España, nido de avispas: Corrupción y lavado de dinero de las mafias rusas (1)

Más de mil kilómetros de costa entre Girona y Málaga han sido escenario idóneo para el crimen organizado, sobre todo para el blanqueo de dinero.

En 2005 comienza el principal antecedente de la desarticulación de una red mafiosa rusa en España: la Operación Avispa. Sus detenidos son de la alta categoría de la criminalidad de los países del Este, son los llamados vory v zakonen o mejor conocidos como ladrones de ley.

Libro

Los periodistas del periódico ABC, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz en su libro Palabra de Vor esbozan el perfil de los vory a través de los mandamientos que debe cumplir el “ladrón”. Como primera obligación debe dar la espalda a su familia de sangre (madre, padre, hermanos) y sus únicos parientes serán los de la organización criminal; tiene prohibido fundar una familia propia y trabajar porque debe vivir exclusivamente de sus crímenes; está obligado a dar apoyo moral y material a otros “ladrones” usando la obshchak, o caja común que él controla; debe proporcionar información acerca de sus cómplices; si es investigado, un subordinado se atribuirá la responsabilidad para que el jefe pueda huir.

Tal descripción concuerda con la proporcionada en el diario Levante, en el cual se explica que un “Ladrón en la Ley” es elegido en un consejo de jerarcas supremos del crimen organizado ruso a escala nacional.

En el argot criminal este proceso se denomina “coronación”.   El “código de honor” les obliga a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal; a participar activamente en una organización de clanes; a ejercer como sus líderes o “jueces”; a regular la entrada de ingresos a la obshchak  y gastarla ayudando a los miembros que se encuentran en prisión. Además, según la Fiscalía Anticorrupción, intentan comprar a los funcionarios de las fuerzas de orden público.

En ambas definiciones, la obshchak y skhodka son términos que aparecen con un gran peso. Y es que ambos elementos siguen vigentes. La caja común es responsabilidad del Vor y sirve para mantener el bienestar del grupo. A ella deben aportar fondos todos sus miembros o incluso pagar tasas si violan algún precepto. Mientras más dinero tenga la caja, más categoría se le adjudica al grupo criminal que hay detrás.

Las reuniones para solucionar conflictos, que habitualmente coinciden con el cumpleaños de algún jefe, son otro de los aspectos más importantes entre las mafias porque tienden a proyectar cada vez más una imagen de congresos de hombres de negocios abiertos, incluso, a los poderes locales, pero tienen aún un importante componente secreto y apegado a la tradición.

En ellas, se tratan cuestiones fundamentales para las organizaciones y son el marco donde suele producirse la “coronación” de las autoridades criminales y la adjudicación del título de “ladrón de ley”.

Pero no todo el que quiera ser un vory v zakonen puede serlo y mucho menos aspirar al mando. Los homosexuales, los colaboradores de los carceleros, los que no pagan las deudas de juego, aquellos que no siguen la moral de los “ladrones” o los miembros del Partido Comunista tienen el acceso negado y están excluidos de la doctrina. Sin embargo, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz aclaran que los vory v zakonen ha sufrido cierto descrédito, ya que se sabe que algunos “ladrones” han comprado sus títulos mediante sobornos y a otros se los ha pagado su familia.

A continuación un vídeo de un programa de radio en el que se explica la realidad de las mafias rusas en España (por favor, no miréis al conductor :S)

La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos para España (CIS)

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La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos que debe afrontar el país en los próximos cinco años, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido hoy.

En este sondeo, el paro y la situación económica se mantienen como las dos mayores inquietudes de la ciudadanía, seguidos de la clase política, aunque en los tres casos bajan, mientras que sube un puesto, hasta el cuarto, la corrupción y el fraude dentro de los problemas más citados.

El barómetro incluye preguntas nuevas, por ejemplo sobre la organización del Estado y que muestran que una mayoría, el 54,4%, cree que debe mantenerse la actual o incluso que las comunidades tengan mayor autonomía, aunque un 36,9% es partidario de un único Gobierno central sin autonomías o con las comunidades con menos competencias.

La gestión de la crisis está pasando una factura muy alta al Gobierno: el PP ha perdido casi 9 puntos de apoyo desde las elecciones y tan solo el 6,8% considera que lo está haciendo bien o muy bien, mientras Rajoy saca su peor nota desde que es presidente. Pero los problemas no son exclusivos del Ejecutivo. El PSOE se estanca y crece la desafección por la política: los ciudadanos ven a los partidos como el tercer problema de España, solo superado por el paro y la economía. El sistema político queda en entredicho.

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Los resultados del barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son más que elocuentes. El Partido Popular ya ha perdido 8,7 puntos en estimación de voto respecto a las elecciones de hace un año, obteniendo un 35,9% en estimación de voto, siete décimas menos que en el barómetro del mes julio.

Esta caída no ha sido capitalizada por el principal partido de la oposición, ya que los socialistas también han bajado una décima desde los comicios y hasta 1,3 puntos con respecto al anterior sondeo, quedando su estimación en apenas el 28,6%.

Lejos quedan los datos que arrojaron las urnas hace menos de un año en las que los populares obtuvieron un 44,62% de los votos, que les dieron una amplísima mayoría de 186 escaños, y el PSOE consiguió el 28,73% y 110 escaños.

Empeora asimismo la valoración ciudadana de la labor de oposición del PSOE, que es censurada por la mayoría de encuestados. Así un 65,3% la califican como “mala” o “muy mala” -57,6% en julio-, un 5,7% como “buena” o “muy buena” y un 25,2% como “regular”.

Rajoy, cada vez peor valorado

Un hecho que se ve reflejado la valoración que hacen los ciudadanos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a caer en los últimos meses, al pasar de una nota de 3,33 puntos el pasado mes de julio, a 2,78 de media en octubre, la más baja desde que ocupa el Palacio de la Moncloa, según el último barómetro del CIS.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también pierde apoyos desde el último sondeo, ya que en julio obtuvo una nota de 3,8 puntos y ahora es de 3,7 sobre 10, aunque saca un punto al presidente del Gobierno.

También aumenta el número de españoles que critican la gestión del Gobierno, que es calificada como “mala” o “muy mala” por el 67,1% -56,1% en julio- frente a sólo un 6,8% que cree que es “buena” o “muy buena” y un 23,5% que la considera “regular”.

 

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Crece la desafección por la política y los partidos

Por otro lado, los ciudadanos ven peor que nunca la situación económica, ya que el 91,2% considera que es mala o muy mala, porcentaje que ha aumentado diez puntos en el último año y que supone un récord del barómetro del CIS.

También se ha elevado el pesimismo de la ciudadanía, dado que casi la mitad, el 49,1%, cree que la situación económica será peor dentro de un año. Además, siete de cada diez encuestados consideran que la economía se ha deteriorado en los últimos doce meses.

El paro y la economía siguen siendo los dos principales problemas para la ciudadanía, mientras que aumenta la desafección por la política y bate récord en este sondeo: los partidos y los políticos en general son vistos como el tercer problema de España para los encuestados.

En concreto, el paro continúa liderando la tabla con un 77,9% de menciones, y seguido de los problemas económicos, que se anotan un 43,4%. En tercer lugar, plaza que no abandona desde febrero de 2010, sigue la clase política, que en esta ocasión experimenta un importante aumento de 3,6 puntos respecto al mes anterior.

Si en septiembre los políticos eran mencionados en el 26,9% de las entrevistas, en octubre el porcentaje subió al 30,5%. Además, en ese lapso de tiempo ha subido casi 4,5 puntos el porcentaje de los ciudadanos que tildan de “mala” o “muy mala” la situación política del país, al pasar del 73,2 al 77,6%. Por contra, sólo un 2,4% considera que es “buena” o “muy buena”.

Pero, además, un 47,9% sostiene que la situación política es hoy peor hace un año, cuando se iban a celebrar las elecciones generales que ganó el PP, y otro 41,5% cree que las cosas no han cambiado en estos doce meses. Asimismo, un 36,4% augura que la situación política será aún peor el año que viene.

El CIS también revela que el sentimiento mayoritario que genera la política es la desconfianza, seguido de la irritación y el aburrimiento. Más de la mitad de los entrevistados cree que el voto es la única forma que tienen para influir en el Gobierno, aunque hay un 37% que cuestiona esa afirmación.

Estos resultados reflejan la mala acogida que han tenido entre los ciudadanos las primeras medidas tomadas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, pero sobre todo muestran como crece el descontento con el sistema político español. En este último trimestre se han materializado los Presupuestos Generales del Estado, la reforma laboral y los recortes en sanidad además de la debilidad de oposición del PSOE.

La encuesta, dada a conocer este jueves y que tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento, se basa en 2.484 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 49 provincias entre los días 2 y 14 de octubre.

La corrupción amenaza la seguridad de Rusia.

La popularidad del presidente se resiente

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En Rusia el dinero no llega a donde quiere el Gobierno, la arbitrariedad burocrática ahuyenta a los inversores, el presupuesto destinado al Ejército se roba a espuertas, impidiendo así su modernización, y ello en un entorno en el que los sobornos provocan una subida sin precedentes de los precios en todos los sectores del consumo.

Según Transparency International, Rusia ocupa en el mundo el lugar 133 en «percepción de corrupción». La lista la encabezan los estados más transparentes (Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda) y el último puesto, el 174, lo comparten Afganistán, Corea del Norte y Somalia. España se encuentra en la posición 30, Alemania en la 13, Estados Unidos en la 19, Francia en la 22, Italia en la 72 y Grecia en la 94. De esta forma, Rusia es el país más corrupto entre los miembros del G20.

Pese a todo, el país eslavo ha mejorado relativamente, subiendo 10 lugares con respecto al año anterior. Pero no porque haya menos corrupción sino por el hecho de que esta lacra ha aumentado considerablemente en el resto del mundo.

En los primeros nueve meses de 2012 se iniciaron más de 16.500 causas por corrupción

El ex ministro de Finanzas ruso, Alexéi Kudrin, ve una relación directa entre los ingresos generados por la venta de petróleo y gas, el aumento del gasto público y la corrupción. Según su opinión, «cuando se produce un incremento explosivo del gasto aumenta el número de eslabones en la cadena administrativa y cada uno de ellos aspira a recibir su parte del pastel».

El jefe de la Cámara de Cuentas de Rusia, Serguéi Stepashin, ha advertido que «más de un billón de rublos -unos 24.000 millones de euros- desaparece anualmente de las arcas del Estado». El Comité de Instrucción, órgano judicial desgajado hace poco de la Fiscalía General, anunció en un comunicado emitido esta semana que se han iniciado más de 16.500 causas por corrupción en los primeros nueve meses de 2012, un 50% más que en 2011.

La oposición y determinados sectores intelectuales llevan tiempo denunciando la corrupción, la cual, según un sondeo, se ha agravado durante los años en los que el presidente Vladímir Putin dirige el país. Así lo estiman seis de cada diez rusos encuestados.

El activista que más ha contribuido a crear una conciencia social en contra de los abusos del funcionariado ha sido Alexéi Navalni, uno de los líderes del actual movimiento de protesta contra Putin. Se ha convertido en el receptor de la mayor parte de las denuncias por corrupción y cuelga los casos más flagrantes en su blog.

«Ladrones y estafadores»

De Navalni fue la idea de llamar a Rusia Unida, formación creada a instancias del Kremlin, «el partido de los ladrones y los estafadores». Sus revelaciones contribuyeron de forma decisiva a la sensible caída de votos a favor de Rusia Unida en las legislativas de hace un año.

Desde que regresó al Kremlin, el pasado mes de mayo, la popularidad de Putin también se resiente. Según un reciente informe del centro sociológico ruso Levada el jefe del Estado ha perdido un 6% de apoyo de la ciudadanía.

Gueorgui Satárov, presidente de la fundación para el estudio de la corrupción INDEM, está convencido de que «a Putin le preocupa y mucho que la corrupción le esté haciendo perder el control del aparato de Estado». Por su parte, Elena Panfílova, responsable de la delegación en Moscú de Transparency International señala que «no es posible seguir sin plantear una lucha en serio contra la corrupción (…) el poder necesita garantizar la firmeza de la vertical de mando».

Oboronservice fue utilizada para privatizar a precios de ganga las propiedades de Defensa

Efectivamente, el máximo dirigente ruso parece haberse dado cuenta del desafío y ha lanzado una nueva campaña anticorrupción que ha impactado de lleno en la línea de flotación de ministerios clave, como los de Defensa, Interior y Agricultura. Tanto él como su primer ministro, Dmitri Medvédev, han reconocido reiteradamente que «la corrupción amenaza nuestra seguridad nacional».

El titular de Defensa, Anatoli Serdiukov, fue destituido el 6 de noviembre. Su presunta amante, Evguenia Vasílieva, que dirigía la empresa «Oboronservice», está acusada de apropiación indebida de fondos del Estado. «Oboronservice» fue la estructura utilizada para privatizar a precios de ganga las propiedades de Defensa y el daño asestado al presupuesto se calcula en 75 millones de euros. El año pasado, según la Fiscalía Militar, unos cien millones de euros fueron a parar a los bolsillos de generales y contratistas corruptos.

Ha habido muchos otros ceses en distintos ministerios, pero, a juicio de Satárov, todos los casos destapados en noviembre «no son más que la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y extendido».

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¡FELIZ 2013 en España ! 800 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios nos felicitan.

Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.

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EP – MADRID – 01/11/2009 – 12:44

La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es ‘Gürtel’, la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como ‘trama eólica’, pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado ‘caso Faycán’, que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es ‘Gürtel’, presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, ‘Gürtel’ ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso ‘Guateque’, que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés. CORRUPCIÓN EN BALEARES

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.

La imputación de Matas está relacionada con el caso ‘Palma Arena’ que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso ‘Can Domenge’. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.

Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de ‘Son Oms’, relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el ‘caso Scala’, que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso ‘Zerrichera’ llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

Palau de la Música

En Cataluña, la operación ‘Pretoria’ en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Castro Rei

Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.

En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.

La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante el secreto sumarial de las investigaciones de los ERE

 

Manuel Chaves

Manuel Chaves

 PARA EVITAR “INNECESARIAS DILACIONES”

   La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar “innecesarias dilaciones”. En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación. Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el Juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados; así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos.

El Ministerio Público también pide que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados para, en su caso, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas.
En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide asimismo que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aun no han declarado; así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. . (EUROPA PRESS) –

Las personas de la trama:

Laura Gómiz Nogales

Presidenta de Invercaria, nombrada por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en julio de 2010. Ocupó la dirección general de esta misma entidad antes de ser nombrada presidenta. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad como directora financiera del grupo Bogaris y directora general de División Agroindustrial en dicho grupo (anteriormente denominado Detea). Pertenece a los consejos de administración de varias empresas participadas por Invercaria. Fue concejal suplente elecciones 2007 por el PSOE en Alcaracejos (Córdoba). En la grabación trata de convencer a un subordinado para que elabore informes falsos que justifiquen las ayudas otorgadas ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Reconoce que estas se han repartido sin seguir procedimiento alguno.

Cristóbal Cantos Sánchez

Exdirector de Promoción Invercaria. En la grabación se niega a elaborar dichos informes falsos, lo que encrespa a la presidenta de este organismo, que le acusa de «no valer» para trabajar en Invercaria.

Antonio Valverde Ramos

Director general de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Economía e Innovación), a la que pertenece Invercaria. Hombre de la confianza de Griñán, con quien coincidió en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ya que cuando Griñán era consejero (de 2004 a 2009), Valverde fue director general de Fondos Europeos. En la grabación Laura Gómiz asegura que está al corriente de todas las irregularidades, de las que resalta que le ha informado personalmente. «¡Joder Cristóbal!», señala Gómiz, «¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí?». IDEA es la agencia pública de la Junta de Andalucía que recibía y gestionaba el dinero de la Consejería de Empleo para los ERE fraudulentos que investiga la Justicia. Según la presidenta de Invercaria, la agencia está realizando informes con fecha anterior para justificar las ayudas.

Tomás Pérez Sauquillo

Presidente de Invercaria desde su constitución en abril 2005 hasta marzo 2010. En la grabación la actual presidenta alude a irregularidades en su gestión y afirma que «ha dado dinero muy alegremente».

Manuel Rodríguez Rodríguez

Desde el año 2005 hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director de inversiones de Invercaria y es miembro del consejo de administración de varias sociedades de alto componente innovador. Laura Gómiz insinúa en la grabación que está realizando los informes falsos. «Hay cosas que a Manolo Rodríguez lo voy a poner para que haga determinados… para que haga… ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema de la auditoría».

Consejo de administración

Según Laura Gómiz, el consejo de administración de Invercaria estaba al tanto de las irregularidades. Entre sus integrantes figuran importantes cargos de la Junta de Andalucía, muy próximos a los consejeros. Además de Antonio Valverde, de IDEA, están Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco Alvaro Julio, gerente de las Fundación Andalucía Emprende; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Francisco José Oyonarte Molina, ex secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía bajo la presidencia de José Antonio Viera, y Antonio Fernández, implicados en el caso de los ERE.

Desmontadas las mentiras de UNESA sobre las energías renovables. #oligopoly

Demuestran que las energias renovables no han creado el déficit tarifario

10.244 millones de contribución al PIB, 186.587 empleos generados, 2.101 millones ahorrados en importación de combustibles

Estos son algunos de los datos recogidos en el Estudio del Impacto Macroeconómico de las EnergíasMapa electrico_thumb Renovables en España 2011 que la patronal APPA ha presentado hoy en Madrid. Un estudio que también demuestra que las renovables no solo no han sido las causantes del déficit tarifario sino que lo han reducido.

Por más que el presidente de Unesa siga insistiendo en lo contrario, los datos le quitan la razón. El estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2011, elaborado por la Asociación de Productores de Energías Renovables y presentado hoy en Madrid por José Miguel Villarig, presidente de la asociación, y Jaume Margarit, director general de la misma, desmonta las acusaciones de Eduardo Montes y el propio ministro de Industria contra las energías renovables.

El Estudio que recoge, por cuarto año consecutivo, la influencia de las energías renovables en términos económicos y sociales, pone de manifiesto que solo en la reducción del precio del mercado diario de electricidad estas tecnologías ahorraron 7.607 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2011. Otros datos destacados son que estas tecnologías representaron en 2011 el 0,95% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y que siguen invirtiendo en I+D+i tres veces por encima de la media. En 2010 (últimos datos disponibles), la inversión fue de 302,8 millones, el 4,5% de su contribución directa al PIB.

Generación de empleo
Además, pese a la crisis y todos los obstáculos a los que se enfrenta, el sector ha seguido creando empleo. En concreto, en 2011 se crearon 5.983 nuevos puestos de trabajo. Este repunte se produjo, principalmente, por los empleos inducidos debidos a la construcción de nuevas centrales. Los empleos del sector se dividieron en 54.193 empleos generados de forma directa y 64.464 empleos inducidos en otros sectores de actividad.

Por tecnologías, la solar termoeléctrica, con 9.711 nuevos empleos, y la biomasa, con 1.360, son las que más empleos han creado. En el lado contrario, la energía eólica y los biocarburantes destruyeron empleo el año pasado (3.638 y 1.375, respectivamente). En el caso de los biocarburantes este dato es especialmente preocupante ya que, como explicó Margarit “aunque se han consumido más biocarburantes en España, esto se debe a las importaciones de Argentina e Indonesia, principalmente, y no a un mayor desarrollo del sector nacional”.

Balanza comercial y emisiones evitadas
Las renovables también contribuyen a reducir nuestra dependencia energética y a equilibrar la balanza comercial. En 2011, el sector exportó bienes y servicios por valor de 3.362 millones de euros y las importaciones alcanzaron los 2.632 millones, con el resultado de un saldo neto exportador de 730 millones. Respecto a importaciones de hidrocarburos evitadas –11,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 2.101 millones de euros– Villarig destacó el importante papel que en este terreno juegan estas tecnologías, recordando que “en 2011, las importaciones de hidrocarburos nos costaron 39.933 millones, el 86% del total de todas las importaciones”.

Además, las energías renovables evitaron el año pasado la emisión de 33,4 millones de toneladas de CO2, que supusieron un ahorro total de 429 millones de euros, mientras que la utilización de biocarburantes en el transporte evitó la emisión de 4,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Las energías limpias también evitaron la emisión de otros gases nocivos para la salud como para el medio ambiente: 27,6 millones de toneladas de NOx y 45,3 millones de toneladas de SO2.

En cuanto a la balanza fiscal, el sector ha sido contribuidor fiscal neto en todos los ejercicios contemplados. Durante 2011, se pagaron cerca de 675 millones de euros en impuestos y se percibieron alrededor de 12 millones de euros en subvenciones. El saldo, positivo para el Estado, fue de 663 millones recaudados.

Electricidad generada
Según indica el estudio de APPA, al finalizar 2011 había instalados 2.286 megavatios de energías renovable, situándose el total acumulado en 29.097 MW. La eólica (1.349 nuevos megavatios), solar termoeléctrica (467 MW), solar fotovoltaica (409 MW) y la biomasa (61 MW) fueron las tecnologías que más potencia instalaron.

Sin embargo, este aumento de potencia no se tradujo en mayor generación. De hecho, la generación eléctrica renovable se redujo hasta los 59.990 GWh (60.109 GWh en 2010) debido a que 2010 fue excepcionalmente bueno para la energía eólica e hidráulica. En total, las renovables cubrieron el 22,2% de la demanda eléctrica el año pasado.

Déficit de tarifa
El Estudio aborda, asimismo, la principal preocupación del ministro Soria, el déficit de tarifa, dejando claro que la comparación, “interesada”, señaló Villarig,, entre primas y déficit tarifario olvida los múltiples beneficios que tienen estas tecnologías en nuestra economía.

Así, durante 2011 las energías renovables ahorraron 3.352 millones al sistema eléctrico, debido a que estas tecnologías entran a precio cero en el mercado diario de OMEL, desplazando a unidades de generación que habrían marcado precios más altos en nuestro mercado marginalista. “Si no hubiera esta aportación de renovables, cada MWh adquirido en el mercado sería 15 euros más caro”, puntualizó el presidente de la patronal.

¿Y cuánto dinero recibieron en primas las renovables? “No los 7.000 millones que dice el ministro, sino 5.023 millones”, apuntó Villarig. En realidad, por primera vez desde que se realiza el estudio, las primas a las energías renovables se redujeron en 2011, debido a una menor producción eólica y minihidráulica y a los recortes retroactivos de 2010 a la energía fotovoltaica, que limitaron el número de horas con derecho a prima de esta tecnología.

De acuerdo con el estudio de APPA, en el período 2005-2011 las energías renovables han supuesto en el mercado diario un ahorro de 28.482 millones de euros; superior, por tanto, a las primas recibidas en este periodo, que ascienden a 20.875 millones de euros. De esta manera, “si las renovables no hubieran existido, ni las primas ni los ahorros, la electricidad se habría generado a un precio mayor. Las renovables no solo no han sido las causantes del déficit tarifario sino que lo han reducido”, destacó Villarig.

Cumplimiento de objetivos
En lo referente a los objetivos marcados en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, en algunos casos se han alcanzado y en otro no. Las eólica, con 21.059 MW acumulados en 2011 los superó; las tecnologías solares los excedieron ampliamente (4.244 MW acumulados en FV y 999 MW en termosolar); y tecnologías como la minihidráulica (2.034 MW) y biomasa (761 MW) no los alcanzaron.

Pese a ello, las metas globales fijadas para 2010 no se han cumplido. El año pasado las renovables abastecieron el 11,6% del consumo de energía primaria (el objetivo para 2010 era el 12, 1%) y el de electricidad supuso el 29, 7% (se incluye la gran hidráulica), un 0,6% por debajo del objetivo perseguido, Los únicos objetivos que se alcanzaron fueron las emisiones de CO2 evitadas y el consumo de biocarburantes en términos energéticos.

En cuanto al PER 2011-2020, ninguna tecnología ha alcanzado la potencia instalada prevista para 2011. Hay un retraso generalizado en todas las tecnologías térmicas, eléctricas o de transporte. De acuerdo con APPA, el único objetivo que se está cumpliendo es el porcentaje de consumo de energía final bruto, 15,9% sobre un 14,7% para 2011. Y este porcentaje se ha alcanzado por la caída de la demanda, no porque la producción renovable haya sido superior a la prevista: 54.715 GWh de electricidad renovable frente a 58.642 GWh previstos para 2011 y 1.670 ktep de biocarburantes frente a 2.048 previstos.

Oportunidad para España
José Miguel Villarig y Jaume Margarit concluyeron su intervención destacando la gran inversión que suponen para España las energías renovables, tanto en generación de empleo, como en independencia energética, un medio ambiente más limpio y mejora de la marca España. Sin embargo, “las decisiones de los dos últimos gobiernos se han mostrado contrarias al desarrollo de estas tecnologías”, destacó Villarig, para quien “frente a la improvisación” con la que se está actuando, hace falta “un marco regulatorio estable y a largo plazo” que vuelva a dar al sector la confianza y seguridad que necesita.

 

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El (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la #corrupción política en Cataluña.

El SUP denuncia que no se combate la‘corrupción política’ en Cataluña

 

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Secretario General del SUP. Imagen: EFE

 

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que no se está investigando suficientemente la corrupción política que está dando tanto que hablar en Cataluña. Además ha difundido una nota en la que acusa al diario El País de exigir sanciones para “los policías docentes” con el fin de que “puedan seguir campando a sus anchas los corruptos”.

 

Según la información del diario El Mundo, el SUP asegura que muchos policías y ellos mismos como organización sindical están permitiendo la corrupción en general, la corrupción política en particular y más concretamente en Cataluña. No la están combatiendo con el rigor que exige las leyes y es posible que esa laxitud haya sido la moneda de cambio para que se mantuviera un perfil político bajo de demandas políticas independentistas en dicho territorio.

Según afirma la nota del SUP, “en España se ha instalado la corrupción ampliamente y ningún ámbito de la sociedad es impermeable”. Y añade: “Los ciudadanos lo intuyen y nosotros lo sabemos porque tenemos indicios sólidos de ello”.

Dicha nota se titula ‘La partida de la democracia’ y se ha escrito al estilo de una carta abierta en respuesta a un editorial publicado por El País este mismo jueves cuyo título es ‘La partida de la porra’. En ese artículo editorial el periódico aborda las investigaciones policiales y periodísticas que han destapado los recientes escándalos de corrupción relacionados con dirigentes de CiU.

El diario de Prisa critica, según su texto ideológico, directamente al SUP por defender “la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial” y denuncia “como hecho palpable” la existencia de “fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de la que ninguna autoridad sale fiadora”.

El SUP responde en su nota defendiendo que los policías decentes, sujetos a la ley y bajo control y dirección de las autoridades judiciales trabajen para combatir la corrupción desde la legalidad. Y añade: “Pero si se diera el caso de que la corrupción impide esa tarea será cuestión de buscar otros procedimientos, como se hizo en la clandestinidad, que contribuyan a que la Constitución y las leyes imperen por encima de los corruptos que las utilizan y los medios de comunicación que los protegen”.

 

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