El problema de fondo es la impunidad. El sistema en su conjunto está absolutamente podrido y corrompido y no se salva ni el Tato.
A un desgraciado que robe una lata de sardinas en un supermercado lo condenan con más facilidad que a cualquier político.Por el bien del pais, espero que los jueces sean severos, las arcas publicas y los ciudadanos se lo agradecerán.
Es el momento de que la justicia demuestre si es verdad que vivimos en un estado de derecho,algo que cada día se cuestiona mas.
Ademas sacar las larga lista de los que han evadido capitales,y actuar en consecuencia.Es el gobierno el que tiene que hacerlo y de no ser así entenderemos que hay mucho que ocultar
Iñaki Urdangarin, Gerardo Díaz Ferrán y Miguel Blesa protagonizan los últimos casos en el país. Madrid, Andalucía, Galicia y, sobre todo, la costa mediterránea son las zonas más afectadas.
La corrupción crece en España a la par que se agrava la crisis económica. Es cierto que nuestro país ha mejorado tres décimas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 que realiza la ONG Transparencia Internacional (TI), pero se ha estancado en el puesto 30 de la lista, empatada con Botsuana, con una nota de 6,5 puntos. El informe analiza un total de 176 estados y lo más preocupante, quizás, es que España se sitúa en el puesto número 13 de la Unión Europea, por detrás prácticamente de todos los grandes países: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Austria, Irlanda y Chipre.
La malversación de caudales públicos (cobro de comisiones ilegales), el blanqueo de capitales y el desvío de fondos se ha comido un mínimo de 1.100 millones de euros. El caso de los ERE falsos de Andalucía apunta al reparto a dedo de al menos 712 millones de euros en la última década. Un monto al que se suman los repartos de contratos a empresas amigas de Unió Mallorquina por 7 millones de euros en Baleares o la celebración de encuentros deportivos por cantidades millonarias. La cifra no incluye ni las comisiones del 3 por ciento que presuntamente han cobrado en Cataluña PCS y CiU por otorgar contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, difíciles de cuantificar.
Los casos de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, acusado de engaño a la administración y desvío de dinero público a sociedades particulares; de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE, que ocultó más de 50 millones a sus acreedores y contrató a un supuesto liquidador de firmas para que a través de una red de testaferros se llevara el dinero fuera; 0 de Miguel Blesa, que pudo haber cobrado comisiones en una operación en Florida, según ha denunciado el sindicato Manos Limpias no han hecho sino rebosar el vaso de la corrupción.
Madrid
Blesa, Díaz Ferrán y Rumasa
Además de los miles de afectados por la venta de preferentes de Caja Madrid -la entidad intentó bajo la presidencia de Miguel Blesa captar a gente de avanzada edad y sin preparación financiera alguna- la corrupción en Madrid tiene varios nombres propios. Resalta el de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueños de Marsans, que intentó ocultar y sacar de España 50 millones para no pagar a sus acreedores. El pasado miércoles el juez impuso una fianza a Díaz Ferrán de 30 millones, otra de 50 millones para el empresario al que presuntamente encargó sacar el dinero fuera de España, Ángel de Cabo.
El antiguo dueño de Marsans ha declarado también esta semana por un préstamo de 26,6 millones, por el que también está imputado Blesa. Caja Madrid se lo concedió a pesar de que ofreció como aval una sociedad ya hipotecada y que además estaba en quiebra. Y todo ello sin olvidar a los Ruiz-Mateos, que suman deudas millonarias mientras Anticorrupción sospecha que tienen grandes sumas de dinero en Suiza y distintos paraísos fiscales del Caribe. En su caso, el informe concursal asegura que han desaparecido 90 millones que la familia obtuvo de la venta de pagarés.
Pero en Madrid no sólo desvían los empresarios. Los partidos políticos están salpicados por presuntos casos de corrupción entre los que destacan la operación Ciempozuelos, en la que se ha imputado al ex alcalde la zona Antonio Torrejón por malversar 40 millones. Al Partido Popular le salpicó el caso Guateque y Gürtel en los que se habla de sobornos y financiación irregular de partidos.
Galicia
Lugo y las preferentes
La ciudad de Lugo se ha convertido en los últimos años en sinónimo de causas judiciales y, así a las ya conocidas como Campeón y Carioca, se ha unido recientemente la Pokemon, liderada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Pilar Lara, que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para conseguir adjudicaciones de servicios públicos, como el de la ORA.
En este momento tan sólo permanece en prisión el ex presidente de la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil y ex concejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares, pero ha salpicado al actual regidor de la ciudad, Xosé Clemente López Orozco (PSOE), que fue imputado.
Además, en esta ocasión esta operación no se ha quedado en la ciudad de las Murallas y ha provocado la dimisión del anterior alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y el concejal del BNG Fernando Varela; además del regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP).
Además más de 43.000 personas se han visto afectadas por la venta de preferentes por parte de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova. Ante el supuesto fraude, la Xunta ha impulsado un sistema de arbitraje, por el cual los que demuestran que se les comercializó este producto de manera irregular puedan recuperar su ahorros.
Andalucía
EREs, Invercaria y Minutas
Andalucía lleva más de dos años descubriendo casos de corrupción ligados a las más de tres décadas del PSOE en el poder. El mayor es el de los ERE fraudulentos, que consistió en repartir sin control ni procedimiento por parte de la consejería de Empleo 721 millones entre 2001 y 2010 para prejubilar a trabajadores y dar dinero a empresas. Ni Manuel Chaves ni José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Hacienda y actual presidente de la Junta, saben nada de lo ocurrido. El informe de la Cámara de Cuentas ratifica el abuso cometido pero no identifica responsables políticos. El caso está siendo investigado y hay más de 60 imputados y el exconsejero de Empleo, que fue encarcelado y está en libertad bajo fianza civil.
La misma falta de control del uso de dinero público se detecta en Invercaria, empresa que supuestamente operaba como gestora de fondos de capital riesgo desde su creación en 2005, pero que no quedó registrada como tal hasta 2010. En esos años gestionó 35,5 de los 62 millones con los que fue dotada de forma opaca. Uno de sus tres expresidentes está siendo investigado por la justicia, que examina 34 de las casi 300 ayudas y préstamos otorgados sin control ni procedimiento alguno. Por su relevancia social sobresalen los escándalos de corrupción asociados al urbanismo en la Costa del Sol. Marbella es el epicentro, y actualmente hay instrucciones abiertas contra el exalcalde Julián Muñoz y su abogado, y presidente del Sevilla, José María del Nido. Este último ha sido condenado a siete años y medio de cárcel por fraude.
Cataluña
El cobro del 3 por ciento
En Cataluña, la corrupción está ligada al cobro de comisiones de entre el 3 y el 4 por ciento que, presuntamente, han cobrado CiU y el PSC por la adjudicación de obras públicas. El caso estrella es el del Palau de la Música en el que su presidnete Fèlix Millet hacia de intermediario entre las empresas constructoras y el gobierno de la Generalitat para, presuntamente, cobrar las mencionadas comisiones y luego desviar una parte a los partidos. El juez ha declarado a CDC responsable civil a titulo lucrativo del expolio del Palau de la Música Catalana de Barcelona y le ha impuesto una fianza de 3,2 millones. Las presuntas comisiones se cobraron durante el mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat y de Artur Mas como conseller.
El PSC tampoco ha salido indemne de los casos de cobro de comisiones y recientemente ha saltado caso Mercurio, una trama de corrupción urbanística y municipal que afecta al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, uno de los hombre fuertes de la formación socialista. Presuntamente, Bustos cobrara comisiones por la adjudicación de obras y contratas en Sabadell.
Baleares
Urdangarin, Munar, Matas
Las Islas baleares está cuajada de casos de corrupción ligados a la llegada de Unió Mallorquina al poder. María Antonia Munar, expresidenta del Consell, está imputada en la operación Maquillaje por presuntas irregularidades en contratos y subvenciones. En total se calcula que podría haber repartido siete millones a una red de empresas vinculadas a su partido. El caso Can Domenge, Voltor y Son Oms (ver gráfico) también le salpica a ella y a su partido. Dentro de la política, el ex presidente balear, Jaume Matas, ha sido condenado a prisión por el Caso Palma Arena, en el que gastaron 50 millones de más en un Velodromo. Vinculado a este presunto desfalco, está el caso Noós, uno de los más controvertido de la isla porque ha salpicado a un miembro de la Casa Real, Iñaqui Urdangarin. Según la investigación el duque y su socio, Diego Torres llegaron a cobrar más de 6 millones del gobierno balear y valenciano por organizar forums deportivos y trabajos de consultoría que no realizaron.
Valencia
Gürtel, Brugal, Cooperación…
En la Comunidad Valenciana acaba de ser condenado a 3 años de cárcel el diputado y exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, por prevaricación. Tras su dimisión son nueve los diputados del Grupo Popular de las Cortes imputados, seis de ellos por la presunta financiación ilegal del PP derivada del caso Gürtel. Otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante y su predecesor, están imputados en la pieza alicantina del caso Brugal, por un presunto trato de favor a un promotor. No obstante, el caso que más repulsa ha causado es el que afecta al diputado y exconsejero de Cooperación Rafael Blasco, acusado de desviar dinero de la Generalitat destinado al Tercer Mundo. El caso ha tenido una derivación inesperada, al dimitir el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, tras ser sorprendido filtrando presuntamente un documento judicial a Blasco, por lo que fue imputado por revelación de secretos. Otros casos sin acusados aforados son Emarsa -desfalco de 27 millones en la depuradora de Valencia-, Brugal (pieza de Orihuela) y Nóos, en el que hay imputados varios altos cargos de la Generalitat ya destituidos.
País Vasco
Caso Barrika
El Ayuntamiento de Barrika y la Diputación Foral de Bizkaia, ambas gobernadas por el PNV, se encuentran inmersas en litigios judiciales a raíz de una polémica recalificación de terrenos para la construcción de chalets de lujo en una zona de especial protección paisajística, que varias veces había sido anulada por los tribunales.
DATOS VIA EL ECONOMISTA
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