Fin de la huelga de sanidad con la dimisión de 150 médicos.

sanidad
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha anunciado este viernes en rueda de prensa que desconvoca la huelga indefinida entre médicos y residentes de Madrid tras cinco semanas de paros.

Hoy se cumplía la décimo octava jornada de huelga convocada en protesta por el plan de sostenibilidad sanitaria que va a poner en marcha el Gobierno regional y que contempla la externalización de la gestión de seis hospitales públicos y de 27 centros de salud.

Dimiten más de 150 médicos en Madrid

Renuncian a sus puestos en las juntas técnicas en protesta por el plan de privatización de la sanidad aprobado por el Gobierno regional

La lista de dimisiones en la sanidad madrileña sigue engrosando y parece no tener fin. Las últimas renuncias masivas se produjeron ayer cuando más de 150 profesionales sanitarios anunciaron su dimisión en bloque de las comisiones y juntas técnicas de los hospitales en protesta por el plan del Gobierno regional de privatizar la gestión de 27 centros de salud y seis hospitales. Una medida aprobada ayer en la Asamblea de Madrid con los únicos votos del PP.
Con este gesto los médicos pretenden escenificar la «ruptura de la relación de confianza» con la Consejería de Sanidad, según explicó la portavoz de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), Fátima Brañas. Estas dimisiones afectan a todos los grupos de asesoramiento de los hospitales salvo a las de tumores y la de docencia. Es una medida más de presión que se suma a los 120 equipos directivos de los centros de salud que ya presentaron su dimisión. Además, desde AFEM anunciaron que no asistirán a la reunión prevista para hoy con la Consejería de Sanidad por considerarla «no razonable» después de que el polémico plan fuese aprobado sin recoger ninguna de las propuestas de los profesionales.
Tras cinco semanas de huelga, la AFEM decidió poner fin a los paros tras la aprobación de la privatización, pero acordaron continuar la lucha a través de los tribunales « denunciando posibles irregularidades en la privatización de los hospitales».
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, criticó duramente a los médicos por las cinco semanas de huelga en las que se han cancelado, según sus datos, unas 6.000 operaciones quirúrgicas. González acusó a los facultativos de «perjudicar» a los ciudadanos con su actitud. «¿Por qué no les operan hoy? No les operan porque no quieren operarles, así de claro», explicó González en una rueda de prensa.

Nuestra sanidad es alabada en el ámbito internacional, siempre ha sido así, pero ahora se la están cargando poco a poco y las consecuencias reales las veremos, no dentro de mucho de seguir con las privatizaciones. ¿Por que cambiar un modelo sanitario si era tan alabado? Solo obedece a motivos económicos, ahora la sanidad no estará al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de unas empresas que nos verán como clientes intentando exprimirnos al máximo, creando cada vez más desigualdades. Y si lo hacen mal no nos quedará más narices que tragar con eso por que competencia real no habrá, ofrecerán servicios parecidos con costes parecidos y pagar, pagaremos más que ahora eso seguro. Y lo malo de todo esto, es que si yo tengo poco dinero pues en vez de comprarme dos pares de zapatos al año, me compro uno y no pasa nada, pero la salud de uno mismo no puede ser llevar a esa austeridad…¿quien puede saber la gravedad o consecuencias de nuestra dolencia?

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¿De quién es la mano detrás del negocio de los Hospitales de Madrid?

Hospitales de Madrid

uente: Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

uente: Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

La mayoría de los hospitales públicos que constituyeron los pilares básicos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre fueron construidos por manos privadas, en un ingente negocio, que ahora se quiere privatizar para que acabe de nuevo en manos privadas ¿Qué manos exactamente?

Los hospitales públicos que, tanto desde el gobierno de la Comunidad de Madrid como desde el gobierno central, han calificado en repetidas ocasiones como insostenibles y ahora tratan de desmantelar son, en su mayoría, obra de constructoras privadas. Esperanza

Aguirre utilizó la creación de estos hospitales como su eje principal de campaña electoral. Un gasto que ahora ellos mismos tachan de insostenible, pero con el que han hecho un negocio redondo un puñado de señores del ladrillo.
¿Por qué constructoras privadas en el ámbito público?
Desde la Comunidad de Madrid, la excusa empleada para introducir a empresas privadas en la construcción de hospitales públicos, fue que “no había dinero” y que era urgente construir los hospitales. El sistema ideado para controlar estas obras consistía en que las empresas privadas adelantaban el dinero y, de esta manera, se convertían en propietarias de los centros. A cambio las arcas públicas les pagan durante entre 30 y 60 años un alquiler. En estos momentos, y según se asegura desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública se asegura que todo lo que invirtieron en su momento estas constructoras ya ha sido pagado y han obtenido alrededor de unos 100 millones de euros de beneficios, lo que supone un negocio redondo.
¿De quién es la mano detrás del negocio que hicieron con el ladrillo público?
Si comenzamos mirando hacia uno de los hospitales más concurridos del sur de Madrid nos topamos con que dos grandes constructoras se repartieron la construcción del hospital de Vallecas: Begar, la empresa del imputado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri y Ploder, controlada por la familia Gálvez y mezclada en los últimos años en una espiral de impagos y querellas.
El nombre de Begar trae a la mente las múltiples acusaciones contra su presidente, José Luis Ulibarri en el marco de la trama Gürtel, en las que se encuentra imputado por cohecho y blanqueo de capitales en relación con unos pagos que realizó presuntamente por comisiones a la trama de Francisco Correa, además de por estafa a la Hacienda pública. Ulibarri no es ningún desconocido en el mundo de los medios de comunicación, ya que controla el Diario de León, además de otras inversiones en otros medios.
La sombra de la trama Gürtel  no acaba ahí, ya que el hospital público de Aranjuez fue construido por la Constructora Hispánica, propiedad de  Alfonso García Pozuelo, otro de los constructores imputados en la Gürtel, quién está acusado de pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP. Además, de una de las partidas de dinero entregadas a Correa, una por valor de 1’6 millones de euros, 600.000 euros fueron a parar a Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP.
Al otro lado de Madrid, el hospital de la pequeña localidad de Valdemoro, fue construido con capital de un fondo  anónimo de capital riesgo del norte de Europa que se llama Apax Partners y destaca por haber participado como socio fundador en la compañía Vueling. Tras la opacidad clásica de los fondos de capital riesgo, no se localizan los nombres de quienes controlan esta sociedad, aunque en la Comunidad de Madrid se les consideran tan “muy amigos”, como para concederles la construcción de un hospital en el municipio del que había sido alcalde el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Una obra que fue considerada por la prensa en aquel momento como “política” y en contraposición al de Parla, que se construyó gracias a la presión del entonces alcalde socialista Tomás Gómez.
El hospital público de Arganda, por su parte, fue construido en base a una financiación conjunta de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la compañía controlada por Esther Koplowitz y Caja Madrid.
El hospital de Coslada y el de Parla, también públicos, se llevaron a cabo con capital de Sacyr Vallehermoso, cuyos máximos accionistas son Disa Corporación Petrolífera, presidida por Luis del Rivero y Novagalicia Banco.
La obra de uno de los hospitales más importantes de los que se han construido en este periodo, el Hospital Universitario de Puerta del Hierro, en Majadahonda, fue encargado a Dragados.
La empresa que fue adquirida en 2002 por ACS, el gigante del ladrillo de Florentino Pérez.
Por su parte, el hospital del Norte, fue construido por Acciona, la empresa presidida por los Entrecanales, histórica familia de empresarios españoles con intereses diversificados en varios sectores.
Así se edificó la sanidad pública madrileña, con un sistema irracional que, a la larga, nos está saliendo inequívocamente más caro y con capital proveniente de empresas involucradas en la trama Gürtel, o de empresas que tradicionalmente contratan con las administraciones controladas por el Partido Popular. ¿Cómo acabará?

 

¿Quién se beneficiará de la privatización de los hospitales?

Con la excusa de que no son rentables, María Dolores de Cospedal privatizará este verano la gestión de cuatro hospitales públicos. Todo apunta a que será Capio Sanidad, multinacional sueca extendida por varios países y con negocios en multitud de sectores, incluida la construcción, quien se hará con el primer pedazo del pastel sanitario. Sé apunta que tras Villarobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares podrían llegar Puertollano y Valdepeñas, y que dado este paso el resto de hospitales públicos saldría a subasta. En el modelo que se pretende aplicar en Castilla La Mancha, importado de la Comunidad Valenciana, la gestión del hospital lleva aparejada la de los centros de salud de su área de influencia

Capio Sanidad llega a Castilla La Mancha de la mano de altos cargos del Partido Popular, algunos ligados al propio gobierno regional y con la tarjeta de presentación que supone gestionar buena parte de la sanidad pública madrileña y otras siete comunidades autónomas.

Capio, multinacional sueca, es líder del mercado en Suecia y España
¿Qué es Capio Sanidad?

La multinacional sueca es uno de los principales proveedores europeos de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia. Tiene presencia en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Alemania y también está ligada a actividades inmobiliarias.

Creada en 1993, tiene una facturación anual superior a 1.200 millones de euros y 14.000 empleados. En nuestro país cuenta con 28 centros, 14 de ellos hospitales, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital General de Cataluña en Barcelona, el Hospital Sur de Alcorcón de Madrid o el de Las Tres Culturas, en Toledo. En enero de 2005 compró Ibérica de Diagnóstico Cirugía (IDC), que era el primer grupo hospitalario privado español, por 330 millones de euros. Está ya presente en siete comunidades y factura más de 300 millones de euros.

Es la concesionaria del hospital de Valdemoro que, junto a la nueva zonificación sanitaria de Madrid (Área 14, Fundación Jiménez Díaz), supone que su volumen de negocio en la comunidad son 500.000 pacientes madrileños y más de 200 millones de euros anuales. Fuente: “Globalización y salud 2009″, página 234, Fundación Sindical de Estudios y Comisiones Obreras de Madrid. 

¿Quién se beneficiará de la privatización de los cuatro hospitales?

Entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, actual presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta castellanomanchega y muy aficionado a los lucrativos consejos de administración, reparte sus inversiones en multitud de empresas y, según fuentes consultadas, alguna de  las cuales también gestiona hospitales. Para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad. 

Parece evidente que Capio Sanidad será la adjudicataria de los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa. Entre otras razones porque Ribera Salud, que es el principal concesionario de la Comunidad Valenciana y participa ya en la gestión de los hospitales de Alcira, Manises, Torrevieja, Elche y Denia, es el principal candidato a gestionar el hospital de Almansa. Actualmente, los accionistas de Ribera Salud -Bankia y CAM- están en conversaciones con la multinacional sueca Capio Sanidad para venderle la propiedad. El proceso se encuentra en fase de negociación del precio definitivo de la operación y la fórmula de financiación. Rodrigo Rato juega obviamente un papel protagonista en el proceso de fusión.

Otros aspirantes a la tarta

Capio Sanidad tiene los ojos puestos en estos concursos y también en otros que puedan surgir en la Comunidad Valenciana o en cualquiera de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Pero la multinacional sueca no es la única interesada en controlar el negocio de la gestión de la sanidad pública. ATITLÁN, el fondo de inversión que dirige Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig, no ha renunciado a entrar en un mercado que le permitiría diversificar su actividad. Constructoras de primera fila como FCC y Dragados ya tienen presencia en el sector, normalmente compartiendo beneficios con aseguradoras y empresas especializadas, y no renuncian a lo que consideran un negocio tan lucrativo como lo fueron la gestión de residuos o las energías renovables.

Un negocio tan atrayente que a veces provoca desencuentros entre “colegas”. Fueron muy sonadas las acusaciones del Presidente de la Cámara de Comercio toledana contra Dolores Cospedal a cuenta de un presunto pacto con las grandes constructoras adjudicatarias de las obras del nuevo hospital de Toledo. Según Fernando Jerez, a Contratas La Mancha no se le informó de los motivos de la rescisión del contrato del citado hospital. La empresa, parte de la Unión Temporal de Empresas constructora del proyecto, asegura que se le ha excluido ilegalmente del acuerdo de resolución del proyecto. Es más, denuncia que cuando pidió que información de los términos del acuerdo se le exigió que previamente firmara un documento de confidencialidad, algo inaudito tratándose de un contrato del sector público sometido por ley al principio de transparencia.

El conflicto entre empresas viene de lejos. En principio, Contratas La Mancha aportaba la experiencia en la ejecución de más de cien proyectos públicos en la región, y Acciona y Ferrovial potencia financiera y equipo humano y técnico para el proyecto. Pero en 2011, Contratas La Mancha presentó una querella criminal en los juzgados contra la gerencia y dirección de la obra por estafa, falsedad documental y administración desleal. Las empresas, ahora en litigio, constituyeron en 2006 una UTE para la construcción del Hospital General Universitario de Toledo, uno de los mayores centros sanitarios de Europa con un presupuesto que sobrepasaba los 300 millones de euros, y del que ya se ha ejecutado el 30%.

Uno de los términos que sí ha trascendido del acuerdo de resolución del proyecto es la aceptación por parte de Ferrovial y Acciona de los términos de la resolución, sin que se genere indemnización alguna para las empresas que forman la UTE. Sin embargo, días después de la resolución del macroproyecto en Toledo, se ha sabido que Ferrovial ha conseguido contratos para mantener y limpiar hospitales, por valor de 30 millones de euros. Entre los conseguidos a través de su filial Ferroser figuran tres de los cuatro hospitales que serán privatizados este verano: Almansa, Villarrobledo y Tomelloso.

El falso argumento de que lo público no es rentable

¿Cómo es posible que una cosa que no es rentable se la estén disputando las multinacionales del sector y atraiga inversiones de empresas ajenas? Es evidente que nos engañan al afirmar que los hospitales públicos no son rentables pero además, aunque no lo fueran, olvidan que su función es prestar un servicio a la sociedad y no generar beneficios económicos. En estas fórmulas de financiación público-privada y concesiones de Obra Pública, la financiación, gestión y, en algunos casos, la prestación de servicios corre a cargo de consorcios integrados por empresas constructoras –encargadas de levantar los edificios-, entidades bancarias –financian las inversiones- y aseguradoras -gestionan los servicios-; una vez entregado el nuevo hospital, la administración abona un canon anual, normalmente durante 30 años, que paga con cargo al gasto corriente del presupuesto y no al capítulo de inversiones, por lo que no computa como deuda pública, a pesar de que con esta fórmula se multiplica por siete el coste real de los centros.

  • Asi que tenemos a capio sanidad

         www.capiosanidad.es/equipo-directivo.jsp

        de la que es propietaria un fondo de inversion cvp capital partners 

        es.wikipedia.org/wiki/CVC_Capital_Partners

“El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad”. Einstein

Si queréis firmar contra el desmantelamiento del Hospital de La Princesa y que tipos como estos no  se lucren con nuestro dolor, cuando alguno debería de estar posiblemente en la carcel podéis hacerlo en:

http://cort.as/2m_F

 y en contra de la privatización de los hospitales “nuevos” aquí 

http://cort.as/2mlU

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