El jefe de la mafia rusa de Lloret confirma al juez que pagó regalos y viajes a Crespo

Nuevos datos sobre la mafia rusa en Lloret de Mar. ¿Cómo se puede confirmar haber sobornado sin tan siquiera sentir vergüenza? ¿Cuál es el nivel de nuestros gobernantes?

El supuesto líder de la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar (Geona), Andrei Petrov, ha confirmado hoy al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos y viajes al diputado de CiU y exalcalde de la localidad, Xavier Crespo.

Velasco le ha citado hoy por segunda vez para que ampliara algunos detalles de los regalos que hizo a Crespo, para lo cual ha sido conducido desde prisión, donde está ingresado desde el pasado 28 de enero.

El juez ha interrogado al presunto capo durante menos de una hora por algunos extremos que le quedaban por confirmar y ampliar de su comparecencia anterior, centrados en las prebendas que pagó a Crespo para conseguir un trato de favor del Ayuntamiento.

Petrov ha reafirmado hoy los regalos pagados al exalcalde, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como los dos viajes a Rusia.

Uno de estos viajes fue en 2008 y en él Petrov le presentó a los líderes de la trama internacional rusa de blanqueo, Viktor Kanaidin y Sergei Nalimov, según explica el juez en la exposición razonada que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que asumiera el caso dada la condición de aforado de Crespo.

A cambio de estos regalos, Crespo prometió a Petrov que le bonificaría con el 50 % del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua plaza de toros de la localidad, fijado en 266.000 euros.

El pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó esta condonación -amparada en la condición de interés general de la obra- del pago del impuesto, de manera que Petrov abonó 133.000 euros menos por la licencia, un extremo que hoy ha reconocido al juez pero que ha defendido por ser ajustado a la legalidad.

En esta causa se investigan además los patrocinios que hizo Petrov, por un total de 270.000 euros durante tres años, a los equipos de hockey y fútbol de Lloret, un dinero que los investigadores consideran excesivo y que pudo servir para sobornar a cargos del consistorio.

De hecho, según el juez, Petrov «se vio obligado» a patrocinar estos clubes por orden de Crespo, quien «ideó hasta la forma de pago».

Este caso de supuesta corrupción deriva de la operación policial Clotilde llevada a cabo el pasado 25 de enero, que se saldó con ocho detenidos y cinco imputados más, relacionados con una red de empresas vinculada a Semion Mogilevich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI.

Algunos de los detenidos fueron Andrei Petrov; su padre, Boris Petrov; su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin; el teniente de alcalde de Lloret, Josep Valls, y la arquitecta Pilar Gimeno.

¿Método 3 investigaba o espiaba?

Parece que en España nos gusta mantener las formas. Y es que en el país de Sálvame y Gran Hermano 14, en la política como en «la casa», todo se magnifica. Al igual que actos de corrupción están nacionalmente aceptados si se trata del fontanero o el taller ahorrándote unos eurillos en el IVA pero son un escándalo si éstos los hace un empresario a mayor escala, lo mismo podría estar ocurriendo con el caso Método 3. Ay, España, pura y cristiana. Ay, a dónde te llevará esa doble moral…

Os reproduzco el artículo de El País al respecto:

Los detectives pisaron la mina de los partidos

Método 3 sufría exceso de marketing.Tal era la obsesión de su director, Francisco Marco, por publicitar los presuntos éxitos de su agencia, que a alguien se le escapó el pinchazo a un responsable político, en este caso a Alicia Sánchez Camacho en medio de los escándalos de corrupción en Cataluña. Lo que hacía o dejaba de hacer Método 3 era sobradamente conocido en el sector, así como sus colaboraciones con algunos medios de comunicación. Su problema fue no cuidar las formas con la política.Su forma de operar estaba extendida. Desde 1995 ha sido sancionada en cuatro ocasiones por Interior, que tiene la potestad de inspeccionar las agencias (habrá unas 2.700 licencias de detectives en España, unas 1.800 operativas). Algo tan sencillo como echarle un vistazo al registro de clientes está al alcance de la comisaría de seguridad privada, por lo que no haría falta haber hecho tanto ruido para saber quien encargaba trabajos a Método 3.

Los gestores de la agencia han estado imputados por escuchas telefónicas ilegales, empezando por la fundadora, Marita Fernández Lado, a la sazón madre de Francisco Marco. De Marita hablan bien muchos profesionales, no así de su hijo, que alcanzó el cénit de la celebridad en 2007 cuando manifestó haber sido contratado por el matrimonio McCann para buscar a los raptores de su hija Madeleine. Unos meses antes, Método 3 se atribuyó el éxito de haber localizado vivo y coleando al espía Francisco Paesa en París, dado por muerto tiempo atrás. Entonces, afirmaba tener 40 empleados y facturar unos cuatro millones.

¿Investigaba Método 3 o espiaba? Esa parece ser la frontera en la que se mueven estos profesionales. “Parece que una investigación se convierte en espionaje cuando se toca a los políticos”, explica el detective Agustín Ruiz, “cuando es lícito que se investigue a un político, por ejemplo cuando un empresario piensa que puede estar en connivencia con un competidor”. Detectives consultados ponen el ejemplo del seguimiento hecho a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y encargado por empresarios. Todos dudan de las versiones que están circulando sobre el caso: “Una conversación no se pincha sin una connivencia con alguno de los actores de la entrevista o con personal del restaurante”. También sorprende que un responsable político encargue una investigación sin utilizar una persona o una empresa interpuesta.

Todo puede valer si se respeta la deontología. Pero no todo vale, parece ser, si el afectado es un político. Después de Pitiusa y Método 3, el temor de las agencias es que la nueva ley de seguridad privada en estudio termine por blindar a los partidos.

El (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la #corrupción política en Cataluña.

El SUP denuncia que no se combate la‘corrupción política’ en Cataluña

 

Secretario General del SUP. Imagen: EFE

 

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la corrupción política que está dando tanto que hablar en Cataluña. Además ha difundido una nota en la que acusa al diario El País de exigir sanciones para «los policías docentes» con el fin de que «puedan seguir campando a sus anchas los corruptos».

 

Según la información del diario El Mundo, el SUP asegura que muchos policías y ellos mismos como organización sindical están permitiendo la corrupción en general, la corrupción política en particular y más concretamente en Cataluña. No la están combatiendo con el rigor que exige las leyes y es posible que esa laxitud haya sido la moneda de cambio para que se mantuviera un perfil político bajo de demandas políticas independentistas en dicho territorio.

Según afirma la nota del SUP, «en España se ha instalado la corrupción ampliamente y ningún ámbito de la sociedad es impermeable». Y añade: «Los ciudadanos lo intuyen y nosotros lo sabemos porque tenemos indicios sólidos de ello».

Dicha nota se titula ‘La partida de la democracia’ y se ha escrito al estilo de una carta abierta en respuesta a un editorial publicado por El País este mismo jueves cuyo título es ‘La partida de la porra’. En ese artículo editorial el periódico aborda las investigaciones policiales y periodísticas que han destapado los recientes escándalos de corrupción relacionados con dirigentes de CiU.

El diario de Prisa critica, según su texto ideológico, directamente al SUP por defender «la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial» y denuncia «como hecho palpable» la existencia de «fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de la que ninguna autoridad sale fiadora».

El SUP responde en su nota defendiendo que los policías decentes, sujetos a la ley y bajo control y dirección de las autoridades judiciales trabajen para combatir la corrupción desde la legalidad. Y añade: «Pero si se diera el caso de que la corrupción impide esa tarea será cuestión de buscar otros procedimientos, como se hizo en la clandestinidad, que contribuyan a que la Constitución y las leyes imperen por encima de los corruptos que las utilizan y los medios de comunicación que los protegen».

 

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Cataluña es el exacto reflejo de la realidad autonómica, no solo catalana sino de todo el mosaico autonómico español. Los políticos lo saben mejor que nosotros pero, poner solución a este, que es el principal problema nacional, pasa por abandonar las poltronas que ocupan (y estoy hablando de todos los gobiernos autonómicos y asociados, de todos los partidos políticos, de sindicalistas y todos los vampiros que han ahogado la nación). Nadie en España le pondrá el cascabel al gato y tendremos que esperar a que nos lo pongan desde Europa, por la vía de la asfixia económica que tan insistentemente nos hemos labrado todos los españoles, hipnotizados durante años por los políticos encantadores de serpientes, persiguiendo zanahorias en forma de identidades regionales, lenguas minoritarias y otras chorradas anacrónicas, que van justo en la dirección contraria del resto del mundo actual globalizado. 
¿Hasta cuando van a dejar los españoles que les manipulen los políticos con maniqueismos de derechas-izquierdas, PSOE-PP, Identidades autonómicas y demás inventos interesados ?
Políticos de la baja talla que tenemos en España, solo tienen cabida en una sociedad aturdida y mareada por los cantos de sirena que nos lanzan todos los dias nuestros gobernantes. En otros paises de nuestro entorno, políticos como estos estarían dedicados a otros trabajos para ganarse la vida, pues como políticos no durarían ni siquiera unos meses. 
Tenemos que pasar en España muchas páginas del pasado, ya casi remoto, para comenzar a crecer como nación y mucho me temo que moriré sin verlo.

Y en sus ‘tripas’ se demuestra que los políticos confirman que son un problema para los españoles, porque pese a que las preocupaciones de los ciudadanos van por un lado, las de los partidos van por otro y nada hace que recapaciten.

Es lo que tiene partidocracias bananeras que luego se autodenominan democracias. Los problemas del elector no pasan ya a segundo plano, Son tirados a la basura.

Modestamente, yo añadiría dos elementos de cohesión que me parecen fundamentales para entender la NO reacción de los catalanes frente a su casta dirigente:

– El Barça -algo más que un club- que como en cualquier dictadura se convierte en un elemento fundamental para aglutinar masas y acallar críticas. Un elemento que cuesta millones y millones de euros, y con una influencia que trasciende nuestras fronteras.

– Los grandes medios de comunicación, no sólo las televisiones, mantenidos en gran medida, directa o indirectamente mediante dinero público, y que ejercen una influencia determinante en crear opinión, evitando la discrepancia y fomentando el odio.

Y todo ello, también, implica, como digo, grandes sumas de dinero público, ya sea en publicidad, en condonaciones bancarias, en ayudas, en puestos de trabajo, etc…
Puede parecer una memez, especialmente lo primero, pero basta con observar y echar cuentas…

Y Mirar este cuadro  sobre la multiplicación de puestos políticos y de entidades públicas de todo tipo

El número de representantes políticos.

http://www.libremercado.com/2012-09-01/cataluna-sociedad-ilimitada-1276467257/

Pero la pelota sigue estando en el tejado del Gobierno del Estado, quien se niega sistemáticamente a utilizar la legitimidad de la ley para desmontar el chiringuito, e incluso a permitir que sentencias firmes del Tribunal Supremo ni siquiera se cumplan. 

Conviene no olvidar esto último jamás…

Y ahora pensar:

¿Hay derecho, por ejemplo, a que a los catalanes se les cobre un euro por cada receta médica, mientras las distintas administraciones cuentan con más de 20.000 puestos en consejos consultivos, consejos asesores, consejos rectores, patronatos de fundaciones, consejos de administración o consejos de normalización lingüística?

¿Hay derecho a que se retrasen los pagos a las residencias de ancianos mientras la radiotelevisión pública catalana emplea a más de 2.500 personas y chupa 275 millones de euros anuales de los presupuestos de la Comunidad?

¿Hay derecho a que los catalanes tengan que pagar un número exorbitante de peajes para desplazarse por carretera, mientras los cuatro niveles de la administración regional cuentan con casi 2.000 entes cuyas funciones se solapan con las de la propia administración y que tienen más de 50.000 empleados?

¿Hay derecho a que muchas familias catalanas no cuenten con ningún ingreso mientras se paga con dinero público a más de 1.000 personas para montar una red de normalización lingüística subvencionada, con el fin de imponer a esos catalanes una visión monocorde de la realidad social?

Mientras que los nacionalistas de Más necesitan desesperadamente que la vista y la atención de los catalanes se centren en Madrid, no sea que a los sufridos habitantes de Cataluña les dé por fijarse en su administración regional y a alguno se le ocurra decirle a los nacionalistas: «¡Sacad ya vuestras zarpas de nuestro bolsillo! ¡Dejad ya de robarnos!»

La Generalidad de Cataluña lleva años pidiendo que el Gobierno de España publique las balanzas fiscales. Tanto el Tripartito como el Ejecutivo de CiU han reclamado una y otra vez que se presenten estos datos y han apelado a la «transparencia«. Los políticos nacionalistas han repetido una y otra vez que saber cuánto aporta cada región no es sólo una cuestión de justicia sino que es una información que debe estar al alcance de los ciudadanos para que éstos puedan tener una opinión independiente.El problema es que toda esta exigencia de luz y taquígrafos queda totalmente en entredicho cuando los datos no concuerdan con el argumentarlo nacionalista. Según denuncia este lunes La Voz de Barcelona, la Generalidad ocultó uno de los resultados de las balanzas fiscales, precisamente el más perjudicial para sus intereses, cuando hizo la presentación de los datos hace unos meses.La historia es como sigue. El Gobierno de Artur Mas quiere justificar los recortes que debe aplicar en su comunidad en el supuesto agravio fiscal que la región sufre del resto de España. De esta manera, la culpa de que Cataluña sea la autonomía más endeudada del país no sería del Tripartito y su política de izquierda radical, que perjudicó a las empresas al mismo tiempo que disparaba el gasto público y el intervencionismo. Según este relato, el problema estaría en el dinero que se llevan los habitantes de otras comunidades.Para apoyar su planteamiento, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, presentó las balanzas fiscales del conjunto de España la pasada primavera. Como era de esperar, todos los medios catalanes cubrieron el acto profusamente y dedicaron sesudos editoriales al supuesto «expolio fiscal» que sufre Cataluña.En esta cuestión, no es fácil ponerse de acuerdo. Hay muchas formas de hacer las balanzas fiscales y cada una de ellas lleva a un resultado diferente. Desde el Gobierno de CiU se escogieron dos métodos: el de carga-beneficio y el de flujo monetario. Hasta aquí no hay nada raro, porque son los procedimientos más comunes. Eso sí, el equipo de Artur Mas no se quedó ahí, sino que dio un paso más y decidió hacer los cálculos neutralizados (es decir, aplicándoles un ajuste en función de componentes como el ciclo económico o el déficit público).Dado el amor que los políticos catalanes demuestran por la «transparencia», sería lógico pensar que iban a publicar los cuatro resultados: carga-beneficio neutralizado, carga-beneficio sin neutralizar, flujo monetario neutralizado y flujo monetario sin neutralizar. Pues no… Resulta que el señor Mas-Colell sólo presentó dos: los neutralizados (o cocinados, como cada uno prefiera). Y qué casualidad, eran justamente los dos que más convenían a las tesis de CiU. En uno, aparecía un déficit fiscal de 16.409 millones, y en el otro, de 11.261 millones.Mientras, en la documentación más detallada (es decir, fuera de las notas de prensa) se incluía una tercera cifra, que daba un déficit de apenas 791 millones. Pero, ¿y el cuarto método de cálculo? Ni una palabra sobre el mismo. Ahora, sabemos que con este sistema lo que habría aparecido es ¡un superávit de 4.015 millones de euros!Cuando decimos que «habría aparecido» es porque esa cifra no estaba ni en la presentación entregada a la prensa ni en la documentación más extensa publicada por la Consejería. De hecho, este dato lo hemos conocido porque un órgano asesor del Gobierno regional lo ha incluido (puede que sin darse cuenta de la importancia política del dato) en un informe sobre la financiación de Cataluña. Aunque es difícil que ningún político nacionalista lo admita, la cifra no es sorprendente. De hecho, hace unos meses, Convivencia Cívica Catalana (CCC) publicó un estudio en el que aseguraba que los cálculos de Mas-Colell estaban mal planteados. Sus cifras, tal y como publicó Libre Mercado, eran muy parecidas a las que hemos conocido este lunes.La discusión de si uno u otro de los métodos es más fiable podría ser larga. Lo curioso es que aquéllos que más piden «transparencia» a los demás, se apliquen de una manera tan peculiar este principio a sí mismos.Fuente: Libre Mercado

Mientras ahora tanto los populares como los socialistas sitúan «bajo sospecha» a Convergencia Democrática de Cataluña por la trama de las estaciones de las ITV y del expolio del Palau de la Música e instan al presidente a rendir cuentas sobre la procedencia de la financiación de su partido.

Por este último caso el juez impuso a CDC una fianza de más de tres millones de euros por el dinero desviado a través del Palau de la Música con las adjudicaciones de obras públicas en los Gobiernos de Jordi Pujol, y que el partido de Artur Mas avaló esa cantidad con su sede central de Barcelona.

A tenor del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Convergencia Democrática de Cataluña se perfila como «el gran beneficiario del expolio económico» del Palau de la Música, según el diario ABC. En concreto, el partido podría haber recibido, como mínimo, un total de 5,9 millones de euros entre 2002 y 2008

Estas cantidades de dinero las habría entregado el presidente del Palau, Felix Millet y su número dos, Jordi Montull, de forma opaca y en efectivo a los responsables de las financias de CDC en aquel tiempo, Carles Torrent y Daniel Osácar.

Fundación Trias fargas

Además del presunto desvío de fondos de Ferrovial a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través del Palau, habría otras constructoras que podrían haber pagado comisiones a la formación nacionalista canalizadas a través de la Fundación Trias Fargas a cambio de la adjudicación de obra pública. En concreto, entre 2002 y 2008 la plataforma de pensamiento afín a CDC habría recibido de éstas 6,5 millones de euros de donaciones particulares, el 64,9% de su financiación.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que recoge en un informe estos datos que este martes revela ABC, evidencia cierta desconfianza sobre que la financiación vía donación sea tan excesiva y menciona expresamente el «entroncamiento» de sociedades, sobre todo, constructoras con los sectores públicos catalanes y como de ahí se derivaron permisos, licencias y adjudicaciones.

El abanico de constructoras que donaron fondos a la fundación Trias Fargas en muy amplio. Tanto constructoras de ámbito nacional como ACS, que habría donado 250.000 euros o Fomento de Construcciones y Contratas que se le atribuyen 159.000.  También hay empresas de construcción con implantación autonómica como Rehac SA, Copisa, Tamisa, Bruesa, Nova lloret. Grupo Excover y Construcciones PRH  que aportaron un total e 614.000 euros entre todas ellas.

La concesionaria de autopistas Abertis financió a la fundación con 150.000 euros. La misma cantidad pagó igual que el Grupo Ferrer International dedicado a la venta de productos farmacéuticos, químicos y de alimentación.

(Datos de El Economista Y ABC)