El (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la #corrupción política en Cataluña.

El SUP denuncia que no se combate la‘corrupción política’ en Cataluña

 

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Secretario General del SUP. Imagen: EFE

 

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la corrupción política que está dando tanto que hablar en Cataluña. Además ha difundido una nota en la que acusa al diario El País de exigir sanciones para “los policías docentes” con el fin de que “puedan seguir campando a sus anchas los corruptos”.

 

Según la información del diario El Mundo, el SUP asegura que muchos policías y ellos mismos como organización sindical están permitiendo la corrupción en general, la corrupción política en particular y más concretamente en Cataluña. No la están combatiendo con el rigor que exige las leyes y es posible que esa laxitud haya sido la moneda de cambio para que se mantuviera un perfil político bajo de demandas políticas independentistas en dicho territorio.

Según afirma la nota del SUP, “en España se ha instalado la corrupción ampliamente y ningún ámbito de la sociedad es impermeable”. Y añade: “Los ciudadanos lo intuyen y nosotros lo sabemos porque tenemos indicios sólidos de ello”.

Dicha nota se titula ‘La partida de la democracia’ y se ha escrito al estilo de una carta abierta en respuesta a un editorial publicado por El País este mismo jueves cuyo título es ‘La partida de la porra’. En ese artículo editorial el periódico aborda las investigaciones policiales y periodísticas que han destapado los recientes escándalos de corrupción relacionados con dirigentes de CiU.

El diario de Prisa critica, según su texto ideológico, directamente al SUP por defender “la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial” y denuncia “como hecho palpable” la existencia de “fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de la que ninguna autoridad sale fiadora”.

El SUP responde en su nota defendiendo que los policías decentes, sujetos a la ley y bajo control y dirección de las autoridades judiciales trabajen para combatir la corrupción desde la legalidad. Y añade: “Pero si se diera el caso de que la corrupción impide esa tarea será cuestión de buscar otros procedimientos, como se hizo en la clandestinidad, que contribuyan a que la Constitución y las leyes imperen por encima de los corruptos que las utilizan y los medios de comunicación que los protegen”.

 

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Georgianos en España. Las mafias de “La operación Avispa”.

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada "operación avispa". La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EFE

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada “operación avispa”. La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EFE

El antecedente de la operación ‘Avispa’

El principal antecedente de la desarticulación de una red mafiosa rusia en España es la operación Avispa, cuya primera fase se inició el 20 de junio de 2005. En esa fecha la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría cabecillas de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.El 23 de noviembre de 2006 se produjo la segunda fase de la operación con nueve detenidos, seis en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y uno en Yuncler de la Sagra (Toledo), que blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal de casinos en Rusia. Entre los arrestados estaba el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización, el ucraniano Oleg Vorontsov y otras nueve personas de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban una red financiera de blanqueo de capitales. En esta segunda fase fueron bloqueadas e intervenidas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y cincuenta tarjetas de crédito. El último coletazo de la operaciónAvispa se produjo en julio del año pasado con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana.Otra operación destacada por el número de detenidos se produjo el 18 de abril de 2006, cuando la Policía detuvo a un centenar de personas en Almería, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Zaragoza que integraban una organización dedicada a introducir ilegalmente en España a mujeres rusas para su explotación sexual. El 15 de febrero de 2001, la policía española, en colaboración con la rusa, detuvo en Castelldefels (Barcelona) a Sergei Butorin y Marat Poliansky, jefe y lugarteniente, respectivamente, de una de las más importantes organizaciones mafiosas de Rusia. Ambos estaban reclamados por Interpol acusados de 35 asesinatos y fueron extraditados a Rusia en 2003.

La Policía Nacional alerta a las jefaturas provinciales de atentados

La mafia georgiana busca venganza tras el mayor golpe policial que su estructura ha recibido en Europa

Desde Georgia los capos de estas organizaciones delictivas han ordenado a sus sicarios que ajusten cuentas con los responsables del desmantelamiento de gran parte de su red en España, a través de la operación Avispa. La Dirección General de la Policía se encuentra en alerta ante la posible entrada en España de los mafiosos. La actuación policial del pasado mes de junio, en la que se llevaron a cabo una treintena de detenciones por blanqueo de capital a lo largo de toda la costa mediterránea, no ha dejado inermes a los vori v zakone (ladrones de la ley) del Este, que es como se denomina a los jefes de estas organizaciones, equivalentes a los capos de la mafia italiana.

La mayoría de los delincuentes detenidos, considerados de muy alto rango, son georgianos, y fueron localizados principalmente en Barcelona, donde se produjeron cerca de la mitad de los arrestos. Uno de ellos fue detenido en una lujosa mansión en el número 24 de la calle de Joan Delors, en Pedralbes. Además, el hecho de que dos de los grandes dirigentes de la organización criminal duerman ahora en cárceles españolas se ha convertido en toda una afrenta para los vori v zakone, quienes han decidido iniciar su particular vendetta.

Esta situación ha puesto en alerta a la Dirección General de la Policía Nacional, que ha informado a las jefaturas provinciales de las peligrosas intenciones de estos delincuentes. Según la policía, la orden dada a los asesinos sería la de atentar, sobre todo, contra las autoridades judiciales que intervinieron en el caso.

Las identidades del juez instructor del caso, el titular del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y del fiscal anticorrupción que dirigió la operación, Antonio Salinas, fueron recogidas por los medios de comunicación de Georgia, donde esta operación tuvo una enorme relevancia.

La operación Avispa, en la que participaron más de 400 agentes, se desarrolló durante varios días a partir del 17 de junio en Barcelona, Castelldefels, Málaga. Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Alicante, Orihuela, Benissa y Altea.

Al menos 13 de las 28 detenidos fueron localizados en Barcelona, donde la mafia tenía implantada una red para el blanqueo de capitales. Hubo 41 registros en domicilios particulares, empresas y despachos profesionales, y se bloquearon 800 cuentas distribuidas en 42 entidades bancarias de todo el país.

La «operación Avispa» contra la mafia rusa, el mayor golpe en Europa contra el crimen organizado #corrupción

La operación policial desarrollada en diferentes provincias españolas contra la mafia rusa, en la que han sido detenidas 18 personas, entre ellas uno de sus ‘capos’, es la más importante contra los clanes mafiosos rusos desde 2007, cuando se culminaron las diferentes fases de la operación ‘Avispa’.La operación ‘Avispa’, cuya primera fase se inició el 20 de junio de 2005, fue una de las más importantes en España y en Europa contra las mafias de origen ruso. En esa fecha la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría cabecillas de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.

Entre los detenidos había cinco presuntos ‘capos’ rusos, trece georgianos, uno alemán y tres testaferros españoles, de los que supuestamente se valieron para crear sociedades instrumentales desde las que blanqueaban dinero. Además realizaban secuestros y asesinatos por encargo, principalmente en Georgia y Rusia.

Los detenidos formaban parte de la “más alta categoría de la criminalidad” de los países del Este, los llamados ‘Vor Z Konen’ (ladrones de ley).

Segunda fase

El 23 de noviembre de 2006 se produjo la segunda fase de la operación ‘Avispa’, con nueve detenidos -seis en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y uno en Yuncler de la Sagra (Toledo)- que blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal decasinos en Rusia.

Entre los arrestados estaba el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización, el ucraniano Oleg Vorontsov y otras nueve personas de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban una red financiera de blanqueo de capitales.

En esta segunda fase fueron bloqueadas e intervenidas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y cincuenta tarjetas de crédito.

El último coletazo de la operación ‘Avispa’ se produjo en julio del año pasado con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana. 

VIA:
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-07-2007/abc/Nacional/detenido-el-ex-subdelegado-del-gobierno-en-barcelona-por-sus-trabajos-para-la-mafia-rusa_1634275768632.html

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Otras operaciones

Otra operación destacada por el número de detenidos se produjo el 18 de abril de 2006, cuando la Policía detuvo a un centenar de personas en Almería, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Zaragoza que integraban una organización dedicada a introducir ilegalmente en España a mujeres rusas para su explotación sexual.

Mucho antes, el 15 de febrero de 2001, la policía española, en colaboración con la rusa, detuvo en Castelldefels (Barcelona) a Sergei Butorin y Marat Poliansky, jefe y lugarteniente, respectivamente, de una de las más importantes organizaciones mafiosas de Rusia.

Ambos estaban reclamados por INTERPOL acusados de 35 asesinatos y fueron extraditados a Rusia en 2003.

La Audiencia Nacional absolvió a seis de los 12 procesados

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada "operación avispa". La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales.

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada “operación avispa”. La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EF

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Alexander Kalashov, líder de la mafia ruso-georgiana desarticulada entre 2005 y 2006 con la denominada ‘Operación Avispa’, por un delito de blanqueo de capitales, que también atribuye a otros cinco acusados, a los que impone a a penas de entre dos y cinco años de cárcel. A todos ellos, les obliga al pago de multas millonarias y les absuelve del delito de asociación ilícita que les había atribuido la Fiscalía.

En concreto, el tribunal -formado por Angel Luis Hurtado, Julio de Diego López y Enrique López- condena a Kalashov por un delito continuado de blanqueo de capitales a siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 20 millones de euros. A uno de sus hombres más cercanos, Mikhail Mdinaradze le atribuye el mismo delito, por el que le impone una pena de cinco años de prisión y una multa de ocho millones de euros.

Además, Konstantin Asatiani, Oleg Vorontsov, Alexander Minin y Natalia Serova son considerados responsables de un delito de blanqueo de capitales. Se les imponen, respectivamente, las penas de cuatro años de cárcel y 500.000 euros de multa; cuatro años y 300.000 euros; tres años y multa de tres millones de euros, y dos años de prisión y 900.000 euros.

La Sala ha absuelto de todos los delitos que se les atribuían a los otros seis procesados, entre los que se encuentran los cuatro españoles a los que se había implicado en la organización mafiosa, Angel Blanco, María Flor Casado, Juan Manuel Cantarero y Carlos Antonio Fernández Asensio, bajo las acusaciones de falsedad de documento mercantil y blanqueo de captiales.

Los otros dos absueltos son Alexander Gofshtein, abogado de Kalashov detenido en la segunda etapa de la ‘Operación Avispa’, al que el fiscal atribuía los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, y Olena Gotsulenko, a la que acusaba de blanqueo de capitales. Además, tampoco ha atribuido a los seis condenados el delito de asociación ilícita.

 

EXPULSION DE ESPAÑA

 

La sentencia dispone además que las penas privativas de libertad impuestas a Mdinaradze y Minin se sustituyan por su expulsión del territorio español, con prohibición de regreso al mismo por un plazo de diez años. Además, acuerda que Kalashov sea expulsado de España en el caso de que se acceda al tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de la condena, con prohibición de regreso al territorio español durante diez años. Para este cómputo será tenido en cuenta el tiempo que el jefe del grupo mafioso ha estado privado provisionalmente de libertad por esta causa, en concreto, algo más de tres años.

El fiscal anticorrupción José Grinda había solicitado 12 años de cárcel para el presunto jefe de la organización por los dos delitos que le atribuía (asociación ilícita y blanqueo de dinero). En la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia en diciembre, el representante del Ministerio Público recalcó que la acusación de que Kalashov es un ‘ladrón en ley’ –un importante jefe mafioso– no sólo partió de la Policía española, sino que en ello coinciden informes del FBI, la Policía israelí, italiana y francesa, los servicios de inteligencia rusos y los enlaces ruso y español en sus respectivas Embajadas.

El fiscal acusó a este destacado ‘capo’ de liderar una organización que se dedicaba a blanquear en España “importantes cantidades de dinero” que se obtenían del tráfico de drogas y armas, asesinatos por encargo, extorsión, contrabando y el control de los principales casinos de la Federación.

Las penas que solicitó para sus subordinados eran menores. Así, para Konstantin Asatiani y Oleg Voronstov pidió nueve años y tres meses; para Mikhail Mdinarazde, siete años y nueve meses; para Alexander Gofshtein, siete años y tres meses; para Alexander Minin y Natalia Serova, cuatro años y diez meses; para Olena Gotsulenko, tres años y seis meses; para Carlos Antonio Fernández Asensio, siete años y cuatro meses; para Juan Manuel Cantanero, cuatro años y nueve meses; y para Angel Blanco Yáñez y MªFlor Casado, penas inferiores al año.

En su informe final de conclusiones, el fiscal subrayó que durante el juicio “nadie supo decir a qué se dedica” Kalashov, a pesar de que se ha comprobado que las sociedades que dirigía movían importantes cantidades de dinero. Como ejemplo, recordó que el presunto cerebro de la organización posee una tarjeta American Express Centurion, que sólo poseen “300 personas en España” y que requiere gastos anuales de más de 200.000 euros.

 

DETENIDO EN DUBAI

 

El presunto líder de la organización fue detenido en mayo de 2006 en Dubai, meses después de que se desarrollara la primera fase de la ‘Operación Avispa’, en junio de 2005, que se saldó con 28 detenidos, entre ellos 22 ‘capos’ de las mafias de la antigua URSS acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. Además, se realizaron 41 registros y se bloquearon más de 800 cuentas bancarias pertenecientes a 42 entidades bancarias distintas.

La segunda fase de la operación tuvo lugar en noviembre de 2006 y acabó con nueve detenidos, entre ellos Oleg Vorontsov, Alexander Gofhstein, Konstantin Asatiani y Carlos A. Fernández Asensio, acusados de crear una red para “auxiliar” a Kalashov, en prisión desde junio de ese año, y “conseguir su libertad y ocultar su responsabilidad penal”.

Entre estas actividades se incluía “contactar con personas que influyeran en los magistrados y fiscal encargados de la investigación”. Para este fin, como demuestra una conversación telefónica que se le grabó, Voronstov llegó a sugerir regalarle al juez de Vigilancia Penitenciaria “iconos sencillos”, dado que había sabido que los coleccionaba.

La mafia china detenida en el caso emperador salen en libertad.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el último recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción para evitar la excarcelación de la cúpula de la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la ‘operación Emperador’ y de su presunto cabecilla, Gao Ping, informaron fuentes jurídicas.

El tribunal, presidido por el juez Alfonso Guevara, ha inadmitido a trámite el recurso de súplica presentado por el Ministerio Público contra el auto dictado el pasado jueves en el que ordenó la excarcelación de otro supuesto dirigente de esta red, Kai Yang, al entender que el instructor, Fernando Andreu, sobrepasó ilegamente el plazo máximo de detención.

Si la Sala de lo Penal avala este auto, el juez debería dictar la libertad de los 20 detenidos a los que envió a prisión los días 19 y 20 de octubre, entre los que se encontrarían tanto Gao Ping como el presunto cabecilla de la trama de extorsión, Hai Boo.

NO TIENE CABIDA

Los magistrados de la Sección Tercera, que rechazaron este lunes el incidente de nulidad presentado por los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, argumentan en su resolución que el recurso de súplica planteado no tiene cabida en el actual momento procesal.

La Fiscalía Anticorrupción argumentaba en su recurso que el auto que ordenó la excarcelación de Yang no se ajusta a derecho y que el asunto debía ser sometido a la consideración de los 19 magistrados que conforman el Pleno de la Sala de lo Penal.

A su juicio, la anulación de los autos de prisión dictados por el juez instructor, Fernando Andreu, los días 19 y 20 de octubre no está fundamentada, ya que el magistrado no celebró ninguna declaración ni ordenó otras diligencias después de las seis de la mañana del día 19, momento en el que expiró el plazo de 72 horas que establece la ley para la puesta a disposición judicial de un detenido por orden judicial.

INCIDENTES DE NULIDAD

El tribunal, al igual que hizo en el caso de Yang, también ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por las defensas de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq, que salieron en libertad el pasado viernes después de que se ordenara la retirada de su pasaporte.

Gao Ping y Hai Bo, así como una decena de presuntos dirigentes de la organización, han solicitado al juez Andreu su inmediata puesta en libertad en aplicación del auto por el que se acordó la excarcelación de Kai Yang.

El abogado de Gao Ping, Emilio Eirenova, argumenta en su escrito que el juez instructor vulneró los derechos fundamentales de su cliente al no tomarle declaración judicial en las 72 horas posteriores a su detención, que se produjo el 16 de octubre.

En este contexto, el juez Andreu ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si procede excarcelar a la veintena de detenidos a los que tomó declaración los días 19 y 20 de octubre, y en ese caso qué medidas cautelares les deben ser impuestas para evitar que se fuguen del país.

El SUP denuncia que la corrupción afecta a todos los partidos y que se impide a la policía investigar

El SUP denuncia que la corrupción afecta a todos los partidos y que se impide a la policía investigar

El sindicato apunta a la posibilidad de que la filtración provenga de policías o mossos “indignados” con supuestas prácticas de ocultar casos de corrupción cuando afectan a políticos o empresarios de relevancia

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado que la corrupción política afecta a todos los partidos de España y que altos cargos policiales “fuertemente politizados” impiden que se realicen las investigaciones oportunas para dilucidar los casos.

Así, han salido en defensa de los Mossos d’Esquadra que investigaron el caso Palau y han apuntado la posibilidad de que la filtración del informe publicado por El Mundo sea obra de policías o mossos d’Esquadra “indignados” con supuestas prácticas de ocultar casos de corrupción cuando afectan a políticos o empresarios de relevancia.

En una rueda de prensa, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha comparecido flanqueado por cinco compañeros para darle su apoyo. “Si me ponen una querella será la 40 oprque y allevo 39”, ha dico Sánchez Fornet sobre las posibles consecuencias de sus actos.

Sánchez Fornet ha opinado que en el informe en poder del sindicato, del que ha dado copia a los medios de comunicación,

El SUP ha entregado al juez del “caso Palau”  publicado sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Artur Mas y Jordi Pujol, que dice haber recibido de forma anónima.

Sánchez Fornet ha considerado que el informe se hizo realmente por policías y “alguien decidió” que no se incorporara a ninguna causa judicial y se quedara “durmiendo en un cajón”.

En el escrito remitido al juez, el sindicato policial explica que en el “borrador” de informe se comentan pagos de comisiones ilícitas presuntamente recibidas por determinadas entidades, “así como en cuentas de algunos dirigentes políticos y de sus familiares directos más allegados”.

Sánchez Fornet también ha mencionado que obra en su poder una segunda parte del borrador en el que sí se vincularía a Artur Mas y a Jordi Pujol padre con cuentas en Suiza.
VERLO EN
http://www.youtube.com/watch?v=bKVrfkl5IEM&feature=colike

La denuncia del SUP afecta a “todos” los grandes partidos y a todas las ideologías y se concreta en trabas para investigar a políticos corruptos, traslados de policías que investigan a políticos o familiares de políticos, castigos solapados, promociones de policías corruptos y otros mecanismos que denotan no solo la existencia de una corrupción profunda en la política y en la Justicia, sino que ambas corrupciones se coordinan para impedir que la Justicia pueda operar.

Al parecer hay miles de casos de corrupción y abuso denunciados ante juzgados donde los jueces no hacen nada para que esos casos sean investigados y aclarados. La fiscalía ha informado de que existen en torno a un millar de casos abiertos por corrupción en España y muchos mas en investigación, pero ni ha aclarado el número de los que se investigan ni el número, mucho más elevado, de los que han sido tapados o paralizados en los juzgados para que no prosperen.

Se trata no sólo de un mecanismo de corrupción de la Justicia sino de una pieza importante en la impunidad práctica que disfrutan los políticos cuando cometen fechorías.

Los partidos políticos utilizan frecuentemente el truco de presentar denuncias cuando jueces cercanos al propio partido están de guardia o utilizan caminos oscuros para que determinados procesos sean responsabilidad de jueces concretos, en los que ellos confían, lo que constituye una nauseabunda corrupción politico-judicial que invalida la democracia y refleja el carácter sucio, arbitrario y hasta tiránico del sistema político español..

La denuncia del SUP se ha realizado con el escándalo de las acusaciones contra Artur Mas y Jordi Pujol y sus familias como telón de fondo, ante las que el fiscal jefe de Cataluña se ha apresurado a salir en defensa de los políticos nacionalistas catalanes y en contra del diario “El Mundo”, algo que ha provocado la protesta del fiscal general del Estado, superior jerárquico del fiscal catalán.

Algunos policías afirman que la Justicia está intensamente politizada y que gran parte de los jueces y magistrados actúan como si fueran militantes o cargos de determinados partidos políticos, lo que convierte la administración de la Justicia en un sainete cargado de tragedia e inmundicia.

La corrupción del sistema político-judicial español tiene manifestaciones inquietantes y tan corruptas que provocan vómito, entre las que destacan las frecuentes desapariciones de documentos y pruebas en dependencias judiciales.

Otras manifestaciones de la corrupción son la persecución de policías honrados, la promoción de policías corruptos y al servicio de los partidos, dentro del cuerpo, la elaboración de informes falsos y tendenciosos, la existencia de juzgados saturados de trabajo en los que caen, inexplicablemente, casos de gran importancia para que queden paralizados, los errores voluntarios que dejan en libertad a culpables, la incapacidad para encontrar y convocar a implicados, la “blandura” de algunos interrogatorios y la “dureza” de otros, la lentitud estudiada y premeditada de las actuaciones judiciales, en espera de que los delitos prescriban, la irregularidad de las sentencias y muchas otras, suficientes para que la ciudadanía española se sienta asqueada del funcionamiento de la Justicia en España.

Membrete de Interior

El informe entregado al juez lleva el membrete de “Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría General de Policía, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales”.

Y sobre su asunto dice: “Dando cuenta de posible documentación desaparecida durante los registros efectuados por otro Cuerpo Policial, conteniendo información recuperada, así como otra, de testigos voluntarios con presumible consideración de protegidos”.

Además, en la documentación entregada por el sindicato se encuentra un escrito anónimo de una persona que dice haber sido alto cargo de una empresa que denuncia “presuntos hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.

También se ha entregado al juez una nota sobre una supuesta reunión de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) con los fiscales en la que estos supuestamente pusieron dificultades a la investigación sobre corrupción que llevaban a cabo.

El documento recibido por el SUP no tiene registro de salida, sino que se indica que es un “Borrador pendiente de registrar” y se referencia como “Diligencias Previas 3360/2009-D del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona”, el que se encarga precisamente de investigar el “caso Palau”.

Al entregar este borrador al juzgado, el sindicato pide al juez que lo investigue para “contribuir al esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos” denunciados en los escritos.

El líder del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha dicho que no entiende que el Ministerio del Interior haya dicho que no encuentra el borrador y que no se haya abierto una investigación judicial sobre todo lo que denuncia el texto.

En cuanto el contenido del informe, el SUP ha dicho que no puede avalar su contenido ni la veracidad de todas sus afirmaciones sino reclamar que se investigue, al tiempo que ha considerado que esta polémica no perjudica, sino que más bien beneficia, a Mas en las elecciones autonómicas del domingo.

“En este informe yo no he visto que haya una imputación directa a Artur Mas”, ha opinado, no obstante, Sánchez Fornet, si bien un periodista le ha hecho la observación de que precisamente en una página del informe se habla de las comisiones que “el padre del actual presidente Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que, según se señalaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo”.

DOCUMENTOS PDF : http://ecodiario.eleconomista.es/imag/_v2/documentos/informe-fiscalia-mas.pdf 

Esta declaracion me confirma que no “TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY”. Hasta en eso están protegidos los polítcos y empresarios corrutos, y así esta el Pais.

Denuncia penal del SUP contra el director general de la Polícia

SUP denuncia a Cosidó por usar un avión incautado para un acto protocolario

EUROPA PRESS

   El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al que acusa de un delito de malversación por usar un avión incautado en una operación policial contra el narcotráfico para desplazarse a Cádiz para felicitar personalmente a los agentes que participaron en otra operación contra el tráfico de drogas. Cosidó ha contestado que estaba autorizado judicialmente para usar dicho avión.

   Fue el pasado 14 de agosto cuando Cosidó se desplazó desde Madrid a Cádiz para felicitar personalmente a los agentes de la Policía que habían intervenido un barco cargado con 3.000 kilos de cocaína. Para ello, según la denuncia del SUP, empleó este avión, incautado en una operación antidroga en diciembre de 2005.

   Desde el sindicato entienden que “el uso que se hizo del avión no se ajusta a los requisitos establecidos legalmente” ya que sólo puede ser usado para “la persecución del tráfico ilegal de drogas y persecución del contrabando” por parte de la Policía Judicial. Por ello considera que se ha cometido “un delito contra la Administración Pública, más específicamente de malversación” y pide al juez que cite a declarar a Cosidó.

   Además advierte el SUP de que cuenta con “otros expedientes abiertos por el uso del avión por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz  para ir a Baleares al acto protocolario de la toma de posesión del delegado del Gobierno, o por su viaje a Algeciras, (donde desplazó a un grupo de 50 miembros de la UIP de Sevilla, con el consiguiente gasto en dietas y combustible, para “rendir honores”), entre otros que realizan usando indebidamente los medios aéreos de la Policía que son para actividades operativas, no de protocolo político, por su conveniencia y comodidad”.

EXPLICACIONES DE COSIDÓ

   El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha contestado desde Logroño que la autoridad judicial había concedido “sin restricciones” al Cuerpo el uso del aparato. Ha explicado que “este verano, el CNP tuvo la suerte de protagonizar una de las más importantes operaciones en la lucha contra la droga”, la ‘Operación Espartana’, en la que se incautaron 3.000 kilos de cocaína en las bodegas de un barco.

   Cosidó ha argumentado que su “obligación como director general de la Policía era acudir a Cádiz para conocer los detalles de la operación y felicitar a los numerosos agentes y unidades participantes”, algunos de ellos, como ha recordado, procedentes de Italia o Bulgaria, nacionalidad de los tripulantes del buque.

   “Además, había que darla a conocer a los medios de comunicación”, ha añadido, puesto que, según la denuncia del SUP, el viaje lo realizó en compañía de tres periodistas. Ante esta situación, Cosidó ha afirmado que “el avión estaba puesto a disposición del CNP por la autoridad judicial, sin ninguna restricción”.

   “No creo que hubiera ningún tipo de irregularidad”, ha dicho al tiempo que ha insistido en que “el avión fue puesto a disposición sin restricción por la autoridad judicial”, algo que, ha recalcado, “será convenientemente aclarado”.

   “Usé los medios que me parecieron oportunos. Se trataba de un avión puesto a disposición de la unidad aérea de la Policía, y el Cuerpo siempre hace un uso con estricto respeto de la legalidad de los medios puestos a su disposición”, ha finalizado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, presentó el pasado martes ante los juzgados de Madrid una denuncia penal contra el director general de la institución, Ignacio Cosidó, por malversación de bienes públicos.

El SUP sostiene que Cosidó usó el pasado verano un jet incautado a un grupo de ‘narcos’ que legalmente solo puede ser utilizado por los agentes de estupefacientes de la Policía Judicial y únicamente para operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Interior, sin embargo, argumenta que el SUP se equivoca de avión y tiene autorización judicial para disponer del aparato «sin limitaciones» en sus traslados, siempre que sean oficiales.La denuncia del SUP pivota sobre el artículo 374.3 del Código Penal, que limita el uso de los bienes decomisados a los narcotraficantes exclusivamente a los funcionarios antidroga. Textualmente, ese precepto establece que «la autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la Policía Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas».El sindicato también insiste en que el Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y la Ley de Represión de Contrabando reiteran que las propiedades incautadas solo puede ser usados por las fuerzas de seguridad y en exclusiva para combatir los delitos de narcotráfico y conexos.Los hechos denunciados se remontan al pasado 14 de agosto, cuando Cosidó, «en compañía de tres periodistas», voló a Cádiz en un avión del Cuerpo Nacional de Policía para felicitar a los agentes que habían participado en la ‘Operación Espartana’, en la que se había interceptado un mercante con 3.000 kilos de cocaína en sus bodegas. La demanda del SUP asegura que el aparato utilizado por el director era un reactor alemán Tipo Jet bimotor, matrícula D-ISGW, que la Policía interceptó en diciembre de 2005 en el aeródromo de Fuentemilanos, en Segovia, en el transcurso de la ‘operación Fomento’ en la que fueron incautados 106 kilos de cocaína .Para el sindicato no hay duda de que Cosidó incurrió en un delito de malversación porque es evidente que su figura como director general no puede «integrarse dentro del concepto de Policía Judicial dedicada particularmente a la persecución del tráfico de droga».«El uso que se hizo del avión no se ajusta a los requisitos establecidos legalmente. Cuestión distinta es que se estén utilizando de forma permisiva y generalizada e, incluso, abusiva por parte de responsables policiales aviones, vehículos y otros medios y objetos intervenidos en la lucha contra el narcotráfico, al amparo de la legislación indicada», apunta la denuncia. En ese documento, el SUP insiste en la falta de «control» en el Cuerpo de esos medios incautados a las redes de narcotraficantes y la «desviación en el uso y los fines para los que han sido autorizados judicialmente».‘Operación Malaya’Responsables de la Dirección General de la Policía aseguraron que el viaje a Cádiz se realizó en otro avión, un reactor matrícula EC-IAX, incautado en la conocida ‘operación Malaya’ de blanqueo de capitales, nada que ver con el narcotráfico. En cualquier caso, sostienen que el Cuerpo Nacional de Policía tiene autorización judicial para usar ese aparato «sin limitaciones» en cuanto al motivo del viaje, siempre que se trate de traslados oficiales de miembros de la institución. Todo ello, amén de que el viaje en el avión del Cuerpo costó 1.737 euros frente a los 3.861 que hubieran costado siete billetes de ida y vuelta entre Madrid y Jerez, según esas fuentes.