Las ‘eléctricas’ y las conexiones con los políticos # #OLIGOPOLY

España vive en una negación de la realidad al  Sistema de puertas giratorias, ¿hace falta decir a quién defienden de verdad

No habría problema  si saltaran al sector privado en empresas no dependientes de la administración ,por razones que obvias y

es muy peligroso siempre  que estos  sean “fichados” por compañías que viven de regulación.

La lista es inmensa, tras pasar por la politica. Aún algunos se creen lo que leen en los periódicos o les cuentan en los mitines.

El problema es que nos parece normal este tipo de sistemas y un día cuando miremos atrás alucinaremos de lo incautos que

eramos según nos acercábamos al borde de la cascada. Hacia donde vamos es un escenario ya inventado: la ley del más fuerte.

Para el que no se entere: Creo que es sencillo comprender el porqué de las extraordinarias subidas de algunas tarifas como luz, gas, etc.

Deberían incluir en la “Ley de transparencia”, que ningún político que haya tenido de algún modo poder de decisión sobre estas tarifas,

trabaje para susodichas compañías. .

Felipe González, Elena Salgado y José María Aznar
Salgado ha fichado como consejera de una filial chilena de Endesa
Felipe González y José María Aznar asesoran a Gas Natural y Endesa
De Guindos fue consejero de la eléctrica antes de ser nombrado ministro
Miquel Roca y Miguel Boyer también son consejeros en el sector.

Siendo una obviedad que la gestión energética es complejísima y que la situación española, esto es, la de un país sin recursos energéticos que importa el 80% de la energía que consume, agrava aún más el problema, no lo es menos que las decisiones que adoptan nuestros responsables públicos, con demasiada frecuencia, parecen responder mejor al interés de las poderosísimas empresas del sector que al general de los ciudadanos.

Las razones pueden ser diversas, pues también lo son las características de estas empresas y de sus áreas de especialización, pero empieza a ser “vox populi” que nuestros altos dirigentes ansían con demasiada frecuencia un retiro dorado en estas empresas, al calor de jugosas remuneraciones … y que lo encuentran también con sorprendente frecuencia.

Y es que quienes nos dirigen no siempre parecen tener claro que están en sus puestos para velar por el interés general y no por el suyo propio, lo cual explica, entre otras cosas, la brecha creciente entre la privilegiada clase política y  la sufrida –cada vez más- ciudadanía.

En materia energética pedimos dos cosas a quienes han de adoptar decisiones:

-Que posean la competencia, la inteligencia, la preparación y la capacidad que exige trabajar en una materia de tan extraordinaria complejidad.

-Que busquen exclusivamente el interés general, el de los ciudadanos y no intereses sectoriales de grupos de poder o empresariales.

Y lo cierto es que, frecuentemente, ni lo uno, ni lo otro.

RECOMIENDO encarecidamente  para entenderlo el  ; Blog solar de Jumanji

El fichaje de la ex ministra de Economía, Elena Salgado, como consejera de una filial de Endesa volvío a reabrir el debate sobre si es ético que los políticos que han ostentado cargos públicos den el salto al mundo privado.Pero nada ha cambiado.

Muchas de las grandes empresas españolas cuentan con ex políticos entre sus consejeros o asesores, especialmente las energéticas, un sector en el que se han prodigado estos fichajes. El principal ‘activo’ que pueden aportar son sus contactos, labrados durante sus años en el Gobierno.

Entre los políticos que colaboran con empresas energéticas se encuentran dos ex presidentes del Gobierno. Felipe González es consejero independiente de Gas Natural Fenosa mientras que José María Aznar es asesor de Endesa, eléctrica que fue privatizada durante su mandato. Además, el antiguo jefe del Ejecutivo del PP es también consejero de New Corporation, el imperio mediático de Rupert Murdoch.

Los expresidentes percibían  82.000 euros del Estado al año en concepto de asignación vitalicia, aunque sus actividades privadas no contravienen el régimen de incompatibilidades.

El ex ministro de Economía y ex comisario europeo Pedro Solbes se sienta en el consejo de administración de la italiana Enel, que, a la sazón, es el mismo grupo empresarial que Endesa, ya que posee el 92% de la eléctrica española. Además, Solbes entró también como consejero del banco británico Barclays el pasado año.

Como vocal del consejo de administración de Endesa también figura Miquel Roca, padre de la Constitución ex portavoz de  CiU en el Congreso durante varias legislaturas.

El actual ministro de Economía y Competitividad y ex presidente de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, era miembro del comité de nombramientos y retribuciones de Endesa, cargo que dejó para incorporarse al Gobierno.

El ex ministro de Economía, Hacienda y Comercio, Miguel Boyer, ocupa un sillón de consejero en Red Eléctrica, la empresa encargada de gestionar el transporte eléctrico en España y participada en un 20% por capital público.  José Folgado, secretario de Estado en el Ejecutivo de José María Aznar, o la ex diputada socialista Arantxa Mendizábal.

Otra ex política en REE es María de los Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad y Consumo.

El consejo de Repsol cuenta desde 2007 con la representación de Luis Carlos Croissier Batista, ministro de Industria y Energía con Felipe González. Croissier también ocupó el cargo de presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Instituto Nacional de Industria (INI).

Otro ex ministro que trabajó para una energética fue Narcís Serra, consejero de Gas Natural desde abril de 2008 hasta el pasado mes de diciembre. Serra también ocupó el cargo de presidente de Caixa Catalunya hasta que la entidad se fusionó con otras cajas catalanas para formar CatalunyaCaixa.

Los políticos también han llegado al consejo de Iberdrola, representados en este caso por José Luis Olivas Martínez, ex presidente del Gobierno valenciano. Olivas -que a su vez ha sido vicepresidente de Enagás y consejero en Abertis Infraestructuras- ocupa un sillón en Iberdrola en representación de Bancaja, entidad integrada ahora en Bankia.

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Es una VERGUENZA NACIONAL que algunos políticos viven de la estafa del oligopolio eléctrico español. Es la única industria con beneficios crecientes con demanda decreciente, porque está regulada  y los políticos deciden la cuenta de explotación.

Pero ni machacando a las renovables se elimina el déficit de tarifa, estamos pagando la energía nuclear y la hidroeléctrica a precios hasta veinte veces su coste, gracias a los políticos en excedencia medrando contra el interés público.general de los españoles.

Quita del  del artificial déficit tarifario, NUEVA LEY DE INCOMPATIBILIDAD, y NINGÚN EX-POLITICO COBRANDO DEL OLIGOPOLIO  ELECTRICO DE UNESA. 

Se están saltando leyes, reales decretos, decretos, órdenes es un no parar …. preparo nuevo y extenso y facil  post para entender esto .Y en los organismos que está recurrido

Derogar todas las normas y empezar de zero. Hay que hacer RESET. ¿Se atreverá algún político? #Oligopoly

Enhorabuena a @jordievole y a @salvadostv por el éxito de audiencia de #Oligopoly de anoche. La energía interesa, y mucho, a los ciudadanos.

Para los que tenian dudas sobre el #oligopoly de la energía http://t.co/2lDoADB0 El #Salvados más visto.

Y vuelvo a adjuntar la lista de los

Algunos Politicos en Consejo de Adminitracion de empresas privadas

Basta ya de impunidad. Una querella criminal contra los recortes sanitarios.

Grupos de pacientes y ciudadanos presentan una querella criminal contra Boi Ruiz, el Consejero de Sanidad de Cataluña

El 19 de noviembre de 2012, La PARS, La Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y Dempeus per la salut pública hemos presentado una querella criminal contra Boi Ruiz y su equipo de gobierno del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Consideramos que el Conseller y su equipo podrían haber cometido los delitos tipificados en los artículos del Código Penal referidos alimpedimento del ejercicio de derechos cívicos (art. 542), a laomisión del deber de socorro (art. 196), al tráfico de influencias (art. 428) y a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 441). Esta querella es un segundo paso en lucha por denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el atentado contra los derechos de la ciudadanía. En marzo de 2012 ya presentamos una denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El Fiscal reconoció el daño causado a los ciudadanos por las decisiones del Departament de Salut, a pesar de lo cual decidió no investigar estos hechos. Por ello, decidimos continuar investigando y presentar nuestra querella ante el TSJC.

El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es notorio en Cataluña. Los ciudadanos que firmamos esta querella somos conscientes de que el sistema sanitario puede verse resentido como consecuencia de la crisis económica que la sociedad está sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los Altos Cargos que aquí denunciamos provocan un deterioro en el derecho de protección a la salud que tiene un límite y es el que fija la legislación vigente. Existen datos objetivos que indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue incumpliendo la legislación que regula, por ejemplo, las listas de espera, uno de los indicadores clave a la hora de evaluar el derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, ya queel ordenamiento jurídico otorga el carácter de derecho de las personas operarse un tiempo máximo de 6 meses. Este derecho, particularmente, habría sido vulnerado sistemáticamente como consecuencia de las decisiones de los Altos Cargos de la Generalitat de Catalunya, con plena conciencia de que sus medidas conducirían a su vulneración, como exige el Código Penal para calificar estas conductas de delictivas.

Los problemas económicos de nuestra sociedad no pueden ser justificación para impedir que los ciudadanos ejerzamos los derechos regulados por Ley. Nuestra legislación permite reducir presupuestos, reorganizar sistemas o potenciar ciertos sectores económicos en función de la línea ideológica de cada gobierno, pero en ningún caso las medidas que se apliquen pueden llevar al impedimento del ejercicio de derechos, como es el derecho a la protección de la salud que la Constitución instaura en el artículo 43 y se desarrolla en otras leyes, incluido el Estatut d’Autonomia de Catalunya. Los límites los pone la Ley y el Conseller y su equipo los habrían rebasado a sabiendas. Asimismo hay indicios de que el Departament de Salut estaría manipulando, y en algunos casos ocultando, datos oficiales para minimizar el impacto de los datos reales en la opinión pública y, lo que sería más relevante judicialmente, para acaso disimular conductas delictivas como las que denunciamos en nuestra querella.

La respuesta de la ciudadanía apelando a los tribunales es obligatoria cuando desde los poderes públicos encargados de garantizar los derechos se toman medidas que llevan a que la ciudadanía no pueda ejercerlos, cuando hay indicios de que no están cumpliendo la Ley al elaborar la información pública sobre listas de espera, cuando hay ciudadanos que fallecen por no poder ser atendidos en los centros sanitarios cerrados, cuando hay sospechas de que se utilizan estrategias estadísticas para ocultar datos oficiales a la ciudadanía, cuando los Altos Cargos de la sanidad pública tienen simultáneamente Altos Cargos en el sector sanitario privado, cuando se podría estar utilizando la legislación de forma interesada para favorecer al sector privado, cuando hay informaciones que dicen que el propio Conseller preside una empresa de servicios sanitarios privados o cuando ha salido a la luz que la esposa del Conseller ha sido recientemente contratada en una corporación sanitaria pública para hacer labores de gestión, la Corporació ParcTaulí de Sabadell.

La corrupción no terminará hasta que no acabemos con la impunidad. Los ciudadanos querellantes apelamos al resto de la ciudadanía para que colabore en eliminar el sentimiento de impunidad que está situado en los despachos de los Altos Cargos de la Generalitat, que ni se les pasa por la cabeza que sus actos puedan tener consecuencias penales y para ello os invitamos a cooperar de diferentes formas, principalmente aportando información. Estamos trabajando en un canal de comunicación seguro y que garantice la confidencialidad de todo aquel que participe. En cuanto esté disponible os lo haremos saber.

En la querella, que consta de 80 páginas que componen el cuerpo y de más de 400 páginas de anexos, manifestamos que, sin entrar en el debate sobre sanidad pública versus sanidad privada, es inadmisible que los ajustes presupuestarios o, en su caso, los cambios de modelo, se hagan a costa de imposibilitar el ejercicio de derechos garantizados por la Ley para después, supuestamente, volver a recuperarlos. El Conseller no tomó las medidas suficientes y necesarias que tenía a su alcance para corregir la situación caótica que había provocado, sea por ignorancia, incompetencia o interés. Nosotros pensamos que es por lo tercero. El Conseller y su equipo, más bien al contrario, aun sabiendo que incumplirían la Ley siguieron tomando decisiones que justificarían incluso más la imposición de las penas relativas a los presuntos delitos que denunciamos.

Col·labora y Fuente Original:

http://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/adhesions/adhesiones/

El Tribunal de Cuentas destapa la corrupción en las autonomías.

Un poco raro, ¿será que ya han prescrito los delitos? 
¿Lo sacan ahora que ya solo quedan las elecciones catalanas?  lleva meses el informe sobre la mesa

Lo importante es que la porquería se airee  YA y  a tiempo y los ciudadanos veamos debajo de que alfombras hay que hacer limpieza

Y sepamos porqué  extraños motivos no  hay nadie en la carcel,todavía de tantísimos y taantítismos acusados de corrupción

Todos sabíamos la corrupción y tramas como Gurtel, como volaban los maletines en comunidades y ayuntamientos, que han hecho estos, no es su trabajo perseguir estos delitos? El Tribunal de Cuentas destapa la corrupción de hace 6 años… y además, el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para sancionar a los corruptos, sigan o no en algún puesto de responsabilidad.

¿Como es posible que a Pedro Jota se le haya escapado esto o solo se centra en la corrupción de Artur Mas y Pujol?

Si hay pruebas, que la justicia actue YA!

– Ofertas injustificadas
– Troceo para evitar el concurso. 
– Falsa urgencia
– Abuso del concurso en lugar de la subasta. 
– Vía injustificada
– Falta de criterios
– Sin datos técnicos
– Bajas extrañas
– Sin publicidad
– Modificación de contratos
– Facturas sanitarias
– Consultorías a granel

La auditoría halla múltiples ilegalidades en 2.500 expedientes por 10.000 millones

Las comunidades abusan del concurso en lugar de contratar mediante subasta

 

El Tribunal de Cuentas denuncia en su último informe sobre la gestión de las comunidades autónomas el grave descontrol en la contratación pública, donde se cometen múltiples ilegalidades que han dado lugar a graves casos de corrupción que investigan todavía los tribunales de justicia.
La auditoria ha analizado cerca de 2.500 contratos de todo tipo (obras, suministros, consultorías y otros) adjudicados por casi 10.000 millones de euros entre 2006 y 2007.
La radiografía del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías que se producen en la contratación de las comunidades saca conclusiones especialmente graves sobre la utilización de dinero público por parte de los Gobiernos autónomos.
El informe del Tribunal de Cuentas, que llegó hace seis meses al Congreso de los Diputados y aún no se ha analizado y debatido, desgrana la gestión del gasto de todas las autonomías en 2006 y 2007. “No hay fecha para analizar ese informe porque llevamos retraso”, señalan fuentes parlamentarias. 
http://politica.elpais.com/politica…946_416981.html

Escándalos en los tribunales

‘CASO GÜRTEL’ EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Los tribunales investigan la adjudicación de decenas de contratos a dedo, muchas veces con el procedimiento negociado sin publicidad que denuncia el Tribunal de Cuentas, a la trama Gürtel. Además, los jueces investigan si empresas privadas que contrataban con la Comunidad Valenciana acabaron pagando los mítines del PP a través de la red Gürtel.

‘CASO OVER’ EN BALEARES. El juzgado de instrucción de Palma de Mallorca investiga la adjudicación a dedo de múltiples contratos a la empresa de publicidad Over MC que, a su vez, montaba mítines para el PP de Jaume Matas que eran financiados, en parte, con aportaciones de hoteleros, o por la propia Over MC como consecuencia del trato de favor que recibía del Gobierno balear.

‘CASO PALAU’ EN CATALUÑA. La investigación judicial sobre el expolio del Palau de la Música destapó múltiples irregularidades en la adjudicación de obra pública en Cataluña por la que, supuestamente, pagaban las constructoras comisiones ilegales que financiaban a Convergencia Democrática de Catalunya, uno los partidos del Gobierno catalán.

El informe es diáfano en su análisis. Y anota en una decena de folios de los 239 que tiene el estudio todas las irregularidades detectadas.

Ofertas injustificadas. “Falta de justificación por los servicios promotores de la necesidad de los contratos para el funcionamiento de los correspondientes servicios públicos o justificaciones carentes de un nivel de concreción razonable o insuficiente justificación de los costes de las contrataciones al haberse aportado los correspondientes datos, cálculos y cuantificaciones”.

Troceo para evitar el concurso.“Fraccionamiento indebido de la cuantía de los contratos con la finalidad de tramitarlos mediante procedimientos negociados sin publicidad o como contratos menores, según los casos, eludiéndose de este modo los procedimientos y formas de contratación establecidos para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia”.

Falsa urgencia. “Abuso de la tramitación de urgencia de los expedientes, en muchos casos, sin justificarse adecuadamente, que implica la reducción a la mitad de los plazos establecidos lo que, en ocasiones, implica una restricción de la concurrencia”.

Abuso del concurso en lugar de la subasta. “Utilización desproporcionadamente mayoritaria del concurso en detrimento de la subasta, forma ordinaria de adjudicación de obras, que se aplicó muy escasamente a pesar de que, por el carácter absolutamente reglado del procedimiento, implicaba un menor riesgo de conculcación de los principios de transparencia y objetividad y de que, generalmente, permitía obtener las mayores bajas sin perjuicio del aseguramiento de los medios, la capacidad y la solvencia de las empresas licitadoras”.

Vía injustificada.“Falta de justificación o injustificación inadecuada de la elección del procedimiento y forma de adjudicación de los contratos, en particular, de los supuestos legales que permitían la contratación conjunta de proyectos y obras”.

Falta de criterios “Deficiente establecimiento de los criterios de adjudicación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los concursos al no expresarse con precisión o al no fijarse la metodología para su aplicación y para la asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos; o al establecerse como criterios aspectos que solo deben utilizarse para la admisión a las licitaciones, referentes a la valoración de los medios materiales y personales o a la experiencia de las empresas. En algunos casos, se establecieron mayores puntuaciones para los licitadores que acreditaban experiencia o medios vinculados con la respectiva comunidad autónoma, lo que resulta contrario a los principios de igualdad y no discriminación, y no siempre se establecieron con precisión límites a las variantes o alternativas que podían establecer los licitadores, lo que implica una especial dificultad para una valoración homogénea y objetiva de las ofertas”.

Sin datos técnicos. “Deficiente fundamentación de las adjudicaciones de los concursos en informes técnicos de valoración de las ofertas sin motivar o incorrectamente motivados”.

Bajas extrañas. “Insuficiente valoración de las bajas de los precios de las ofertas en los pliegos y/o informes de valoración de los concursos, sin que consten circunstancias que pudieran justificar esta actuación que no es conforme con el principio de economía en la gestión de fondos públicos. Con frecuencia, las apreciaciones de temeridad en las bajas ofertadas no se ajustaron a los requisitos legales”.

Sin publicidad. “Falta de justificación de los supuestos legales que permiten la utilización de los procedimientos negociados sin publicidad, que implican la exclusión de los contratos así asignados de publicidad y libre concurrencia, la mayor discrecionalidad en la selección de los adjudicatarios y en los que, además, no suelen obtenerse bajas apreciables, particularmente cuando se invocó la existencia de una imperiosa urgencia o de un fin único empresario capacitado para la realización de las correspondientes prestaciones”.

Modificación de contratos. “Modificaciones de contratos en ejecución, particularmente de obras, que no responden a nuevas necesidades surgidas durante su ejecución, sino a imprevisiones o deficiencia en las actuaciones preparatorias y sin que, generalmente, conste la exigencia de las correspondientes responsabilidades y/o resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las administraciones. En ocasiones, se tramitaron indebidamente como contratos complementarios algunos que, en realidad, constituyeron modificaciones por contener actuaciones cuya ejecución era absolutamente necesaria e inseparable de las inicialmente proyectadas”.

Facturas sanitarias. Mientras ahora algunas autonomías rebuscan distintas fórmulas de privatización o copago en materia sanitaria, incluido el euro por receta, el informe de los gastos de 2006 y 2007 denunciaba la “deficiente constancia de la conformidad de la Administración con las facturas correspondientes a suministros de bienes fungibles o de material sanitario a hospitales o servicios públicos de salud”.

Consultorías a granel. “En contratos de consultoría, asistencia o servicios, falta de justificación con un grado de concreción razonable de la imposibilidad de ejecución de las prestaciones con los medios personales o materiales propios de las administraciones”.

Todas estas anomalías denunciadas por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la gestión autonómica siguen produciéndose a juzgar por las causas abiertas en los tribunales de justicia de todo el país.