La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante el secreto sumarial de las investigaciones de los ERE

 

Manuel Chaves

 PARA EVITAR «INNECESARIAS DILACIONES»

   La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar «innecesarias dilaciones». En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación. Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el Juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados; así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos.

El Ministerio Público también pide que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados para, en su caso, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas.

En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide asimismo que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aun no han declarado; así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. . (EUROPA PRESS) –

Las personas de la trama:

Laura Gómiz Nogales

Presidenta de Invercaria, nombrada por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en julio de 2010. Ocupó la dirección general de esta misma entidad antes de ser nombrada presidenta. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad como directora financiera del grupo Bogaris y directora general de División Agroindustrial en dicho grupo (anteriormente denominado Detea). Pertenece a los consejos de administración de varias empresas participadas por Invercaria. Fue concejal suplente elecciones 2007 por el PSOE en Alcaracejos (Córdoba). En la grabación trata de convencer a un subordinado para que elabore informes falsos que justifiquen las ayudas otorgadas ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Reconoce que estas se han repartido sin seguir procedimiento alguno.

Cristóbal Cantos Sánchez

Exdirector de Promoción Invercaria. En la grabación se niega a elaborar dichos informes falsos, lo que encrespa a la presidenta de este organismo, que le acusa de «no valer» para trabajar en Invercaria.

Antonio Valverde Ramos

Director general de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Economía e Innovación), a la que pertenece Invercaria. Hombre de la confianza de Griñán, con quien coincidió en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, ya que cuando Griñán era consejero (de 2004 a 2009), Valverde fue director general de Fondos Europeos. En la grabación Laura Gómiz asegura que está al corriente de todas las irregularidades, de las que resalta que le ha informado personalmente. «¡Joder Cristóbal!», señala Gómiz, «¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí?». IDEA es la agencia pública de la Junta de Andalucía que recibía y gestionaba el dinero de la Consejería de Empleo para los ERE fraudulentos que investiga la Justicia. Según la presidenta de Invercaria, la agencia está realizando informes con fecha anterior para justificar las ayudas.

Tomás Pérez Sauquillo

Presidente de Invercaria desde su constitución en abril 2005 hasta marzo 2010. En la grabación la actual presidenta alude a irregularidades en su gestión y afirma que «ha dado dinero muy alegremente».

Manuel Rodríguez Rodríguez

Desde el año 2005 hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director de inversiones de Invercaria y es miembro del consejo de administración de varias sociedades de alto componente innovador. Laura Gómiz insinúa en la grabación que está realizando los informes falsos. «Hay cosas que a Manolo Rodríguez lo voy a poner para que haga determinados… para que haga… ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema de la auditoría».

Consejo de administración

Según Laura Gómiz, el consejo de administración de Invercaria estaba al tanto de las irregularidades. Entre sus integrantes figuran importantes cargos de la Junta de Andalucía, muy próximos a los consejeros. Además de Antonio Valverde, de IDEA, están Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco Alvaro Julio, gerente de las Fundación Andalucía Emprende; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; Francisco José Oyonarte Molina, ex secretario del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía bajo la presidencia de José Antonio Viera, y Antonio Fernández, implicados en el caso de los ERE.

La lista de implicados en El escándalo de los ERE en Andalucía.

 

El escándalo de los ERE en Andalucía, también conocido como ERE gate o caso del fondo de reptiles , es una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen del escándalo está en la investigación, actualmente en curso, del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en las que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.El escándalo de los ERE, expedientes de regulación de empleo, es atribuible al 3% de los ERE totales llevados a cabo en Andalucía

El caso ERE está siendo actualmente investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y por el Tribunal de Cuentas del Estado. Es de resaltar que la propia Junta de Andalucía, gobernada como se indica arriba por el PSOE, es acusación particular en el caso, un rara avis en la praxis política institucional.

La expresión «fondo de reptiles» procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos. Con aquellos fondos financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse al uso, presuntamente fraudulento por parte del PSOE, de los fondos de dinero público destinado a prejubilaciones, después de que utilizara este término por primera vez Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.También se emplea dicho término para los fondos secretos que la policía emplea, presuntamente, en pagar delatores.

Personajes públicos implicados

La Fiscalía solicitió una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama.Rivas ya ha dimitido de su cargo. El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros. El 6 de noviembre de 2012, Antonio Rivas, Fernando Mellet (director de Mercasevilla) y Daniel Ponce (subdirector) fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y multas de 600.000 euros; si no abonan estas sanciones, se enfrentarían a 12 meses de prisión.

De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el «fondo de reptiles», probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal

Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días. El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.

Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 «intrusos».

El 7 de abril de 2011, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades, que los denunciantes estimaron fraudulenta, ya que el precio fijado fue inferior a los de mercado de entonces, para que las Viviendas de Protección Oficial que pensaban construir sobre él resultasen más baratas que los precios de mercado, lo que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Mercasevilla, incluídos los votos del Partido Popular Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal.  El Partido Andalucista, que no tiene representación en el Ayuntamiento de Sevilla, solicitó su renuncia. En esta misma causa también está siendo investigada la empresa Construcciones Juan de Robles, propiedad de la familia de Fátima Báñez, ministra de Empleo del Gobierno de España.

En diciembre de 2011 el ex-jugador de fútbol vasco, Pizo Gómez, fue acusado de cobrar un cheque de 460.742€ a su nombre por impartir su empresa, «Cenforpre», unos cursos de Prevención de riesgos laborales. 

Álvaro, hijo de Ruiz-Mateos, tenía una póliza a su nombre por valor de 2,4 millones de euros, en lugar de tenerla a nombre de la Empresa Dhul.

También está imputado Manuel Olivencia, suegro del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ya que su bufete de abogados asesoró legalmente y gestionó dichos expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones consecuentes. Olivencia percibió 120.000 euros del «fondo de reptiles».

El ex-parlamentario del PSOE-A Ramón Díaz fue imputado el 20 de junio de 2012. Se le atribuye una activa participación en la inclusión de falsos prejubilados en los ERE de tres empresa

 Descripción del fraude

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis

La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas), su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial

El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo. De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs. También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.

Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba. El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.