Prisión ‘eludible’ para Díaz Ferrán. Qué cachondos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán, después de declarar hoy, junto a los otros siete detenidos en la “Operación Crucero”.

 La fianza de 30 millones de euros, se sitúa a la cabeza de las más altas fijadas en España a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999 dentro del caso Torras

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario valenciano, Ángel de Cabo han llegado a la Audiencia Nacional a las 8.43 horas en un furgón policial para ser interrogados por el juez Eloy Velasco por la ocultación de bienes para pagar a los acreedores de Marsans.

Díaz Ferrán ha comenzado a declarar, a las 10.15 horas ante el juez de la Audiencia Nacional. El expresidentede la patronal ha sido el segundo de los nueve detenidos en ser llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid.

El juez Velasco, ha decretado prisión para Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración, durante algo más de una hora, como parte de la “Operación Crucero”. Es la fianza para eludir prisión más alta impuesta en una instrucción judicial en España, solo igualada por la decretada en 1999 para el empresario Javier de la Rosa, que también fue de 30 millones de euros.

Durante las declaraciones, Díaz Ferrán ha negado que exista una trama para ocultar sus bienes a los acreedores de Viajes Marsans, un grupo que ha dicho que vendió al empresario Ángel de Cabo por la crisis y del que luego se desentendió. La Fiscalía sospecha que acordó con él el vaciamiento del grupo, y por ello el representante del ministerio público ha pedido prisión incondicional para el empresario.

Los acusados
Ferrán está acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, junto con el resto de los ocho detenidos. Entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que mantiene bajo secreto la causa, decidirá hoy las medidas cautelares que impone a los detenidos, que previsiblemente se enfrentarán a prisión incondicional o prisión eludible bajo fianza.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que, el juez Eloy Velasco ha tomado esta medida cautelar sobre Díaz Ferrán antes de interrogar al resto de detenidos, con el objetivo de que sea trasladado a los juzgados de Plaza Castilla para que declare a las 13.00 horas por un crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Air Comet, que supuestamente se hizo de forma fraudulenta.

Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, llegaron a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales (Holdisan y Grudisan, en el caso del expresidente de la CEOE y Parihol Inversiones, en el caso de Pascual), con el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico. En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

50 millones bloqueados
Los nueve detenidos permanecen desde el lunes en dependencias policiales hasta que hoy pasen a disposición del juez Eloy Velasco, que les investiga por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido.

En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan. Además, la Policía encontró ayer dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido.

Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado el lunes en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán. Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.

Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez.

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Bienes en el extranjero
Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negó ayer que la detención Díaz Ferrán sea ejemplarizante, a lo que añadió que es adecuada “a las circunstancias del caso”, así como para garantizar su presencia ante los tribunales.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha considerado que la organización no pierde “en absoluto” legitimidad por la “incidencia” de la detención de su expresidente y ha apuntado que la justicia determinará si el empresario “ha hecho bien las cosas”.

 

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Torres-Dulce cree que la libertad de Gao Ping no perjudicará a la investigación

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El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado este martes en el Congreso que la puesta en libertad de los detenidos en la Operación Emperador contra el blanqueo de dinero, empezando por la del supuesto cabecilla, Gao Ping, no perjudicará la marcha de las investigaciones.

«Las investigaciones no se verán perjudicadas por una puesta en libertad de estos imputados. Las actuaciones tienen ya un marco de investigación y de acarreo de pruebas», ha declarado Torres Dulce. «El que una persona esté en libertad no debe complicar, ni tenemos previsión de que vaya a perjudicar en modo alguno, a la investigación», ha añadido.

Los principales implicados en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales han salido en libertad en los últimos días debido a un error judicial.

La sección tercera de la Audiencia Nacional decretó ilegal la prórroga de 72 horas en las detenciones de los imputados en la operación contra la mafia china dictadas por el juez Fernando Andreu y decidió su salida en libertad. Esta decisión se basó en que la detención fue desde un inicio judicial y no policial, de modo que no correspondía prorrogarla.

El Sindicato Unificado de Policía criticó que las excarcelaciones echaran por tierra muchos años de investigación y mostró su apoyo al juez instructor del caso, Fernando Andreu, quien por su lado reconoció ser el«único responsable del error».

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.

Comparecerá todos los días

Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.

La salida de la cárcel de la cúpula de la trama Emperador,   llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.  

La salida de la cárcel  , llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

La trama de evasión de capitales y fraude fiscal liderada por el magnate chino Gao Ping además  Pagaba los favores que presuntamente les hacía el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid) Jose Borrás ofreciéndole distintos servicios en sus establecimientos, incluido uno en el que se realizaban ‘masajes especiales’.

Así se desprende del sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia.
En el sumario consta un escrito de los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa y José Grinda, en el que se detalla esta red de favores.

Los representantes del Ministerio Público explican que el que fuera concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada mantenía debido a su cargo “numerosos contactos” con los empresarios chinos de Cobo Calleja, un polígono en el que Gao Ping tiene todo su entramado empresarial en diferentes naves.

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Ping y sus socios tenían la necesidad de mantener una relación constante y fluida con miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada “debido al tipo de negocios que regentaban y a las necesidades de los mismos en cuanto a licencias para las aperturas de locales y las multas que les podían venir por actividades fraudulentas”.

Los fiscales aseguran que los imputados mantenían una relación de “favores mutuos” con “algunos miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada”. El principal contacto de la red era Borrás, quien recibió “en muchas ocasiones contraprestaciones por los favores dispensados a los miembros del entramado empresarial chino”.

OPERACIÓN EMPERADOR

Estas contraprestaciones se concretaban a veces en visitas de Borrás a negocios de la red, donde recibía un trato de favor. Uno de estos establecimientos visitados por el concejal era el ‘Restaurante Costa Buena’, en el que, según la policía, la planta de arriba se utiliza para ofrecer ‘masajes especiales’. El fiscal señala que estos masajes encubren “un delito de prostitución”.

Borrás utilizaba además a los policías municipales de Fuenlabrada “para favorecer el trato de favor” a la red de Ping. Dentro del entramado, el concejal mantenía una especial relación con Wu Liu Yongping, según Anticorrupción.

 

Gao Ping y otros 11 jefes de la mafia china en Libertad

  • Deberán personarse todas las mañanas y se les retira el pasaporte
  • Fernando Andreu dictó una prórroga ilegal de los plazos de detención
  • La Audiencia rechazó los recursos de la Fiscalía contra las excarcelaciones

 

El juez Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de 12 detenidos en la ‘operación Emperador’, cuya prisión había declarado ilegal la sección tercera de la Audiencia Nacional. Se trata de los principales implicados en la operación contra la mafia china. Entre ellos está su supuesto cabecilla, Gao Ping.El juez les impone unas estrictas medidas cautelares: comparecer todas las mañanas en la Audiencia Nacional, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.El juez y la Fiscalía Anticorrupción han tardado más de una semana en excarcelarlos. La Sección Tercera de lo Penal declaró el pasado jueves que aproximadamente la mitad de las prisiones decretadas por Andreu eran ilegales por haberse dictado pasado el plazo legal de 72 horas desde las detenciones. El juez dice en su resolución que no está de acuerdo con el criterio de la Sala de lo Penal.En los últimos días el juez ya había excarcelado a cuatro implicados por orden directa de la Sala de lo Penal, que había estimado sus recursos, por lo que los excarcelados ya suman 16.La Fiscalía intentó mediante varios recursos evitar las excarcelaciones, pero la sección tercera de la Audiencia ha rechazado todos.Una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional podría echar por tierra la «operación Emperador», una investigación que ha servido para desarticular la mayor trama de blanqueo de dinero desmantelada en los últimos años y que se saldó con más de un centenar de detenciones, entre ellas la del cabecilla de la organización, Gao Ping. El tribunal le ha dado la razón a uno de los arrestados, Kay Yang, considerado uno de los colaboradores más próximos de Gao, al entender que su detención superó las 72 horas de plazo que establece la Constitución, por lo que lo ha puesto libertad. La decisión podría aplicarse a otra veintena de detenidos, entre los que se encuentran los principales cabecillas de la red y el propio Gao Ping. Por lo tanto, la Audiencia Nacional ha declarado ilegal la prórroga de la detención que aplicó el juez Fernando Andreu.

A juicio de la sala, la prórroga aplicada por Andreu es irregular porque la detención fue judicial y no policial, por lo que violó el derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución. Por ello, decreta la «nulidad absoluta e insubsanable» de la resolución por la que Andreu ordenó el ingreso en prisión incondicional de Kay Yang y ordena su inmediata excarcelación, «sin perjuicio de que el juez instructor adopte las medidas cautelares, nunca privativas de libertad». Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado emitió ayer el auto de libertad del detenido.

Según explican los magistrados, la puesta a disposición judicial de este detenido se produjo con su detención, a las 06.00 horas del 16 de octubre, momento en el que empieza para el instructor el plazo de 72 horas para acordar su libertad o la prisión provisional, previa celebración de su interrogatorio. Y es precisamente respecto a la comparecencia, pero no al auto de prisión por lo que únicamente se puede prorrogar la puesta a disposición ante el juez, subrayó la sala. La Audiencia basa su argumentación en la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional al anular, en noviembre de 2011, la detención judicial del empresario Tomás Olivo en el marco de la «operación Malaya», y estableció que en estos casos el cómputo de privación de libertad comienza cuando se hace efectiva la orden de arresto. Por ello, la sala insiste en que la puesta a disposición judicial «en manera alguna puede entenderse postergada» al auto del 18 de octubre, en la que amplió la detención de los arrestados, «haciendo una interpretación errónea y contraria» a la doctrina del Constitucional. Así, el hecho de que Andreu no legalizara la situación del arrestado en este plazo de 72 horas, que concluía un día antes de que le enviara a prisión, «determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad».

Fernando Andreu afirmó ayer que se siente «el único responsable» de la excarcelación y que asumirá «todas sus consecuencias» a pesar de que considera que su actuación fue correcta. «Sigo pensando que no me he equivocado», dijo Andreu, quien lamentó que esto haya podido «empañar» el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios. Andreu defendió que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la «disponibilidad» de la Policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, señaló, es que fue la Policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez.

Gao Ping libres,pero ¿donde están los “200 empresarios” que no sabemos ya nada?

Andreu: “El único responsable soy yo y asumo todas las consecuencias”

El juez que instruye la Operación Emperador acata la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a uno de los detenidos aunque considera que la prórroga de la detención que dictó fue correcta.

Los capos de la trama de Gao Ping podrían quedar libres por un error judicial

La sección tercera considera que Andreu prorrogó ilegalmente la detención de varios imputados

La resolución pone en libertad a uno de los arrestados pero puede afectar al líder de la trama

El magistrado asegura que puso a los detenidos a su disposición dentro del plazo legal

El juez Fernando Andreu ha afirmado este jueves que se siente “el único responsable” de la excarcelación de uno de los detenidos en la Operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido “todas sus consecuencias”, aunque cree que fue correcta. Así lo ha asegurado a los periodistas tras conocerse el auto en el que la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia anula la ampliación de la detención de uno de los arrestados en esta operación contra la mafia china, Kay Yang, una prórroga que afecta también a su cabecilla, Gao Ping, y al presunto responsable de extorsión de la trama, Hai Bo Li, entre otros.

“Sigo pensando que no me he equivocado”, ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y “obedece” la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido “empañar” el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china. Según el auto que anula la prórroga de la detención y excarcela a uno de los imputados, el juez amplió ilegalmente el plazo de detención de 72 horas sin legalizar la situación del arrestado.

Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la “disponibilidad” de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes.

Discrepancias con el TC

El juez discrepa con la sentencia del Tribunal Constitucionalsobre el caso Malaya en la que se apoya el auto de excarcelación, ya que considera que se trató desde el primer momento de una detención judicial porque no se practicó ninguna diligencia policial, como sí ocurrió en la Operación Emperador. “Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial”, ha asegurado Andreu, y ha apuntado que cuando el día 18 (los imputados fueron detenidos el día 16) dictó el auto prorrogando la prisión se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado.

Ha añadido que si decidió prorrogar esta detención y no mandarles a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes. “El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oírles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oírles antes”, ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son “habituales” en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión.

Respecto a lo que pasará a partir de ahora con este detenido excarcelado y en el caso de que los alrededor de veinte detenidos afectados por la prórroga, entre ellos Gao Ping, recurran su decisión, ha dicho que ahora los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión.

En este blog:

https://contralaimpunidadya.wordpress.com/2012/11/11/la-guinda-del-pastel-la-mafia-china-el-pp-y-el-ivam-de-valencia/

 

 

 

El juez pide a la Intervención General que analice los 317 contratos remitidos por la Comunidad de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la “trama Gürtel.

La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Entre los actos de la Comunidad de Madrid supuestamente facturados por empresas de la Gürtel se encuentra un “Vídeo a la Presidenta” Esperanza Aguirre; un “cuadro a Gallardón” -se trata del acto de presentación del retrato pintado por el artista Hernán Cortés al hoy ministro cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid- ; la “Visita Bill Gates”; el primer aniversario de los atentados del 11-M; “Apoyo víctimas del terrorismo”; la firma de un “Convenio con el Real Madrid” y otro con la “Asociación Víctimas del Terrorismo” ; la celebración del acto de ascenso del Getafe a Primera División en 2004; la Copa Davis de aquel año; la firma de un el “Homenaje a Miguel Ángel Blanco”; el “Décimo Aniversario Gregorio Ordóñez”; el “Plan de Apoyo a la Familia”; la “Firma de Convenio Canal Isabel II”, un acto con la Generalitat valenciana en febrero de 2006; o el “Viaje Presidenta Rumanía”; además de la organización de los actos de celebración del segundo y tercer aniversario del Ejecutivo de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

El juez Pablo Ruz solicita esta documentación tras analizar la caja “B” de la empresa EASY CONCEPT, y el archivo informático “pagos anuales A.L.V. xls” intervenido en el domicilio de Isabel Jordán, imputada en la causa y exadministradora de varias empresas de la supuesta trama corrupta. El pasado mes de mayo solicitó a la Comunidad de Madrid una copia de esos contratos y tras recibirlos, ha decidido remitirlos al IGAE y a la Fiscalía Anticorrupción para que los analicen y depurar las posibles responsabilidades.

El juez pide a la Intervención General que analice los 317 contratos remitidos por la Comunidad de Madrid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Intervención General del Estado que analice los 317 contratos que le han sido remitidos de varias consejerías de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento contra la “trama Gürtel“. La orden se ha realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Se trata de una de las primeras decisiones que adopta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras recibir la documentación procedente de diferentes consejerías de la Administración regional madrileña que contrataron la organización eventos con las empresas de la trama.El juez solicitó el pasado 18 de mayo estos contratos para tratar de determinar si se realizaron por mediación del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor, ambos imputados en la causa.La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los dos cargos públicos pudieron haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de los eventos, entre los que figuraban el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco o el encargo de un cuadro del exalcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Un juez progresista con experiencia en la Audiencia Nacional

Pablo Ruz está considerado un juez progresista -pertenece a la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, integrada por juristas de izquierdas- y era el único de la terna elegida por la Audiencia Nacional que había pasado por el propio tribunal donde, además de juez de apoyo de Del Olmo durante la instrucción del 11-M, lo fue también de Eloy Velasco, y llevó el juzgado en solitario durante unos meses.Durante ese periodo fijó una de las fianzas más altas (tres millones de euros) para el ex asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca en elcaso Saqueo I.

También inició el caso contra el ex preso etarra Iñaki de Juana por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo el mismo día en que dejó la prisión.