurecer las penas, se hará.

Este miércoles se ha celebrado la primera sesión de control del año, una sesión extraordinaria fuera del periodo de sesiones, en la que la corrupción política ha sido la protagonista.

Dos ocasiones ha tenido el presidente para refererirse al caso Bárcenas, tras las preguntas del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del coordinador de IU, Cayo Lara, pero en ninguna de las dos cuestiones ha querido entrar en los supuestos sobresueldos en B en el PP.

En su primer cara a cara de 2013, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha pedido a Rajoy “contundencia, celeridad y ejemplaridad” en casos como el del extesorero, a lo que Rajoy ha respondido: “No se me ocurre otra cosa que hacerle la misma recomendación”.

Rubalcaba ha advertido al presidente de que en el caso Bárcenas el PP no se puede ir “de rositas con triquiñuela legales” ni creerse impune y ha añadido que en su partido “ya aprendieron la lección”.

“No ha estado muy afortunado”, le ha contestado el presidente del Gobierno, quien ha opinado que la situación que existe en el PSOE le obliga a “hacer esos papelones”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido las medidas que ha impulsado o está impulsando su Gobierno y ha puesto como ejemplo la ley de transparencia o la reforma de la financiación de los partidos. Se ha mostrado convencido de que generarán “más transparencia, más control y mayor responsabilidad”.

El líder de los socialistas ha mostrado su preocupación por la desafección de los ciudadanos con la política y ha espetado a Rajoy que la lucha contra la corrupción “corresponde a todos”. “Usted tiene un problema de corrupción en su partido que afecta a las comunidades, a los ayuntamientos, a decenas de dirigentes”, ha dicho.

El portavoz de Izquierda Plural, Cayo Lara, también se ha referido al caso Bárcenas para decirle al presidente que la “bomba” del extesorero “le puede llegar a estallar en el Gobierno”. Lara ha propuesto al presidente la celebración de un pleno monográfico sobre la corrupción que siente las bases para un plan de lucha contra la misma pero Rajoy no ha recogido el guante y le ha respondido.

Lara ha hablado de los casos que afectan a Bárcenas y a Iñaki Urdangarín, del caso Gürtel, de Pokemon y de Pallerols y Rajoy le ha recomendado no repetir las noticias que aparecen en los periódicos y plantee medidas “útiles y eficaces”.

Santamaría:”La ley de transparencia, buen antídoto contra la corrupción”

Sáenz de Santamaría ha admitido que hay que trabajar más contra este tipo de delitos, pero ha recordado también que la Ley de Transparencia, que se está tramitando, es un buen “antídoto” contra la corrupción.

“Porque para perseguir todos esos delitos, la mejor manera de hacerlo es conocerlos y la mejor manera de conocerlos es que se publiquen de la A a la Z las subvenciones y contratos de las administraciones públicas que pueden ser un foto u origen de esta corrupción”, ha dicho.

Además, ha recalcado que por primera vez en España con rango de ley los principios del buen gobierno van a incluir infracciones si se incumplen y sanciones para castigarlas, con la posible inhabilitación de los altos cargos que dejarán de serlo durante “una larga temporada”.

Ha contestado así la número dos del Gobierno a la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien ha considea “insoportable” la mera sospecha de que desde el Gobierno se haya hecho “alguna actuación” para ayudar al ex tesorero del PP haciéndole un “traje a medida” con la “amnistía fiscal”, que ha tachado de “inmoral, indecente e inconstitucional”.

Sáenz de Santamaría le ha replicado que esa regularización “proviene de otra mucho mayor”, la de los tres puntos de déficit que el Ejecutivo anterior “ocultó y que éste ha tenido que aflorar”, ha subrayado que se han seguido las recomendaciones de la OCDE en esta materia y ha señalado que se ha reforzado la lucha contra el fraude fiscal.

Sin transparencia sólo puede haber impunidad

Todos los días nos despertamos con sobresaltos sobre delitos realizados impunemente por personajes de toda ralea: Bárcenas, Urdangarín, Cristina de Borbón, Gao Ping, Oniani, Deripaska… por mencionar un puñado mínimo de nombres.

Además, hay que contar con empresas muy conocidas y respectadas que también cometen actos delictivos como Pfizer, American Express, HSBC, Wal Mart, entre muchas otras.

Hay una auténtica red global de delincuentes, que es capaz de garantizar la impunidad de sus miembros ante cualquier tipo de delito: lavado de dinero, concursos públicos amañados, falsedad documental, fraude contra la hacienda pública, extorsión, asesinatos…

Esta corrupción, esta impunidad, esta sensación de que los poderosos se salen siempre con la suya, deja a la gente la idea de que no merece la pena hacer ningún esfuerzo honesto, porque los delitos gordos son más rentables.

Los delitos les salen gratis a quienes los cometen, mientras que somos la gente de a pie quienes tenemos que pagar sus fechorías.

Y cuando se dice pagar, no es en sentido figurado, sino totalmente literal.

Tan sólo en España se calcula que en desde el año 2000 la corrupción se ha cobrado casi 7.000 millones de euros.  ¡¡¡¡Más de 1 Billón con B) de las antiguas pesetas!!!!

Nadie paga por hacer cosas fuera de la ley, menos si son grandes delitos, incluso descubieros en flagrancia.

El sistema está hecho para que los poderosos nos tomen el pelo, ya que ellos deciden el momento para hacer y deshacer a su antojo las leyes que sí persiguen a otros, a sus enemigos, pero también a gente común y corriente que nos sentimos en un estado policial cada vez que levantamos la cabeza.

¿Cómo podemos ver marchar a nuestros jóvenes sin sentirnos desgarrados?

¿Cómo podemos seguir votando a los mismos después que sabemos que nos roban y se vuelven a presentar a las urnas sin ningún tipo de arrepentimiento?

¿Cómo podemos permitir que la policía, la guardia civil y algunos jueces honestos se juegen el tipo para atrapar a peligrosos delincuentes y que luego se les escapen entre los dedos?

¿No estáis hartos?

Estar harto de que no podamos acceder a la información de lo que se hace con nuestro dinero:

¿Cuánto ganan nuestros políticos?

¿En qué lo invierten?

Cosas tan básicas como saber el número de coches oficiales, las dietas, las secretarias, el coste de los proyectos, alquileres, gasolina, etc.

¿Cómo podemos tomar las mejores decisiones si no tenemos información?

La ley de transparencia no servirá si se le da a los gobiernos la posibilidad de responder cuando a ellos se les antoje.

Deberíamos exigir una transparencia total y absoluta, y sólo así los ciudadanos tendríamos la posibilidad de demandar un honesto desempeño de los políticos.

Saber dónde se van los dineros nos haría tan bien…

No solucionaría de manera automática todos los problemas, pero los poderosos se cuidarían de meter la mano en la caja pública si hay una manera directa de poder descubrirlos y no estar a merced de las filtraciones de la voluntad de los medios de comunicación, que son empresas con sus propios intereses.

Sin transparencia sólo puede haber impunidad.

¡Contra la impunidad ya!

¡Transparencia ahora!

Pobre Iñaki, si es que al final… La infanta Cristina animó a Urdangarín a montar Nóos porque estaba “frustrado” profesionalmente

Si es que al final lo de Urdangarín va a resultar una “terapia alternativa” contra la frustración.

Ya decían que tenemos unos políticos frustrados y que por eso va a ser que delinquen tanto.

Yo preferiría que se fueran a un psicólogo de los de toda la vida y así saldría más barato.

Veamos lo que dice El Confidencial

“Tranquilo, cariño.  Te acompañaré hasta la cárcel”

La infanta Cristina de Borbón animó en 2002 a Iñaki Urdangarín a crear el Instituto Nóos porque veía “frustrado” profesionalmente a su marido, que entonces trabajaba en la empresa de marketing deportivo Octagon S. L., con un salario de 210.000 euros anuales. Así figura en uno de los correos electrónicos que el exsocio del duque de Palma, Diego Torres, entregó el pasado miércoles al juez instructor del caso Urdangarín.

El yerno de don Juan Carlos confesaba el 11 de diciembre de 2002 a un íntimo amigo: “Mi frustración va en aumento“. Urdangarín aseguraba en ese email que una de las razones de su malestar era que los responsables de Octagon S. L. “piensan que yo soy el abrepuertas de la compañía”, dando a entender que la empresa utilizaba su vinculación familiar a la Casa Real como tarjeta de presentación para hacer negocios.
“Desnudo ante ti mi estado y mi alma”, declara Urdangarín a su amigo Iñaki de Mujika. “La consultoría es muy solitaria; hoy me siento solo en la empresa“, prosigue el duque de Palma. “Cristina vive como yo mi frustración. Una vez más se pone mi camiseta y me anima”. Y añade: “Dos personas de común admiración por parte de Cristina y mía lo ven claro, y de manera razonada piensan que el mundo está hecho para valientes”.
El exjugador internacional de balonmano explica a su interlocutor que cuenta con el apoyo incondicional de la infanta Cristina para romper su relación con Octagon S. L. y crear “una empresa propia entre Diego y yo”, en alusión a Torres, quien pocos meses después se convertiría en su socio y vicepresidente del Instituto Nóos. “Te preguntarás quién es Diego, qué diablos estamos montando, el porqué una empresa…”, continúa Urdangarín.
El marido de la Infanta se desahoga con Mujika, que fue quien le sugirió, hace ya más de una década, el nombre de Nóos para su proyecto. “Me encuentro [en Octagon] en una situación donde me piden cuentas a corto plazo de una inversión de crecimiento a largo”, se lamenta. “Choco con formas de actuar muy personalistas. Es una empresa familiar donde los dos presidentes llevan la compañía desde un modelo de gestión soberanista, autosuficiente y poco permeable”.
“Quiero ser mi propio jefe” 
Ante tanta “frustración” profesional, Urdangarín llega a una conclusión: “Quiero ser mi propio jefe. No puedo ocultar mi embriaguez ante un reto. Tengo fuerza y ese punto de valentía que me permite pensar en saltar el precipicio”. Y aunque ese saltotiene sus riesgos -“pierdo mi sueldo, actualmente 35 millones de pesetas de las de antes”, se duele-, confía en que, de ahora en adelante, podrá “facturar proyectos en el área socio-cultural”.
El duque de Palma cree que la palanca para alcanzar ese objetivo, que ahora está a punto de llevarlo al banquillo de los acusados por varios delitos de corrupción, no es otra que Torres. “El talento lo he encontrado en Diego Torres y su grupo de colaboradores, que han sido profesores míos de Esade en el área de Política de Empresa. He descubierto que rodeado de buena gente, crezco. Podrás pensar que no los conozco, pero tengo buen feeling“. Diez años después, de ese feeling solo quedan los despojos.
Ahora, los dos antiguos socios en el Instituto Nóos se han declarado la guerra, cuya última escaramuza ha sido la nueva remesa de correos electrónicos que el abogado de Torres, Manuel González Peeters, depositó este miércoles en el juzgado. En ellos, Torres deja claro que Carlos García Revenga, secretario personal de la infanta Cristina y su hermana, Elena de Borbón, además de extesorero de Nóos, jugó un papel estelar en la estrategia para captar fondos de Administraciones públicas y empresas privadas.
Precisamente en el email que envió a Mujika en 2002, Urdangarín se refiere al empleado de la Casa Real y estrecho colaborador de las infantas: “A Carlos García Revenga le doy sana envidia de saltar el precipicio”, dice, en alusión a su inminente aventura al frente del Instituto Nóos. “Él se lo ha planteado alguna vez y nunca lo ha conseguido”.