Gao Ping libres,pero ¿donde están los “200 empresarios” que no sabemos ya nada?

Andreu: “El único responsable soy yo y asumo todas las consecuencias”

El juez que instruye la Operación Emperador acata la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a uno de los detenidos aunque considera que la prórroga de la detención que dictó fue correcta.

Los capos de la trama de Gao Ping podrían quedar libres por un error judicial

La sección tercera considera que Andreu prorrogó ilegalmente la detención de varios imputados

La resolución pone en libertad a uno de los arrestados pero puede afectar al líder de la trama

El magistrado asegura que puso a los detenidos a su disposición dentro del plazo legal

El juez Fernando Andreu ha afirmado este jueves que se siente “el único responsable” de la excarcelación de uno de los detenidos en la Operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido “todas sus consecuencias”, aunque cree que fue correcta. Así lo ha asegurado a los periodistas tras conocerse el auto en el que la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia anula la ampliación de la detención de uno de los arrestados en esta operación contra la mafia china, Kay Yang, una prórroga que afecta también a su cabecilla, Gao Ping, y al presunto responsable de extorsión de la trama, Hai Bo Li, entre otros.

“Sigo pensando que no me he equivocado”, ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y “obedece” la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido “empañar” el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china. Según el auto que anula la prórroga de la detención y excarcela a uno de los imputados, el juez amplió ilegalmente el plazo de detención de 72 horas sin legalizar la situación del arrestado.

Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la “disponibilidad” de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes.

Discrepancias con el TC

El juez discrepa con la sentencia del Tribunal Constitucionalsobre el caso Malaya en la que se apoya el auto de excarcelación, ya que considera que se trató desde el primer momento de una detención judicial porque no se practicó ninguna diligencia policial, como sí ocurrió en la Operación Emperador. “Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial”, ha asegurado Andreu, y ha apuntado que cuando el día 18 (los imputados fueron detenidos el día 16) dictó el auto prorrogando la prisión se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado.

Ha añadido que si decidió prorrogar esta detención y no mandarles a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes. “El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oírles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oírles antes”, ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son “habituales” en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión.

Respecto a lo que pasará a partir de ahora con este detenido excarcelado y en el caso de que los alrededor de veinte detenidos afectados por la prórroga, entre ellos Gao Ping, recurran su decisión, ha dicho que ahora los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión.

En este blog:

https://contralaimpunidadya.wordpress.com/2012/11/11/la-guinda-del-pastel-la-mafia-china-el-pp-y-el-ivam-de-valencia/

 

 

 

El juez pide a la Intervención General que analice los 317 contratos remitidos por la Comunidad de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la “trama Gürtel.

La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Entre los actos de la Comunidad de Madrid supuestamente facturados por empresas de la Gürtel se encuentra un “Vídeo a la Presidenta” Esperanza Aguirre; un “cuadro a Gallardón” -se trata del acto de presentación del retrato pintado por el artista Hernán Cortés al hoy ministro cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid- ; la “Visita Bill Gates”; el primer aniversario de los atentados del 11-M; “Apoyo víctimas del terrorismo”; la firma de un “Convenio con el Real Madrid” y otro con la “Asociación Víctimas del Terrorismo” ; la celebración del acto de ascenso del Getafe a Primera División en 2004; la Copa Davis de aquel año; la firma de un el “Homenaje a Miguel Ángel Blanco”; el “Décimo Aniversario Gregorio Ordóñez”; el “Plan de Apoyo a la Familia”; la “Firma de Convenio Canal Isabel II”, un acto con la Generalitat valenciana en febrero de 2006; o el “Viaje Presidenta Rumanía”; además de la organización de los actos de celebración del segundo y tercer aniversario del Ejecutivo de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

El juez Pablo Ruz solicita esta documentación tras analizar la caja “B” de la empresa EASY CONCEPT, y el archivo informático “pagos anuales A.L.V. xls” intervenido en el domicilio de Isabel Jordán, imputada en la causa y exadministradora de varias empresas de la supuesta trama corrupta. El pasado mes de mayo solicitó a la Comunidad de Madrid una copia de esos contratos y tras recibirlos, ha decidido remitirlos al IGAE y a la Fiscalía Anticorrupción para que los analicen y depurar las posibles responsabilidades.

El juez pide a la Intervención General que analice los 317 contratos remitidos por la Comunidad de Madrid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la “trama Gürtel“. La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Se trata de una de las primeras decisiones que adopta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras recibir la documentación procedente de diferentes consejerías de la Administración regional madrileña que contrataron la organización eventos con las empresas de la trama.El juez solicitó el pasado 18 de mayo estos contratos para tratar de determinar si se realizaron por mediación del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor, ambos imputados en la causa.La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los dos cargos públicos pudieron haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de los eventos, entre los que figuraban el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco o el encargo de un cuadro del exalcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Un juez progresista con experiencia en la Audiencia Nacional

Pablo Ruz está considerado un juez progresista -pertenece a la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, integrada por juristas de izquierdas- y era el único de la terna elegida por la Audiencia Nacional que había pasado por el propio tribunal donde, además de juez de apoyo de Del Olmo durante la instrucción del 11-M, lo fue también de Eloy Velasco, y llevó el juzgado en solitario durante unos meses.Durante ese periodo fijó una de las fianzas más altas (tres millones de euros) para el ex asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca en elcaso Saqueo I.

También inició el caso contra el ex preso etarra Iñaki de Juana por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo el mismo día en que dejó la prisión.