Gao Ping libres,pero ¿donde están los “200 empresarios” que no sabemos ya nada?

Andreu: “El único responsable soy yo y asumo todas las consecuencias”

El juez que instruye la Operación Emperador acata la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a uno de los detenidos aunque considera que la prórroga de la detención que dictó fue correcta.

Los capos de la trama de Gao Ping podrían quedar libres por un error judicial

La sección tercera considera que Andreu prorrogó ilegalmente la detención de varios imputados

La resolución pone en libertad a uno de los arrestados pero puede afectar al líder de la trama

El magistrado asegura que puso a los detenidos a su disposición dentro del plazo legal

El juez Fernando Andreu ha afirmado este jueves que se siente “el único responsable” de la excarcelación de uno de los detenidos en la Operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido “todas sus consecuencias”, aunque cree que fue correcta. Así lo ha asegurado a los periodistas tras conocerse el auto en el que la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia anula la ampliación de la detención de uno de los arrestados en esta operación contra la mafia china, Kay Yang, una prórroga que afecta también a su cabecilla, Gao Ping, y al presunto responsable de extorsión de la trama, Hai Bo Li, entre otros.

“Sigo pensando que no me he equivocado”, ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y “obedece” la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido “empañar” el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china. Según el auto que anula la prórroga de la detención y excarcela a uno de los imputados, el juez amplió ilegalmente el plazo de detención de 72 horas sin legalizar la situación del arrestado.

Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la “disponibilidad” de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes.

Discrepancias con el TC

El juez discrepa con la sentencia del Tribunal Constitucionalsobre el caso Malaya en la que se apoya el auto de excarcelación, ya que considera que se trató desde el primer momento de una detención judicial porque no se practicó ninguna diligencia policial, como sí ocurrió en la Operación Emperador. “Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial”, ha asegurado Andreu, y ha apuntado que cuando el día 18 (los imputados fueron detenidos el día 16) dictó el auto prorrogando la prisión se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado.

Ha añadido que si decidió prorrogar esta detención y no mandarles a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes. “El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oírles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oírles antes”, ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son “habituales” en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión.

Respecto a lo que pasará a partir de ahora con este detenido excarcelado y en el caso de que los alrededor de veinte detenidos afectados por la prórroga, entre ellos Gao Ping, recurran su decisión, ha dicho que ahora los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión.

En este blog:

https://contralaimpunidadya.wordpress.com/2012/11/11/la-guinda-del-pastel-la-mafia-china-el-pp-y-el-ivam-de-valencia/

 

 

 

Fiscalía pide la imputación de 6 personas y Ana Botella se niega a declarar.Transparencia cero.

En cualquier otro pais demócrata las dimisiones se hubiesen producido a los pocos días del triste acontecimiento. Aquí nadie dimite, saben que no pasa nada

Se trata del hermano del empresario Miguel Ángel Flores, dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos y tres responsables de seguridad de Seguriber
Podrían enfrentarse a un delito de homicidio imprudente y lesiones graves imprudentes
Descarta imputar al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, como solicitaban las familias
Solicitan comprobar con las grabaciones si las puertas de la pista principal estaban cerradas
La Fiscalía de Madrid ha decidido este jueves la imputación de seis personas más en el caso que investiga  la tagedia en la que fallecieron cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre durante la fiesta de Halloween. Según ha informado el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, entre los nuevos imputados se encuentra el hermano del empresario Miguel Ángel Flores, Rafael Flores, encargado de la firma del contrato con el director gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, que fué cesado ayer por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Asimismo, se ha decidido la imputación de dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos y tres responsables de seguridad de Seguriber, la empresa contratada para la seguridad del recinto durante la celebración de la macrofiesta. Estas imputaciones se suman a la del organizador de la fiesta en el pabellón Madrid Arena y propietario de Diviertt, Miguel Angel Flores, el responsable de Kontrol 34 y el concejal Pedro Calvo.
El fiscal ha especificado que se les puede imputar cuatro delitos de homicidios imprudentes y lesiones graves imprudentes, mismos delitos de los que se acusa al organizador del evento, Miguel Angel Flores.
Por otro lado, la Fiscalía tiene previsto solicitar el visionado de las imágenes para comprobar si las puertas de la pista principal estaban cerradas.
Descarta imputar a la Policía
Por el momento, Moix ha rechazado imputar al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, así como a ningún cargo político más del Ayuntamiento de Madrid. Los abogados de las familias de las chicas fallecidas habían anunciado ya que ampliarían sus denuncias para solicitar la imputación de Monteagudo, después de que Flores manifestara que la avalancha humana se produjo por la masa de gente que se coló en la fiesta a consecuencia del macrobotellón que permitió la Policía municipal.
Sin embargo, Moix pidió ayer “ir paso a paso” en la investivación y “no precipitarse a la hora de llamar imputados a las personas por el concepto tan peyorativo que tiene entre la ciudadanía el concepto”.
La decisión de las imputaciones ha sido tomada hoy durante la reunión que ha mantenido Manuel Moix con el fiscal provincial, Eduardo Esteban, y con la fiscal del ‘caso Madrid Arena’ para estudiar las declaraciones judiciales realizadas hasta ahora en el marco de la investigación judicial.

 El Partido Popular, que pese a que la alcaldesa dice “no tener miedo a la verdad” se aseguró una mayoría de control y la presidencia de la comisión, y ha vetado hoy la comparecencia de la propia Botella; y de la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa, responsable de la investigación interna y presidenta ahora de la empresa municipal que gestiona el pabellón

También ha vetado la comparecencia de todos los cargos políticos de otras Administraciones, entre ellos, el consejero regional Salvador Victoria, responsable de la Ley de Espectáculos bajo la que se celebró la fiesta y que el Ayuntamiento tachó de imperfecta; la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ha cuestionado la veracidad de la información aportada por Botella a la causa judicial; y el jefe de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, que destacó a 40 agentes esa noche para evitar problemas de orden público en el exterior del recinto.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria (PP), ha dicho esta mañana que ve “innecesaria” su comparecencia en la comisión de investigación porque la Comunidad “no tiene competencia al respecto”. Al contrario, él es el máximo responsable de la Ley de Espectaculos, que rige fiestas como la que acabó con la muerte de cuatro jóvenes en la noche de Ánimas en el pabellón municipal Madrid Arena. Además, el Ayuntamiento ha señalado que esta norma no es todo lo exigente que debiera, y ha planteado la comisión como “un foro de debate sereno”, en palabras de la alcaldesa, para introducir cambios legales que eviten que la tragedia se pueda repetir. Eso dijo en cualquier caso Ana Botella (PP) es un primer momento; luego debió cambiar de idea, puesto que el pasado lunes vetó la comparecencia de políticos de otras Administraciones, incluido el propio Victoria. El presidente regional, Ignacio González (PP), dijo ayer que le parece “lógico” que comparezca “quien tiene las competencias y quien tiene conocimiento de lo que allí pasó”.

Pero no sólo: además, hoy ha vetado la comparecencia de todos los funcionarios municipales convocados por la oposición por tener, en principio, información relevante sobre la tragedia. El Partido Popular solo ha hecho dos excepciones: el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y uno de los médicos que formaban parte del equipo contratado por los organizadores Carlos Viñals, que es funcionario.

¿Quién comparecerá entonces? Pues políticos del Partido Popular en el Gobierno municipal, todos de la cuerda de Botella y cuyo cargo depende directamente de esta. Y poco más, porque el Ayuntamiento había convocado además a los responsables de las empresas implicadas (Seguriber, Kontrol 34 y Dato) pero solo ha obtenido respuesta de la primera, encargada de la vigilancia del recinto y con contrato vigente con el propio Ayuntamiento, que ha declinado en principio comparecer hasta haberlo hecho ante el juez.

No está claro pues ni  siquiera  que la comisión vaya a echar a andar en su periodo de comparecencias este lunes, como se había anunciado hace tres días. Y desde luego parece difícil que vaya a emerger de ella cualquier otra verdad que no sea la de Ana Botella.

En opinión del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que fue quien exigió esta comisión, y de los portavoces de Unión Progreso y Democracia, David Ortega (que respaldó la necesidad de convocarla), y de Izquierda Unida, Ángel Lara (que votó también a favor), la actitud de Botella demuestra que “no está a favor de la transparencia”, como promete, sino que tiene “pánico” a la verdad y se dedica a “ocultarla”. Lissavetzky exigió ayer su dimisión.

¿Tienen miedo a lo que digan los funcionarios? ¿No les da vergüenza la imagen que están dado al pueblo de Madrid?”, se ha pregunta Lissavetzky ante este acto de “censura”. “De más de 100 comparecencias solicitadas por los grupos municipales, sólo aceptan unas 15 y todas ellas de cargos políticos. El PP no quiere que los ciudadanos se enteren por medio de los técnicos de lo que ha ocurrido. Es una tomadura a los ciudadanos y una falta de confianza en los trabajadores municipales, a los que ponen la mordaza”, ha añadido.