Se querellan contra el juez y los fiscales por prorrogar la prisión de 20 dirigentes de la red de Gao Ping.

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Denuncian las “artimañas procesales” por las que Gao Ping y sus lugartenientes fueron excarcelados ocho días después del auto de la Sala


La defensa de Xiaoshuang Zhu, imputada en el marco de la ‘operación Emperador’ contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, por prorrogar “ilegalmente” su estancia en prisión y la de otros 19 presuntos dirigentes de esta red, entre los que se encuentra su máximo cabecilla, Gao Ping.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, atribuye al juez instructor y los fiscales Anticorrupción la comisión de 20 delitos contra la libertad individual por ordenar su encarcelamiento cuando ya había expirado el plazo legal de 72 horas previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prorrogar esta situación durante ocho días después de que el auto de prisión fuera anulado por la Sala de lo Penal.

La acción judicial fue interpuesta el pasado día 17 ante la Sala Segunda del alto tribunal, que ha dado traslado al fiscal para que informe sobre su competencia y valore si debe ser admitida a trámite.

Según esta parte, el juez y los fiscales “se concertaron” y se valieron de “artimañas procesales” que les permitiesen “paliar o tratar de paliar lo que a todas luces era irremediable y además escandaloso ante la opinión pública”, en alusión a la puesta en libertad de los 20 imputados, que se acordó el pasado 29 de noviembre.

INTERVENCIÓN DE LOS CORREOS

La querella, que solicita que se proceda a la intervención de los correos electrónicos del juez y los fiscales para comprobar si se concertaron para prolongar la prisión de los imputados tras conocer el auto de la Sala, denuncia el “más absoluto desprecio intelectual y jurídico” de Andreu por el criterio de la “superioridad” y considera que su actitud es “inaudita para un abogado, un fiscal o un juez, quienes deben con humildad asumir las resoluciones dictadas por nuestros tribunales”.

Andreu se vio obligado a adoptar esta decisión después de que el día 22 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, ordenara la “inmediata” puesta en libertad de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal. Al día siguiente ordenó la excarcelación de otros tres imputados más por los mismos motivos.

En su auto, la Sección Tercera argumentaba que el arresto de los presuntos miembros de la trama se produjo el 16 de octubre, por lo que al tratarse de una “detención judicial” y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en un plazo de 72 horas. Sin embargo, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición del juzgado de los detenidos, que no fueron enviados a prisión hasta los días 19 y 20. El juez se hizo “responsable” de la situación aunque manifestó que a partir del día 18 cesaron todas las diligencias policiales.

INCIDENTES DE NULIDAD

A partir de ese momento, los fiscales Anticorrupción presentaron incidentes de nulidad contra los autos de la Sala aun sabiendo, según la parte querellante, que se trataba de “un mecanismo inviable procesalmente” que también fue inadmitido por el tribunal.

De igual modo, la defensa de Xiaoshuang Zhu critica el “empecinamiento” del juez instructor al no fundamentar en el auto de libertad la imposición de una medida cautelar tan “grave y singular” como la obligación de realizar comparecencias diarias en la Audiencia Nacional.

Además de Gao Ping, la Sala ordenó la puesta en libertad de otros destacados dirigentes de su trama, entre los que se encontraban su esposa, Lizhen Yang; su lugarteniente, Wei Lin; y el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li.

¿ Que piensan los partidos sobre apartar a acusados por corrupción de cargos públicos?

Rechazan un acuerdo de PP y UPyD para apartar a acusados por corrupción de cargos públicos

   El PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV han descalificado en el Congreso el compromiso alcanzado por PP y UPyD para acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales. A su juicio, actuar contra quien aún no está condenado vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

   Apartar de raíz a los implicados en casos de corrupción es una reivindicación que UPyD planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre. Rosa Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura es muy preliminar porque aún no pesa ningún indicio de criminalidad, por lo que ofreció estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral, donde ya hay una acusación formal.

La formación magenta aceptó que la mera imputación no suponga la exclusión de la vida política y en su moción pedía actuar contra los “acusados formalmente”, de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

Aunque en un primer momento el PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente ambas partes alcanzaron este martes un texto de consenso instando al Gobierno “a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público”.

EL PP PROMETE VALENTÍA PARA ENCARAR LAS REFORMAS

El PP, por boca de su portavoz de la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha prometido “la mejor disposición para ser valientes en estas reformas legislativas”, aunque no hay fecha para su aplicación.

El acuerdo, recogido por Europa Press, se votará este jueves en el Congreso, pero ya ha sido objeto de debate en la sesión plenaria del miércoles, donde socialistas y nacionalistas han expresado su disconformidad.

Para Julio Villarrubia, del PSOE, apartar a quien es objeto de acusación conculca la presunción de inocencia, lo que puede ser causa de inconstitucionalidad, y podría convertirse en un arma para luchar contra los rivales políticos porque bastaría con una querella para poner en cuestión el derecho al sufragio pasivo. “El daño que produciría una reforma de este tipo sería irreparable”, ha avisado.

Emilio Olabarria, del PNV, ha acusado a UPyD de utilizar un “argumentario populista y demagógico” y ha avisado de que no se puede tratar de resolver los problemas dando “patadas al ordenamiento jurídico”.

Desde CiU, Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols ha acusado a los proponentes de contravenir los principios del derecho y actuar “in dubio contra reo”. En su opinión, poner el umbral en la acusación puede dar pie a una “guerra de dossiers entre partidos” para apartar al rival “cargándose la presunción de inocencia”. Su alternativa es más transparencia y más diligencia judicial.

ESTO NO RESUELVE EL PROBLEMA

También Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha puesto en cuestión la medida, que considera una “propuesta estética” con visos de inconstitucionalidad, y ha señalado que el problema no se resuelve sacando a los imputados de las listas y lo que se necesita es más control y más investigación

Aunque Izquierda Plural apoya la idea de apartar a los acusados por corrupción, su portavoz, Joan Josep Nuet, tampoco ha dudado en criticar el tono “populista” de UPyD, formación a la que acusa de meter a todos los políticos “en el mismo saco”.

La enmienda transaccional es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.