Justicia belga acusa a la Cienciología de organización criminal

 cienciologia1

La Iglesia de la Cienciología, fundada en los años 50 por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard como una “filosofía religiosa aplicada” y en Europa ha estado envuelta en repetidas polémicas.

Bruselas.- La Justicia belga ha abierto una nueva investigación sobre la Iglesia de la Cienciología, a la que la Fiscalía federal acusa de organización criminal entre otros cargos, según informan hoy los diariosL’Echo y De Tijd.

La rama belga de la organización estadounidense también es sospechosa de fraude, extorsión, práctica ilegal de la medicina y de violaciones de la ley sobre la protección de la privacidad, aseguran los periódicos, manifestó

En Bélgica se abrió en 1997 una primera investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Cienciología, que llegó al país en 1974 y que tiene instalada en Bruselas su sede europea.

El caso, sin embargo, lleva años sin avanzar en un tribunal de la capital, a pesar de que en la última década se han repetido las investigaciones alrededor de la organización.

La nueva investigación se centra, según L’Echo y De Tijd, en las prácticas internas de la iglesia y arrancó con una demanda presentada ante los servicios de Empleo de Bruselas por contratos de trabajo entre la organización y voluntarios y miembros.

En la vecina Francia, la Iglesia de la Cienciología fue condenada en 2009 por estafa a una multa de 600.000 euros, sentencia que fue confirmada en apelación este mismo año.

Además, cinco de sus responsables fueron sentenciados a penas de entre dos años de cárcel exentos de cumplimiento y multas de varios miles de euros.

La Iglesia de la Cienciología, fundada en los años 50 por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard como una “filosofía religiosa aplicada” y en Europa ha estado envuelta en repetidas polémicas.

Entre sus adeptos figuran entre otros célebres personajes los actores estadounidenses Tom Cruise y John Travolta.

Todas las nuevas medidas contra el fraude fiscal que entran en vigor hoy.

 

 

 

El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, anunciada por el ejecutivo y que endurece las medidas y penas de cárcel en delitos de fraude contra Hacienda y la Seguridad Social. El cobro indebido de prestaciones por desempleo, la creación de empresas para defraudar o el empleo irregular serán delitos penados con hasta cinco años de cárcel. Las empresas o personas que defrauden a Hacienda más de 600.000 euros tendrán que afrontar penas de entre dos y seis años de prisión.

Seis años de cárcel para el empresario que defraude a la Seguridad Social

Los fraudes a la Seguridad Social estarán penados, a partir de ahora, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los cinco y seis años. Beneficiarse irregularmente de reducciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional estará penado con una pena de hasta cinco años de prisión. Es una condena que podrá aumentar hasta seis años en el caso de empresas, ya que se considerará infracción grave obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social, y también no cotizar por los salarios de tramitación. La sanción será mayor cuanto mayor sea el número de trabajadoresafectado.

El aumento de estas penas también trae consigo una ampliación de la prescripción de estos delitos fiscales: en los supuestos más graves, su prescripción legal pasará de cinco a diez años. También se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Cinco años de cárcel por defraudar en subvenciones

Cobrar el paro de manera fraudulenta o recibir subvenciones de más de 120.000 euros de forma irregular también acarreará penas de hasta cinco años de cárcel. Utilizar una subvención para unos fines distintos de los que fue otorgada también será considerado como un supuesto de fraude fiscal.

Este endurecimiento de las penas de prisión por fraude fiscal también trae consigo un aumento de las multas aplicadas: si el delito incluye una pena de más de dos años de cárcel, el defraudador tendrá que pagar el doble de lo defraudado. Si esta pena es de más de cinco años, la multa ascenderá al cuádruple de esta cantidad.

Partidos políticos y sindicatos tendrán responsabilidad penal

Otra de las novedades introducidas en esta nueva Ley Orgánica, que entrará en vigor veinte días después de su publicación, incluye la inclusión de partidos políticos y sindicatos dentro del régimen de responsabilidad penal en casos de fraude fiscal. De esta manera, partidos y sindicatos tendrán que responder por las actuaciones ilícitas desarrolladas por sus miembros en su beneficio. Con esto, el ejecutivo busca superar lo que define como la “percepción de impunidad” de la que gozaban estos dos actores de la vida política.

EP/MADRID
Hoy entra en vigor la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma más ambiciosa de la democracia, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado, y se ha aprobado solo con el apoyo del Partido Popular en las dos Cámaras, así que entra en vigor tal y como la anunció y presentó el Ejecutivo.

La ley entra en vigor con carácter general, excepto el artículo 7, que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, que lo hará dentro de veinte días.

La norma, según Hacienda, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, el Ministerio asegura que la nueva ley supone el mayor esfuerzo normativo den la lucha contra el fraude, junto al proyecto de ley de lucha contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal.

Además, es un “complemento perfecto” al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el pasado 30 de marzo, con el que se pretende aflorar ingresos procedentes de la economía sumergida para incorporarlos a la economía regular.

La limitación de los pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes para favorecer la llegada de turistas.

Aquellos que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que haya sido comunicado por el contribuyente.

Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No solo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.

Medidas cautelares

Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, la nueva ley permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.

En concreto, se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.

Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes. Hasta ahora, cuando una deudor se declaraba sin bienes pero con acciones en una sociedad con inmuebles se le embargaban dichas acciones. A partir de ahora, se limitará la actividad de la propia sociedad.

Por otro lado, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.

También se introducen algunos cambios en el uso del IVA en operaciones inmobiliarias, ya que no se permitirá que el adquiriente se deduzca el impuesto si el vendedor no lo ha ingresado previamente. En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas antes del concurso no podrá realizarse en liquidaciones posteriores.

Cambios en el sistema de módulos

La nueva norma también incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de merc

El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

17/01/2012 – EFE, Barcelona

Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre, y a su exesposa, por un presunto fraude fiscal de casi 4 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.
  • El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre, y a su exesposa, por un presunto fraude fiscal de casi 4 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el juez ha acordado admitir a trámite la querella que ha presentado la Fiscalía contra Cuatrecasas, al que acusa de diez delitos contra la Hacienda Pública de los que su exesposa, Mercedes B., sería participante a título lucrativo por beneficiarse de 142.831 euros en el supuesto fraude.

Por ese motivo, ha citado a ambos a declarar como imputados el próximo 24 de febrero para interrogarles sobre el supuesto fraude fiscal, que afecta a los beneficios económicos de Emilio Cuatrecasas sin relación con la actividad del bufete que fundó su padre, actualmente el primero de España.

En su querella, la Fiscalía acusa al abogado de defraudar casi 4 millones de euros a Hacienda en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA a través de un entramado de empresas sin actividad real.

La denuncia del ministerio público se basa en un informe de la Agencia Tributaria que detectó indicios de fraude en los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 del abogado y experto en asesoría fiscal

El querellado, mantiene la Fiscalía, incluyó como gastos vinculados a una actividad empresarial los generados por sus viviendas, barco de recreo, mobiliario, personal de servicio, viajes y otros dispendios domésticos, que de esa forma fueron deducidos en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente fraude fiscal y evitando tributar su propio IRPF.

Paralelamente, el imputado “dispuso mediante una trama de sociedades evitar la tributación por el impuesto sobre el patrimonio”, operaciones de las que resultó beneficiada la que fuera su esposa, añade la querella del ministerio público.

La Fiscalía sitúa en el epicentro de la supuesta trama de fraude fiscal a la empresa EMESA S.L, que pertenecía al querellado “a través de una doble superposición de sociedades” que, a juicio del ministerio público, nunca realizaron actividad económica alguna.

Para eludir la tributación de distintos impuestos, Cuatrecasas simuló presuntamente contratos de arrendamiento de los bienes de su uso situándolos en el patrimonio de EMESA para, a continuación, fingir que los mismos eran alquilados por él a la citada sociedad.

De esa forma, agrega la Fiscalía, el querellado aparentó suscribir contratos de arrendamiento previamente adquiridos por EMESA que destinaba a su uso exclusivo personal: él y su familia, por ejemplo, gozaron en calidad de inquilinos de la vivienda de Barcelona que constituyó su hogar familiar.

Cuatrecasas también suscribió, según la querella, contratos de arrendamiento ficticios por sus dos segundas residencias de Garós (Vall d’Aran) y Fontanilles (Baix Empordà), sus nueve automóviles, su embarcación de recreo y dos amarres -valorados en 6 millones- y el ático de paseo de Gràcia de Barcelona que adquirió tras su divorcio, según el ministerio público.

En ‘Salvados’ hoy:el gran problema de fraude fiscal.

Salvados’ se desmarca una semana más con un tema de candente actualidad y que preocupa e indigna a partes iguales, a muchos españoles, el problema de fraude fiscal. Dos días después del fin del plazo para acogerse a la amnistía fiscal analizará los distintos tipos de fraude. Jordi Évole presentará una nueva entrega más de este programa bajo el sugerente título de ‘Fraude rico, fraude pobre’. Un espacio que cada vez gana más audiencia, ingredientes no le faltan para ello.
‘Salvados’ en su búsqueda de respuestas, como suele acostumbrar se acerca a este espinoso tema a debate acudiendo a las fuentes. “El Follonero” entrevistará, entre otros, al inspector de Hacienda que colaboró en destapar los casos del Palma Arena y del Instituto Noos en Mallorca.
Évole meterá el dedo en la llaga, planteándole las siguientes cuestiones. ¿Es equiparable el pequeño fraude con el fraude de las grandes compañías? ¿Se dedica el mismo esfuerzo a perseguir el uno que el otro? Para ello se preguntará al impulsor de una plataforma contra la economía sumergida que se dedica a denunciar a instaladores que hacen chapuzas en negro y con un asesor fiscal para que explicará si recomienda a sus clientes que se acojan a la amnistía fiscal.
Évole entrevista también a Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, que nos mostrará la lista de propuestas que ha presentado contra el fraude fiscal. ¿Por qué han sido todas rechazadas? Y para acabar, habla con los actuales responsables de Hacienda del PP y del PSOE. ¿Hay interés real en erradicar el fraude fiscal? Todo ello en laSexta a partir de las 21:30 horas.
Hacienda creará una oficina contra el fraude fiscal de multinacionales y particulares

Divisas de diferentes países

  • Ha detectado que “ciertos grupos” con presencia internacional utilizan España para cargar “de forma exagerada” gastos sujetos a deducción fiscal.
  • Porsteriormente, esas multinacionales declaran los beneficios en otros países con impuestos más bajos como Irlanda.
  • Además, un acuerdo entre Hacienda y EE UU para el intercambio de información será clave para descubrir patrimonios y rentas ocultas en el exterior.El Ministerio de Hacienda tiene previsto poner en marcha en enero una oficina especializada en fiscalidad internacional para actuar contra los “abusos fiscales” de las multinacionalesque se aprovechan de su implantación internacional para eludir el pago de impuestos en España.

    La creación de esta unidad especializada ha sido anunciada este martes por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, quien ha explicado que la nueva oficina tendrá competencia nacional para garantizar criterios uniformes de actuación sobre todos los contribuyentes adscritos a las 17 delegaciones autonómicas de la Agencia Tributaria (AEAT).

    Google o Amazon están siendo investigadas en Francia y Reino Unido por este motivoFuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que se vienen detectando situaciones en las que “ciertos grupos” con presencia internacional han utilizado España como vía para cargar “de forma exagerada” gastos sujetos a deducción fiscal, mientras que los beneficios los declaran en otros países con impuestos más bajos como Irlanda.

    Multinacionales del sector de las tecnologías como Google oAmazon están siendo investigadas en Francia y Reino Unido por este motivo, aunque el Ministerio ha rechazado dar nombres de compañías o apuntar a sectores donde más se producen estas prácticas.

    Se trata de lo que en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se denominan“prácticas de planificación fiscal agresiva” de las multinacionales que utilizan las diferencias en las legislaciones nacionales para eliminar o reducir significativamente la tributación.

    La AEAT prevé recaudar el año próximo 9.130,7 millones de la lucha contra el fraudeLas mismas fuentes han explicado que este es uno de los motivos por los que en España se han limitado los gastos financieros deducibles, utilizados en ocasiones para rebajar la factura fiscal a pesar de ser costes asociados a préstamos concedidos en otros países.

    La nueva oficina contará con una plantilla de alrededor de 50 personas de diferentes niveles y de todo el país que centrarán su labor en poner “en condiciones justas” respecto al resto de contribuyentes a las empresas que cometen los abusos fiscales, lo que Hacienda considera que reportará una recaudación “bastante significativa”.

    De acuerdo con el proyecto de presupuestos para 2013, la AEAT prevé recaudar el año próximo 9.130,7 millones de la lucha contra el fraude, un 11,7% más que lo presupuestado en 2012 —8.171 millones—, meta que ya se ha superado, dado que hasta septiembre se habían recaudado 8.493 millones.

    Descubrir rentas ocultas en el exterior

    El secretario de Estado de Hacienda ha anunciado este martes también la rúbrica del acuerdo con Estados Unidos que permitirá el intercambio automático de información, que será clave para el descubrimiento de patrimonios y rentas ocultas en el exterior.

    El acuerdo implica la aplicación de la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras —FATCA por sus siglas en inglés— que permitirá a las entidades financieras españolas evitar una retención del 30% de los pagos que perciban en fuente estadounidense sin necesitad de un acuerdo bilateral con la administración tributaria de aquel país.

    Asimismo, Ferre ha destacado los últimos acuerdos de intercambios de información ya suscritos o en proceso de ser firmados con países y territorios considerados por la OCDE como paraísos fiscales, entre ellos, las Islas Caimán, las Bermudas o las islas británicas del Canal —Man, Jersey y Guernsey—.

    Por otra parte, ha dicho que en breve será aprobado el modelo de declaración para que los contribuyentes informen en el primer trimestre de 2013 de los bienes y derechos que tienen en el exterior, según establece el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros.