¿Quién se beneficiará de la privatización de los hospitales?

Con la excusa de que no son rentables, María Dolores de Cospedal privatizará este verano la gestión de cuatro hospitales públicos. Todo apunta a que será Capio Sanidad, multinacional sueca extendida por varios países y con negocios en multitud de sectores, incluida la construcción, quien se hará con el primer pedazo del pastel sanitario. Sé apunta que tras Villarobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares podrían llegar Puertollano y Valdepeñas, y que dado este paso el resto de hospitales públicos saldría a subasta. En el modelo que se pretende aplicar en Castilla La Mancha, importado de la Comunidad Valenciana, la gestión del hospital lleva aparejada la de los centros de salud de su área de influencia

Capio Sanidad llega a Castilla La Mancha de la mano de altos cargos del Partido Popular, algunos ligados al propio gobierno regional y con la tarjeta de presentación que supone gestionar buena parte de la sanidad pública madrileña y otras siete comunidades autónomas.

Capio, multinacional sueca, es líder del mercado en Suecia y España
¿Qué es Capio Sanidad?

La multinacional sueca es uno de los principales proveedores europeos de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia. Tiene presencia en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Alemania y también está ligada a actividades inmobiliarias.

Creada en 1993, tiene una facturación anual superior a 1.200 millones de euros y 14.000 empleados. En nuestro país cuenta con 28 centros, 14 de ellos hospitales, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital General de Cataluña en Barcelona, el Hospital Sur de Alcorcón de Madrid o el de Las Tres Culturas, en Toledo. En enero de 2005 compró Ibérica de Diagnóstico Cirugía (IDC), que era el primer grupo hospitalario privado español, por 330 millones de euros. Está ya presente en siete comunidades y factura más de 300 millones de euros.

Es la concesionaria del hospital de Valdemoro que, junto a la nueva zonificación sanitaria de Madrid (Área 14, Fundación Jiménez Díaz), supone que su volumen de negocio en la comunidad son 500.000 pacientes madrileños y más de 200 millones de euros anuales. Fuente: “Globalización y salud 2009″, página 234, Fundación Sindical de Estudios y Comisiones Obreras de Madrid. 

¿Quién se beneficiará de la privatización de los cuatro hospitales?

Entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, actual presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta castellanomanchega y muy aficionado a los lucrativos consejos de administración, reparte sus inversiones en multitud de empresas y, según fuentes consultadas, alguna de  las cuales también gestiona hospitales. Para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad. 

Parece evidente que Capio Sanidad será la adjudicataria de los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa. Entre otras razones porque Ribera Salud, que es el principal concesionario de la Comunidad Valenciana y participa ya en la gestión de los hospitales de Alcira, Manises, Torrevieja, Elche y Denia, es el principal candidato a gestionar el hospital de Almansa. Actualmente, los accionistas de Ribera Salud -Bankia y CAM- están en conversaciones con la multinacional sueca Capio Sanidad para venderle la propiedad. El proceso se encuentra en fase de negociación del precio definitivo de la operación y la fórmula de financiación. Rodrigo Rato juega obviamente un papel protagonista en el proceso de fusión.

Otros aspirantes a la tarta

Capio Sanidad tiene los ojos puestos en estos concursos y también en otros que puedan surgir en la Comunidad Valenciana o en cualquiera de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Pero la multinacional sueca no es la única interesada en controlar el negocio de la gestión de la sanidad pública. ATITLÁN, el fondo de inversión que dirige Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig, no ha renunciado a entrar en un mercado que le permitiría diversificar su actividad. Constructoras de primera fila como FCC y Dragados ya tienen presencia en el sector, normalmente compartiendo beneficios con aseguradoras y empresas especializadas, y no renuncian a lo que consideran un negocio tan lucrativo como lo fueron la gestión de residuos o las energías renovables.

Un negocio tan atrayente que a veces provoca desencuentros entre “colegas”. Fueron muy sonadas las acusaciones del Presidente de la Cámara de Comercio toledana contra Dolores Cospedal a cuenta de un presunto pacto con las grandes constructoras adjudicatarias de las obras del nuevo hospital de Toledo. Según Fernando Jerez, a Contratas La Mancha no se le informó de los motivos de la rescisión del contrato del citado hospital. La empresa, parte de la Unión Temporal de Empresas constructora del proyecto, asegura que se le ha excluido ilegalmente del acuerdo de resolución del proyecto. Es más, denuncia que cuando pidió que información de los términos del acuerdo se le exigió que previamente firmara un documento de confidencialidad, algo inaudito tratándose de un contrato del sector público sometido por ley al principio de transparencia.

El conflicto entre empresas viene de lejos. En principio, Contratas La Mancha aportaba la experiencia en la ejecución de más de cien proyectos públicos en la región, y Acciona y Ferrovial potencia financiera y equipo humano y técnico para el proyecto. Pero en 2011, Contratas La Mancha presentó una querella criminal en los juzgados contra la gerencia y dirección de la obra por estafa, falsedad documental y administración desleal. Las empresas, ahora en litigio, constituyeron en 2006 una UTE para la construcción del Hospital General Universitario de Toledo, uno de los mayores centros sanitarios de Europa con un presupuesto que sobrepasaba los 300 millones de euros, y del que ya se ha ejecutado el 30%.

Uno de los términos que sí ha trascendido del acuerdo de resolución del proyecto es la aceptación por parte de Ferrovial y Acciona de los términos de la resolución, sin que se genere indemnización alguna para las empresas que forman la UTE. Sin embargo, días después de la resolución del macroproyecto en Toledo, se ha sabido que Ferrovial ha conseguido contratos para mantener y limpiar hospitales, por valor de 30 millones de euros. Entre los conseguidos a través de su filial Ferroser figuran tres de los cuatro hospitales que serán privatizados este verano: Almansa, Villarrobledo y Tomelloso.

El falso argumento de que lo público no es rentable

¿Cómo es posible que una cosa que no es rentable se la estén disputando las multinacionales del sector y atraiga inversiones de empresas ajenas? Es evidente que nos engañan al afirmar que los hospitales públicos no son rentables pero además, aunque no lo fueran, olvidan que su función es prestar un servicio a la sociedad y no generar beneficios económicos. En estas fórmulas de financiación público-privada y concesiones de Obra Pública, la financiación, gestión y, en algunos casos, la prestación de servicios corre a cargo de consorcios integrados por empresas constructoras –encargadas de levantar los edificios-, entidades bancarias –financian las inversiones- y aseguradoras -gestionan los servicios-; una vez entregado el nuevo hospital, la administración abona un canon anual, normalmente durante 30 años, que paga con cargo al gasto corriente del presupuesto y no al capítulo de inversiones, por lo que no computa como deuda pública, a pesar de que con esta fórmula se multiplica por siete el coste real de los centros.

  • Asi que tenemos a capio sanidad

         www.capiosanidad.es/equipo-directivo.jsp

        de la que es propietaria un fondo de inversion cvp capital partners 

        es.wikipedia.org/wiki/CVC_Capital_Partners

“El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad”. Einstein

Si queréis firmar contra el desmantelamiento del Hospital de La Princesa y que tipos como estos no  se lucren con nuestro dolor, cuando alguno debería de estar posiblemente en la carcel podéis hacerlo en:

http://cort.as/2m_F

 y en contra de la privatización de los hospitales “nuevos” aquí 

http://cort.as/2mlU

Los antecedentes de irregularidades de Pedro Calvo y el Madrid Arena

LA NOTICIA

El alcalde de Madrid, con el concejal de Seguridad y Servicios, Pedro Calvo (dcha.). (Foto: Paco Toledo) Via EL MUNDO

 (EFE).- El delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y tercer teniente de alcalde, Pedro Calvo, ha presentado a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la dimisión de todos sus cargos, tras su imputación en el caso Madrid Arena, han informado a Efe fuentes municipales.

El juez que investiga el caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, citó como imputado al concejal del Ayuntamiento de Madrid relacionado con los sucesos del Madrid Arena, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

EL CASO MADRID ARENA:

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol ha lanzado una serie de sombras sobre lo ocurrido en la fiesta del pabellón Madrid Arena que acabó en tragedia, por causas aún no aclaradas.

Según el juez, en el pabellón “había exceso de aforo”, conclusión que apunta conforme a las versiones que habría conocido en función de su cargo, especialmente por informes del 112 “que aseguran que había más aforo del permitido”, y que según apunta el juez decano “va a ser la piedra de toque en este asunto, junto con el hecho de que se haya permitido introducir alcohol y la entrada de menores”La noticia, disfrazada de dimisión, se produjo poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid informara de la imputación de Calvo, delegado de Economía, tercer teniente de alcalde, portavoz del Grupo Municipal Popular y, lo más importante: presidente no ejecutivo de la empresa Madrid Espacios y Congresos, la que alquiló el Madrid Arena a Diviertt.

Según un escueto comunicado del Consistorio dimite de “todos sus cargos”, pero conserva su acta de concejal. Su marcha se barruntaba desde hacía días, pero especialmente desde el lunes, cuando Botella decidió excluirle de la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Madrid para esclarecer lo ocurrido. En ella, el portavoz será el concejal de Centro, Enrique Núñez.

Se da la circunstancia de que la imputación de Calvo, quien fuera uno de los hombres de confianza de Alberto Ruiz Gallardón, se ha producido a instancias de la Fiscalía, con él como ministro de Justicia.

Responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento
González Armengol, que ha hecho estas declaraciones en los micrófonos de la SER, ha relatado también lo sucedido a través del testimonio de una hija, presente en la fiesta, y que “vio a una de las chicas muertas”. El juez apunta que no se puede descartar que el Ayuntamiento, propietario del Pabellón, pudiera tener una responsabilidad civil subsidiaria en caso de que, como podría pensarse que apunta, no haya controlado adecuadamente los planes de autoprotección que, aunque la responsabilidad directa de establecer estos planes recayera directamente en los organizadores que alquilaron el Madrid Arena.

Había antecedentes de intoxicación por alcohol y drogas
Es más, según González Armengol, la responsabilidad en cadena ascendente podría también afectar a la Comunidad de Madrid y al Estado. Según ha explicado estos planes de autoprotección son “vinculantes” y, según ha declarado, ya habría habido antecedentes que demostrarían que no se supervisaban adecuadamente: “conocíamos –ha dicho en su calidad de juez decano- que en ese lugar fiestas de este tipo habían tenido bastantes incidencias con temas de intoxicación por alcohol y drogas”.

Se trata del concejal de Economía y Empleo, Pedro Calvo, quien en su condición de presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos es el responsable de la cesión de los locales municipales para la organización de eventos como la fiesta de Halloween que se saldó con la muerte de cuatro jóvenes.

La imputación del concejal se ha producido después de que fiscal del caso solicitase su citación como tal. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez ha citado a declarar como imputado para el día 20 al empresario Miguel Ángel Flores, gerente de la empresa Diviertt, organizadora del evento, y al día siguiente al representante legal de la empresa de seguridad Kontrol 34,

El juez, acompañado por el fiscal, ha llevado a cabo esta mañana una inspección ocular en el pabellón del Madrid Arena, donde ocurrieron los hechos la madrugada del día 1 de noviembre.

  •  MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El sindicato Manos Limpias ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Madrid en el que solicita a la alcaldesa, Ana Botella, el cese inmediato del vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva, y del concejal Pedro Calvo como responsables de un presunto delito de prevaricación y de tráfico de influencias en el ‘caso Madrid Arena’, ha informado Manos Limpias a Europa Press.

A juicio de este sindicato, el vicealcalde y el concejal Pedro Calvo eran conscientes de “la insolvencia de la empresa concesionaria del evento que además de no pagar sus deudas tributarias tenía 50 sanciones administrativas y varios embargos“.

Asimismo, considera que existe “una presunción más que razonable de un trato de favor de Villanueva y de Calvo para con el máximo responsable de la empresa DIVIÉRTETE, Miguel Ángel Flores”.

Para Manos Limpias, “la responsabilidad política es evidente, en base a una higiene democrática de los representantes políticos y a una regeneración de las instituciones”.

Asimismo, el sindicato ha denunciado en el Juzgado de Instrucción número 51, donde está personado en el caso Madrid Arena, la detención y prisión incondicional de Flores, como máximo responsable de la Empresa DIVIERTETE.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha afirmado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que no piensa cesar a nadie “en este momento” aunque “se adoptarán responsabilidades” si se desprenden de la investigación judicial, de la policial, de la interna y de la comisión de investigación abierta tras los sucesos del Madrid Arena. Botella ha comparecido sola en la rueda de prensa aunque arropada por toda su Junta de Gobierno, que han ocupado las primeras filas de la sala. Después de que este lunes respaldara públicamente al vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, la regidora ha afirmado que no cesará a la delegada de Urbanismo, Paz González, cuando ha sido preguntada al respecto, y que lo mismo se puede aplicar al titular de Economía, Pedro Calvo, también presidente de Madrid Espacios y Congresos. “No pienso cesar a nadie en este momento, confío en mi equipo”, ha insistido en un par de ocasiones durante el encuentro con la prensa. Además, ha remarcado que cree en la “honestidad y en la presunción de inocencia”, que no piensa en dimitir y ha pedido “máximo rigor hasta que no se hable de hechos probados”.

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Quien es Pedro Calvo

  • Titular

    del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana

    D Pedro Luis Calvo Poch

  • Organigrama
  • Relación de puestos de trabajo
  • Competencias
    Promoción económica y desarrollo empresarial, fondos europeos, fomento y calidad del empleo, comercio, consumo, innovación tecnológica, turismo y proyección de la imagen de la ciudad de Madrid y participación ciudadana.
  • Organismos y empresas dependientes
    Instituto Municipal de Consumo.
    Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos, Sociedad anónima.
    Empresa Mixta  de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, MERCAMADRID, Sociedad anónima.
    Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, Sociedad anónima.
    Organismo Autónomo Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende.
    Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
    Organismo Autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.
  • Fundamento legal
    Decreto de la Alcaldesa de 30 de diciembre de 2011 por el que se establecenlas Áreas.
    Decreto de la Alcaldesa de 30 de diciembre de 2011 por el que se nombra a lostitulares de las Áreas.
    Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 5 de enero de 2012 por el que se establece la organización y estructura del Área.

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Nació en Ponferrada, León, el 24 de marzo de 1968, estudió estudios de Derecho en Santiago de Compostela y en Madrid. En 1983 se afilió a Nuevas Generaciones de Alianza Popular, AP, de Lugo. Dos años después, en el congreso de 1985, fue elegido vicesecretario regional de Nuevas Generaciones de Galicia y ese año formó parte del Comité Gallego del Año Internacional de la Juventud. En 1986 fue elegido presidente provincial de Nuevas Generaciones en Lugo y el 22 de junio de 1986 se presentó a las elecciones generales como candidato suplente de Alianza Popular al Senado por la provincia de Lugo. Un año después, en noviembre de 1987, accedió al cargo de vicepresidente regional de Nuevas Generaciones de Galicia y pasó a formar parte del Comité Ejecutivo Regional de Alianza Popular de Galicia. En abril de 1989 fue elegido presidente regional de Nueva Generaciones de Galicia durante su Congreso Extraordinario. Ese año colaboró activamente en la redacción del programa de Juventud y Deportes con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones autonómicas gallegas del 17 de diciembre. En febrero de 1990 fue elegido secretario general de Nuevas Generaciones en el transcurso del VIII Congreso Nacional que la organización juvenil celebró en Madrid.

El 26 de mayo de 1991 fue elegido diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y fue con 22 años, el diputado más joven de España. Durante esa legislatura (III) fue portavoz de su grupo en la Comisión de Juventud y vocal en las comisiones de Presidencia y Asuntos Institucionales; Administración y Fundación Pública; y Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones. El 31 de octubre de 1993 fue elegido presidente nacional de Nuevas Generaciones durante el IX Congreso Nacional que esta organización celebró en Sevilla. En las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 1995 renovó su escaño de diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y el 6 de julio de 1995 fue designado, en el pleno de la Asamblea, senador en representación de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Pedro Luis Calvo permaneció al frente de Nuevas Generaciones hasta el 11 de mayo de 1997, en que fue sustituido por Juan Manuel Moreno durante el X Congreso. Pedro Calvo por motivos de edad -los estatutos del PP establecen un máximo de 28 años para la presidencia de NN.GG.- no se presentó a la reelección. Resultó reelegido diputado autonómico en los comicios de junio de 1999 y en la Asamblea fue nombrado portavoz por su grupo parlamentario. El 26 de mayo del 2000, el presidente Alberto Ruiz Gallardón le nombró consejero de Medio Ambiente dentro de la remodelación que emprendió en su gabinete tras el cese voluntario del consejero de Hacienda, Antonio Beteta. Sustituyó en el cargo a Carlos Mayor Oreja, quien pasó a ocupar la consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local.

ANTECEDENTES SOBRE IRREGULARIDADES
En abril de 2003, pasó a formar parte de la candidatura a la Alcaldía de Madrid, encabezada por el hasta entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003. Hasta Diciembre del año 2011 ha ocupado la Concejalía de Seguridad y Movilidad. Durante esta etapa , allá por el año 2006, se vió envuelto en una polémica por las presuntas irregularidades que se observaron en el concurso de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado a todo el interior de la M-30 ya que la adjudicación de la Zona VI (correspondiente al sur de la capital) se le concedió a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que forma parte al 40% Hixienes una sociedad sin experiencia. Esta sociedad tenía como representante a Juan Manuel Casares,  ex diputado del PP en el Parlamento gallego hasta junio de 2005 y Presidente de Nuevas Generaciones del PP en esa comunidad a finales de los ochenta, justo después de que su amigo Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas Generaciones.Según se denunció Hixienes incumplía el pliego de condiciones del contrato de adjudicación de los parquímetros . El entonces Director General de Movilidad, Javier Conde, admitió  que a pesar de la amistad probada con Casares actuó, como vocal, en la última reunión de la mesa de contratación donde fueron asignadas las empresas del concurso.
Calvo está casado con Ana Caballer, con quien contrajo matrimonio el 8 de diciembre de 1995 en Villavieja (Castellón). Fue padrino de su boda el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón.

Via:  http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/pedrocalvo/pedrocalvo.html

 
  • 01.02.12 LISSAVETZKY PIDE MEDIDAS INMEDIATAS E INFORMACIÓN DEL ‘CASO SEMÁFOROS’
  • La oposición coincidió ayer unánimemente en exigir al Gobierno local (PP) que “llegue al fondo del asunto” en la investigación del presunto uso irregular de recursos públicos por parte de funcionarios y cargos políticos del Ayuntamiento. El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, pidió “medidas incluso de forma preventiva”, como “la separación del servicio de las personas presuntamente implicadas” en lo que bautizó como “caso de los semáforos”.El líder socialista quiere “una comisión de investigación” para “depurar responsabilidades, incluso de carácter político”, ante “una presunta irregularidad que puede tener una vertiente legal”.El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, vio “normal” y “bien” que el Gobierno local “investigue” si “tiene indicios razonables y razonados de que esas cosas han sucedido”, según Europa Press. El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, tachó el asunto de “serio y grave”.El Ayuntamiento ha anunciado ya que, “dada la gravedad de los hechos” denunciados, abrirá “de forma inmediata una investigación previa” y propondrá “la incoación de expedientes disciplinarios si se detectaran indicios racionales de responsabilidad”.La concejal socialista Ruth Porta informó ayer de que el pasado 12 de enero solicitó información sobre el contrato de semáforos vigente y sobre los dos anteriores. Considera que, al no haber recibido contestación, su solicitud debe considerarse estimada. Pero pese a ello denuncia que no ha recibido la información requerida.”Dadas las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación, directamente relacionadas con los expedientes de referencia, solicito el acceso inmediato a los citados expedientes o, en su caso, una resolución motivada de la denegación a la presente solicitud con el objeto de poder ejercer, a la mayor prontitud, las acciones judiciales que resulten procedentes”, añade Porta en la carta enviada ayer al Área Institucional del Gobierno municipal.www.elpais.es
  • 01.02.12ALTOS CARGOS MUNICIPALES USABAN DE COCHE OFICIAL EL DE UNA CONTRATAEl ‘número dos’ del concejal de Economía empleó para gestiones personales y actos electorales un vehículo de inspección de semáforos, según una denuncia.El presunto uso indebido de recursos públicos investigado por el Ayuntamiento de Madrid no se limita a una decena de funcionarios que, presuntamente, emplearon coches destinados a inspecciones técnicas y reparación de semáforos para ir y volver de su casa al trabajo, hacer gestiones personales en horario laborable y excursiones y viajes en fin de semana. Según la denuncia que generó la investigación, altos cargos municipales utilizaron los vehículos como si de coches oficiales se tratara, entre ellos el coordinador general de Economía, Javier Conde, número dos del concejal del área, Pedro Calvo. Conde fue hasta junio de 2007 director general de Movilidad, y luego gerente de la EMT y coordinador general de Seguridad y Emergencias.El vicealcalde promete actuar con “contundencia y rapidez”El Ayuntamiento, “dada la gravedad de los hechos” denunciados, abrirá “de forma inmediata una investigación previa” y propondrá “la incoación de expedientes disciplinarios si se detectaran indicios racionales de responsabilidad, o el traslado a la fiscalía de cuantos hechos pudieran ser susceptibles de derivar en responsabilidad penal”. Ayer, el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, precisó que será “una investigación detallada”, y se actuará “con total transparencia, con contundencia y con absoluta rapidez”.El área de Seguridad, que entonces dirigía Pedro Calvo, licitó en junio de 2005 un contrato de gestión y mantenimiento de semáforos, que obtuvieron -por seis años y 70 millones de euros- Telvent y Etramad. Entre la fecha de adjudicación y la salida de Conde como director general de Movilidad, en junio de 2007, fueron varios funcionarios y altos cargos los que hicieron uso particular de vehículos que debían servir únicamente para labores técnicas. Entre ellos, el propio Conde y su sucesor en el cargo, José Luis Molinero; y los dos subdirectores de Circulación en ese periodo. Uno de ellos, José Luis Mato, incluso utilizó el coche durante medio año después de haber sido nombrado director general de Planificación del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.Entre 2006 y 2007, Conde empleó uno de los vehículos de las contratas (primero un Citroën C4, luego un C5) para trasladarse a comidas con amigos, excursiones a otra provincia, cursos de verano, fiestas, partidos de fútbol e incluso a actos electorales del PP de la campaña municipal de mayo de 2007. Para ello contaba además como chóferes con los conductores asignados y pagados por las empresas para esos vehículos, según la denuncia investigada.A partir de la marcha de Conde y de la salida de su sucesor José Luis Molinero (que solo pasó un mes en el cargo, siendo sustituido por Pedro Ayuso), el uso de estos vehículos para fines particulares por parte de funcionarios de Tráfico y Circulación se generalizó. Según la denuncia, tanto Conde como otros altos cargos sabían de las irregularidades de esos trabajadores, pero estas continuaron hasta la finalización del contrato el pasado mes de diciembre.www.elpais.es 31.01.12LA MANO DERECHA DE CALVO, DE NUEVO INVESTIGADO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADESEl Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación para determinar si varios cargos de confianza del Área de Circulación han utilizado con fines privados coches que empresas contratadas por la Administración municipal destinaron a controlar servicios públicos.Las personas presuntamente implicadas, bien porque usaran esos vehículos, bien porque conocieran su uso y no lo impidieron, pertenecen al ámbito de confianza del concejal Pedro Calvo, hasta hace un mes responsable de Seguridad y Movilidad.Entre ellas está Javier Conde, mano derecha de Calvo y ya bajo sospecha en 2006 por un contrato de adjucación de parquímetros en barrios de Madrid.El procedimiento investigador se ha iniciado después de presentarse una denuncia ante el Consistorio, y como afecta “presuntamente a funcionarios, va a haber una investigación previa”, señalan fuentes municipales, que precisan que podría derivar en un expediente sancionador.Según la denuncia, avanzada por el El País, técnicos del área de Circulación habrían usado vehículos cedidos por las empresas encargadas del contrato de gestión de semáforos para ir y volver a casa e incluso hacer viajes de larga distancia con ellos.Esos coches, sin embargo, debían usarse para realizar inspecciones o acudir a incidencias o reparaciones.De acuerdo a la denuncia, las presuntas irregularidades se habrían iniciaron en 2005, cuando la empresa Etramad ganó la adjudicación de la gestión de los semáforos y se generalizaron con el nombramiento como director general de Movilidad de Pedro Ayuso, en 2007.Según la denuncia, el subdirector general de Circulación, Rafael Morán, y Javier Conde, director general hasta 2007 -cuando fue sustituido por Ayuso-, conocían estas irregularidades y no habrían tomado medidas, según la denuncia.No es la primera vez que Conde, en la actualidad coordinador general de Economía y mano derecha de Pedro Calvo durante su étapa en Movilidad y también ahora -Calvo es el actual concejal de Economía-, se ven salpicados por la polémica.En 2006, el concurso de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado a todo el interior de la M-30 ya desembocó en un escándalo por la adjudicación de la Zona VI (correspondiente al sur de la capital) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que forma parte al 40% una sociedad sin experiencia.Esta sociedad estaba vinculada a un ex alto cargo del PP de Galicia, amigo de Pedro Calvo, y del director general de Movilidad, Javier Conde.Fuentes municipales subrayan que todos los procedimientos por presuntas irregularidades iniciados a raíz de varias denuncias interpuestas por la oposición y particulares han sido fallados a favor del Ayuntamiento de Madridwww.elmundo.es 31.01.12

BOTELLA INVESTIGA SI FUNCIONARIOS USARON RECURSOS PÚBLICOS PARA FINES PRIVADOS

Jefes del área de Circulación disfrutaban de coches de una contrata

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación sobre el presunto uso privado de recursos públicos llevado a cabo por funcionarios del departamento de control del tráfico. Según la denuncia investigada, varios técnicos del área de Circulación emplearon presuntamente para fines particulares coches puestos a su disposición por las empresas encargadas del contrato de gestión de los semáforos. Esos vehículos debían usarse para realizar inspecciones o acudir a incidencias y reparaciones de semáforos. En su lugar, los funcionarios los empleaban para ir y volver a casa, o para hacer gestiones de todo tipo entre diario. Y no solo. Además, se los llevaban presuntamente los fines de semana, y hacían con ellos excursiones y viajes de larga distancia. La gasolina, los peajes y las frecuentes multas de aparcamiento que recibían corrían, siempre según la denuncia investigada ahora oficialmente, de cuenta de las empresas adjudicatarias del contrato de semáforos.
El ‘número dos’ de Pedro Calvo conocía las irregularidades, según la denuncia

Fuentes oficiales del Ayuntamiento han señalado que, “dada la gravedad de los hechos” denunciados, “de forma inmediata se va a proceder a llevar a cabo una información e investigación previa a través de la Inspección General de Servicios”. “Una vez culmine, se propondrá, en su caso, la incoación de expedientes disciplinarios si en el curso de la actividad inspectora se detectaran indicios racionales de responsabilidad, o el traslado al ministerio fiscal de cuantos hechos pudieran ser susceptibles de derivar en responsabilidad penal”.El área de Seguridad del Ayuntamiento, que en la fecha de los hechos denunciados dirigía el concejal Pedro Calvo al mando del entonces regidor, Alberto Ruiz-Gallardón, licitó en junio de 2005 un contrato para “la gestión y explotación integral del sistema automático de control y regulación del tráfico”, por cuatro años y 48.136.395 euros. Se dividió la ciudad en tres zonas: una, el interior de la M-30 (20.698.651 euros); dos, la zona exterior en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San Blas y Barajas (15.885.008 euros); y tres, la zona exterior en Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas (11.552.736 euros).El contrato se adjudicó en agosto a las ofertas “más ventajosas económicamente”. La zona uno y tres, a una unión temporal de empresas denominada Etramad (integrada por Electronic Tráfic, Imes, y ETRA Catalunya). La zona dos, a Telvent Tráfico y Transporte (que entonces formaba parte del grupo Abengoa, y fue comprada en septiembre de 2011 por la francesa Schneider).Este contrato fue prorrogado en junio de 2009 por un año, a razón de 12.192.722 euros; y por otro más en septiembre de 2010, por 12.580.627 euros. En total, el Ayuntamiento abonó por seis años 69.998.022 euros. En diciembre de 2011 entró en vigor un nuevo contrato (dos años y 24.267.127 euros), que ganaron Telvent Tráfico y Transporte (zonas una y dos) y SICE (zona tres).Las irregularidades denunciadas se generalizaron con el nombramiento como director general de Movilidad de Pedro Ayuso, en julio de 2007. Ayuso fue sustituido en junio de 2011 por Miguel Ángel Rodríguez, y ahora está al frente del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (el organismo municipal que forma a bomberos y policías). En su etapa al frente de Movilidad, contó con Rafael Morán como subdirector (sigue en el cargo).Entre 2007 y 2011 fueron varios los funcionarios que hicieron uso de varios vehículos de Etramad para labores diferentes de las estipuladas, entre ellos responsables del departamento técnico de tráfico, que emplearon varios automóviles que la concesionaria iba suministrando y renovando periódicamente (para tareas ligadas a su contrato) en sus viajes de ida y vuelta de casa al trabajo.Entre los funcionarios investigados se cuentan varios responsables de gestión de Movilidad y de Tráfico, y de regulación de Circulación. Uno de ellos llegó incluso a colocar en los vehículos sillitas para el transporte de sus hijos de corta edad.Etramad conocía presuntamente estas irregularidades, puesto que recibía gastos de gasolina y multas fuera del horario de servicio de los vehículos, e incluso debía abonar peajes en fines de semana y en otras provincias. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el responsable de servicio de Etramad en esas fechas, Antonio García Matas, que ha declinado hacer comentarios. Su gerente, Jesús Manzano, no ha devuelto la llamada. Telvent tampoco respondió.Según la denuncia investigada por el Ayuntamiento, el subdirector general de Circulación, Rafael Morán, conocía estas irregularidades. También Javier Conde, director general hasta junio de 2007 y en la actualidad coordinador general de Economía y mano derecha de Pedro Calvo en esta área de Gobierno; y Miguel Ángel Rodríguez, director general de Gestión y Vigilancia de Circulación desde junio de 2011. Sin embargo, las irregularidades se han mantenido hasta la finalización del contrato el pasado mes de diciembre.

www.elpais.es 30.01.12

  • GALLARDÓN DESTITUYE A UN ALTO CARGO POR SUS INSULTOS EN TWITTER

   

 .En 2006, Autrán se vio salpicado en un presunto caso de corrupción en el área de Gobierno de Seguridad (que entonces aglutinaba las competencias de Movilidad, ahora desplazadas en gran parte al área de Medio Ambiente que dirige Ana Botella).
El PSOE acusó a Calvo de favorecer en la adjudicación de un contrato de gestión de parquímetros a una empresa que tenía como apoderado a un exdiputado del PP gallego y antiguo amigo del concejal. El PSOE interrogó al respecto en comisión municipal a Calvo y a sus colaboradores más estrechos, entre ellos el propio Autrán. El caso no llegó a más ni por la vía política ni ante la justicia
.www.elpais.es 08.11.1011

EL PP TUMBA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONCURSO DE LOS PARQUÍMETROS 

 El pleno del Ayuntamiento rechazó ayer, con la mayoría absoluta del PP, crear una comisión de investigación sobre el concurso de adjudicación de las nuevas zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). PSOE e IU habían pedido esa comisión porque sospechan que en el concurso fue favorecida la empresa Hixienes, vinculada a un ex diputado gallego del PP que es, además, amigo del concejal responsable de los parquímetros, Pedro Calvo. “No hay nada irregular. La dignidad de Calvo está por encima de insinuaciones difamatorias”, afirmó el vicealcalde, Manuel Cobo.El contrato de la nueva zona de parquímetros sí va a ser investigado por los grupos municipales, pero no en una comisión creada ex profeso, sino en la de Vigilancia de las Contrataciones, que es permanente y está presidida por un concejal del PSOE. El problema es que, según el reglamento, esa comisión sólo puede citar a declarar a cargos públicos del Ayuntamiento o a funcionarios; y la oposición quiere poder interrogar también a los responsables de las cinco empresas que concurrían al concurso y al alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, del PP, que acreditó la supuesta experiencia de Hixienes en la gestión de parquímetros y luego la desmintió. Hixienes, que se presentó al concurso en unión con Sufi y ganó uno de los tres lotes del concurso, tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex diputado del PP en Galicia y amigo del edil madrileño Pedro Calvo desde hace una década, cuando ambos coincidieron en Galicia en la dirección de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP). Hixienes es una empresa pequeña con 3.000 euros de capital social y nunca ha gestionado parquímetros, aunque su socia, Sufi (Sacyr), tiene a su cargo otra zona del SER de Madrid desde hace cuatro años. “Ha quedado demostrado que este concurso es irregular y que se propuso para favorecer a un amigo de Calvo”, afirmó el edil socialista Manuel García-Hierro, que se presentó en el pleno armado con fotocopias del expediente. García-Hierro aseguró que el informe técnico (en el que se valoran las ofertas presentadas por las distintas empresas) es “incorrecto” y contiene elementos “falsos”, porque resta puntos, alegando carencias en la oferta “que no son tales”, a uno de los grupos de empresas que perdió: Setex-Urbaser.Informe técnico
El País.18.03.06PSOE E IU PEDIRÁN EN EL PRÓXIMO PLENO QUE SE CREE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PSOE e IU) tienen previsto solicitar durante el pleno municipal del presente mes, que se celebrará la próxima semana, que el proceso de adjudicación de las nuevas zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER) sea evaluado por una comisión de investigación, en lugar de en la comisión permanente de vigilancia de las contrataciones como había propuesto el PP.Según un portavoz de IU, en esta comisión permanente no podrán declarar los responsables de las empresas implicadas, porque el reglamento municipal del pleno establece que en dicho foro sólo se podrá requerir la presencia de los técnicos municipales y los cargos políticos que han intervenido en el contrato que hay que estudiar.El concejal socialista Manuel García-Hierro adelantó que su grupo presentará dos proposiciones en el pleno. La primera pedirá la suspensión de la ampliación del SER a 16 nuevos barrios y cuatro cascos históricos, que es la que ha sido objeto de la polémica adjudicación. La otra propuesta será para reclamar la constitución de una comisión de investigación.El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), aseguró hace una semana: “Ya existe una comisión de investigación, que es la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Todos los contratos que cualquier miembro del Ayuntamiento pida son remitidos a ella”.Poco después, el vicealcalde, Manuel Cobo, aseguró que sería el propio gobierno municipal el que, de oficio, enviaría el contrato a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, presidida por el concejal socialista Ramón Silva, para que los tres grupos lo analizaran. Pero PSOE e IU no creen que ése sea el foro adecuado.

Publicado en El País.18.03.06

JIMÉNEZ, PERPLEJA POR QUE GALLARDÓN NO TOME MEDIDAS ANTE EL “ESCÁNDALO”
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, afirmó ayer que, según van pasando los días y se van conociendo más datos sobre la adjudicación del contrato de la nueva zona de parquímetros, “más estupor” le produce que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, “no se haya pronunciado ni haya tomado ninguna medida sobre este escándalo”. Jiménez se refería a la polémica surgida por la adjudicación de una de las nuevas zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER) a una unión de empresas en la que trabaja un ex diputado del PP en Galicia, Juan Manuel Casares.Para Jiménez, los hechos conocidos hasta ahora a través de los medios de comunicación “son suficientes” para que el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, amigo de Casares, dimita. La portavoz socialista considera “muy claro que la adjudicación de la zona VI del SER -que corresponde a ocho barrios del sur y el casco histórico de Carabanchel- a una empresa de un amigo del concejal se ha hecho de una forma irregular”.Jiménez también se refirió a la información publicada el pasado jueves en este diario según la cual la empresa Hixienes, propiedad de Juan Manuel Casares, fue avalada por el alcalde de Cangas del Morrazo (PP), José Enrique Sotelo Villar. La portavoz destacó que este regidor “no podía avalar la experiencia de la compañía en parquímetros porque en este municipio no se ha instalado dicho servicio”. La responsable del PSOE manifestó: “El PP miente, y si Ruiz-Gallardón no toma decisiones estará poniendo en juego la honorabilidad de todo el Ayuntamiento”.La semana pasada, Jiménez ya reclamó la dimisión de Calvo: “Si tiene un mínimo de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicación irregular”, sentenció entonces.

Publicado en El País.18.03.06LA EMPRESA HIXIENES INCUMPLÍA EL PLIEGO DEL CONCURSO DE LOS PARQUÍMETROS, SEGÚN EL PSOE  La sociedad Hixienes, de la que es representante Juan Manuel Casares, amigo del concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo, incumplía el pliego de condiciones del contrato de adjudicación de los parquímetros, según el PSOE. Éste sostiene que Hixienes no pudo demostrar la solvencia técnica, puesto que carecía de experiencia en el sector, a pesar de concurrir junto a Sufi, que sí cumplía todos los requisitos. El director general de Movilidad, Javier Conde, admitió ayer que actuó, como vocal, en la última reunión de la mesa de contratación donde fueron asignadas las empresas del concurso.Hixienes, una de las sociedades que se ha hecho con la gestión de los parquímetros de ocho barrios de la zona sur de Madrid y el casco histórico de Carabanchel (zona VI), no tiene ninguna experiencia en el sector. El representante de Hixienes Juan Manuel Casares y el concejal Calvo son amigos de la época en que ambos eran dirigentes de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP) en Galicia.21 días antes del concurso, Hixienes modificó su objeto social e incluyó entre sus actividades “la gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas”. Hasta entonces se dedicaba a limpieza y desinfección de hospitales y centros públicos en Galicia.En el pliego de condiciones, aprobado el pasado 5 de noviembre, se exige que “todos y cada uno de los empresarios” que concurran al concurso deberán presentar los documentos exigidos. Entre ellos, la solvencia técnica, es decir, la experiencia, que Hixienes no aporta, según la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez.El pliego también alude a la solvencia de la unión temporal de empresas y señala que se sumarán los aspectos positivos que aporten las integrantes de la misma. En cambio, Sufi (la compañía con la que Hixienes concurrió asociada) cumplía todos los requisitos, entre ellos, experiencia y solvencia económica.El Ayuntamiento interpreta que la unión temporal de empresas Sufi-Hixienes cumple con el requisito de solvencia técnica y económica. “Hay que considerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que recoge que quien acredita la solvencia es la UTE”, asegura Fernando Autrán, coordinador general de Seguridad. “Hay que interpretar el pliego de condiciones”, remacha.Autrán explica que la valoración de las ofertas técnicas se hace en función de los 47 criterios establecidos en el pliego. “Los técnicos del Ayuntamiento evalúan el grado de cumplimiento de los criterios, puntúan y hacen una lista”, agrega. La UTE, integrada por Api, el grupo Vinci y Etralux, fue la más valorada (con 73 puntos sobre 85). En segundo lugar lo fue la sociedad conjunta formada por Sufi e Hixienes (con 72 puntos). Autrán asegura que la adjudicación “es un procedimiento absolutamente reglado”.¿Por qué el Ayuntamiento exige que las empresas tengan experiencia en parquímetros? Porque su gestión es más compleja de lo que parece. Cada uno de los aparatos lleva un ordenador y un complejo sistema informático. Los controladores están dotados de terminales donde están integrados un teléfono móvil, GPS y un sistema que permite transferir las denuncias a la central. “La experiencia es necesaria para la gestión del gran número de trabajadores, el mantenimiento eficiente de los instrumentos informáticos y el uso de los programas informáticos”, según un profesional del sector.Algunas sociedades se quejaron del poco tiempo dado por el Ayuntamiento para presentar las ofertas. En sólo 10 días, las empresas tuvieron que elaborar amplísimas ofertas que en algún caso ocupaban 15 tomos. La sociedad Saba-Abertis rechazó presentarse aduciendo que no tenía tiempo para preparar la documentación.El que se fijara el pasado 1 de marzo como fecha de entrada en vigor de las nuevas zonas reguladas por parquímetros responde a una decisión política, según Autrán. “Por la consignación presupuestaria y porque estaba previsto así en todas las medidas de Movilidad”, agregó.Dornier, una de las empresas que se presentó al concurso y no logró que le fuera adjudicada ninguna zona, presentó un escrito ante el Ayuntamiento solicitando explicaciones al proceso administrativo. Un portavoz de Dornier, filial del grupo Cintra, dice que ya ha recibido aclaraciones y que desiste de otro tipo de acciones. Las empresas que pretendan recurrir tienen sólo siete días para hacerlo.Por otra parte, el director general de Movilidad del Ayuntamiento, Javier Conde, reconoció ayer que estuvo en la última mesa de contratación cuando fueron adjudicados los contratos. El pasado jueves había negado que asistiera, pese a que su nombre figura en el acta como vocal de la mesa.

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  • Publicado en El País.10.03.06  EL PSOE PIDE QUE DIMITA UN EDIL AL QUE ACUSA DE ADJUDICAR PARQUÍMETROS A LA EMPRESA DE UN AMIGO  La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, pidió ayer la dimisión del concejal responsable de Movilidad, Pedro Calvo (PP), tras conocerse que una de las empresas adjudicatarias del servicio de parquímetros tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del edil madrileño, según el PSOE. El gobierno municipal reconoce que Hixienes, la empresa de Casares, no tiene experiencia en la gestión del aparcamiento de pago, pero subraya que concurrió al concurso asociada con Sufi S.A. y que es a la unión de ambas a quien se le adjudica el contrato (144 millones en 11 años). Además, la concejalía sostiene que no puede “vetarse” a una empresa porque su dueño conozca a un concejal.La unión de empresas (UTE) formada por Sufi S.A. e Hixitel Hixienes se presentó al concurso de gestión de la nueva zona de parquímetros convocado en noviembre pasado, y el 9 de enero de 2006 obtuvo uno de los tres lotes, según informó ayer el diario El Mundo y confirmó el coordinador general de Seguridad, Fernando Autrán.Esa UTE gestionará, a cambio de 144 millones de euros repartidos en 11 años, 28.570 plazas verdes (para residentes) y azules (para visitantes) de ocho barrios del sur -Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella- y del casco histórico de Carabanchel.Sufi pertenece al grupo Sacyr y gestiona parquímetros en otros barrios desde que el servicio de estacionamiento regulado (SER) se instauró en Madrid, en 2002. Pero Hixienes, con un capital social de sólo 3.005 euros, no tiene ninguna experiencia en ese campo. Poco antes de presentarse con Sufi al concurso del Ayuntamiento, Hixienes modificó su objeto social (hasta entonces centrado en trabajos de limpieza y desinfección) para incluir “la gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas”.A ese concurso concurrieron cinco empresas, y tres resultaron adjudicatarias, cada una para una zona de la ciudad: Eysa (FCC), la UTE formada por Api (ACS), Etralux (ACS) y grupo Vinci; y la de Sufi e Hixienes. Quedaron fuera Dornier (Ferrovial) y la UTE Setex-Urbaser. Ambas gestionan parquímetros en otras zonas de la ciudad.El apoderado de Hixienes, Juan Manuel Casares González, fue diputado del PP en el Parlamento gallego hasta junio de 2005 y dirigió Nuevas Generaciones del PP en esa comunidad a finales de los ochenta, justo después de que el hoy concejal Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas Generaciones.Calvo no quiso hablar ayer. Su número dos, Fernando Autrán, afirmó: “Es verdad que Calvo y Casares se conocen, pero todos los políticos conocen a empresarios y comen con ellos habitualmente. Eso no puede ser razón para vetar a una empresa en un concurso. Si Calvo hubiese ordenado vetar a esa empresa, habría cometido prevaricación”.Calvo firmó el documento de adjudicación definitiva el 18 de enero, según figura en el expediente. La ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 28.b), que cuando los funcionarios o empleados públicos tengan “parentesco” o “amistad manifiesta” con los administradores de las empresas que concurran a un procedimiento de contrato, esos funcionarios “se abstendrán de intervenir en el procedimiento”. “Pero ese artículo sólo se refiere a los funcionarios que intervienen en la mesa de adjudicación, no al cargo político, que se limita a firmar la propuesta que la mesa hace”, replica el coordinador general de Seguridad.Autrán insistió en que el procedimiento ha sido “totalmente transparente” y en que la adjudicación fue aprobado “por unanimidad” en la mesa de contratación -donde están presentes un representante de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y el interventor municipal-. Afirmó que el cambio en el objeto social es “lo que hacen todas las empresas cuando concurren a un concurso” y subrayó que, aunque la gallega sea una empresa pequeña, “quien responde ante el Ayuntamiento es toda la UTE, cuyo 60% está en manos de Sufi, es decir, del grupo Sacyr”.COMISIÓN DE INVESTIGACIÓNLa portavoz socialista, Trinidad Jiménez, pedirá en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación sobre esta adjudicación. “Si Calvo tiene un mínimo de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicación irregular”, afirmó. Tras asegurar que los socialistas han recibido “denuncias de algunas de las empresas que han pedido ser adjudicatarias y se les ha rechazado sin ninguna causa objetiva”, Jiménez afirmó: “No se puede poner permanentemente en duda la actuación de la clase política. Esto nos perjudica a todos”.La concejal exigió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que aclare cuanto antes “las sospechas”. “No estoy haciendo una acusación directa hasta que no se realice una comisión de investigación que dirima las responsabilidades, pero no podemos permitir por más tiempo que la ciudadanía crea que los políticos cometemos irregularidades”, dijo, antes de decir que Juan Manuel Casares es “un íntimo amigo” del concejal Pedro Calvo.El grupo municipal de IU, encabezado por Inés Sabanés, exigió la apertura de una “exhaustiva” investigación en el seno de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones para “esclarecer las sospechas” sobre la concesión de la explotación de una zona de parquímetros a la empresa Hixienes. En un comunicado, IU afirmó que no descarta “ninguna posibilidad” en el ámbito de las “responsabilidades políticas”, y asoció el caso al “afán privatizador de Gallardón y su equipo”.El comunicado añade que “en el ámbito de la política algo puede ser legal y, sin embargo, ser políticamente reprobable”. Y añade: “En este caso, desde luego, las formas son altamente sospechosas. Así valoramos, por ejemplo, no sólo el vínculo de amistad entre el concejal y el empresario, sino el cambio de objeto social pocos días antes de la concesión”.
  • UNA DE LAS EMPRESAS RECHAZADAS ESTUDIA RECURRIREl proceso de adjudicación de los contratos de gestión de los parquímetros en los nuevos barrios de Madrid arrastra problemas desde el inicio. Cuando el Ayuntamiento sacó a concurso el proceso, en trámite de urgencia, el pasado 22 de septiembre, cinco empresas se presentaron. Pero otra, Saba Abertis, decidió no acudir y protestó por el escaso plazo de tiempo (10 días con la fiesta de La Almudena de por medio) que tenía para preparar la documentación y elaborar un estudio técnico.Saba Abertis explica que los criterios de valoración daban mayor importancia a las propuestas técnicas (85%) que a las económicas (15%), algo poco habitual, según la compañía.El pasado 18 de enero el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, firmaba el decreto que hacía oficial la adjudicación de la gestión de los parquímetros. Una de las tres zonas adjudicadas fue asignada a una sociedad creada conjuntamente entre Sufi e Hixienes.La sociedad Setex, que no resultó escogida, reconoce sentirse decepcionada, según contó ayer su presidente, Jaime López de Aguilar.Setex gestiona, junto con Sufi, una de las zonas de aparcamientos que salieron a concurso en 2002. “Fue Sufi la que no quiso ir en esta ocasión con nosotros”, explica López de Aguilar.El presidente de Setex reconoce que está estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. “Quedan pocos días para presentar un recurso y aún tenemos que decidirlo”, aclaraCASARES, UNA METEÓRICA CARRERA EN EL PP GALLEGO  La carrera política de Juan Manuel Casares González ha sido tan meteórica que a los 40 años ya ha pasado a engrosar la nómina de los retirados forzosos. Las luchas intestinas del PP gallego le dejaron fuera de las listas a las elecciones autonómicas del pasado junio, a pesar de que en la legislatura anterior había sido el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular. Casares fue arrastrado por el declive de su protector político, Xosé Cuiña, antiguo número dos de Manuel Fraga en el PP gallego. Era diputado autonómico desde 1993, cuando fue elegido con 28 años.Casares nació en León el 26 de septiembre de 1965. Su familia fundó en Vigo en 1971 la empresa Limpiezas Faro, que en los últimos años ha dirigido su hermano Miguel Ángel. Juan Manuel se volcó en la política desde muy joven y fue presidente regional de Nuevas Generaciones del PP. En esa época el líder nacional de las juventudes populares era el ahora edil madrileño Pedro Calvo, con quien Casares presumía de mantener magníficas relaciones. La presencia de Calvo en actos de las Nuevas Generaciones gallegas era frecuente entonces. Casares fue subiendo peldaños en el partido, sobre todo cuando se situó entre el grupo de fieles a Cuiña, quien dirigía la organización regional del PP y la consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta. El joven diputado acabó ejerciendo como portavoz del grupo popular en los temas referidos a ese departamento y fue también secretario de Acción Electoral de la ejecutiva del PP gallego.Como las actividades de Limpiezas Faro eran bien conocidas e incluían contratas con la Administración, Casares siempre se declaró al margen del negocio familiar, que fue ampliándose en los últimos años. En 1999, cuando él ya se había especializado en los asuntos de infraestructuras en el Parlamento autónomo, su hermano Miguel Ángel diversificó las actividades empresariales y fundó la sociedad Ingenierías Medioambientales y de Recuperación, dedicada a “servicios técnicos de ingeniería, arquitectura y urbanismo”.En 2002 creó otra firma, Faro Noroeste de Servicios, dentro del sector de la limpieza, en el que el grupo ya venía actuando a través de su sociedad original y de otra, Hixiene S.L, creada en 1991. Tras dejar la política, Juan Manuel Casares fue nombrado a principios del presente año apoderado de estas dos últimas sociedades. Publicado en El País.09.03.06AYUNTAMIENTO DE MADRID : EL CONCEJAL DE TRÁFICO, MULTADO POR CONDUCIR SIN CARNÉ  Pedro Calvo, el concejal de Seguridad y responsable de la circulación en la ciudad, fue multado el pasado viernes por conducir su moto sin carné . Calvo admitió los hechos y reconoció que “no fue muy ejemplar” su actitud. Los hechos ocurrieron cuando Calvo decidió visitar algunos puntos calientes de la ciudad para comprobar cómo iban algunas de las campañas que ha puesto en marcha en las últimas semanas, como el bordillo del carril-bus. También se acercó hasta la calle de la Montera, lugar donde hay un dispositivo policial contra la prostitución. Calvo rozó entonces con su moto a un turismo estacionado en la confluencia de la Gran Vía con la calle de la Montera.Un agente se acercó, le pidió la documentación y descubrió, entonces, que el concejal conducía sin el carné y que éste, además, lo tenía caducado desde hacía un año. Según la versión de Calvo, un policía se acercó y le requirió la documentación. “No pude presentar el carné porque lo había extraviado, y por ese motivo no sabía que había caducado”, explicó. “No fue una actuación ejemplar”, admitió el concejal. “El agente me sancionó, pagué la multa para beneficiarme del descuento por pronto pago y he iniciado los trámites para renovar mi permiso de conducir”, dijo.Cadena Ser.01.09.04 

Las trampas de la Más y CIU .África no empieza al sur del Ebro.

Tanto hablar de que África empezaba al sur del Ebro cuando ahora parece que si empieza en algún sitio es al sur de los Pirineos

Cataluña es el exacto reflejo de la realidad autonómica, no solo catalana sino de todo el mosaico autonómico español. Los políticos lo saben mejor que nosotros pero, poner solución a este, que es el principal problema nacional, pasa por abandonar las poltronas que ocupan (y estoy hablando de todos los gobiernos autonómicos y asociados, de todos los partidos políticos, de sindicalistas y todos los vampiros que han ahogado la nación). Nadie en España le pondrá el cascabel al gato y tendremos que esperar a que nos lo pongan desde Europa, por la vía de la asfixia económica que tan insistentemente nos hemos labrado todos los españoles, hipnotizados durante años por los políticos encantadores de serpientes, persiguiendo zanahorias en forma de identidades regionales, lenguas minoritarias y otras chorradas anacrónicas, que van justo en la dirección contraria del resto del mundo actual globalizado. 
¿Hasta cuando van a dejar los españoles que les manipulen los políticos con maniqueismos de derechas-izquierdas, PSOE-PP, Identidades autonómicas y demás inventos interesados ?
Políticos de la baja talla que tenemos en España, solo tienen cabida en una sociedad aturdida y mareada por los cantos de sirena que nos lanzan todos los dias nuestros gobernantes. En otros paises de nuestro entorno, políticos como estos estarían dedicados a otros trabajos para ganarse la vida, pues como políticos no durarían ni siquiera unos meses. 
Tenemos que pasar en España muchas páginas del pasado, ya casi remoto, para comenzar a crecer como nación y mucho me temo que moriré sin verlo.

Y en sus ‘tripas’ se demuestra que los políticos confirman que son un problema para los españoles, porque pese a que las preocupaciones de los ciudadanos van por un lado, las de los partidos van por otro y nada hace que recapaciten.

Es lo que tiene partidocracias bananeras que luego se autodenominan democracias. Los problemas del elector no pasan ya a segundo plano, Son tirados a la basura.

Modestamente, yo añadiría dos elementos de cohesión que me parecen fundamentales para entender la NO reacción de los catalanes frente a su casta dirigente:

– El Barça -algo más que un club- que como en cualquier dictadura se convierte en un elemento fundamental para aglutinar masas y acallar críticas. Un elemento que cuesta millones y millones de euros, y con una influencia que trasciende nuestras fronteras.

– Los grandes medios de comunicación, no sólo las televisiones, mantenidos en gran medida, directa o indirectamente mediante dinero público, y que ejercen una influencia determinante en crear opinión, evitando la discrepancia y fomentando el odio.

Y todo ello, también, implica, como digo, grandes sumas de dinero público, ya sea en publicidad, en condonaciones bancarias, en ayudas, en puestos de trabajo, etc…
Puede parecer una memez, especialmente lo primero, pero basta con observar y echar cuentas…

Y Mirar este cuadro  sobre la multiplicación de puestos políticos y de entidades públicas de todo tipo

El número de representantes políticos.

http://www.libremercado.com/2012-09-01/cataluna-sociedad-ilimitada-1276467257/

Pero la pelota sigue estando en el tejado del Gobierno del Estado, quien se niega sistemáticamente a utilizar la legitimidad de la ley para desmontar el chiringuito, e incluso a permitir que sentencias firmes del Tribunal Supremo ni siquiera se cumplan. 

Conviene no olvidar esto último jamás…

Y ahora pensar:

¿Hay derecho, por ejemplo, a que a los catalanes se les cobre un euro por cada receta médica, mientras las distintas administraciones cuentan con más de 20.000 puestos en consejos consultivos, consejos asesores, consejos rectores, patronatos de fundaciones, consejos de administración o consejos de normalización lingüística?

¿Hay derecho a que se retrasen los pagos a las residencias de ancianos mientras la radiotelevisión pública catalana emplea a más de 2.500 personas y chupa 275 millones de euros anuales de los presupuestos de la Comunidad?

¿Hay derecho a que los catalanes tengan que pagar un número exorbitante de peajes para desplazarse por carretera, mientras los cuatro niveles de la administración regional cuentan con casi 2.000 entes cuyas funciones se solapan con las de la propia administración y que tienen más de 50.000 empleados?

¿Hay derecho a que muchas familias catalanas no cuenten con ningún ingreso mientras se paga con dinero público a más de 1.000 personas para montar una red de normalización lingüística subvencionada, con el fin de imponer a esos catalanes una visión monocorde de la realidad social?

Mientras que los nacionalistas de Más necesitan desesperadamente que la vista y la atención de los catalanes se centren en Madrid, no sea que a los sufridos habitantes de Cataluña les dé por fijarse en su administración regional y a alguno se le ocurra decirle a los nacionalistas: “¡Sacad ya vuestras zarpas de nuestro bolsillo! ¡Dejad ya de robarnos!”

La Generalidad de Cataluña lleva años pidiendo que el Gobierno de España publique las balanzas fiscales. Tanto el Tripartito como el Ejecutivo de CiU han reclamado una y otra vez que se presenten estos datos y han apelado a la “transparencia“. Los políticos nacionalistas han repetido una y otra vez que saber cuánto aporta cada región no es sólo una cuestión de justicia sino que es una información que debe estar al alcance de los ciudadanos para que éstos puedan tener una opinión independiente.El problema es que toda esta exigencia de luz y taquígrafos queda totalmente en entredicho cuando los datos no concuerdan con el argumentarlo nacionalista. Según denuncia este lunes La Voz de Barcelona, la Generalidad ocultó uno de los resultados de las balanzas fiscales, precisamente el más perjudicial para sus intereses, cuando hizo la presentación de los datos hace unos meses.La historia es como sigue. El Gobierno de Artur Mas quiere justificar los recortes que debe aplicar en su comunidad en el supuesto agravio fiscal que la región sufre del resto de España. De esta manera, la culpa de que Cataluña sea la autonomía más endeudada del país no sería del Tripartito y su política de izquierda radical, que perjudicó a las empresas al mismo tiempo que disparaba el gasto público y el intervencionismo. Según este relato, el problema estaría en el dinero que se llevan los habitantes de otras comunidades.Para apoyar su planteamiento, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, presentó las balanzas fiscales del conjunto de España la pasada primavera. Como era de esperar, todos los medios catalanes cubrieron el acto profusamente y dedicaron sesudos editoriales al supuesto “expolio fiscal” que sufre Cataluña.En esta cuestión, no es fácil ponerse de acuerdo. Hay muchas formas de hacer las balanzas fiscales y cada una de ellas lleva a un resultado diferente. Desde el Gobierno de CiU se escogieron dos métodos: el de carga-beneficio y el de flujo monetario. Hasta aquí no hay nada raro, porque son los procedimientos más comunes. Eso sí, el equipo de Artur Mas no se quedó ahí, sino que dio un paso más y decidió hacer los cálculos neutralizados (es decir, aplicándoles un ajuste en función de componentes como el ciclo económico o el déficit público).Dado el amor que los políticos catalanes demuestran por la “transparencia”, sería lógico pensar que iban a publicar los cuatro resultados: carga-beneficio neutralizado, carga-beneficio sin neutralizar, flujo monetario neutralizado y flujo monetario sin neutralizar. Pues no… Resulta que el señor Mas-Colell sólo presentó dos: los neutralizados (o cocinados, como cada uno prefiera). Y qué casualidad, eran justamente los dos que más convenían a las tesis de CiU. En uno, aparecía un déficit fiscal de 16.409 millones, y en el otro, de 11.261 millones.Mientras, en la documentación más detallada (es decir, fuera de las notas de prensa) se incluía una tercera cifra, que daba un déficit de apenas 791 millones. Pero, ¿y el cuarto método de cálculo? Ni una palabra sobre el mismo. Ahora, sabemos que con este sistema lo que habría aparecido es ¡un superávit de 4.015 millones de euros!Cuando decimos que “habría aparecido” es porque esa cifra no estaba ni en la presentación entregada a la prensa ni en la documentación más extensa publicada por la Consejería. De hecho, este dato lo hemos conocido porque un órgano asesor del Gobierno regional lo ha incluido (puede que sin darse cuenta de la importancia política del dato) en un informe sobre la financiación de Cataluña. Aunque es difícil que ningún político nacionalista lo admita, la cifra no es sorprendente. De hecho, hace unos meses, Convivencia Cívica Catalana (CCC) publicó un estudio en el que aseguraba que los cálculos de Mas-Colell estaban mal planteados. Sus cifras, tal y como publicó Libre Mercado, eran muy parecidas a las que hemos conocido este lunes.La discusión de si uno u otro de los métodos es más fiable podría ser larga. Lo curioso es que aquéllos que más piden “transparencia” a los demás, se apliquen de una manera tan peculiar este principio a sí mismos.Fuente: Libre Mercado

Mientras ahora tanto los populares como los socialistas sitúan “bajo sospecha” a Convergencia Democrática de Cataluña por la trama de las estaciones de las ITV y del expolio del Palau de la Música e instan al presidente a rendir cuentas sobre la procedencia de la financiación de su partido.

Por este último caso el juez impuso a CDC una fianza de más de tres millones de euros por el dinero desviado a través del Palau de la Música con las adjudicaciones de obras públicas en los Gobiernos de Jordi Pujol, y que el partido de Artur Mas avaló esa cantidad con su sede central de Barcelona.

A tenor del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Convergencia Democrática de Cataluña se perfila como “el gran beneficiario del expolio económico” del Palau de la Música, según el diario ABC. En concreto, el partido podría haber recibido, como mínimo, un total de 5,9 millones de euros entre 2002 y 2008

Estas cantidades de dinero las habría entregado el presidente del Palau, Felix Millet y su número dos, Jordi Montull, de forma opaca y en efectivo a los responsables de las financias de CDC en aquel tiempo, Carles Torrent y Daniel Osácar.

Fundación Trias fargas

Además del presunto desvío de fondos de Ferrovial a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través del Palau, habría otras constructoras que podrían haber pagado comisiones a la formación nacionalista canalizadas a través de la Fundación Trias Fargas a cambio de la adjudicación de obra pública. En concreto, entre 2002 y 2008 la plataforma de pensamiento afín a CDC habría recibido de éstas 6,5 millones de euros de donaciones particulares, el 64,9% de su financiación.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que recoge en un informe estos datos que este martes revela ABC, evidencia cierta desconfianza sobre que la financiación vía donación sea tan excesiva y menciona expresamente el “entroncamiento” de sociedades, sobre todo, constructoras con los sectores públicos catalanes y como de ahí se derivaron permisos, licencias y adjudicaciones.

El abanico de constructoras que donaron fondos a la fundación Trias Fargas en muy amplio. Tanto constructoras de ámbito nacional como ACS, que habría donado 250.000 euros o Fomento de Construcciones y Contratas que se le atribuyen 159.000.  También hay empresas de construcción con implantación autonómica como Rehac SA, Copisa, Tamisa, Bruesa, Nova lloret. Grupo Excover y Construcciones PRH  que aportaron un total e 614.000 euros entre todas ellas.

La concesionaria de autopistas Abertis financió a la fundación con 150.000 euros. La misma cantidad pagó igual que el Grupo Ferrer International dedicado a la venta de productos farmacéuticos, químicos y de alimentación.

(Datos de El Economista Y ABC)

“Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales”.

 

El Consejo General de la Abogacía Española pedirá a partidos políticos, Defensor del Pueblo, jueces y organizaciones de consumidores que formulen recursos y cuestiones de inconstitucionalidad por vulneración de derechos si el Gobierno aprueba la Ley de Tasas, que esta tarde se vota en la Comisión de Justicia del Senado.

Así lo ha asegurado hoy el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, durante la concentración celebrada esta mañana ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en protesta por la tramitación de este tributo, bajo el lema “Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales”.

En la concentración, en la que han participado unas 300 personas, Carnicer ha estado acompañado del juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, junto a representantes de todas las candidaturas en el proceso electoral al Colegio de Madrid.

“Los abogados estamos defendiendo las libertades civiles de la ciudadanía. No es de recibo que, si se aprueba esta ley, la inmensa mayoría de los españoles tengan que pedir un préstamo para poder pagar las tasas judiciales”, aseguró Carnicer, quien añadió que la institución que preside impulsará los recursos de amparo que pueden plantearse cuando los ciudadanos dejen de pagar las tasas por “abusivas”.

El presidente de la Abogacía añadió que si el Gobierno mantiene esta ley es “porque no conoce la realidad social del país o porque la conoce y deja a la mayoría de los españoles sin acceso a la justicia”.

Esta concentración de los abogados madrileños coincide con las que se han realizado de forma simultánea en todas las sedes judiciales o colegiales de España para reclamar la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas que se encuentra en tramitación en el Senado.

El presidente de la Abogacía recordó que un ciudadano tendría que abonar 19.500 euros en concepto de tasas, incluido el recurso ante el Tribunal Supremo, por un juicio de accidente de tráfico.

En un procedimiento de divorcio con reclamación de pensión compensatoria de 200 euros mensuales, los ciudadanos tendrían abonar en tasas 812 euros hasta ejercitar el recurso de apelación.

Las concentraciones que se han realizado en toda España responden al rechazo del Consejo General de la Abogacía, los diferentes Consejos Autonómicos y los 83 Colegios de Abogados de España –que representan a más de 190.000 abogados- de la imposición de tasas judiciales para que los ciudadanos puedan pedir justicia ante los tribunales. La convocatoria se ha hecho extensiva a magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, funcionarios y a cuantas personas tengan interés en que se ponga solución a los problemas de la Justicia.

Durante los actos se ha leído el Manifiesto aprobado de forma unánime por la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía, en su sesión extraordinaria celebrada el 8 de noviembre exigiendo la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas.