El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado que la corrupción política afecta a todos los partidos de España y que altos cargos policiales «fuertemente politizados» impiden que se realicen las investigaciones oportunas para dilucidar los casos.
Así, han salido en defensa de los Mossos d’Esquadra que investigaron el caso Palau y han apuntado la posibilidad de que la filtración del informe publicado por El Mundo sea obra de policías o mossos d’Esquadra «indignados» con supuestas prácticas de ocultar casos de corrupción cuando afectan a políticos o empresarios de relevancia.
En una rueda de prensa, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha comparecido flanqueado por cinco compañeros para darle su apoyo. «Si me ponen una querella será la 40 oprque y allevo 39», ha dico Sánchez Fornet sobre las posibles consecuencias de sus actos.
Sánchez Fornet ha opinado que en el informe en poder del sindicato, del que ha dado copia a los medios de comunicación,
El SUP ha entregado al juez del «caso Palau» publicado sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Artur Mas y Jordi Pujol, que dice haber recibido de forma anónima.
Sánchez Fornet ha considerado que el informe se hizo realmente por policías y «alguien decidió» que no se incorporara a ninguna causa judicial y se quedara «durmiendo en un cajón».
En el escrito remitido al juez, el sindicato policial explica que en el «borrador» de informe se comentan pagos de comisiones ilícitas presuntamente recibidas por determinadas entidades, «así como en cuentas de algunos dirigentes políticos y de sus familiares directos más allegados».
Sánchez Fornet también ha mencionado que obra en su poder una segunda parte del borrador en el que sí se vincularía a Artur Mas y a Jordi Pujol padre con cuentas en Suiza.
VERLO EN
http://www.youtube.com/watch?v=bKVrfkl5IEM&feature=colike
La denuncia del SUP afecta a “todos” los grandes partidos y a todas las ideologías y se concreta en trabas para investigar a políticos corruptos, traslados de policías que investigan a políticos o familiares de políticos, castigos solapados, promociones de policías corruptos y otros mecanismos que denotan no solo la existencia de una corrupción profunda en la política y en la Justicia, sino que ambas corrupciones se coordinan para impedir que la Justicia pueda operar.
Al parecer hay miles de casos de corrupción y abuso denunciados ante juzgados donde los jueces no hacen nada para que esos casos sean investigados y aclarados. La fiscalía ha informado de que existen en torno a un millar de casos abiertos por corrupción en España y muchos mas en investigación, pero ni ha aclarado el número de los que se investigan ni el número, mucho más elevado, de los que han sido tapados o paralizados en los juzgados para que no prosperen.
Se trata no sólo de un mecanismo de corrupción de la Justicia sino de una pieza importante en la impunidad práctica que disfrutan los políticos cuando cometen fechorías.
Los partidos políticos utilizan frecuentemente el truco de presentar denuncias cuando jueces cercanos al propio partido están de guardia o utilizan caminos oscuros para que determinados procesos sean responsabilidad de jueces concretos, en los que ellos confían, lo que constituye una nauseabunda corrupción politico-judicial que invalida la democracia y refleja el carácter sucio, arbitrario y hasta tiránico del sistema político español..
La denuncia del SUP se ha realizado con el escándalo de las acusaciones contra Artur Mas y Jordi Pujol y sus familias como telón de fondo, ante las que el fiscal jefe de Cataluña se ha apresurado a salir en defensa de los políticos nacionalistas catalanes y en contra del diario “El Mundo”, algo que ha provocado la protesta del fiscal general del Estado, superior jerárquico del fiscal catalán.
Algunos policías afirman que la Justicia está intensamente politizada y que gran parte de los jueces y magistrados actúan como si fueran militantes o cargos de determinados partidos políticos, lo que convierte la administración de la Justicia en un sainete cargado de tragedia e inmundicia.
La corrupción del sistema político-judicial español tiene manifestaciones inquietantes y tan corruptas que provocan vómito, entre las que destacan las frecuentes desapariciones de documentos y pruebas en dependencias judiciales.
Otras manifestaciones de la corrupción son la persecución de policías honrados, la promoción de policías corruptos y al servicio de los partidos, dentro del cuerpo, la elaboración de informes falsos y tendenciosos, la existencia de juzgados saturados de trabajo en los que caen, inexplicablemente, casos de gran importancia para que queden paralizados, los errores voluntarios que dejan en libertad a culpables, la incapacidad para encontrar y convocar a implicados, la “blandura” de algunos interrogatorios y la “dureza” de otros, la lentitud estudiada y premeditada de las actuaciones judiciales, en espera de que los delitos prescriban, la irregularidad de las sentencias y muchas otras, suficientes para que la ciudadanía española se sienta asqueada del funcionamiento de la Justicia en España.
Membrete de Interior
El informe entregado al juez lleva el membrete de «Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría General de Policía, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales».
Y sobre su asunto dice: «Dando cuenta de posible documentación desaparecida durante los registros efectuados por otro Cuerpo Policial, conteniendo información recuperada, así como otra, de testigos voluntarios con presumible consideración de protegidos».
Además, en la documentación entregada por el sindicato se encuentra un escrito anónimo de una persona que dice haber sido alto cargo de una empresa que denuncia «presuntos hechos que pudieran ser constitutivos de delito».
También se ha entregado al juez una nota sobre una supuesta reunión de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) con los fiscales en la que estos supuestamente pusieron dificultades a la investigación sobre corrupción que llevaban a cabo.
El documento recibido por el SUP no tiene registro de salida, sino que se indica que es un «Borrador pendiente de registrar» y se referencia como «Diligencias Previas 3360/2009-D del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona», el que se encarga precisamente de investigar el «caso Palau».
Al entregar este borrador al juzgado, el sindicato pide al juez que lo investigue para «contribuir al esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos» denunciados en los escritos.
El líder del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha dicho que no entiende que el Ministerio del Interior haya dicho que no encuentra el borrador y que no se haya abierto una investigación judicial sobre todo lo que denuncia el texto.
En cuanto el contenido del informe, el SUP ha dicho que no puede avalar su contenido ni la veracidad de todas sus afirmaciones sino reclamar que se investigue, al tiempo que ha considerado que esta polémica no perjudica, sino que más bien beneficia, a Mas en las elecciones autonómicas del domingo.
«En este informe yo no he visto que haya una imputación directa a Artur Mas», ha opinado, no obstante, Sánchez Fornet, si bien un periodista le ha hecho la observación de que precisamente en una página del informe se habla de las comisiones que «el padre del actual presidente Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que, según se señalaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo».
Oleguer Pujol: 40 años y 400 millones
Contra la impunidad ya! 