Lista de indultos concedidos en España.


 

La siguiente es una lista de indultos concedidos en España. Los indultos se publican en el Boletín Oficial del Estado (búsqueda de indultos en BOE). Los distintos gobiernos de España han realizado una serie de indultos muy controvertidos incluyendo banqueros, alcaldes condenados por corrupción y hasta policías condenados por torturas. A veces los indultos reducen los años de cárcel o directamente se conmutan con una multa para eludir la prisión. La ley que regula la concesión de indultos es del 18 de junio de 1870.[1]

 

La web colaborativa #15Mpedia ha publicado el listado de los indultos concedidos desde el año 1995, aunque aún se halla en proceso de “construcción”. De la misma pueden extraerse ya datos muy concluyentes sobre los delincuentes que se han beneficiado.

Alguno, por aquello de que lo suyo es imposible de tapar, resulta condenado, entonces el poder ejecutivo, el gobierno (o sea, los mismos que se han beneficiado con el silencio del corrupto pillado) tiene la POTESTAD LEGAL de anular la ejecución de la codnna. Ojo, no la condena en sí, sino sus consecuencias penales y penitenciarias.

Y, desde luego, el gobierno usa y abusa de esa potestad, que funciona como promesa y garantía de que los condenados no tirarán de la manta.

Les deben decir: “tú calla y, en el peor de los casos, si el juez no traga, ya te indultaremos, así mejor para todos”.

La POTESTAD DE INDULTO GUBERNAMENTAL es un auténtico escándalo y la evidencia de que no vivimos en una democracia, sino en un régimen oligárquico con decorado “liberal”.

 

 

[editar]2011

Una búsqueda en el BOE arroja los siguientes resultados por año.

Presidente Partido Inicio Fin Indultos civiles Indultos militares Total indultos Indultos/días legislatura
Adolfo Suárez UCD 2 de abril de 1979 26 de febrero de 1981 410 0 410 0,58
Leopoldo Calvo-Sotelo UCD 26 de febrero de 1981 2 de diciembre de 1982 878 0 878 1,36
Felipe González PSOE 2 de diciembre de 1982 5 de mayo de 1996 5943 1 5944 1,21
José María Aznar PP 5 de mayo de 1996 17 de abril de 2004 5897 51 5948 2,04
José Luis Rodríguez Zapatero PSOE 17 de abril de 2004 21 de diciembre de 2011 3222 156 3378 1,20
Mariano Rajoy PP 21 de diciembre de 2011 23 de noviembre de 2012 434 34 468 1,38

[editar]Noticias relacionadas

[editar]Referencias

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Famosos casos de Corrupción destapada e ignorada.

Corrupción destapada e ignoradanov 24, 2012

Las protestas democráticas de los indignados castigadas duramente para dar un escarmiento a los ciudadanos que sufren las consecuencias más negativas de la esta estafa llamada crisis, mientras los imputados en los casos Gurtel, Millet, palma arena y demás en vía muerta esperando a ver si prescriben sus delitos.

Para recordar: aquí una os dejamos una lista detallada de casos de corrupción que fueron ignorados y ninguno de los culpables acabó en la cárcel:

 

 

Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)

 

Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un “impuesto” de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.

 

 

Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.

Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.

 

Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.

 

 

Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.

 

Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

 

Caso Malaya: El saqueo a Marbella es de 500 millones la red de testaferros del ‘caso Malaya’ blanqueó más de 671 millones a Roca. A día de hoy sin sentencia dictada y con algunos imputados en prisión preventiva, habrán condenas de cárcel?? Lo veremos…

 

 

Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.

 

Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.

Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.

Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.

Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.

Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.

Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo,José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.

Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.

 

Caso Palma de Arena: El tribunal señala como hechos probados que la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert (absuelta), “convenientemente asesorada” expuso a Alemany que su contratación para la redacción de los discursos del presidente balear solo era viable, a través de un contrato menor, o su designación como asesor del presidente. Alemany rechazó ambas, según recoge la sentencia, “sea porque el máximo a percibir a través de un contrato menor era el de 12.000 euros sea porque su contratación como asesor personal, aun cuando de mayor dotación, ni le era satisfactoria profesionalmente ni le era rentable económicamente, pues quería seguir manteniendo su colaboración tanto como articulista con el periódico El Mundo/el Dia de Baleares.

Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.

Caso Nóos o Caso Urdangarin: derviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta Cristina.

 

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-…)

 

Caso Berzosa: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas). Por ello la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo, ante la posibilidd de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso, tráfico de influencias. La Fundación de la UCM ha defendido la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.

Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.

Caso Brugal: La magistrada Ana Belén Cordero, quien dirige la investigación del caso Brugal desde el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, ha imputado a 19 personas más por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja en un auto que se ha notificado a las partes esta semana.

Caso Mercasevilla: El jurado del caso Mercasevilla ha declarado culpables al exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de cohecho, por la supuesta petición de un soborno de 300.000 euros a dos empresarios hosteleros a cambio de obtener una subvención para una escuela de hostelería. Rivas es el alto cargo de la Junta declarado culpable de mayor rango hasta ahora, ya que el ex director general de Carreteras Manuel Ollero, condenado en 2006, fue absuelto más tarde.

Caso Palau: Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), miembro de la coalición CiU, tiene que abonar una fianza de 3,2 millones por haberse beneficiado, presuntamente, del saqueo del Palau de la Música, una de las instituciones emblemáticas de la cultura catalana. El juez que investiga el caso Palau considera que el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas, debe figurar como responsable civil en la causa. Cuando el auto le sea notificado oficialmente, CDC tendrá 24 horas para pagar la fianza. De lo contrario, según la resolución judicial, “se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe”. Actualmente, la sede de CiU se encuentra embargada por este hecho.

Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.

Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.

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¿ Que piensan los partidos sobre apartar a acusados por corrupción de cargos públicos?

Rechazan un acuerdo de PP y UPyD para apartar a acusados por corrupción de cargos públicos

   El PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV han descalificado en el Congreso el compromiso alcanzado por PP y UPyD para acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales. A su juicio, actuar contra quien aún no está condenado vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

   Apartar de raíz a los implicados en casos de corrupción es una reivindicación que UPyD planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre. Rosa Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura es muy preliminar porque aún no pesa ningún indicio de criminalidad, por lo que ofreció estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral, donde ya hay una acusación formal.

La formación magenta aceptó que la mera imputación no suponga la exclusión de la vida política y en su moción pedía actuar contra los “acusados formalmente”, de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

Aunque en un primer momento el PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente ambas partes alcanzaron este martes un texto de consenso instando al Gobierno “a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público”.

EL PP PROMETE VALENTÍA PARA ENCARAR LAS REFORMAS

El PP, por boca de su portavoz de la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha prometido “la mejor disposición para ser valientes en estas reformas legislativas”, aunque no hay fecha para su aplicación.

El acuerdo, recogido por Europa Press, se votará este jueves en el Congreso, pero ya ha sido objeto de debate en la sesión plenaria del miércoles, donde socialistas y nacionalistas han expresado su disconformidad.

Para Julio Villarrubia, del PSOE, apartar a quien es objeto de acusación conculca la presunción de inocencia, lo que puede ser causa de inconstitucionalidad, y podría convertirse en un arma para luchar contra los rivales políticos porque bastaría con una querella para poner en cuestión el derecho al sufragio pasivo. “El daño que produciría una reforma de este tipo sería irreparable”, ha avisado.

Emilio Olabarria, del PNV, ha acusado a UPyD de utilizar un “argumentario populista y demagógico” y ha avisado de que no se puede tratar de resolver los problemas dando “patadas al ordenamiento jurídico”.

Desde CiU, Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols ha acusado a los proponentes de contravenir los principios del derecho y actuar “in dubio contra reo”. En su opinión, poner el umbral en la acusación puede dar pie a una “guerra de dossiers entre partidos” para apartar al rival “cargándose la presunción de inocencia”. Su alternativa es más transparencia y más diligencia judicial.

ESTO NO RESUELVE EL PROBLEMA

También Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha puesto en cuestión la medida, que considera una “propuesta estética” con visos de inconstitucionalidad, y ha señalado que el problema no se resuelve sacando a los imputados de las listas y lo que se necesita es más control y más investigación

Aunque Izquierda Plural apoya la idea de apartar a los acusados por corrupción, su portavoz, Joan Josep Nuet, tampoco ha dudado en criticar el tono “populista” de UPyD, formación a la que acusa de meter a todos los políticos “en el mismo saco”.

La enmienda transaccional es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

URGENTE :Llamamiento a los trabajadores de bankia que van a ser despedidos en masa.

Llamamiento a los trabajadores de bankia que van a ser despedidos en masa: rompe la pirámide, desobedece, cuéntalo: dignidad y justicia

La estafa de Bankia ha sido una operación en la que se ha necesitado de la complicidad voluntaria o involuntaria de prácticamente toda la estructura de los empleados de Bankia.
Algunos a sabiendas y muchos a su vez engañados, los directores de sucursales y muchos trabajadores han participado de esta operación.
Algunos trabajadores ya se han organizado para recobrar la dignidad.

Ahora la Troika pide que se despidan más de 1500 personas entre los trabajadores de la entidad, para salvar, como no, a los dirigentes, sus compinches.

Este es un llamamiento a los trabajadores de Bankia y a los directores de sucursales que se hayan dado cuenta de que han sido implicados en una estafa en contra de sus clientes, de gente al fin y al cabo como ellos, gente trabajadora con unos pocos ahorros.

Está claro que han sido cómplices voluntarios o involuntarios de esta operación encubierta por los gobiernos de PPSOE para enriquecer a los privilegiados como Rodrigo Rato y demás directivos de Bankia.

Esta es una verdad a voces que nuestra #querellapaRato ayudará a demostrar.

Los directores y trabajadores pueden detallar cómo fueron obligados o inducidos a realizar las promociones y ventas de forma deshonesta. Esto ayudará sin duda a hacer justicia más rápidamente.

Invitamos pues a todos los directores de Bankia y a los trabajadores a ofrecer su testimonio a #querellapaRato.
Por otro lado, promovemos que los accionistas de Bankia que se hayan sentido engañados, inviten a los directores de sucursal que puedan haberles estafado a prestar testimonio.
Recordamos a los directores de sucursal y trabajadores de Bankia que es Bankia misma quien paga los abogados a los dirigentes(nuestro dinero una vez más) y es el gobierno quien los protege y los ampara. Pero los trabajadores, tras haber sido utilizados contra sus propios clientes, seguramente serán abandonados. Les pedimos que reaccionen para recobrar la dignidad perdida y para ayudar a hacer justicia.

En la guerra de los de arriba contra los de abajo, el miedo ha cambiado de bando.
En que bando estás tú?

Si quieres testificar, por favor escribe a:
15mparato@gmail.com