La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante el secreto sumarial de las investigaciones de los ERE

 

Manuel Chaves

Manuel Chaves

 PARA EVITAR “INNECESARIAS DILACIONES”

   La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar “innecesarias dilaciones”. En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación. Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el Juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados; así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos.

El Ministerio Público también pide que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados para, en su caso, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas.
En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide asimismo que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aun no han declarado; así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. . (EUROPA PRESS) –

Las personas de la trama:

Laura Gómiz Nogales

Presidenta de Invercaria, nombrada por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en julio de 2010. Ocupó la dirección general de esta misma entidad antes de ser nombrada presidenta. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad como directora financiera del grupo Bogaris y directora general de División Agroindustrial en dicho grupo (anteriormente denominado Detea). Pertenece a los consejos de administración de varias empresas participadas por Invercaria. Fue concejal suplente elecciones 2007 por el PSOE en Alcaracejos (Córdoba). En la grabación trata de convencer a un subordinado para que elabore informes falsos que justifiquen las ayudas otorgadas ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Reconoce que estas se han repartido sin seguir procedimiento alguno.

Cristóbal Cantos Sánchez

Exdirector de Promoción Invercaria. En la grabación se niega a elaborar dichos informes falsos, lo que encrespa a la presidenta de este organismo, que le acusa de «no valer» para trabajar en Invercaria.

Antonio Valverde Ramos

Director general de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Economía e Innovación), a la que pertenece Invercaria. Hombre de la confianza de Griñán, con quien coincidió en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ya que cuando Griñán era consejero (de 2004 a 2009), Valverde fue director general de Fondos Europeos. En la grabación Laura Gómiz asegura que está al corriente de todas las irregularidades, de las que resalta que le ha informado personalmente. «¡Joder Cristóbal!», señala Gómiz, «¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí?». IDEA es la agencia pública de la Junta de Andalucía que recibía y gestionaba el dinero de la Consejería de Empleo para los ERE fraudulentos que investiga la Justicia. Según la presidenta de Invercaria, la agencia está realizando informes con fecha anterior para justificar las ayudas.

Tomás Pérez Sauquillo

Presidente de Invercaria desde su constitución en abril 2005 hasta marzo 2010. En la grabación la actual presidenta alude a irregularidades en su gestión y afirma que «ha dado dinero muy alegremente».

Manuel Rodríguez Rodríguez

Desde el año 2005 hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director de inversiones de Invercaria y es miembro del consejo de administración de varias sociedades de alto componente innovador. Laura Gómiz insinúa en la grabación que está realizando los informes falsos. «Hay cosas que a Manolo Rodríguez lo voy a poner para que haga determinados… para que haga… ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema de la auditoría».

Consejo de administración

Según Laura Gómiz, el consejo de administración de Invercaria estaba al tanto de las irregularidades. Entre sus integrantes figuran importantes cargos de la Junta de Andalucía, muy próximos a los consejeros. Además de Antonio Valverde, de IDEA, están Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco Alvaro Julio, gerente de las Fundación Andalucía Emprende; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Francisco José Oyonarte Molina, ex secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía bajo la presidencia de José Antonio Viera, y Antonio Fernández, implicados en el caso de los ERE.

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EL historial criminal corporativo de 2012

El crimen corporativo ha estado con nosotros durante mucho tiempo, pero es posible que 2012 se recuerde como el año en el cual multas y soluciones extrajudiciales relacionadas con esos delitos comenzaron a ser lugar común. Durante los últimos 12 meses, más de media docena de compañías han tenido que aceptar multas de 10 dígitos (junto con numerosos casos de nueve dígitos) para llegar a acuerdos extrajudiciales por acusaciones que van desde el lavado de dinero y la manipulación de tasas de interés a crímenes medioambientales y mercadeo ilegal de medicamentos bajo receta.El problema que todavía no se ha resuelto es si incluso esas elevadas multas son suficientemente punitivas, considerando que la mala conducta de las corporaciones no da señales de disminuir. Para ayudar a considerar ese tema, publicamos una visión general del mal comportamiento de las corporaciones durante este año.

Soborno: El escándalo de soborno más notorio del año tiene que ver con Wal-Mart, que aparte de su descarada persecución de los sindicatos ha tratado de cultivar una imagen superlimpia. Una gran investigación del New York Times en abril mostró que los máximos ejecutivos del gigantesco detallista frustraron y finalmente aplazaron indefinidamente una investigación interna de considerables sobornos pagados por la compañía a funcionarios de inferior nivel como parte de un esfuerzo por aumentar la cuota de mercado de Wal-Mart en México. Un reciente informe de seguimiento delTimes suministra sorprendentes detalles adicionales.

Semejante conducta no es exclusiva de Wall-Mart. Este año, el gigante farmacéutico Pfizer tuvo que pagar 60 millones de dólares para resolver acusaciones federales relacionadas con el soborno de médicos, administradores de hospitales y reguladores gubernamentales en Europa y Asia. Tyco International pagó 27 millones de dólares para resolver acusaciones de soborno contra varias de sus subsidiarias. Se informa de que Avon Products está en discusiones con el Departamento de Justicia de EE.UU. y de la Comisión de Valores [SEC] para resolver una investigación por soborno.

Lavado de dinero y sanciones económicas. En junio el Departamento de Justicia anunció que el banco holandés ING pagará 619 millones de dólares para resolver afirmaciones de que ha violado sanciones económicas de EE.UU. contra

como Irán y Cuba. El mes siguiente, un informe del Senado de EE.UU. acusó al gigantesco banco HSBC de haber mirado hacia otro lado durante años mientras sus extensas operaciones se utilizaban para lavado de dinero por narcotraficantes y posibles financieros de terroristas. En agosto, el banco británico Standard Chartered aceptó pagar 340 millones de para solucionar acusaciones del Estado de Nueva York de que había lavado cientos de miles de millones de dólares en dinero contaminado y de que había mentido a los reguladores sobre sus acciones; este mes aceptó pagar otros 327 millones para solucionar extrajudicialmente acusaciones federales. Recientemente, HSBC llegó a una solución con las autoridades federales por lavado de dinero por 1.900 millones de dólares.

Manipulación de tasas de interés. Este fue el año en el cual quedó claro que los bancos gigantes han manipulado rutinariamente en su beneficio el crucial índice de tasas de interés LIBOR. En junio, Barclays acepto pagar unos 450 millones de dólares para solucionar acusaciones presentadas por este hecho por los reguladores estadounidenses y británicos. UBS acaba de aprobar el pago de 1.500 millones de dólares a las autoridades de EE.UU., Reino Unido y Suiza y que una de sus subsidiarias se declare culpable de una acusación de fraude criminal en conexión con la manipulación del LIBOR.

Practicas discriminatorias. En julio se anunció que Wells Fargo pagará 175 millones de dólares por un acuerdo de conciliación por discriminar a prestatarios afro-estadounidenses y latinos al otorgar préstamos hipotecarios.

Engaño de inversionistas. En agosto, Citigroup aceptó pagar 590 millones de dólares en un acuerdo de conciliación en una demanda judicial colectiva en la que se afirmó que no reveló toda su exposición a deudas por préstamos hipotecarios tóxicos de alto riesgo antes de la crisis financiera de 2008. El mes siguiente, Bank of America dijo que pagará 2.400 millones de dólares para llegar a un acuerdo en una demanda judicial colectiva que lo acusó de haber hecho declaraciones falsas y engañosas durante su adquisición de Merrill Lynch durante la crisis. En noviembre, JPMorgan Chase y Credit Suisse aceptaron pagar un total de 417 millones de dólares para llegar a un acuerdo por las acusaciones de la SEC de engaño en la venta de valores hipotecarios a inversionistas.

Abusos con tarjetas de crédito. En octubre el gigante de tarjetas de crédito American Express aceptó pagar 112 millones de dólares en un acuerdo de conciliación por acusaciones de cobro abusivo de deudas y cargos por atraso, y mercadeo engañoso de sus tarjetas de crédito.

Fraude al gobierno: En marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Lockheed Martin pagará 15,9 millones de dólares para llegar a un acuerdo sobre afirmaciones de que cobró de más al gobierno federal por instrumentos utilizados en programas de aviones militares. En octubre, EE.UU. presentó una demanda contra Bank of America y el emisor de préstamos Countrywide por un “fraude hipotecario” entre 2007 y 2009 que costó 1.000 millones de dólares al Estado en el período que condujo a la crisis financiera.

Colusión en la fijación de precios: Reguladores europeos impusieron recientemente el equivalente de casi 2.000 millones de dólares en multas a compañías electrónicas como Panasonic, LG, Samsung y Philips por colusión en la fijación de los precios de monitores de televisión y ordenadoras. Antes en este año, la compañía taiwanesa AU Optronics fue multada 500 millones de dólares por un tribunal estadounidense por una conducta similar.

Crímenes medioambientales: Este año se estableció un hito legal en el enjuiciamiento de BP por su papel en el accidente de perforación del Deepwater Horizon en 2010 que mató a 11 trabajadores y derramó una vasta cantidad de petróleo crudo en el Golfo de México. La compañía se declaró culpable de 11 acusaciones criminales y fue condenada a pagar 4.500 millones de dólares en multas y otras sanciones. También se excluyó temporalmente a BP de la obtención de nuevos contratos federales.

Mercadeo ilegal: En julio, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que el gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline pagará un total de 3.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo respecto a acusaciones criminales y civiles como la afirmación de que mercadeó ilegalmente sus antidepresivos Paxil y Wellbutrin para propósitos no aprobados y posiblemente inseguros. La operación de mercadeo incluyó comisiones clandestinas a doctores y otros profesionales de la salud. El acuerdo también cubrió acusaciones relacionadas con la falta de información de seguridad y de sobrecarga a programas federales de atención sanitaria. En mayo, Abbott Laboratories aceptó el pago de 1.600 millones de dólares para llegar a un acuerdo sobre acusaciones de mercadeo ilegal.

Encubrimiento de problemas de seguridad: En abril, un juez federal ordenó a Johnson & Johnson que pague 1.200 millones de dólares después que un jurado estableció que la compañía había ocultado problemas de seguridad asociados con su droga antipsicótica Risperdal. A Toyota el Departamento de Transporté de EE.UU. la multó recientemente con 17 millones de dólares por no haber notificado a los reguladores una serie de casos en los cuales los tapetes de las camionetas todo terreno Lexus se corrían fuera de posición e interferían con los pedales de aceleración.

Exageración de la eficacia del consumo de combustible: En noviembre la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA), anunció que Hyundai y Kia habían exagerado los valores de economía de combustible de muchos de los vehículos que habían vendido durante los últimos dos años.

Producción antihigiénica: Un brote de meningitis a principios de este se relcionó con jeringas de esteroides contaminadas producidas por las farmacéuticas especializadas New England Compounding Center y Ameridose que tenían un historial de operación en condiciones antihigiénicas.

Accidentes fatales de la mano de obra: Resultó que la fábrica de vestimenta bangladesí donde un incendio en noviembre mató a más de 100 personas (que habían sido encerradas por sus jefes) era un proveedor de compañías occidentales como Wal-Mart, que es tristemente célebre por presionar a sus subcontratistas hasta el punto de que no tienen otra alternativa que imponer exigencias imposibles a sus empleados y obligarlos a trabajar en condiciones peligrosas.

Prácticas laborales injustas: Wal-Mart también crea condiciones duras para su fuerza laboral dentro de EE.UU. Cuando una nueva campaña llamada OUR [nuestro] Wal-Mart anunció planes para acciones pacíficas en el lugar de trabajo en el gran día de compras después del Día de Acción de Gracias, la compañía hizo caso omiso de los temas presentados y trató de conseguir que el Consejo Nacional de Relaciones Laborales bloqueara las manifestaciones. Otras compañías que emplearon tácticas antisindicales como paros forzosos y excesivas demandas concesionarias durante el año incluyeron a Lockheed Martin y Caterpillar.

Evasión de impuestos: Aunque a menudo no es técnicamente criminal, la evasión de impuestos por parte de las grandes compañías a menudo tuerce la ley tanto que resulta irreconocible. Por ejemplo, en abril una denuncia en el New York Times mostró que Apple evita deudas por impuestos de miles de millones de dólares mediante complicados trucos contables como el “Doble Irlandés con un Sandwich Holandés”, que involucra desviar artificialmente beneficios a través de diferentes paraísos fiscales.

Trabajo forzado: En noviembre, el detallista global IKEA reveló que utilizó el trabajo de presos en Alemania Oriental en los años ochenta.

Phil Mattera
Dirt Diggers Digest
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens