Fiscalía pide la imputación de 6 personas y Ana Botella se niega a declarar.Transparencia cero.

En cualquier otro pais demócrata las dimisiones se hubiesen producido a los pocos días del triste acontecimiento. Aquí nadie dimite, saben que no pasa nada

Se trata del hermano del empresario Miguel Ángel Flores, dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos y tres responsables de seguridad de Seguriber
Podrían enfrentarse a un delito de homicidio imprudente y lesiones graves imprudentes
Descarta imputar al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, como solicitaban las familias
Solicitan comprobar con las grabaciones si las puertas de la pista principal estaban cerradas
La Fiscalía de Madrid ha decidido este jueves la imputación de seis personas más en el caso que investiga  la tagedia en la que fallecieron cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre durante la fiesta de Halloween. Según ha informado el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, entre los nuevos imputados se encuentra el hermano del empresario Miguel Ángel Flores, Rafael Flores, encargado de la firma del contrato con el director gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, que fué cesado ayer por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Asimismo, se ha decidido la imputación de dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos y tres responsables de seguridad de Seguriber, la empresa contratada para la seguridad del recinto durante la celebración de la macrofiesta. Estas imputaciones se suman a la del organizador de la fiesta en el pabellón Madrid Arena y propietario de Diviertt, Miguel Angel Flores, el responsable de Kontrol 34 y el concejal Pedro Calvo.
El fiscal ha especificado que se les puede imputar cuatro delitos de homicidios imprudentes y lesiones graves imprudentes, mismos delitos de los que se acusa al organizador del evento, Miguel Angel Flores.
Por otro lado, la Fiscalía tiene previsto solicitar el visionado de las imágenes para comprobar si las puertas de la pista principal estaban cerradas.
Descarta imputar a la Policía
Por el momento, Moix ha rechazado imputar al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, así como a ningún cargo político más del Ayuntamiento de Madrid. Los abogados de las familias de las chicas fallecidas habían anunciado ya que ampliarían sus denuncias para solicitar la imputación de Monteagudo, después de que Flores manifestara que la avalancha humana se produjo por la masa de gente que se coló en la fiesta a consecuencia del macrobotellón que permitió la Policía municipal.
Sin embargo, Moix pidió ayer “ir paso a paso” en la investivación y “no precipitarse a la hora de llamar imputados a las personas por el concepto tan peyorativo que tiene entre la ciudadanía el concepto”.
La decisión de las imputaciones ha sido tomada hoy durante la reunión que ha mantenido Manuel Moix con el fiscal provincial, Eduardo Esteban, y con la fiscal del ‘caso Madrid Arena’ para estudiar las declaraciones judiciales realizadas hasta ahora en el marco de la investigación judicial.

 El Partido Popular, que pese a que la alcaldesa dice “no tener miedo a la verdad” se aseguró una mayoría de control y la presidencia de la comisión, y ha vetado hoy la comparecencia de la propia Botella; y de la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa, responsable de la investigación interna y presidenta ahora de la empresa municipal que gestiona el pabellón

También ha vetado la comparecencia de todos los cargos políticos de otras Administraciones, entre ellos, el consejero regional Salvador Victoria, responsable de la Ley de Espectáculos bajo la que se celebró la fiesta y que el Ayuntamiento tachó de imperfecta; la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ha cuestionado la veracidad de la información aportada por Botella a la causa judicial; y el jefe de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, que destacó a 40 agentes esa noche para evitar problemas de orden público en el exterior del recinto.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria (PP), ha dicho esta mañana que ve “innecesaria” su comparecencia en la comisión de investigación porque la Comunidad “no tiene competencia al respecto”. Al contrario, él es el máximo responsable de la Ley de Espectaculos, que rige fiestas como la que acabó con la muerte de cuatro jóvenes en la noche de Ánimas en el pabellón municipal Madrid Arena. Además, el Ayuntamiento ha señalado que esta norma no es todo lo exigente que debiera, y ha planteado la comisión como “un foro de debate sereno”, en palabras de la alcaldesa, para introducir cambios legales que eviten que la tragedia se pueda repetir. Eso dijo en cualquier caso Ana Botella (PP) es un primer momento; luego debió cambiar de idea, puesto que el pasado lunes vetó la comparecencia de políticos de otras Administraciones, incluido el propio Victoria. El presidente regional, Ignacio González (PP), dijo ayer que le parece “lógico” que comparezca “quien tiene las competencias y quien tiene conocimiento de lo que allí pasó”.

Pero no sólo: además, hoy ha vetado la comparecencia de todos los funcionarios municipales convocados por la oposición por tener, en principio, información relevante sobre la tragedia. El Partido Popular solo ha hecho dos excepciones: el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y uno de los médicos que formaban parte del equipo contratado por los organizadores Carlos Viñals, que es funcionario.

¿Quién comparecerá entonces? Pues políticos del Partido Popular en el Gobierno municipal, todos de la cuerda de Botella y cuyo cargo depende directamente de esta. Y poco más, porque el Ayuntamiento había convocado además a los responsables de las empresas implicadas (Seguriber, Kontrol 34 y Dato) pero solo ha obtenido respuesta de la primera, encargada de la vigilancia del recinto y con contrato vigente con el propio Ayuntamiento, que ha declinado en principio comparecer hasta haberlo hecho ante el juez.

No está claro pues ni  siquiera  que la comisión vaya a echar a andar en su periodo de comparecencias este lunes, como se había anunciado hace tres días. Y desde luego parece difícil que vaya a emerger de ella cualquier otra verdad que no sea la de Ana Botella.

En opinión del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que fue quien exigió esta comisión, y de los portavoces de Unión Progreso y Democracia, David Ortega (que respaldó la necesidad de convocarla), y de Izquierda Unida, Ángel Lara (que votó también a favor), la actitud de Botella demuestra que “no está a favor de la transparencia”, como promete, sino que tiene “pánico” a la verdad y se dedica a “ocultarla”. Lissavetzky exigió ayer su dimisión.

¿Tienen miedo a lo que digan los funcionarios? ¿No les da vergüenza la imagen que están dado al pueblo de Madrid?”, se ha pregunta Lissavetzky ante este acto de “censura”. “De más de 100 comparecencias solicitadas por los grupos municipales, sólo aceptan unas 15 y todas ellas de cargos políticos. El PP no quiere que los ciudadanos se enteren por medio de los técnicos de lo que ha ocurrido. Es una tomadura a los ciudadanos y una falta de confianza en los trabajadores municipales, a los que ponen la mordaza”, ha añadido.

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