Que en un país los cargos público ostenten una cosa llamada “inmunidad ” ya debería ser, de por sí, una cuestión revisable. Se pueden entender algunas de las razones esgrimidas para ello, pero en modo alguno la inmunidad puede ni debe ser total ni prácticamente incondicional. Y fundamentalmente, cuando el problema principal de este país a estas alturas se denomina, con todas sus letras, en mayúsculas y en negrita, CORRUPCIÓN.
Corrupción es lo que convierte a España en el hazmerreír de Europa. Lo que hace que los países que aportaron recursos para intentar equiparar la situación de nuestro país a la su contexto natural se planteen si hicieron bien al ver que una parte sustantiva de ese dinero ha sido malversado, desviado o absorbido por tramas organizadas corruptas y circuitos de comisiones infinitas. Corrupción es lo que hace que se nos caiga la cara de vergüenza cada vez que abrimos un periódico, sobre todo cuando llega ya a los extremos del putiferio barato, de los alias cutres, de la destrucción de pruebas y de la sensación de impunidad. Corrupción asquerosa, putrefacta y maloliente, a todos los niveles. Corrupción es lo que, como ciudadanos, no podemos en modo alguno aceptar como norma ni considerar “parte del panorama”, por mucho que desayunemos, almorcemos y cenemos con noticias que la tienen como protagonista principal. Y en España hay corrupción. Mucha corrupción . Peor aún: hay corrupción institucionalizada. Y es fundamental y perentorio detenerla como sea.
¿Cómo se detiene la corrupción? Solo hay una manera: con transparencia total, y con el recurso a medidas radicales. Una situación así, de auténtica emergencia nacional, solo puede detenerse con medidas extremas. Medidas extremas suponen aprobar con urgencia leyes que permitan detectar la corrupción de manera inmediata se produzca al nivel que se produzca, supone decretar la inhabilitación inmediata de cualquier implicado y una pena mínima de cárcel suficientemente ejemplarizante tanto para el corrupto como para el corruptor. Supone que no solo el representante público implicado, sino también el empresario o ciudadano que paga, pasen por la cárcel un número de años suficiente como para disuadir la comisión del delito. Ni un solo atisbo de medias tintas: la corrupción es perfectamente reconocible por todo aquel que la quiere reconocer.
Los iPads son una maldita anécdota, pero también una verdadera llamada de atención. Pretender justificar su pérdida con un “es que viajamos mucho” es completamente impresentable: hablamos de un recurso pagado con dinero publico y que puede contener información sensible: lo mínimo es custodiarlo adecuadamente. Va en el cargo. Si además no se han perdido, sino que se han “perdido” entre “comillas”, la cosa es infinitamente más grave, y precisa de medidas inmediatas y tajantes. No por los iPads, sino por lo que significan. Que quien tenía que legislar, se dedica a “despistar”, a “descuidar”, a “extraviar”. Muy grave. Muy significativo. Y el problema fundamental que están en la raíz de todos los demás que tiene este país.
«Cada diputado tiene a su disposición un Iphone y un Ipad con conexión a internet. A todo ello se suma el coste de las líneas fijas de Congreso, elevando el gasto hasta el 1.150.000 que se pagó en 2011, los 700.000 euros que se gastaron este año o los 500.000 que se prevé gastar en 2013.»
- El Congreso dejará de reponer los tablets iPad que pierdan los diputados o les sean sustraídas, y sólo abonará la primera reparación que puedan precisar, según ha confirmado el presidente de la Cámara, Jesús Posada.
La Cámara enviará una carta a los diputados anunciándoles que ya no se seguirá con esta práctica. La decisión definitiva se tomará formalmente la próxima semana en la Mesa del Congreso.
La medida de austeridad se aplica principalmente a los ‘tablets’ extraviados ya que, en caso de avería, se mantendrá el compromiso de arreglarlo, aunque sólo una vez. A partir de la segunda, la reparación correrá a cargo del diputado.
La Cámara Baja entiende que el material que se facilita a los diputados es responsabilidad de ellos y, en esta etapa de crisis, hay otras prioridades de gasto por encima de la reposición.
Además, el Congreso baraja la posibilidad de habilitar unaaplicación para anular e incluso tratar de localizar los ‘tablets’ perdidas, por lo que se entiende que los que se han extraviado hasta la fecha no llevaban activada la aplicación ‘Buscar mi iPhone’.
Esta medida se dirige especialmente a los iPads robados, según ha precisado Posada
Los cuidan como nos cuidan a los españoles,que también es su obligación ,y así estamos,con gente que ni sabe ni conservar un IPAD pagado por nosotros que legislan sobre el destino de millones de personas. ¿No pueden usar un netbook ó una tablet de las más baratas? No, tiene que se precisamente un iPad que no es que sea barato
.-Si son herramientas de «trabajo», NO deberían de salir de su lugar de trabajo (sea Senado o Parlamento).
-Si son SUS herramientas, ellos mismos deberían de hacerse cargo de su buen estado y funcionamiento.
Les pagamos: móviles de última generación, ordenadores potentes, tablets de los caros, internét para ellos y para su casa, etc., mientras miles de españoles rebuscan entre la basura.¿algún diputado ha alzado la voz y devuelto los móviles dada la situación del Pais? ¿alguno ha protestado siquiera o propuesto una medida de ahorro al respecto? ¿alguna sus señorías que piense más en los parados que en sus propias prebendas? ¿existe dentro de ese Parlamento una sola persona que sienta compasión por su pueblo?
Pues eso….
Contra la impunidad ya! 