El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha presentado su dimisión porque está «harto» de la «presión mediática» creada por la supuesta filtración de documentos del ‘caso Cooperación’ al exconseller y diputado del PP Rafael Blasco, que está imputado en esta causa. No obstante, ha negado este hecho y ha reiterado su «inocencia».
Vela ha explicado que la decisión ha sido «personal» y que la ha adoptado en la mañana de este viernes. Según ha dicho, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, «lo ha entendido perfectamente».
Todo es falso
«Desde el pasado 20 de noviembre he venido soportando una serie de acusaciones falsas e insidias que me atribuyen haber filtrado supuestamente un informe del Interventor General al diputado Rafael Blasco».
«Ello es rotundamente falso», ha agregado Vela, que ha dicho que «desde esa fecha, la presión mediática me ha hecho reflexionar sobre la conveniencia o no de continuar con mi cargo», ha dicho, para apuntar que trata de una decisión «irrevocable».
Ciscar toma las riendas
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha comunicado que será él quien asuma «temporalmente» las competencias de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, tras la dimisión de Vela.
Císcar ha explicado que la decisión de Fabra se debe a que ha estado «coordinando con el conseller de Hacienda la elaboración de los presupuestos» y ha tenido una «relación muy fluida con Vela en la negociación con el Ministerio de Hacienda» de los asuntos que competen a esta Conselleria como el Fondo de Liquidación.
A Blasco se le imputan seis delitos, los de fraude de subvenciones, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. En la jornada de ayer, tanto la fiscalía como la acusación popular, encarnada en la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), solicitaron a Calderón que se retire el pasaporte al político, medida que previene del peligro de fuga: la magistrada deberá resolver la petición por escrito.
En su declaración, que arrancó a las diez de la mañana y duro casi nueve horas, tras acabar a las 20.30 con un receso de hora y media, Blasco negó que conociera que los miembros de la trama de empresas y ONG implicadas en el fraude le llamaran Roger Rabbit, en referencia al conejo de dibujos animados de la película de Robert Zemeckis, tal y como ha quedado acreditado en multitud de mensajes y conversaciones telefónicas intervenidas por orden de la magistrada Nieves Molina, la titular del juzgado número 21 de Valencia que instruyó la causa durante más de un año hasta que pasó al TSJ.
No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado.
También fue preguntado por su relación con Augusto César Tauroni, el principal sospechoso de la causa y único que permanece en prisión desde la redada del pasado 23 de febrero en la que se detuvo a los primeros 14 imputados de un sumario que, con el diputado popular, ya ha elevado esa cifra a 28. En su declaración ante la juez, aseguró que su relación era “normal”, la “propia entre un consejero y un adjudicatario”. Incluso aseguró que muchos dirigentes de ONG tenían su teléfono particular, cuando responsables de la Coordinadora aseguran que eso no es cierto.
Cabe recordar que cuando saltó el escándalo del fraude a las ONG, Blasco declaró que sólo conocía a Tauroni de vista puesto que los dos son de Alzira. No obstante, el sumario recoge decenas de llamadas telefónicas, citas, mensajes y hasta encuentros entre sus personas de confianza para intercambiarse sobres. Un contacto frecuente en el que, además de un trato muy cercano, se da a entender que hasta compartían intereses comunes en algún negocio.
“No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado”, aseguró el exconsejero a los medios al finalizar la jornada. Preguntado por si se había decretado alguna medida cautelar, echó balones fuera: “No, porque la tiene que tomar la señora magistrada y lo tendrá que decidir”. Y ante la pregunta de si alguien solicitó alguna, tampoco mencionó la petición de retirada del pasaporte: “Tiene que tomar la decisión la magistrada”.
Blasco, que volvió a referirse al caso como un “linchamiento político-mediático”, obviando las conclusiones de jueces y fiscales, afirmó que aportó sus datos económicos: “He entregado la declaración de mi patrimonio y de mis bienes y ha quedado demostrado que no he tenido no solamente ningún incremento en la etapa que he sido responsable político, sino que además tengo hoy menos recursos económicos que el día que empecé a ejercer mi función pública”
Tras las últimas decisiones judiciales, el Grupo Popular —que cuenta con 55 diputados en la Cámara— tiene 11 parlamentarios imputados en el Tribunal Superior de Justicia por su implicación en tres grandes tramas de corrupción: los casos Gürtel, Brugal y Cooperación.
Fabra aseguró en Madrid que Blasco “no tendrá ninguna responsabilidad dentro del grupo parlamentario”. La dirección regional del PP abrió ayer expediente informativo a Blasco, mientras estudiaba cómo hacer el relevo al frente del grupo parlamentario. El nuevo portavoz será, previsiblemente, el diputado y concejal en el Ayuntamiento de Valencia Jorge Bellver
La investigación del caso Cooperación arrancó en octubre de 2010 a raíz de las denuncias presentadas por dos diputadas, Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís. Las pesquisas cuajaron en una amplia operación policial el 23 de febrero pasado. La policía detuvo a 14 personas, entre las que figuraban altos cargos de la Generalitat, presidentes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresarios.
Desde entonces, solo uno de los detenidos permanece en prisión. Se trata del empresario Augusto César Tauroni, amigo de Blasco y, según la investigación, cabecilla de la trama que desvió a través de empresas los fondos concedidos a varias ONG por la Consejería de Solidaridad.
El cabecilla de la trama, Augusto Tauroni, amigo de Blasco, es el único que se encuentra en prisión
La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había «sólidos indicios» sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.
La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.
Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.
Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.
Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano 
con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.
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La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.
El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.
La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/02/valencia/1349174299_605002.html
Imputados populares que aparecen también en el conocido como caso Cooperación, donde se investiga el desvío de fondos públicos, en esta ocasión, destinados a ayuda al Tercer Mundo (por ejemplo la construcción de un hospital en Haití). En la actualidad hay 22 imputados, seis de ellos altos cargos de la administración valenciana y se espera que en los próximos días se impute al actual portavoz popular en Les Corts, Rafael Blasco, por su relación con la trama.
El tercer caso de corrupción que se investigará en Valencia y que tiene como actores a miembros del Partido Popular, está relacionado con la trama Gürtel. Previsiblemente el 18 de septiembre se retomarán las declaraciones para investigar la presunta financiación irregular del PP en el País Valenciano.
El encargado de investigar este caso es el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien deberá pronunciarse sobre el presunto delito de delito electoral y una presunta prevaricación de la Administración autonómica. La causa, derivada de la investigación del juez Pedreira en Madrid, está dividida en tres piezas: delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007, delito de falsedad documental en las generales de 2008 y prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, vinculada a la trama Gürtel, derivados de su contratación para la feria de turismo Fitur.
Además, sobre el ex Gobierno valenciano de Francisco Camps también recae la duda de su relación con la trama Nóos y sus contrataciones con Iñaki Urdangarín para la realización de la Valencia Summit.
La herencia envenenada de Francisco Camps, la balsa de aceite que era el Partido Popular valenciano, está a punto de explotar. El actual presidente Alberto Fabra llegó al poder con la bandera de la honradez, la limpieza y la lucha contra la corrupción en contraposición a su antecesor. Ahora tiene un problema dentro de su propio gruo parlamentario, un problema que puede llegar a ser de hasta 11 diputados en pocos días: el que ya se conoce como el ‘grupo de los imputados’.
- Les Corts Valencianes están conformadas por 99 diputados, de ellos 55 pertenecen al grupo popular, 33 al partido socialista del País Valencià, 6 a Compromís y 5 a Esquerra Unida. Cuatro grupos parlamentarios en total.
Pero en los últimos tiempos, en el Partido Popular está creciendo una nueva corriente, la de los diputados imputados en algún caso de corrupción. Hasta el momento son siete, pero hay otros cuatro en puertas de ser llamados ante la Justicia por sus implicaciones en casos relacionados con el tráfico de influencias o la malversación de fondos, entre otros delitos. Si se confirmasen, estos diputados podrían incluso llegar a formar, si así lo desearan, un grupo parlamentario propio, y sería el tercero en número en Les Corts, por delante de los grupos de la izquierda plural.
- Los imputados son Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla, todos ellos por el caso Gürtel. A ellos se suma, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, por el escándalo de la gestión de los residuos. Además, están a la espera de ser llamados ante el juez Luís Díaz-Alperi y Sonia Castedo por el Caso Brugal y Rafael Blasco por el caso Cooperación. Finalmente, Mayte Parra está siendo investigada por su gestión del ayuntamiento de Ibi, localidad de la que es alcaldesa.
Los nombres y los cargos
- Ricardo Costa. Exsecretario general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario Actual portavoz de economía. Ya sabe lo que es pasar ante un jurado por la causa conocida como ‘caso de los trajes’ dentro de Gürtel. Ahora, tiene pendiente de resolver su imputación por la otra causa que investiga una trama de presunta financiación irregular del PP valenciano. Se le acusa de delito electoral y falsedad documental.
- Vicente Rambla. Ex vicepresidente de la Generalitat, exconseller de economía y actual coordinador de esta área en el grupo popular. Está imputado en el macrosumario de la financiación, que investiga también los contratos del Consell con Gürtel. El juez considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación, así como delito electoral y falsedad documental. Rambla era el coordinador de la campaña electoral del PP durante los contratos con Gürtel.
- Milagrosa Martínez. Expresidenta de las Cortes y actual alcaldesa de Novelda. El juez le imputa delitos de prevaricación y cohecho. En su caso se investiga su responsabilidad en los contratos adjudicados a Orange Market cuando fue consellera de Turismo.
- David Serra. Exvicesecretario general del partido. Sus presuntos delitos en la causa de la financiación irregular son los de delito electoral y falsedad documental.
- Angélica Such. Exconsellera de Turismo Angélica Such. Está imputada por las supuestas irregularidades en las contrataciones de Fitur con la trama Gürtel.
- Yolanda García. Extesorera del partido. Imputada también por la presunta financiación ilegal del partido y el posible delito electoral que se investiga.
- Pedro Ángel Hernández Mateo. Ex alcalde de Torrevieja. Está imputado por el Tribunal Superior de Justicia por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de recogida de residuos sólidos. Se le acusa de prevaricación y falsedad documental.Rafael Blasco. Exconseller de casi todo tanto con el PSPV como con el PP. Es el actual portavoz popular en Les Corts. La juez le atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su implicación en la trama que presuntamente desvió fondos destinados al Tercer Mundo cuando él era conseller de Solidaridad.
Los posibles imputados
- Luís Díaz-Alperi. Exalcalde de Alicante desde 1995 hasta 2008. Acusado de delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por el supuesto amaño del Plan Urbanístico de su ciudad.
- Sonia Castedo. Actual alcaldesa de Alicante, que sustituyó a Alperi en el cargo. Se le imputan los mismos cargos que a su antecesor. Ambos se vinculan con Enrique Ortiz, el empresario en torno al cual circula todo en el presunto caso de corrupción conocido como Brugal.
- Mayte Parra. Está siendo investigada por todas las contrataciones que ha formalizado en los últimos años el Ayuntamiento de Ibi del que es alcaldesa. Entre estas contrataciones hay tres planes urbanísticos y varias adjudicaciones con sobrecostes.
Contra la impunidad ya! 