Transcripción íntegra de la declaración ante el juez de Arturo Fernández en el caso Bankia

Ni es un experto en banca, ni recuerda lo que se discutió en los consejos de Bankia que firmaron las cuentas de 2011 con unos beneficios de 309 millones, primero, y la reformulación de las mismas con casi tres mil millones de pérdidas después. Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños y vicepresidente de la CEOE, se sentó durante años en los consejos de administración de Caja Madrid y de Bankia, pero dice que no se enteró de nada y cobró por ello 45.000 euros anuales.

Su declaración como imputado ante el juez Fernando Andréu es un ejemplo de cómo y por quiénes se han gestionado las cajas de ahorro. Entre otros detalles, dice que aprobó la salida de la entidad madrileña a bolsa “para estar con la mayoría”. Además, insiste una y otra vez en que todas las decisiones que tomó fueron para defender los intereses de los empresarios, a los que representaba en la entidad, y no del interés general de la caja. Lo que sigue es una transcripción, prácticamente completa, del interrogatorio a que le sometió el fiscal el pasado 14 de diciembre.

Fiscal.- ¿Cuál es su formación, su cualificación profesional?

Arturo Fernández.- Soy empresario desde los 17 años; estoy preparado en temas de economía y tengo un master en EEUU. Soy empresario de tercera generación dedicado a hostelería y servicios aquí en Madrid.

Fiscal.- ¿En qué fecha entró en el consejo de Bankia y a propuesta de quién?

Arturo Fernández.- Yo procedo de Caja Madrid como representante de los empresarios madrileños; cuando se produjo la fusión de las siete cajas pasé a BFA y después a Bankia.

Fiscal.- Dígame ¿cuál era su remuneración total por todos los conceptos?

Arturo Fernández.- Pues mire usted, yo no pertenecía a ninguna comisión (dentro del consejo de administración) y mi remuneración era de unos 45.000 euros aproximadamente.

Fiscal.- ¿Usted o alguna de sus empresas o sociedades en las que participa ha recibido algún préstamo, concretamente de  Caja Madrid?

Arturo Fernández.- Pues mire usted, yo soy cliente de Caja Madrid desde el año 1980. Soy cliente preferente, ha sido mi banco y me han ido renovando automáticamente pólizas de crédito, la última del año 2000, y  avales. Para más información, mi empresa tiene un apalancamiento (endeudamiento) aproximado de 17 millones de euros, y con Caja Madrid, ahora Bankia, 2,3 millones. Han sido créditos que no me han dado de forma preferente.

Fiscal.- ¿Ha participado en alguna comisión de Bankia?

Arturo Fernández.- Yo simplemente he sido consejero, y no he participado en ninguna comisión, ni de Caja Madrid, ni de BFA, ni de Bankia.

Fiscal.- ¿Qué intervención tuvo, si tuvo alguna, en el proceso de integración de las cajas y en la determinación del plan de saneamiento, perímetro de segregación, de qué activos se quedaban en BFA y cuáles en Bankia?

Arturo Fernández.- Mi intervención como consejero fue simplemente recibir información, y de alguna manera, en ese momento importante, cuando se decide que las cajas pasen a ser entidades privadas, pues simplemente recojo información. No soy experto en banca, soy experto en empresas. Dí mi opinión pero, si me permite usted, no sé lo que dije en aquel momento. El Gobierno quería (las fusión de las siete cajas), quería la banca y era una de las cosas que pedía Europa.

Fiscal- Y en el caso concreto de la selección de qué cajas se fusionaban entre sí, ¿tuvo alguna intervención en las negociaciones?

Arturo Fernández.- En absoluto, no tuve nada que decir en ese momento.

Fiscal.- El Banco de España (BE) realizaba informes de inspección sobre Caja Madrid, en concreto desde el año 2006, ¿fueron trasladados estos informes al consejo de administración de Caja Madrid.

Arturo Fernández.- Pues supongo que se informaría de cómo estaba la situación, de cómo se iba a hacer la fusión, y poco más.

Fiscal.- Respecto a la salida a bolsa de Bankia, ¿intervino usted en la solicitud de informes a terceros para hacer la Oferta Pública de Suscripción (OPV)?, ¿participó en algún comité que analizara las distintas posibilidades de esa salida a Bolsa, o se limitó a intervenir en el consejo cuando se presentó el proyecto?

Arturo Fernández.- Pues simplemente me limité a cuando sale el folleto, y en vista de que la CNMV, el BE, el Gobierno y no sé cuantos bancos, todos ellos de primera línea, deciden que hay que salir a Bolsa y se expone al consejo, a todo el mundo le parece correcto para que no lo nacionalicen. Yo simplemente me limité a estar con la mayoría y aprobarlo.

Fiscal.- ¿Se manejaron otras alternativas a la salida a Bolsa?, ¿por qué se decide esta opción frente a otras posibilidades?

Arturo Fernández.- Estábamos en un momento muy complicado de nuestra economía, y parece que los expertos de CNMV, del BE, opinaron que era la mejor solución. A mí lo que me interesaba era estar ahí para que los empresarios podamos obtener financiación. Como comprenderá, yo, un empresario, entiendo que no es mi obligación decirles si tenía que ser (la salida a Bolsa), me pareció correcto.

Fiscal.- ¿Tiene conocimiento de que en el verano de 2011 el BE había apreciado un deterioro mayor de lo esperado?

Arturo Fernández.- Bueno, la obligación del BE es controlar los deterioros de la banca en España, y ese deterioro naturalmente que se palpaba en el consejo, y cada vez que había que alcanzar un core capital (recursos propios de la máxima calidad), pues había una estrategia que mantener. Lógicamente se hicieron unos informes y se va aumentando el core capital a través de unas operaciones que no le puedo decir porque no las sé. En cada consejo se veía que estábamos dentro de las exigencias normales

Fiscal.- ¿Recuerda la crisis del Banco de Valencia (BV) en septiembre de 2011, que produce unas pérdidas de 500 millones de euros a Bankia que podían haber sido mayores si hubiese asumido todas las perdidas y no hubiese sido nacionalizado? ¿Qué recuerda usted del debate en el consejo de administración sobre la solución que había que darle al Banco de Valencia?

Arturo Fernández.- El consejo sabía de la situación grave que tenía el BV, se buscaron alternativas, hubo preocupaciones, y no sé lo que se decidió… que el FROB tendría que intervenir el BV, eso es lo que yo recuerdo.

Fiscal.- Yo le preguntaba si en el consejo se discutió que Bankia asumiera las pérdidas del BV.

Arturo Fernández.- Creo que Bankia quería solucionar el tema del BV porque era un problema que estaba ahí, pero no le puedo contestar si se discutió.

Fiscal.- ¿Qué recuerda del plan de capitalización que se presenta el 20 de enero de 2012 por el grupo Bankia-BFA al BE como consecuencia de los nuevos requerimiento (de la UE)? ¿Se discutió este plan en el consejo?

Arturo Fernández.- Pues, como le he contado antes, Bankia era teóricamente la mayor entidad de este país en ese momento, y los técnicos cuando nos informaban en el consejo… pues lo que nos contaban es que el ratio que exigía el BE se estaban cumpliendo y que había un plan de austeridad. Se habían cerrado oficinas, se había despedido personal, se estaba cumpliendo el plan que teníamos encima de la mesa.

Fiscal.- El 28 de marzo de 2012 se celebra el consejo de Bankia en el que se formulan las cuentas de 2011 con un beneficio de 309 millones de euros (tras la reformulación se convirtieron en casi tres mil millones de perdidas), con pérdidas de 439 millones de euros de BFA (tras la reformulación las pérdidas sumaron 7.263 millones) ¿Qué conocimiento tiene de estas cuentas, las conoce ese mismo día?

Arturo Fernández.- Las conozco ese mismo día, sé que el día anterior se había reunido la comisión de auditoría y que bueno, que después de una auditoría interna exhaustiva, pues que las cuentas que se iban a formular eran correctas y que había trescientos millones de beneficio. Señor fiscal, a mí, que no voy a leerme el informe como usted comprenderá, si Deloitte dice que las cuentas están bien y la comisión de auditoría interna también, pues dije que sí.

Fiscal.- Vamos por partes, en primer lugar Deloitte no dice nada porque no hay informe de auditoría, ¿dígame quien presenta y quién explica las cuentas del banco al consejo ese 28 de marzo?

Arturo Fernández.- Deloitte no está ese día y a mí me cuentan que el día anterior sí ha habido una reunión con la auditora…

Fiscal.- Perdone que le interrumpa, como usted no estuvo en el comité de auditoría, cuénteme lo que ocurrió en el consejo, ¿quién explicó las cuentas.

Arturo Fernández.- El equipo interno de Bankia presenta las cuentas con las salvedades que, no lo sé, creo que consta en acta… que hay beneficios. Si Deloitte era la que hacía la auditoría externa, pregunté por qué no estaba allí.

Fiscal.- ¿Por qué no estaba aún el informe de Deloitte? ¿qué dice el auditor interno?

Arturo Fernández.- Pues el auditor interno dice que es correcto, que no hay ninguna salvedad y que los 309 millones de beneficios, pues son correctos. Se lo resumo muy brevemente porque no soy un experto y no quiero meter la pata.

Fiscal.- ¿Quién era el auditor interno?

Arturo Fernández.- Pues no le pongo nombre.

Fiscal.- ¿Conoce usted también el Informe de Gobierno Corporativo en el que se habla de la solvencia de la entidad.

Arturo Fernández.- Lo lees allí, yo lo leí allí.

Fiscal.- ¿Qué explicación se da al hecho de que se presenten las cuentas de 2011 sin el informe de auditoría?

Arturo Fernández.- Pues se dice que Deloitte está de acuerdo en las cuentas.

Fiscal.- Es que Deloitte no informa.

Arturo Fernández.- El auditor me audita y yo no tengo que discutirle nada y, además, hay un auditor interno. Se dice que no hay problema, creo que nos manda un escrito y una carta, que hay beneficios y que se pueden formular las cuentas, y yo lo asumo; mi responsabilidad es que se aprueben las cuentas.

Fiscal.- Respecto a la incorporación a los resultados de 2011 del real decreto de 2012 de reforzamiento del sistema financiero español, ¿se da alguna explicación?

Arturo Fernández.- No lo recuerdo señor fiscal.

Fiscal.- Por tanto, no tuvo usted en ese consejo (28 de marzo de 2012) ¿ningún conocimiento de posibles discrepancias de Deloitte, de que hubiese presentado reparos?

Arturo Fernández.- Después de ese consejo no conocí ningún reparo. Ya en el siguiente consejo, no sé si hubo uno en abril y el siguiente de mayo, en el que no estuve, y luego estuvo ya el de la misión.

Fiscal.- ¿Qué se trató en el consejo del 27 de abril?

Arturo Fernández.- No lo recuerdo, seguramente se trataría ese tema.

Fiscal.- ¿Recuerda el informe del FMI que se conoce ese mismo día, el 27 de abril, en el que se dice que las pruebas de resistencia que han hecho resultaban negativas en el caso de Bankia, que tiene necesidades de capital?

Arturo Fernández.- El stress test este… pues que estamos pasando dificultades y que por el BE hay que proponer un plan de saneamiento. La explicación, pues que estamos en plena crisis, que la morosidad es elevada, el tema inmobiliario y el hipotecario es tremendo, y que la situación es complicada.

Fiscal.- El 4 de mayo de 2012 se presentan las cuentas de 2011 en la CNMV. ¿Sabe que hay cuatro meses para presentarlas con el informe de auditoría y que se presentan sin éste? ¿Tiene alguna explicación, les dan alguna de por qué se hace así?

Arturo Fernández.- Pues como iba a ver un consejo el 9 de mayo a mí no se me da ninguna explicación. En ese consejo dimite Rodrigo Rato, pero yo no asistí porque estaba fuera de España. Es cuando viene la dimisión de todo el consejo.

Fiscal.– Dimite el presidente y se celebra un consejo con el nuevo presidente (José Ignacio Goirigolzarri) en el que se acuerda convertir las participaciones del FROB en acciones.

Arturo Fernández.- Yo no asisto, no estoy.

Fiscal.- El 25 de mayo de 2012 se suspende la cotización de Bankia y por la tarde se celebra un consejo, ¿a ese asistió?

Arturo Fernández.- Sí, es donde nos dimitieron. Por la mañana me llama el presidente y me dice que teníamos que dimitir, y me pareció lógico tras la dimisión de Rato. De hecho, un servidor le dice al presidente el día que lo conozco:  ‘oye yo presento mi dimisión antes de que nos dimitáis’. Yo, como presidente de los empresarios, no quiero estar en una situación… le mando una carta en la que le digo que me acepte la dimisión, y me dice: ‘tú, por tu relevancia como presidente de la Cámara de Comercio y de la CEPYME, pues no dimitas con una carta, queda muy bien que lo hagamos todos juntos. Me llaman el 25 por la mañana y me dicen que esa tarde vamos a dimitir.

Fiscal.- Pero antes reformulan las cuentas.

Arturo Fernández.- No, bueno, antes no, el mismo día.

Fiscal.- Sí, pero antes de dimitir.

Arturo Fernández.- Sí claro, yo me quejo y digo en tono amistoso que no me parece bien, ni el procedimiento, ni la técnica. Se reformulan las cuentas con 3.000 mil millones de pérdidas. Si quiere el fiscal le hago un resumen, y es que los ingresos y gastos no habían variado, y la causa es el deterioro de los activos, es por la aplicación de los deterioros. Se nos pide que firmemos las cuentas, y como no soy un técnico no sé si había que haber dicho no firmamos las cuentas, pero claro, el nuevo equipo de Bankia lo que quiere es que se reformulen y las pérdidas vayan al equipo anterior, más o menos, es una explicación sencilla. Al final hay que firmar las cuentas y se nos pide que dimitamos, y alguien dice que no dimitimos, que nos dimiten. Mi obligación… me habían puesto ahí para eso, pues estoy francamente preocupado por la situación

Fiscal.- Usted dice que se queja del procedimiento, al margen de las objeciones, pero un mes antes le han parecido bien unas cuentas con beneficios y firma unas cuentas con pérdidas. ¿Qué explicación tiene?  

Arturo Fernández.- Ese día si estaba Deloitte ahí delante explicando las cuentas y dijo que de acuerdo con el nuevo sistema bancario europeo, el español, el Banco de España, la CNMV, hay unos deterioros tremendos. Nos lo explican y bueno, entendemos que está bien. Yo me tengo que fiar de los auditores internos, de los externos, de los técnicos; yo soy un mero consejero y entiendo que nadie nos puede engañar al presentar unas cuentas de la naturaleza e importancia que tiene esta cuestión.

Fiscal.- ¿No discute usted las cuentas como consejero, el problema de las participadas?

Arturo Fernández.- Precisamente de las participadas que tiene Bankia… pues NH va fatal, Iberia igual, etcétera, tenían que constar en el balance. Sobre el tema fiscal no me pregunte usted porque no entiendo nada.

Fiscal.– En ese consejo es usted más prudente que en las cuentas anteriores, las que se presentan al consejo el 28 de marzo, donde no se valoraron el deterioro de las participadas.

Arturo Fernández.- No se había valorado. Creo que desde primeros de año a mayo el deterioro de las empresas y las valoraciones han cambiado espectacularmente. Cuando se formulan las cuentas de 2011 estaban bien… no lo sé, lo que sí se es que fue un breve consejo, no crea usted que en el consejo del 25 de mayo nos dieron muchas explicaciones. Fue un consejo de vamos a quitarnos esto de encima lo antes posible. Se da una explicación, están allí los auditores, los técnicos, nos lo cuentan, comprendo que es correcto. No voy a soltar aquí un rollo sobre lo que estaba pasando en la banca y en España, pero el deterioro de las empresas es tremendísimo, y eso lo conozco perfectamente como empresario, y es parte del deterioro de los tres mil millones de euros.

Fiscal.- ¿En dos meses se produce ese deterioro, en el tiempo que transcurre desde el 28 de marzo?

Arturo Fernández.- Quizá la valoración, ya digo, a lo mejor estoy contando una cosa que no es correcta… Estamos hablando del balance de 2011, no de 2012, en el que se produce el deterioro. Si me pregunta por qué firmo las cuentas, yo entendí que no había ninguna chapuza, tampoco con los trescientos millones de beneficio, es todo transparente, es claro. Como representante de los empresarios fui al consejo de Caja Madrid, que es una entidad a la que tengo un especial cariño, a defender sus intereses y ahora me veo aquí en la Audiencia Nacional, que es la primera vez que estoy en mi vida… para mí era un honor estar ahí para defender los intereses de los empresarios, porque todo este deterioro, ¿a quién perjudica?, pues a los empresarios. Me duele que una entidad con trescientos años de historia, que todos los madrileños, yo soy madrileño de pura cepa, nos quedemos sin ella y no podamos financiarnos. Es verdad que el consejo del 25 de mayo fue una decepción.

Fiscal.- En Caja Madrid usted tenía que proteger los intereses de la caja, no de los empresarios.

Arturo Fernández.- Se me nombra porque corresponde, para salvaguardar los intereses de los empresarios, que somos los que la hemos creado. Yo tengo una función doble, defiendo a los empresarios porque cada vez que cierra una empresa nos quedamos sin empleo, y por eso defiendo también a los trabajadores, y perdóneme que no me extienda.

El fiscal concluye su interrogatorio y toma la palabra el abogado defensor.

Defensor.- Con la venia, solo una pregunta. ¿Al salir Bankia a bolsa decidió usted comprar acciones?

Arturo Fernández.- Sí, sí, mi mujer y yo compramos lo máximo que nos permitieron y ahora me está diciendo que a ver si le devuelvo el dinero. Creo que compramos 30.000 euros cada uno.

No hace ninguna pregunta más.

Juez.- Desea añadir alguna cosa más.

Arturo Fernández.- Por mi parte nada, muchas gracias.

vía eldiario.es

Arturo Fernández dejó de pagar facturas al Estado ya en 2005

EL presidente de la patronal madrileña, adalid del liberalismo, nos debe a los españoles ya tres millones de Euros. Desde 2005, y bajo diferentes denominaciones, Arturo Fernández ha acumulado deuda con diferentes organismos como Turespaña, la seguridad social y otros. ¿Casualidad o impunidad? ¿No puede actuar la justicia igual de rápido que lo está haciendo contra el ciudadano medio?

Os dejamos la noticia completa de eldiario.es:

Arturo Fernandez, CEOE

Las administraciones públicas llevan años acumulando problemas con las concesiones de Arturo Fernández, aún presidente de la patronal madrileña. Según avanzó El Economista, Turespaña, donde Esperanza Aguirre se reincorporó durante unos meses cuando dejó la presidencia de Madrid, le reclama una deuda de 2,7 millones de euros, punto que este medio ha confirmado con la sociedad dependiente del Ministerio de Industria. La deuda que le reclama el organismo estatal tuvo su origen en 2005, cuando Arturo Fernández dejó de pagar las facturas del canon que la sociedad le remitía por la adjudicación de la cafetería del Palacio de Congresos.

La Abogacía del Estado tuvo que intervenir ya en 2005 para asesorar a Turespaña sobre un recurso que el grupo Arturo Cantoblanco interpuso para no atender las facturas que el organismo estatal le requería. Las deudas tienen como origen la gestión de la cafetería del Palacio de Congresos con sede en la Castellana (frente al estadio Santiago Bernabéu). El grupo Arturo lleva gestionando la restauración del edificio, que forma parte de Patrimonio del Estado, desde al menos 1997.

En origen, el contrato era por servicio y estaba a nombre de “Restaurantes y Hoteles Cantoblanco”. Sin embargo, las condiciones con Turespaña fueron cambiando y el organismo estatal fue imponiendo tarifas más elevadas. Así, en la adjudicación de noviembre de 2003 Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un canon variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo. Esta adjudicación se la llevó la sociedad “Arturo Grupo Cantoblanco”.

Apenas un año más tarde de quedarse con el servicio, el grupo del vicepresidente de la CEOE interpuso un recurso de alzada por sus discrepancias con las facturas que le remitía el organismo. Un recurso de alzada es un instrumento por el cual los ciudadanos pueden recurrir las decisiones de la Administración Pública y revisar un acto administrativo por el superior jerárquico del órgano que lo dictó. En este caso, el recurso quería revocar una decisión tomada por el director del Palacio de Congresos, cargo que ocupaba Octavio González Manteca.

Finalmente, el grupo de Arturo perdió la concesión en 2008 frente a la oferta de Husa, la empresa de su amigo, y rival, Joan Gaspart, también vicepresidente de la CEOE. Husa ha aclarado a eldiario.es que no tiene nada que ver con la gestión anterior que el Grupo Arturo había hecho de la cafetería. Algunas informaciones apuntan a que el servicio se prestó de común acuerdo entre ambas empresas de restauración, punto que descartó tajantemente un portavoz oficial de la cadena hotelera a este medio.

Turespaña ha vuelto a licitar el servicio en diciembre de 2012. Las condiciones han cambiado radicalmente desde aquel contrato que se quedó Arturo Fernández. El canon que pide ahora el organismo oficial es de un fijo de 45.000 euros anuales y un variable sobre la condición de los servicios del 0,2% el primer año con una subida escalonada hasta el 0,5% en el cuarto año de la concesión. El concurso, según publicó el BOE este mismo miércoles, ha quedado desierto.

Lo cierto es que el Palacio de Congresos está temporalmente cerrado para someterse a unas obras de restauración después de que se detectaran numerosas irregularidades que hacían que las instalaciones fueran inviables para celebrar actos públicos.

Requisitos para contratos públicos

En cualquier caso, llama la atención cómo el Grupo Arturo Cantoblanco se siguió quedando con contratos públicos durante todos estos años que lleva con el litigio abierto con Turespaña (que según los intereses de demora acumulados le reclama ya 3,1 millones de euros). Normalmente, la exigencia mínima para acudir a los concursos públicos es hallarse al corriente de pago con las Administraciones Públicas y ser solvente.

Según el registro mercantil, la sociedad coincidente con esta denominación (bajo la dirección de Arturo Fernández hay cerca de medio centenar de empresas con nombres muy similares) tiene una deuda con la Seguridad Social de 44.000 euros, por lo que en diciembre se dictó una orden de embargo contra la empresa. Esta deuda, como la sociedad, es diferente a la deuda que ya había trascendido de más de 400.000 euros y que se contrajo con la marca Cantoblanco Colectividades, que presta servicios a la Asamblea de Madrid.

Esta empresa tampoco es la misma que lleva el servicio de cafetería del Congreso de los Diputados. El amigo íntimo del rey, y de Esperanza Aguirre, se presentó al hemiciclo bajo la denominación de “Grupo Cantoblanco Alimentación”. En declaraciones a eldiario.es, Fernández aseguró estar al corriente de pagos con la Seguridad Social ya que dice haber negociado el aplazamiento de todas sus deudas. Fernández recuerda que este procedimiento es muy normal en tiempos de crisis entre los empresarios.

Bajo la denominación deudora del Estado, se prestan servicios a Moncloa, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Universidad Carlos III o Aena. También presta servicios a Telefónica, una de las contratas en la que el empresario ha sido acusado de hacer pagos en dinero negro.

Vía eldiario.es

Las fianzas de Díaz Ferrán y Cabo suman 80 millones baten el récord judicial conocido hasta ahora.

LA MAYOR FIANZA DE LA HISTORIA

Prisión bajo fianza de 50 millones para Ángel de Cabo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.

A todos los detenidos en la denominada “Operación Crucero” se les han impuesto fianzas para eludir prisión menos al experto fiscal Rafael Tormo, quien no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez.

El resto de fianzas son los 30 millones impuestos a Díaz Ferrán y los 500.000 euros que deberán pagar si quieren envitar la cárcel a Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José  Enrique Pardo y Antonio García Escribano. A la secretaria de de Cabo, Susana Mora, se le han impuesto 3.000 euros de fianza porque ha colaborado durante su declaración.

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La detención de Ángel de Cabo y su equipo y la del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, es fruto de la denuncia de cinco empresas acreedoras que consideraban que este último, supuestamente ayudado por el valenciano, ocultó sus bienes para aparentar que era insolvente y, en consecuencia, que no podía pagar las deudas de Marsans que había avalado.

Hasta la operación de Marsans, en junio de 2010, Ángel de Cabo, como corresponde, era un auténtico desconocido más allá de su círculo de clientes y amigos. La adquisición del grupo turístico a través de Possibilitum Business, una firma que tenía como objeto social la compraventa de animales exóticos, le puso en el mapa, aunque un año antes se había quedado con Teconsa, la constructora castellana ligada al caso Gürtel por organizar para Canal 9 la infraestructura audiovisual de la visita del Papa en 2006. Todo muy turbio, como corresponde, aunque no tanto seguramente como la operación cerrada en septiembre de 2011: la compra a los Ruiz-Mateos de Nueva Rumasa a través de una empresa, Back in Business 2011, constituida en marzo de ese año en la factoría de firmas dormidas del también valenciano Ramón Cerdá. Otro de los detenidos ayer, Iván Losada, asumió la dirección general del grupo de la abeja y, como otros colaboradores de De Cabo, se asignó un sueldo astronómico.

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Hasta 2009, por tanto, el empresario valenciano apenas tuvo notoriedad, si bien, con un despacho de abogados como base operativa, el bufete Aszendia, con sede en Valencia, Castelló y Madrid, De Cabo fue realizando operaciones de liquidación, a través de Nuevas Formas y Diseño, firma radicada en Riba-roja del Túria, de compañías como la sevillana Construcciones Azagra, Omega, Urbacivil, Vías Canales y Puertos o la ya citada Teconsa. Eran los tiempos del ascenso al paraíso y en los que hizo una escala en la Libia de Gaddafi, donde promovió sin éxito un macrocomplejo de lujo en el que se invertirían 3.000 millones para construir 4.000 viviendas, un hotel de cinco estrellas, hospitales, una mezquita y hasta un puerto deportivo.

Prisión ‘eludible’ para Díaz Ferrán. Qué cachondos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán, después de declarar hoy, junto a los otros siete detenidos en la “Operación Crucero”.

 La fianza de 30 millones de euros, se sitúa a la cabeza de las más altas fijadas en España a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999 dentro del caso Torras

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario valenciano, Ángel de Cabo han llegado a la Audiencia Nacional a las 8.43 horas en un furgón policial para ser interrogados por el juez Eloy Velasco por la ocultación de bienes para pagar a los acreedores de Marsans.

Díaz Ferrán ha comenzado a declarar, a las 10.15 horas ante el juez de la Audiencia Nacional. El expresidentede la patronal ha sido el segundo de los nueve detenidos en ser llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid.

El juez Velasco, ha decretado prisión para Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración, durante algo más de una hora, como parte de la “Operación Crucero”. Es la fianza para eludir prisión más alta impuesta en una instrucción judicial en España, solo igualada por la decretada en 1999 para el empresario Javier de la Rosa, que también fue de 30 millones de euros.

Durante las declaraciones, Díaz Ferrán ha negado que exista una trama para ocultar sus bienes a los acreedores de Viajes Marsans, un grupo que ha dicho que vendió al empresario Ángel de Cabo por la crisis y del que luego se desentendió. La Fiscalía sospecha que acordó con él el vaciamiento del grupo, y por ello el representante del ministerio público ha pedido prisión incondicional para el empresario.

Los acusados
Ferrán está acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, junto con el resto de los ocho detenidos. Entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que mantiene bajo secreto la causa, decidirá hoy las medidas cautelares que impone a los detenidos, que previsiblemente se enfrentarán a prisión incondicional o prisión eludible bajo fianza.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que, el juez Eloy Velasco ha tomado esta medida cautelar sobre Díaz Ferrán antes de interrogar al resto de detenidos, con el objetivo de que sea trasladado a los juzgados de Plaza Castilla para que declare a las 13.00 horas por un crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Air Comet, que supuestamente se hizo de forma fraudulenta.

Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, llegaron a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales (Holdisan y Grudisan, en el caso del expresidente de la CEOE y Parihol Inversiones, en el caso de Pascual), con el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico. En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

50 millones bloqueados
Los nueve detenidos permanecen desde el lunes en dependencias policiales hasta que hoy pasen a disposición del juez Eloy Velasco, que les investiga por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido.

En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan. Además, la Policía encontró ayer dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido.

Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado el lunes en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán. Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.

Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez.

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Bienes en el extranjero
Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negó ayer que la detención Díaz Ferrán sea ejemplarizante, a lo que añadió que es adecuada “a las circunstancias del caso”, así como para garantizar su presencia ante los tribunales.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha considerado que la organización no pierde “en absoluto” legitimidad por la “incidencia” de la detención de su expresidente y ha apuntado que la justicia determinará si el empresario “ha hecho bien las cosas”.

 

Díaz Ferrán y Blesa declaran mañana como imputados por la concesión de un crédito de Caja Madrid

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa declararán, mañana, miércoles, como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid José Silva por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al empresario cuando era consejero de la entidad.

El ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el ex presidente de la CEOE, Gerardo DíazFerránEl ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el ex presidente de la CEOE, Gerardo DíazFerrán

Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que la declaración, que se inició con una querella presentada por el sindicato Manos Limpias, se mantiene a pesar de que el expresidente de la patronal fue detenido el lunes en el marco de la ‘operación Crucero’, en la que se investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a los acreedores.

La intención del juez de la Audiencia Nacional que instruye esta causa, Eloy Velasco, es tomar declaración a Díaz Ferrán a primera hora de la mañana para que posteriormente pueda dirigirse a la sede del Juzgado de Instrucción número 9, donde está citado a declarar a las 13.00 horas. Media hora antes lo hará Blesa.

Delitos societarios y falsedad
El juez Silva acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, señala que ambos podrían ser indiciariamente autores de delitos societarios y falsedad documental.

El sindicato solicitó la imputación de Blesa y Díaz Ferrán, así como del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura; y todos los consejeros de Caja Madrid y Bankia durante las presidencias de Blesa y Rodrigo Rato.

A todos ellos les atribuían delitos societarios, de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil e imprudencia grave en el control de las sociedades.

Concesión de créditos
En su querella Manos Limpias acusa a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como “garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra”.

La querella asegura también que Blesa concedió otro crédito irregular, en este caso al promotor inmobiliario Martinsa-Fadesa. Manos Limpias considera, además, que el exgobernador del Banco de España Fernández Ordóñez cometió una imprudencia grave “al no prestar la diligencia debida como órgano supervisor y de control”.

El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de la querella argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación “de una forma muy genérica y sin ninguna concreción”, pretendiendo la ampliación del procedimiento “a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente”.