Gao Ping y otros 11 jefes de la mafia china en Libertad

  • Deberán personarse todas las mañanas y se les retira el pasaporte
  • Fernando Andreu dictó una prórroga ilegal de los plazos de detención
  • La Audiencia rechazó los recursos de la Fiscalía contra las excarcelaciones

 

El juez Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de 12 detenidos en la ‘operación Emperador’, cuya prisión había declarado ilegal la sección tercera de la Audiencia Nacional. Se trata de los principales implicados en la operación contra la mafia china. Entre ellos está su supuesto cabecilla, Gao Ping.El juez les impone unas estrictas medidas cautelares: comparecer todas las mañanas en la Audiencia Nacional, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.El juez y la Fiscalía Anticorrupción han tardado más de una semana en excarcelarlos. La Sección Tercera de lo Penal declaró el pasado jueves que aproximadamente la mitad de las prisiones decretadas por Andreu eran ilegales por haberse dictado pasado el plazo legal de 72 horas desde las detenciones. El juez dice en su resolución que no está de acuerdo con el criterio de la Sala de lo Penal.En los últimos días el juez ya había excarcelado a cuatro implicados por orden directa de la Sala de lo Penal, que había estimado sus recursos, por lo que los excarcelados ya suman 16.La Fiscalía intentó mediante varios recursos evitar las excarcelaciones, pero la sección tercera de la Audiencia ha rechazado todos.Una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional podría echar por tierra la «operación Emperador», una investigación que ha servido para desarticular la mayor trama de blanqueo de dinero desmantelada en los últimos años y que se saldó con más de un centenar de detenciones, entre ellas la del cabecilla de la organización, Gao Ping. El tribunal le ha dado la razón a uno de los arrestados, Kay Yang, considerado uno de los colaboradores más próximos de Gao, al entender que su detención superó las 72 horas de plazo que establece la Constitución, por lo que lo ha puesto libertad. La decisión podría aplicarse a otra veintena de detenidos, entre los que se encuentran los principales cabecillas de la red y el propio Gao Ping. Por lo tanto, la Audiencia Nacional ha declarado ilegal la prórroga de la detención que aplicó el juez Fernando Andreu.

A juicio de la sala, la prórroga aplicada por Andreu es irregular porque la detención fue judicial y no policial, por lo que violó el derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución. Por ello, decreta la «nulidad absoluta e insubsanable» de la resolución por la que Andreu ordenó el ingreso en prisión incondicional de Kay Yang y ordena su inmediata excarcelación, «sin perjuicio de que el juez instructor adopte las medidas cautelares, nunca privativas de libertad». Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado emitió ayer el auto de libertad del detenido.

Según explican los magistrados, la puesta a disposición judicial de este detenido se produjo con su detención, a las 06.00 horas del 16 de octubre, momento en el que empieza para el instructor el plazo de 72 horas para acordar su libertad o la prisión provisional, previa celebración de su interrogatorio. Y es precisamente respecto a la comparecencia, pero no al auto de prisión por lo que únicamente se puede prorrogar la puesta a disposición ante el juez, subrayó la sala. La Audiencia basa su argumentación en la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional al anular, en noviembre de 2011, la detención judicial del empresario Tomás Olivo en el marco de la «operación Malaya», y estableció que en estos casos el cómputo de privación de libertad comienza cuando se hace efectiva la orden de arresto. Por ello, la sala insiste en que la puesta a disposición judicial «en manera alguna puede entenderse postergada» al auto del 18 de octubre, en la que amplió la detención de los arrestados, «haciendo una interpretación errónea y contraria» a la doctrina del Constitucional. Así, el hecho de que Andreu no legalizara la situación del arrestado en este plazo de 72 horas, que concluía un día antes de que le enviara a prisión, «determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad».

Fernando Andreu afirmó ayer que se siente «el único responsable» de la excarcelación y que asumirá «todas sus consecuencias» a pesar de que considera que su actuación fue correcta. «Sigo pensando que no me he equivocado», dijo Andreu, quien lamentó que esto haya podido «empañar» el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios. Andreu defendió que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la «disponibilidad» de la Policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, señaló, es que fue la Policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez.

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