¿Hasta cuándo los ladrones políticos autonómicos abusarán de nuestra paciencia? Lista de Imputados Valencia.

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, dimite por el ‘caso Cooperación’
Niega en rotundo haber filtrado un informe al diputado Rafael Blasco, imputado en el caso
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                                                                                       El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel VelaEFE

El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha presentado su dimisión porque está “harto” de la “presión mediática” creada por la supuesta filtración de documentos del ‘caso Cooperación’ al exconseller y diputado del PP Rafael Blasco, que está imputado en esta causa. No obstante, ha negado este hecho y ha reiterado su “inocencia”.

Vela ha explicado que la decisión ha sido “personal” y que la ha adoptado en la mañana de este viernes. Según ha dicho, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “lo ha entendido perfectamente”.

Todo es falso

“Desde el pasado 20 de noviembre he venido soportando una serie de acusaciones falsas e insidias que me atribuyen haber filtrado supuestamente un informe del Interventor General al diputado Rafael Blasco”.

“Ello es rotundamente falso”, ha agregado Vela, que ha dicho que “desde esa fecha, la presión mediática me ha hecho reflexionar sobre la conveniencia o no de continuar con mi cargo”, ha dicho, para apuntar que trata de una decisión “irrevocable”.

Ciscar toma las riendas

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha comunicado que será él quien asuma “temporalmente” las competencias de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, tras la dimisión de Vela.

Císcar ha explicado que la decisión de Fabra se debe a que ha estado “coordinando con el conseller de Hacienda la elaboración de los presupuestos” y ha tenido una “relación muy fluida con Vela en la negociación con el Ministerio de Hacienda” de los asuntos que competen a esta Conselleria como el Fondo de Liquidación.

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A Blasco se le imputan seis delitos, los de fraude de subvenciones, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. En la jornada de ayer, tanto la fiscalía como la acusación popular, encarnada en la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), solicitaron a Calderón que se retire el pasaporte al político, medida que previene del peligro de fuga: la magistrada deberá resolver la petición por escrito.

En su declaración, que arrancó a las diez de la mañana y duro casi nueve horas, tras acabar a las 20.30 con un receso de hora y media, Blasco negó que conociera que los miembros de la trama de empresas y ONG implicadas en el fraude le llamaran Roger Rabbit, en referencia al conejo de dibujos animados de la película de Robert Zemeckis, tal y como ha quedado acreditado en multitud de mensajes y conversaciones telefónicas intervenidas por orden de la magistrada Nieves Molina, la titular del juzgado número 21 de Valencia que instruyó la causa durante más de un año hasta que pasó al TSJ.

No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado.

También fue preguntado por su relación con Augusto César Tauroni, el principal sospechoso de la causa y único que permanece en prisión desde la redada del pasado 23 de febrero en la que se detuvo a los primeros 14 imputados de un sumario que, con el diputado popular, ya ha elevado esa cifra a 28. En su declaración ante la juez, aseguró que su relación era “normal”, la “propia entre un consejero y un adjudicatario”. Incluso aseguró que muchos dirigentes de ONG tenían su teléfono particular, cuando responsables de la Coordinadora aseguran que eso no es cierto.

Tauroni y la ONG

Cabe recordar que cuando saltó el escándalo del fraude a las ONG, Blasco declaró que sólo conocía a Tauroni de vista puesto que los dos son de Alzira. No obstante, el sumario recoge decenas de llamadas telefónicas, citas, mensajes y hasta encuentros entre sus personas de confianza para intercambiarse sobres. Un contacto frecuente en el que, además de un trato muy cercano, se da a entender que hasta compartían intereses comunes en algún negocio.

“No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado”, aseguró el exconsejero a los medios al finalizar la jornada. Preguntado por si se había decretado alguna medida cautelar, echó balones fuera: “No, porque la tiene que tomar la señora magistrada y lo tendrá que decidir”. Y ante la pregunta de si alguien solicitó alguna, tampoco mencionó la petición de retirada del pasaporte: “Tiene que tomar la decisión la magistrada”.

Blasco, que volvió a referirse al caso como un “linchamiento político-mediático”, obviando las conclusiones de jueces y fiscales, afirmó que aportó sus datos económicos: “He entregado la declaración de mi patrimonio y de mis bienes y ha quedado demostrado que no he tenido no solamente ningún incremento en la etapa que he sido responsable político, sino que además tengo hoy menos recursos económicos que el día que empecé a ejercer mi función pública”

 

Tras las últimas decisiones judiciales, el Grupo Popular —que cuenta con 55 diputados en la Cámara— tiene 11 parlamentarios imputados en el Tribunal Superior de Justicia por su implicación en tres grandes tramas de corrupción: los casos Gürtel, Brugal y Cooperación.

Fabra aseguró en Madrid que Blasco “no tendrá ninguna responsabilidad dentro del grupo parlamentario”. La dirección regional del PP abrió ayer expediente informativo a Blasco, mientras estudiaba cómo hacer el relevo al frente del grupo parlamentario. El nuevo portavoz será, previsiblemente, el diputado y concejal en el Ayuntamiento de Valencia Jorge Bellver

La investigación del caso Cooperación arrancó en octubre de 2010 a raíz de las denuncias presentadas por dos diputadas, Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís. Las pesquisas cuajaron en una amplia operación policial el 23 de febrero pasado. La policía detuvo a 14 personas, entre las que figuraban altos cargos de la Generalitat, presidentes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresarios.

Desde entonces, solo uno de los detenidos permanece en prisión. Se trata del empresario Augusto César Tauroni, amigo de Blasco y, según la investigación, cabecilla de la trama que desvió a través de empresas los fondos concedidos a varias ONG por la Consejería de Solidaridad.

El cabecilla de la trama, Augusto Tauroni, amigo de Blasco, es el único que se encuentra en prisión

La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había “sólidos indicios” sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.

La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.

Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.

Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.

 

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano 1350502652_extras_portadilla_0con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.

  • La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.

El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.

La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/02/valencia/1349174299_605002.html

Imputados populares que aparecen también en el conocido como caso Cooperación, donde se investiga el desvío de fondos públicos, en esta ocasión, destinados a ayuda al Tercer Mundo (por ejemplo la construcción de un hospital en Haití). En la actualidad hay 22 imputados, seis de ellos altos cargos de la administración valenciana y se espera que en los próximos días se impute al actual portavoz popular en Les Corts, Rafael Blasco, por su relación con la trama.

El tercer caso de corrupción que se investigará en Valencia y que tiene como actores a miembros del Partido Popular, está relacionado con la trama Gürtel. Previsiblemente el 18 de septiembre se retomarán las declaraciones para investigar la presunta financiación irregular del PP en el País Valenciano.

El encargado de investigar este caso es el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien deberá pronunciarse sobre el presunto delito de delito electoral y una presunta prevaricación de la Administración autonómica. La causa, derivada de la investigación del juez Pedreira en Madrid, está dividida en tres piezas: delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007, delito de falsedad documental en las generales de 2008 y prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, vinculada a la trama Gürtel, derivados de su contratación para la feria de turismo Fitur.

Además, sobre el ex Gobierno valenciano de Francisco Camps también recae la duda de su relación con la trama Nóos y sus contrataciones con Iñaki Urdangarín para la realización de la Valencia Summit.

Los imputados del PP son ya la tercera “fuerza política” en Valencia

 La herencia envenenada de Francisco Camps, la balsa de aceite que era el Partido Popular valenciano, está a punto de explotar. El actual presidente Alberto Fabra llegó al poder con la bandera de la honradez, la limpieza y la lucha contra la corrupción en contraposición a su antecesor. Ahora tiene un problema dentro de su propio gruo parlamentario, un problema que puede llegar a ser de hasta 11 diputados en pocos días: el que ya se conoce como el ‘grupo de los imputados’.

  • Les Corts Valencianes están conformadas por 99 diputados, de ellos 55 pertenecen al grupo popular, 33 al partido socialista del País Valencià, 6 a Compromís y 5 a Esquerra Unida. Cuatro grupos parlamentarios en total.

Pero en los últimos tiempos, en el Partido Popular está creciendo una nueva corriente, la de los diputados imputados en algún caso de corrupción. Hasta el momento son siete, pero hay otros cuatro en puertas de ser llamados ante la Justicia por sus implicaciones en casos relacionados con el tráfico de influencias o la malversación de fondos, entre otros delitos. Si se confirmasen, estos diputados podrían incluso llegar a formar, si así lo desearan, un grupo parlamentario propio, y sería el tercero en número en Les Corts, por delante de los grupos de la izquierda plural.

  • Los imputados son Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla, todos ellos por el caso Gürtel. A ellos se suma, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, por el escándalo de la gestión de los residuos. Además, están a la espera de ser llamados ante el juez Luís Díaz-Alperi y Sonia Castedo por el Caso Brugal y Rafael Blasco por el caso Cooperación. Finalmente, Mayte Parra está siendo investigada por su gestión del ayuntamiento de Ibi, localidad de la que es alcaldesa.

Los nombres y los cargos

  • Ricardo Costa. Exsecretario general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario Actual portavoz de economía. Ya sabe lo que es pasar ante un jurado por la causa conocida como ‘caso de los trajes’ dentro de Gürtel. Ahora, tiene pendiente de resolver su imputación por la otra causa que investiga una trama de presunta financiación irregular del PP valenciano. Se le acusa de delito electoral y falsedad documental.
  • Vicente Rambla. Ex vicepresidente de la Generalitat, exconseller de economía y actual coordinador de esta área en el grupo popular. Está imputado en el macrosumario de la financiación, que investiga también los contratos del Consell con Gürtel. El juez considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación, así como delito electoral y falsedad documental. Rambla era el coordinador de la campaña electoral del PP durante los contratos con Gürtel.
  • Milagrosa Martínez. Expresidenta de las Cortes y actual alcaldesa de Novelda. El juez le imputa delitos de prevaricación y cohecho. En su caso se investiga su responsabilidad en los contratos adjudicados a Orange Market cuando fue consellera de Turismo.
  • David Serra. Exvicesecretario general del partido. Sus presuntos delitos en la causa de la financiación irregular son los de delito electoral y falsedad documental.
  • Angélica Such. Exconsellera de Turismo Angélica Such. Está imputada por las supuestas irregularidades en las contrataciones de Fitur con la trama Gürtel.
  • Yolanda García. Extesorera del partido. Imputada también por la presunta financiación ilegal del partido y el posible delito electoral que se investiga.
  • Pedro Ángel Hernández Mateo. Ex alcalde de Torrevieja. Está imputado por el Tribunal Superior de Justicia por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de recogida de residuos sólidos. Se le acusa de prevaricación y falsedad documental.Rafael Blasco. Exconseller de casi todo tanto con el PSPV como con el PP. Es el actual portavoz popular en Les Corts. La juez le atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su implicación en la trama que presuntamente desvió fondos destinados al Tercer Mundo cuando él era conseller de Solidaridad.

Los posibles imputados

  • Luís Díaz-Alperi. Exalcalde de Alicante desde 1995 hasta 2008. Acusado de delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por el supuesto amaño del Plan Urbanístico de su ciudad.
  • Sonia Castedo. Actual alcaldesa de Alicante, que sustituyó a Alperi en el cargo. Se le imputan los mismos cargos que a su antecesor. Ambos se vinculan con Enrique Ortiz, el empresario en torno al cual circula todo en el presunto caso de corrupción conocido como Brugal.
  • Mayte Parra. Está siendo investigada por todas las contrataciones que ha formalizado en los últimos años el Ayuntamiento de Ibi del que es alcaldesa. Entre estas contrataciones hay tres planes urbanísticos y varias adjudicaciones con sobrecostes.

 

LO QUE NADIE TE VA CONTAR SOBRE EL RESCATE A BANKIA.Compartir por favor.

LO QUE NO TE VAN A CONTAR SOBRE EL RESCATE A LA BANKIA
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Plan estratégico de Bankia
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Las instituciones, el Estado, lo público, han claudicado nuevamente ante la bancocracia. Ayer, 28 de Noviembre, parecía que era un mes más tarde y que nos tomaban a todos por inocentes al anunciar por fin la colosal cantidad de dinero que van a inyectarle a los bancos españoles. Lo que parece una broma pesada es la cruda e indignante realidad y, lo que es aún peor, fuimos testigos de cómo los medios de comunicación se limitaban a reproducir los discursos “oficiales”, prácticamente sin cuestionarse nada.

Por ello, porque creemos que hay que contarlo todo para que todos sepáis de qué va esto del #RescateALaBankia. Sin pelos en la lengua y atando todos los cabos que se han ido soltando durante este tiempo, aquí os explicamos en qué consiste su jugada.

Que entre el gobierno y la UE iban a intentar rellenar el agujero negro de los bancos era un secreto a voces, pero ha tardado en llevarse a cabo, principalmente, porque los que mandan, los que ponen la mayoría de los cuartos (que tendremos que devolver) exigían que nuestro gobierno preparase el terreno a golpe de decreto, para evitar vía B.O.E. que la lluvia de demandas y querellas contra la banca pusiese en riesgo la inversión extranjera.

Nuestro gobierno respondió aprobando dos textos legales fundamentales; el Real Decreto del 31 de Agosto y la Ley del 14 de Noviembre. En ellos se mutilan los derechos y garantías de todos los posibles estafados y se crea un “ente” plenipotenciario, el FROB, al que se le otorgan facultades como inaplicar sentencias judiciales, o decretar “el aplazamiento, la suspensión, la eliminación o modificación de determinados derechos, obligaciones, términos y condiciones de todas o alguna de las emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada de la entidad” (Artículo 43, Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito)

Una vez facilitada la tarea (o al menos eso creen ellos), han puesto el plan maestro a funcionar, anunciando ayer, por un lado, la multimillonaria inyección a los bancos y, por otro, las “sacrificadas” medidas que va a tomar el agujero negro más grande y oscuro de todos: Bankia.

Alegan que estas medidas están directamente indicadas en el famoso MoU (Memorandum de Entendimiento) del que todo el mundo habla, pero que aún no sabemos en que boletín oficial está publicado ni qué cargo público lo ha ratificado.
Despidos y cierres de sucursal aparte (que ya escandalizan por sí solos), en el plan estratégico presentado por Bankia (adjunto a este post como PDF) lo más inmediato es hacer que accionistas, preferentistas y tenedores de bonos sufran pérdidas. Para aquéllos que se atrevan a leer el texto, hay que aclarar que a las preferentes las llaman “instrumentos híbridos” y a los bonos “deuda subordinada”.

El señor Goirigolzarri, presidente de Bankia, ha anunciado que los preferentistas perderán el 39% de su inversión, mientras que divide la deuda subordinada en “permanente”, que perderá un 46%, y con vencimiento, que perderá un 14% (¿quiénes tendrán esta última, que pierden mucho menos?). Pero hay un pequeño problema…
Incluso con la modificación de la legislación concursal ad hoc, la apobada por el Real Decreto del 31 de Agosto y la Ley del 14 de Noviembre, se debe respetar el orden en el que se asumen pérdidas, en función del tipo de “producto financiero” que se tenga, ya que la Ley obliga a que los accionistas pierdan tanto como sea posible antes de poder atacar a los preferentistas y otros ahorradores.

La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es: ¿cómo van a justificar esa depreciación en preferentes y bonos sin que los accionistas pierdan todo lo invertido? ¿mediante una liquidación de la entidad?

Nos tememos que Bankia ya esté quebrada y que lo que están haciendo es esconder esta situación hasta que sea necesario, es decir, hasta que devuelvan todas las deudas que tienen con los bancos y fondos de inversión extranjeros (los que presionan a Alemania para que evite que el rescate vaya directamente a la banca, pasando obligatoriamente por el Estado) valorada en unos 45.000 millones de €uros. Al mismo tiempo, los avales de 55.000 millones de €uros que el Estado prevee emitir hasta el 15 de diciembre (el RD 21/2012) pueden aumentar aún la factura para las arcas públicas en el evento de una quiebra.

Para ello, para evitar una liquidación y concurso de acreedores, lo primero es amortizar las acciones actuales. Y mientras reconocen, mediante esta maniobra, que esas acciones ya no valen un pimiento, ampliarán capital simultáneamente utilizando los millones que les llegan desde fuera. ¿Cómo?, pues veréis: la UE le da el dinero al Estado que, a través del FROB lo entregará a BFA (matriz de Bankia), para que, a su vez, éste garantice al 100% la ampliación de capital. Es decir, que si a nadie le da por comprar acciones de las nuevas (algo que no sería de extrañar viendo la confianza que infunde Bankia), será el Estado-FROB-BFA el que se haga cargo.
Y ustedes dirán…,”pero los antiguos consejos de administración de Bankia y BFA ¿no están siendo juzgados precisamente por la salida a bolsa y venta de acciones que hicieron? ¡¡¡SÍ!!! ¡Señor magistrado Andreu! ¡¡¡Que lo están volviendo a hacer!!!

Por cierto, ¿tiene lógica que el FROB, que se presenta en la #QuerellaPaRato como afectado, siga metiendo dinero en el banco? ¿Nos encontramos ante una nueva (y financiera) versión del “Síndrome de Estocolmo”?

Al ser inyectado ese dineral mediante una ampliación de capital, comprando acciones, podemos tener por seguro que no se recuperará. Nadie puede obligar después a Bankia a reintegrarlo a cambio de una recompra de las mismas. El dinero lo devolveremos entre todos, como siempre.

¡Ah! nos dejábamos algo importante en el tintero. Como dice (y permite) la Ley del 14 de Noviembre, el FROB podrá hacer el canje de lo que queda de preferentes (y otros títulos de deuda subordinada) en acciones de la propia Bankia, con lo que los ahorradores se despedirían definitivamente de recuperar su dinero (o lo que quede de él).

¡Pero estos ahorradores pueden hacer algo!

Los preferentistas no tienen por qué aceptar que sus participaciones pierdan ese 39% sin que se acredite que los accionistas han respondido hasta donde han podido, como reza su contrato de adquisición de las preferentes. En ese caso, os animamos a que contactéis con nosotros en 15mparato@gmail.com para, junto a afectados de otras entidades, iniciar los tramites para querellarnos por estafa contra los bancos (más sobre la #EstafaPreferentes y el papel de Rato aquí ).

Los accionistas, podéis denunciar a Bankia para intentar recuperar vuestro dinero. Para ello publicaremos próximamente un modelo estándar que deberéis rellenar y enviar por correo al juzgado. Adjuntaremos indicaciones precisas de cómo hacerlo en breve.

Por último, nos gustaría remarcar que Bankia, a través de su presidente, ya ha adelantado que este año lo cerrará con pérdidas de alrededor de 19.000 millones de €uros “a falta de ajustes finales con el auditor y el regulador”, según sus propias palabras, que ciertamente nos asustan, ya que fueron las mismas que utilizaron cuando sacaron esas fantásticas cuentas que arrojaban beneficios por valor de 300 millones, que luego resultaron ser pérdidas de 3.000 millones de €uros. ¿Esta gente no aprende, o es nuestro gobierno el que no escarmienta? No podemos negar ninguna de las 2 hipótesis…
Nos ratificamos en lo que ya dijimos hace tiempo, hay que intervenir judialmente la entidad y paralizar este rescate-trampa antes de que sea aún más tarde. Es la solución más justa y democrática.
Una entidad financiera que, en palabras de su presidente, “parte de 3 problemas fundamentales: la solvencia, la liquidez y la rentabilidad”(!!!!), ¿merece seguir viva a costa del dinero de todos, de recortes y privatización de servicios públicos como la sanidad y la educación, de reducción de salarios o de aumento de impuestos?
Decidan ustedes mismos….

Gao Ping y otros 11 jefes de la mafia china en Libertad

  • Deberán personarse todas las mañanas y se les retira el pasaporte
  • Fernando Andreu dictó una prórroga ilegal de los plazos de detención
  • La Audiencia rechazó los recursos de la Fiscalía contra las excarcelaciones

 

El juez Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de 12 detenidos en la ‘operación Emperador’, cuya prisión había declarado ilegal la sección tercera de la Audiencia Nacional. Se trata de los principales implicados en la operación contra la mafia china. Entre ellos está su supuesto cabecilla, Gao Ping.El juez les impone unas estrictas medidas cautelares: comparecer todas las mañanas en la Audiencia Nacional, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.El juez y la Fiscalía Anticorrupción han tardado más de una semana en excarcelarlos. La Sección Tercera de lo Penal declaró el pasado jueves que aproximadamente la mitad de las prisiones decretadas por Andreu eran ilegales por haberse dictado pasado el plazo legal de 72 horas desde las detenciones. El juez dice en su resolución que no está de acuerdo con el criterio de la Sala de lo Penal.En los últimos días el juez ya había excarcelado a cuatro implicados por orden directa de la Sala de lo Penal, que había estimado sus recursos, por lo que los excarcelados ya suman 16.La Fiscalía intentó mediante varios recursos evitar las excarcelaciones, pero la sección tercera de la Audiencia ha rechazado todos.Una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional podría echar por tierra la «operación Emperador», una investigación que ha servido para desarticular la mayor trama de blanqueo de dinero desmantelada en los últimos años y que se saldó con más de un centenar de detenciones, entre ellas la del cabecilla de la organización, Gao Ping. El tribunal le ha dado la razón a uno de los arrestados, Kay Yang, considerado uno de los colaboradores más próximos de Gao, al entender que su detención superó las 72 horas de plazo que establece la Constitución, por lo que lo ha puesto libertad. La decisión podría aplicarse a otra veintena de detenidos, entre los que se encuentran los principales cabecillas de la red y el propio Gao Ping. Por lo tanto, la Audiencia Nacional ha declarado ilegal la prórroga de la detención que aplicó el juez Fernando Andreu.

A juicio de la sala, la prórroga aplicada por Andreu es irregular porque la detención fue judicial y no policial, por lo que violó el derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución. Por ello, decreta la «nulidad absoluta e insubsanable» de la resolución por la que Andreu ordenó el ingreso en prisión incondicional de Kay Yang y ordena su inmediata excarcelación, «sin perjuicio de que el juez instructor adopte las medidas cautelares, nunca privativas de libertad». Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado emitió ayer el auto de libertad del detenido.

Según explican los magistrados, la puesta a disposición judicial de este detenido se produjo con su detención, a las 06.00 horas del 16 de octubre, momento en el que empieza para el instructor el plazo de 72 horas para acordar su libertad o la prisión provisional, previa celebración de su interrogatorio. Y es precisamente respecto a la comparecencia, pero no al auto de prisión por lo que únicamente se puede prorrogar la puesta a disposición ante el juez, subrayó la sala. La Audiencia basa su argumentación en la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional al anular, en noviembre de 2011, la detención judicial del empresario Tomás Olivo en el marco de la «operación Malaya», y estableció que en estos casos el cómputo de privación de libertad comienza cuando se hace efectiva la orden de arresto. Por ello, la sala insiste en que la puesta a disposición judicial «en manera alguna puede entenderse postergada» al auto del 18 de octubre, en la que amplió la detención de los arrestados, «haciendo una interpretación errónea y contraria» a la doctrina del Constitucional. Así, el hecho de que Andreu no legalizara la situación del arrestado en este plazo de 72 horas, que concluía un día antes de que le enviara a prisión, «determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad».

Fernando Andreu afirmó ayer que se siente «el único responsable» de la excarcelación y que asumirá «todas sus consecuencias» a pesar de que considera que su actuación fue correcta. «Sigo pensando que no me he equivocado», dijo Andreu, quien lamentó que esto haya podido «empañar» el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios. Andreu defendió que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la «disponibilidad» de la Policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, señaló, es que fue la Policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez.

Lista de indultos concedidos en España.


 

La siguiente es una lista de indultos concedidos en España. Los indultos se publican en el Boletín Oficial del Estado (búsqueda de indultos en BOE). Los distintos gobiernos de España han realizado una serie de indultos muy controvertidos incluyendo banqueros, alcaldes condenados por corrupción y hasta policías condenados por torturas. A veces los indultos reducen los años de cárcel o directamente se conmutan con una multa para eludir la prisión. La ley que regula la concesión de indultos es del 18 de junio de 1870.[1]

 

La web colaborativa #15Mpedia ha publicado el listado de los indultos concedidos desde el año 1995, aunque aún se halla en proceso de “construcción”. De la misma pueden extraerse ya datos muy concluyentes sobre los delincuentes que se han beneficiado.

Alguno, por aquello de que lo suyo es imposible de tapar, resulta condenado, entonces el poder ejecutivo, el gobierno (o sea, los mismos que se han beneficiado con el silencio del corrupto pillado) tiene la POTESTAD LEGAL de anular la ejecución de la codnna. Ojo, no la condena en sí, sino sus consecuencias penales y penitenciarias.

Y, desde luego, el gobierno usa y abusa de esa potestad, que funciona como promesa y garantía de que los condenados no tirarán de la manta.

Les deben decir: “tú calla y, en el peor de los casos, si el juez no traga, ya te indultaremos, así mejor para todos”.

La POTESTAD DE INDULTO GUBERNAMENTAL es un auténtico escándalo y la evidencia de que no vivimos en una democracia, sino en un régimen oligárquico con decorado “liberal”.

 

 

[editar]2011

Una búsqueda en el BOE arroja los siguientes resultados por año.

Presidente Partido Inicio Fin Indultos civiles Indultos militares Total indultos Indultos/días legislatura
Adolfo Suárez UCD 2 de abril de 1979 26 de febrero de 1981 410 0 410 0,58
Leopoldo Calvo-Sotelo UCD 26 de febrero de 1981 2 de diciembre de 1982 878 0 878 1,36
Felipe González PSOE 2 de diciembre de 1982 5 de mayo de 1996 5943 1 5944 1,21
José María Aznar PP 5 de mayo de 1996 17 de abril de 2004 5897 51 5948 2,04
José Luis Rodríguez Zapatero PSOE 17 de abril de 2004 21 de diciembre de 2011 3222 156 3378 1,20
Mariano Rajoy PP 21 de diciembre de 2011 23 de noviembre de 2012 434 34 468 1,38

[editar]Noticias relacionadas

[editar]Referencias

[editar]Enlaces externos

 

Legal[+]
Derechos Derecho al trabajo · Derecho a la vivienda · Derecho de participación política · Derecho de reunión · Derechos fundamentales · Derechos humanos · Libertad de expresión · Libertad de pensamiento · Libertad de prensa
Normas y leyes Constitución Española de 1978 · Declaración Universal de los Derechos Humanos
Controversias Ley electoral · Lista de indultos · Lista de recortes · Tasas judiciales
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Famosos casos de Corrupción destapada e ignorada.

Corrupción destapada e ignoradanov 24, 2012

Las protestas democráticas de los indignados castigadas duramente para dar un escarmiento a los ciudadanos que sufren las consecuencias más negativas de la esta estafa llamada crisis, mientras los imputados en los casos Gurtel, Millet, palma arena y demás en vía muerta esperando a ver si prescriben sus delitos.

Para recordar: aquí una os dejamos una lista detallada de casos de corrupción que fueron ignorados y ninguno de los culpables acabó en la cárcel:

 

 

Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)

 

Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un “impuesto” de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.

 

 

Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.

Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.

 

Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.

 

 

Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.

 

Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

 

Caso Malaya: El saqueo a Marbella es de 500 millones la red de testaferros del ‘caso Malaya’ blanqueó más de 671 millones a Roca. A día de hoy sin sentencia dictada y con algunos imputados en prisión preventiva, habrán condenas de cárcel?? Lo veremos…

 

 

Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.

 

Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.

Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.

Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.

Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.

Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.

Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo,José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.

Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.

 

Caso Palma de Arena: El tribunal señala como hechos probados que la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert (absuelta), “convenientemente asesorada” expuso a Alemany que su contratación para la redacción de los discursos del presidente balear solo era viable, a través de un contrato menor, o su designación como asesor del presidente. Alemany rechazó ambas, según recoge la sentencia, “sea porque el máximo a percibir a través de un contrato menor era el de 12.000 euros sea porque su contratación como asesor personal, aun cuando de mayor dotación, ni le era satisfactoria profesionalmente ni le era rentable económicamente, pues quería seguir manteniendo su colaboración tanto como articulista con el periódico El Mundo/el Dia de Baleares.

Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.

Caso Nóos o Caso Urdangarin: derviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta Cristina.

 

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-…)

 

Caso Berzosa: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas). Por ello la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo, ante la posibilidd de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso, tráfico de influencias. La Fundación de la UCM ha defendido la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.

Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.

Caso Brugal: La magistrada Ana Belén Cordero, quien dirige la investigación del caso Brugal desde el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, ha imputado a 19 personas más por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja en un auto que se ha notificado a las partes esta semana.

Caso Mercasevilla: El jurado del caso Mercasevilla ha declarado culpables al exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de cohecho, por la supuesta petición de un soborno de 300.000 euros a dos empresarios hosteleros a cambio de obtener una subvención para una escuela de hostelería. Rivas es el alto cargo de la Junta declarado culpable de mayor rango hasta ahora, ya que el ex director general de Carreteras Manuel Ollero, condenado en 2006, fue absuelto más tarde.

Caso Palau: Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), miembro de la coalición CiU, tiene que abonar una fianza de 3,2 millones por haberse beneficiado, presuntamente, del saqueo del Palau de la Música, una de las instituciones emblemáticas de la cultura catalana. El juez que investiga el caso Palau considera que el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas, debe figurar como responsable civil en la causa. Cuando el auto le sea notificado oficialmente, CDC tendrá 24 horas para pagar la fianza. De lo contrario, según la resolución judicial, “se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe”. Actualmente, la sede de CiU se encuentra embargada por este hecho.

Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.

Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.

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¿ Que piensan los partidos sobre apartar a acusados por corrupción de cargos públicos?

Rechazan un acuerdo de PP y UPyD para apartar a acusados por corrupción de cargos públicos

   El PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV han descalificado en el Congreso el compromiso alcanzado por PP y UPyD para acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales. A su juicio, actuar contra quien aún no está condenado vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

   Apartar de raíz a los implicados en casos de corrupción es una reivindicación que UPyD planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre. Rosa Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura es muy preliminar porque aún no pesa ningún indicio de criminalidad, por lo que ofreció estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral, donde ya hay una acusación formal.

La formación magenta aceptó que la mera imputación no suponga la exclusión de la vida política y en su moción pedía actuar contra los “acusados formalmente”, de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

Aunque en un primer momento el PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente ambas partes alcanzaron este martes un texto de consenso instando al Gobierno “a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público”.

EL PP PROMETE VALENTÍA PARA ENCARAR LAS REFORMAS

El PP, por boca de su portavoz de la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha prometido “la mejor disposición para ser valientes en estas reformas legislativas”, aunque no hay fecha para su aplicación.

El acuerdo, recogido por Europa Press, se votará este jueves en el Congreso, pero ya ha sido objeto de debate en la sesión plenaria del miércoles, donde socialistas y nacionalistas han expresado su disconformidad.

Para Julio Villarrubia, del PSOE, apartar a quien es objeto de acusación conculca la presunción de inocencia, lo que puede ser causa de inconstitucionalidad, y podría convertirse en un arma para luchar contra los rivales políticos porque bastaría con una querella para poner en cuestión el derecho al sufragio pasivo. “El daño que produciría una reforma de este tipo sería irreparable”, ha avisado.

Emilio Olabarria, del PNV, ha acusado a UPyD de utilizar un “argumentario populista y demagógico” y ha avisado de que no se puede tratar de resolver los problemas dando “patadas al ordenamiento jurídico”.

Desde CiU, Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols ha acusado a los proponentes de contravenir los principios del derecho y actuar “in dubio contra reo”. En su opinión, poner el umbral en la acusación puede dar pie a una “guerra de dossiers entre partidos” para apartar al rival “cargándose la presunción de inocencia”. Su alternativa es más transparencia y más diligencia judicial.

ESTO NO RESUELVE EL PROBLEMA

También Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha puesto en cuestión la medida, que considera una “propuesta estética” con visos de inconstitucionalidad, y ha señalado que el problema no se resuelve sacando a los imputados de las listas y lo que se necesita es más control y más investigación

Aunque Izquierda Plural apoya la idea de apartar a los acusados por corrupción, su portavoz, Joan Josep Nuet, tampoco ha dudado en criticar el tono “populista” de UPyD, formación a la que acusa de meter a todos los políticos “en el mismo saco”.

La enmienda transaccional es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

URGENTE :Llamamiento a los trabajadores de bankia que van a ser despedidos en masa.

Llamamiento a los trabajadores de bankia que van a ser despedidos en masa: rompe la pirámide, desobedece, cuéntalo: dignidad y justicia

La estafa de Bankia ha sido una operación en la que se ha necesitado de la complicidad voluntaria o involuntaria de prácticamente toda la estructura de los empleados de Bankia.
Algunos a sabiendas y muchos a su vez engañados, los directores de sucursales y muchos trabajadores han participado de esta operación.
Algunos trabajadores ya se han organizado para recobrar la dignidad.

Ahora la Troika pide que se despidan más de 1500 personas entre los trabajadores de la entidad, para salvar, como no, a los dirigentes, sus compinches.

Este es un llamamiento a los trabajadores de Bankia y a los directores de sucursales que se hayan dado cuenta de que han sido implicados en una estafa en contra de sus clientes, de gente al fin y al cabo como ellos, gente trabajadora con unos pocos ahorros.

Está claro que han sido cómplices voluntarios o involuntarios de esta operación encubierta por los gobiernos de PPSOE para enriquecer a los privilegiados como Rodrigo Rato y demás directivos de Bankia.

Esta es una verdad a voces que nuestra #querellapaRato ayudará a demostrar.

Los directores y trabajadores pueden detallar cómo fueron obligados o inducidos a realizar las promociones y ventas de forma deshonesta. Esto ayudará sin duda a hacer justicia más rápidamente.

Invitamos pues a todos los directores de Bankia y a los trabajadores a ofrecer su testimonio a #querellapaRato.
Por otro lado, promovemos que los accionistas de Bankia que se hayan sentido engañados, inviten a los directores de sucursal que puedan haberles estafado a prestar testimonio.
Recordamos a los directores de sucursal y trabajadores de Bankia que es Bankia misma quien paga los abogados a los dirigentes(nuestro dinero una vez más) y es el gobierno quien los protege y los ampara. Pero los trabajadores, tras haber sido utilizados contra sus propios clientes, seguramente serán abandonados. Les pedimos que reaccionen para recobrar la dignidad perdida y para ayudar a hacer justicia.

En la guerra de los de arriba contra los de abajo, el miedo ha cambiado de bando.
En que bando estás tú?

Si quieres testificar, por favor escribe a:
15mparato@gmail.com