En cualquier otro pais demócrata las dimisiones se hubiesen producido a los pocos días del triste acontecimiento. Aquí nadie dimite, saben que no pasa nada
Se trata del hermano del empresario Miguel Ángel Flores, dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos y tres responsables de seguridad de Seguriber
Podrían enfrentarse a un delito de homicidio imprudente y lesiones graves imprudentes
Descarta imputar al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, como solicitaban las familias
El Partido Popular, que pese a que la alcaldesa dice “no tener miedo a la verdad” se aseguró una mayoría de control y la presidencia de la comisión, y ha vetado hoy la comparecencia de la propia Botella; y de la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa, responsable de la investigación interna y presidenta ahora de la empresa municipal que gestiona el pabellón.
También ha vetado la comparecencia de todos los cargos políticos de otras Administraciones, entre ellos, el consejero regional Salvador Victoria, responsable de la Ley de Espectáculos bajo la que se celebró la fiesta y que el Ayuntamiento tachó de imperfecta; la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ha cuestionado la veracidad de la información aportada por Botella a la causa judicial; y el jefe de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, que destacó a 40 agentes esa noche para evitar problemas de orden público en el exterior del recinto.
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria (PP), ha dicho esta mañana que ve “innecesaria” su comparecencia en la comisión de investigación porque la Comunidad “no tiene competencia al respecto”. Al contrario, él es el máximo responsable de la Ley de Espectaculos, que rige fiestas como la que acabó con la muerte de cuatro jóvenes en la noche de Ánimas en el pabellón municipal Madrid Arena. Además, el Ayuntamiento ha señalado que esta norma no es todo lo exigente que debiera, y ha planteado la comisión como “un foro de debate sereno”, en palabras de la alcaldesa, para introducir cambios legales que eviten que la tragedia se pueda repetir. Eso dijo en cualquier caso Ana Botella (PP) es un primer momento; luego debió cambiar de idea, puesto que el pasado lunes vetó la comparecencia de políticos de otras Administraciones, incluido el propio Victoria. El presidente regional, Ignacio González (PP), dijo ayer que le parece “lógico” que comparezca “quien tiene las competencias y quien tiene conocimiento de lo que allí pasó”.
Pero no sólo: además, hoy ha vetado la comparecencia de todos los funcionarios municipales convocados por la oposición por tener, en principio, información relevante sobre la tragedia. El Partido Popular solo ha hecho dos excepciones: el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y uno de los médicos que formaban parte del equipo contratado por los organizadores Carlos Viñals, que es funcionario.
¿Quién comparecerá entonces? Pues políticos del Partido Popular en el Gobierno municipal, todos de la cuerda de Botella y cuyo cargo depende directamente de esta. Y poco más, porque el Ayuntamiento había convocado además a los responsables de las empresas implicadas (Seguriber, Kontrol 34 y Dato) pero solo ha obtenido respuesta de la primera, encargada de la vigilancia del recinto y con contrato vigente con el propio Ayuntamiento, que ha declinado en principio comparecer hasta haberlo hecho ante el juez.
No está claro pues ni siquiera que la comisión vaya a echar a andar en su periodo de comparecencias este lunes, como se había anunciado hace tres días. Y desde luego parece difícil que vaya a emerger de ella cualquier otra verdad que no sea la de Ana Botella.
En opinión del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que fue quien exigió esta comisión, y de los portavoces de Unión Progreso y Democracia, David Ortega (que respaldó la necesidad de convocarla), y de Izquierda Unida, Ángel Lara (que votó también a favor), la actitud de Botella demuestra que “no está a favor de la transparencia”, como promete, sino que tiene “pánico” a la verdad y se dedica a “ocultarla”. Lissavetzky exigió ayer su dimisión.
“¿Tienen miedo a lo que digan los funcionarios? ¿No les da vergüenza la imagen que están dado al pueblo de Madrid?”, se ha pregunta Lissavetzky ante este acto de “censura”. “De más de 100 comparecencias solicitadas por los grupos municipales, sólo aceptan unas 15 y todas ellas de cargos políticos. El PP no quiere que los ciudadanos se enteren por medio de los técnicos de lo que ha ocurrido. Es una tomadura a los ciudadanos y una falta de confianza en los trabajadores municipales, a los que ponen la mordaza”, ha añadido.
