El cohecho y el tráfico de influencias aumentaron un 40% en 2011

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Las administraciones deben ser ejemplo de eficacia, responsabilidad, honradez y cumplimiento de la legalidad y no pueden ser el nido de la mayor red de maleantes y sinvergüenzas de este pais. Alguien debería hacer algo al respecto, el ejecutivo y el poder judicial por ejemplo.

 

Las cifras están recogidas en la Memoria de la Fiscalia del pasado año, que ha presentado esta mañana en el Congreso el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce manifestando su compromiso contra la corrupción porque “envenena” el funcionamiento de la economía.
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1242052134611&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_memorias&selAnio=2012

A lo largo de su comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia.Así, por el número de procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30% en 2011, mientras que el cohecho se ha visto incrementado en un 45% y el tráfico de influencias en un 44%. Las causas por malversación de caudales públicos durante el pasado año subieron en un 25 por ciento.

Según Torres-Dulce, los citados incrementos se deben “quizá a una mayor eficacia de la persecución de este tipo de delito”, si bien reconoce que existe un “deficiente tono ético en el desempeño de determinados cargos” sobre el que “debemos reflexionar”.

Tolerancia cero
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso social respecto al establecimiento de “un nivel de tolerancia cero” frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno “siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas”.

Sobre la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que “está asumiendo la investigación de las mas complejas formas de delincuencia económica.”

Para Torres-Dulce, “junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia y a sus valores que la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables”.

Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su “beligerante compromiso contra esta lacra “con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico”.

En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos de la administración que sean requeridos.

Diagnóstico de la institución
Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre Ministerio y Comunidades Autónoma.

Ello ha provocado, a juicio del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha apostado por la especialización, la oficina fiscal “ha permanecido ajena a esta transformación”. Además, ha resaltado el escaso ratio de funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su labor principal.

Igualmente, ha dicho que actualmente en el mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes sistemas, lo que supone un “serio obstáculo” para la labor del Ministerio Público.

Al igual que hizo con ocasión de su comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio periodo de sesiones.

Desjudicializar las faltas
Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios “El grado de alarma que generan en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de manera innecesaria” las energías del Ministerio Público.

De los 4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente 300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes ( 43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por violencia de género”) otras tantas procedimientos abreviados y apenas un uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más graves como homicidios, violaciones etc.

La Memoria también recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista –sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero–, el número de detenidos por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.

Torres-Dulce cree que la libertad de Gao Ping no perjudicará a la investigación

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El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado este martes en el Congreso que la puesta en libertad de los detenidos en la Operación Emperador contra el blanqueo de dinero, empezando por la del supuesto cabecilla, Gao Ping, no perjudicará la marcha de las investigaciones.

«Las investigaciones no se verán perjudicadas por una puesta en libertad de estos imputados. Las actuaciones tienen ya un marco de investigación y de acarreo de pruebas», ha declarado Torres Dulce. «El que una persona esté en libertad no debe complicar, ni tenemos previsión de que vaya a perjudicar en modo alguno, a la investigación», ha añadido.

Los principales implicados en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales han salido en libertad en los últimos días debido a un error judicial.

La sección tercera de la Audiencia Nacional decretó ilegal la prórroga de 72 horas en las detenciones de los imputados en la operación contra la mafia china dictadas por el juez Fernando Andreu y decidió su salida en libertad. Esta decisión se basó en que la detención fue desde un inicio judicial y no policial, de modo que no correspondía prorrogarla.

El Sindicato Unificado de Policía criticó que las excarcelaciones echaran por tierra muchos años de investigación y mostró su apoyo al juez instructor del caso, Fernando Andreu, quien por su lado reconoció ser el«único responsable del error».

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.

Comparecerá todos los días

Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.

La salida de la cárcel de la cúpula de la trama Emperador,   llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.  

La salida de la cárcel  , llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

La trama de evasión de capitales y fraude fiscal liderada por el magnate chino Gao Ping además  Pagaba los favores que presuntamente les hacía el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid) Jose Borrás ofreciéndole distintos servicios en sus establecimientos, incluido uno en el que se realizaban ‘masajes especiales’.

Así se desprende del sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia.
En el sumario consta un escrito de los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa y José Grinda, en el que se detalla esta red de favores.

Los representantes del Ministerio Público explican que el que fuera concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada mantenía debido a su cargo “numerosos contactos” con los empresarios chinos de Cobo Calleja, un polígono en el que Gao Ping tiene todo su entramado empresarial en diferentes naves.

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Ping y sus socios tenían la necesidad de mantener una relación constante y fluida con miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada “debido al tipo de negocios que regentaban y a las necesidades de los mismos en cuanto a licencias para las aperturas de locales y las multas que les podían venir por actividades fraudulentas”.

Los fiscales aseguran que los imputados mantenían una relación de “favores mutuos” con “algunos miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada”. El principal contacto de la red era Borrás, quien recibió “en muchas ocasiones contraprestaciones por los favores dispensados a los miembros del entramado empresarial chino”.

OPERACIÓN EMPERADOR

Estas contraprestaciones se concretaban a veces en visitas de Borrás a negocios de la red, donde recibía un trato de favor. Uno de estos establecimientos visitados por el concejal era el ‘Restaurante Costa Buena’, en el que, según la policía, la planta de arriba se utiliza para ofrecer ‘masajes especiales’. El fiscal señala que estos masajes encubren “un delito de prostitución”.

Borrás utilizaba además a los policías municipales de Fuenlabrada “para favorecer el trato de favor” a la red de Ping. Dentro del entramado, el concejal mantenía una especial relación con Wu Liu Yongping, según Anticorrupción.