Será finalmente el Juez Ruz el que se quede con la investigación del Caso Bárcenas

La justicia española ha vivido unos días un tanto increíbles al presentarse dos jueces para llevar uno de los casos más mediáticos de nuestros días.

No se sabe si por hambre de notoriedad o por ver que tenía algo relevante qué hacer con este juicio, el Juez Bermúdez solicitó encargarse del Caso Bárcenas, mientras el Juez Ruz estaba comenzando a descubrir algunas conexiones con otros casos que lleva en la Audiencia Nacional.

Sin duda hubo razones para esta disputa, pero se antoja sospechoso.

Veamos lo que dice El País sobre este tema que se acaba de resolver hace unos momentos:

Pablo Ruz será el juez que investigue los papeles de Bárcenas. Así lo ha decidido, por dos votos contra uno, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una vista en la que ha zanjado la disputa entre Ruz y Javier Gómez Bermúdez, en la que se ha decidido que sea el juzgado número 5 -en el que se instruye el grueso del caso Gürtel– y no el 3 -que admitió una querella de Izquierda Unida- el que dirija las pesquisas sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

El tribunal que ha zanjado la disputa está integrado por Alfonso Guevara y Ángeles Barreiro, que han votado a favor de que la investigación se queda en el juzgado de Ruz, y Clara Bayarri, que ha presentado un voto particular por su postura contraria a la de la mayoría. El tribunal ha escuchado primero las posiciones de las partes personadas en esta causa para luego señalar al juez que llevará la investigación en torno a la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Según fuentes jurídicas, esta tarde se dictará el auto que suscriba la decisión.

Hasta la sede del órgano judicial, en el número 14 de la calle Goya de Madrid, se han trasladado la Fiscalía Anticorrupción junto a las defensas de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y los abogados de Izquierda Unida, Los Verdes, la Asociación Libre de Abogados (ALA), y los empresarios Alfonso García Pozuelo y Luis del Rivero.

La fórmula para dirimir se ha adoptado después de que el magistrado Javier Gómez Bermúdez elevara una exposición razonada en la que planteaba la cuestión de competencia y después de que la amplia mayoría de los magistrados declinara llevar el asunto a Pleno, al ser consultados por el presidente de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves.

Gómez Bermúdez había reclamado su competencia sobre ‘los papeles de Bárcenas’ ante la “débil” y “endeble” conexión con el caso Gürtel, que instruye su colega. A su juicio, la trama sería “un donante más” del PP y podría ser “una parte” de la posible financiación ilegal del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió a trámite el 11 de marzo una querella de Izquierda Unida (IU) y otros por estos hechos y citó a declarar a Bárcenas, Lapuerta y diez supuestos donantes del PP. A su juicio, solo existen “meras coincidencias contables” entre la contabilidad del PP y los apuntes de la red Gürtel, que sería uno de los donantes de la formación política.

De su lado, Pablo Ruz asumió el pasado 7 de marzo la investigación de los papeles de Bárcenas, tras recibir un informe de la UDEF en el que se establecían al menos tres vínculos entre el caso Gürtel y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.

A esta tesis se ha sumado la Fiscalía Anticorrupción, que defiende la investigación en la pieza separada del caso Gürtel abierta por Ruz después de haber encontrado al menos cuatro vínculos entre la Gürtel y la contabilidad oficial del Partido Popular (PP) remitida por el Tribunal de Cuentas, que acreditarían que donaciones recibidas por esta formación política también pudieron ser recogidas en la contabilidad de la trama de corrupción investigada.

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Comienzan los movimientos para que prevalezca la impunidad… La Policía invalida los ‘papeles’ de Bárcenas al alegar defectos de forma

Parece ser que ya se ha puesto en marcha la maquinaria para aplastar cualquier atisbo de justicia en el caso de “Los Papeles de Bárcenas”.

Si no se le da credibilidad a las pruebas caligráficas que determinen que los apuntes son en realidad del extesorero del PP, entonces no habrá delito que perseguir y de ahí al cierre del caso y a la impunidad más absoluta hay un trecho muy corto.

¡Evitémoslo!

#contralaimpunidadya

Lo que dice Elconfidencial sobre este tema…

La Policía no va a poder llegar a ninguna conclusión determinante en su informe caligráfico sobre los documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas, que han puesto en jaque a todo el partido. Según fuentes de la investigación, la prueba nace viciada al tratarse de fotocopias, lo que impide determinar si los papeles fueron adulterados. Por tanto, queda invalidada para certificar si Bárcenas fue el autor y si los documentos fueron escritos a lo largo del tiempo, entre 1990 y 2008, o a posteriori de una sola vez.

En ese sentido irá dirigido el informe realizado por la Policía Científica, ordenado por el fiscal Anticorrupción que está investigando la presunta financiación ilegal del PP. En el marco de esas diligencias informativas, la pasada semana se tomó declaración al propio Bárcenas, a su exabogado Jorge Trías y al anterior tesorero, Álvaro Lapuerta.
La causa principal es que se trata de una fotocopia y los investigadores no tienen en su poder el documento original. Que sea una copia no impide saber si la letra es o no de Bárcenas, pero no permite certificar que no se trate de un montaje realizado con un ‘corta y pega’ de otros textos escritos por el extesorero del PP. Al tratarse de una fotocopia, un perito caligráfico no puede garantizar que los papeles publicados como la contabilidad B del partido y los sobresueldos a varios de sus dirigentes no estén manipulados.
El segundo error ha sido que los encargados de hacer la prueba caligráfica a Bárcenas el pasado miércoles durante su interrogatorio eran agentes adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en vez de los peritos caligráficos que van a preparar el informe y quienes saben a qué ejercicios específicos claves se debe someter la persona que es objeto de estudio. A Barcenas se le deberían haber realizado pruebas específicas, como escribir varios folios y con expresiones similares a los documentos a analizar, para hacer comparativas. Asimismo, tendrían que haberse forzado cambios de velocidad, entre otros puntos, para evitar que le hubiera dado tiempo a fabricar la escritura, a la vez que haberse concedido margen a los peritos para averiguar si el imputado intentaba manipular o cambiar su letra.
 
La prueba pericial nace nula
Estos dos aspectos son suficientes para que los peritos sostengan que la prueba pericial nace nula y, por tanto, quede invalidada la pieza clave de esta investigación. No sólo eso, la Policía tampoco va a poder determinar la antigüedad de los documentos ni la unidad de acto, es decir, si se hizo todo seguido o en espacios de tiempo. Una de las sospechas es que el autor de los escritos pudo haberlos escrito a posteriori y de una sola vez.
Fuentes de la investigación subrayan que es técnicamente imposible averiguar a día de hoy el tiempo que puede tener un documento porque, aun teniendo el original, cada papel envejece de manera distinta dependiendo de las condiciones ambientales que haya podido sufrir. Y si se intenta descubrir por la tinta o el bolígrafo, en la actualidad hay miles de fabricantes de ambos, lo que lo hace imposible. Además, estas fuentes puntualizan que la letra de una persona entre los 30 y los 55 años aproximadamente no cambia y, por tanto, tampoco se puede determinar si Bárcenas los pudo escribir hace dos semanas o hace 15 años.
Con todo esto, aunque no se pueda certificar la veracidad de los documentos, sí se puede decir al 100% que la letra que aparece en los papeles es de Luis Bárcenas, comparándola con otros textos escritos de su propio puño y letra. Estas mismas fuentes explican que la letra de extesorero tiene algunas particularidades que la hacen inconfundible. Por ejemplo, su ‘M’ con un bucle en la punta superior izquierda.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, está esperando recibir el informe calígrafo antes de citar a una serie de testigos, entre los que se encontrarían quince empresarios que pudieron dar donativos al PP fuera de la legalidad. Fuentes fiscales subrayan que, sin tener la prueba central, estos testimonios tienen que ser muy aclaradores y aportar muchos datos para poder seguir adelante con la investigación.

No perdamos nuestra capacidad de asombro e indignación – #contralaimpunidadya

En estos días se han publicado estudios de intención de voto en los que se revela que el Partido Popular seguiría siendo el partido más votado, lejos de la mayoría absoluta que ostenta ahora, y seguido de cerca por el PSOE, que no crece ante la pésima labor de oposición que está realizando.

La reflexión que se debería hacer es si se ha perdido la capacidad de asombro e indignación y se seguirá votando igual a uno u otro de los partidos que han llevado al país a esta situación catastrófica.

“No hay alternativas”, dicen unos.

“Todos son iguales”, repiten otros.

“Con la abstención, les estamos manifestando a los políticos que no nos representan”, aseguran algunos.

Si no hay alternativas tendremos que crearlas.

Si todos son iguales, hay que ser otros los que tomemos el liderazgo.

La abstención es un cheque en blanco para que los políticos hagan lo que les dé la gana.

Nuestro sitio está en las calles, pero también en el congreso y en los despachos de los políticos.

Por desgracia, hasta que los políticos no se sientan realmente amenazados en sus cómodos despachos o incluso en sus casas no moverán ni un dedo a favor de nosotros.

Hasta que hubo muertes (suicidios les llaman, pero deberían decirles “asesinatos indirectos”) en los

Ada Colau ha dado el ejemplo.  Hay que llamar a las cosas por su nombre… y nunca perder la capacidad de asombro y de indignación.

#contralaimpunidadya

Otra heroína: Ada Colau en el Congreso de los Diputados diciendo verdades como puños

Si ayer pusimos por las nubes al juez Pablo Ruz, hoy tenemos otra nueva heroína: Ada Colau, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca.

En su comparescencia en el Congreso de los Diputados dijo verdades como puños.

El País recoge su actuación, que no ha dejado indiferente a nadie.

Tensión entre dos legitimidades: la que nace de la sociedad, a través de plataformas, y la que emana de la soberanía popular en las urnas y lleva a los parlamentarios al Congreso y al Senado. Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Economía del Congreso con los comparecientes que han convocado los grupos parlamentarios para escuchar opiniones sobre la reforma de la ley Hipotecaria y otras normas que den una respuesta a los desahucios por impago de las hipotecas. El revuelo se produjo con la intervención de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH.

Lo que dijo Ada Colau que encrespó los ánimos fue exactamente esto sobre el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero: “No le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decir lo que estoy diciendo. Este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarlo. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema; son esta misma gente la que ha causado el problema, los que han arruinado la economía entera de este país y ustedes les siguen calificando de expertos”.

Esta líder del movimiento contra los desahucios, que acumula ya cuatro años de lucha, ha reprochado a todos los partidos que no cayeran en la cuenta de este drama social hasta muy tarde, de manera que ellos han trabajado en solitario durante mucho tiempo. Coincidió Ada Colau con todos los grupos, también con el representante del PP, Pablo Matos, en rechazar los argumentos que dio en esa comisión el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero. Pero hubo diferencias en las formas. Ada Colau le llamó “criminal” lo que provocó que el presidente de la comisión, el popular Santiago Lanzuela, le pidiera que retirara esa expresión. No lo hizo.

Se notó de inmediato el caudal de sufrimiento y de conocimiento que Ada Colau ha atesorado durante más de cuatro años de lucha en defensa de los desahuciados. Por eso pidió a los parlamentarios que acepten “un programa de mínimos” para paliar la situación de muchas familias que han sido expulsadas de sus viviendas por no poder pagarlas, siguen con la deuda y no hay expectativa de que la puedan pagar. Por orden de aparición en la preocupación por este gran problema la representante ciudadana saludó a Iniciativa per Catalunya, a ERC y otros grupos minoritarios, pero afeó especialmente al PP y al PSOE por haber “bloqueado” iniciativas para paliar el problema. Unos en el gobierno actual, y otros en el anterior. “Parece que ahora el PSOE ha rectificado”, dijo con cierta distancia.

A excepción del representante de ICV, Joan Coscubiela, que no se sintió en absoluto incómodo por la disertación de Ada Colau, el resto de los portavoces se revolvió y no aceptó el tono de cierta amenaza que percibieron de la activista. El próximo martes, gracias al PSOE que ha cedido su cupo, se verá la Iniciativa Legislativa Popular promovida por esta Plataforma y que ha conseguido un millón de firmas. “Señalaremos a los diputados que no apoyen esta iniciativa; quedarán señalados aquellos que no se comprometan”. Se refiere Colau a la necesidad de que se tome en consideración esa proposición de ley que dará lugar a que se pueda discutir y que tiene un programa de mínimos: Parar los desahucios; dación en pago con carácter retroactivo y alquiler social.

En suma “una segunda oportunidad” para los que no pueden pagar las hipotecas, como ocurre en otros países. “Les invito a que vengan con las plataformas a reunirse con los afectados; les invito a que escuchen lo que sufren los afectados y verán si hay o no falta de democracia en este país”. Colau no considera “amenazas” sus advertencias de “señalamiento” a los parlamentarios que no voten la toma en consideración el próximo martes de la iniciativa popular. “No me ha gustado eso que usted dice de que nos van a señalar, ¿me lo puede explicar?”, le preguntó Pedro Azpiazu, del PNV. Este y el resto de los portavoces defendieron su condición de elegidos por los ciudadanos en elecciones libres y tan solo hace un año. La excepción siempre estuvo en Joan Coscubiela de ICV, cuyo discurso fue muy coincidente con el de la representante de la plataforma contra los desahucios.

La respuesta de Leire Iglesias del PSOE fue respetuosa pero firme y denotaba cierto enojo. Primero, porque la iniciativa popular se va a debatir el martes porque el PSOE ha retirado una proposición suya para que esta entre. También, porque si bien reconoció y alabó el trabajo de la Plataforma, pionero y determinante para poner el foco político y mediático en el problema de los desahucios, defendió que desde el principio de legislatura el PSOE ha cogido este asunto como prioridad. Hubo contención y mucha por parte de la representante del PSOE, del PP, CiU y PNV para no enzarzarse en una discusión con Colau sobre su labor de representación de los ciudadanos. Pero ella no se arredró ya que terminó su intervención preguntando retóricamente a los diputados si creían que “democracia era votar cada cuatro años”. “Están muy equivocados si así lo creen”. Volvió a retarles a que le dijeran si iban a tomar en consideración o no la iniciativa popular. Un claro sí dio el representante de ICV, Joan Coscubiela, y también la diputada Leire Iglesias del PSOE. “Pero nosotros tenemos medidas más ambiciosas”, le devolvió la experta socialista en este tema.

Al igual que el primer compareciente, Julio Rodríguez expresidente del Banco Hipotecario, concitó una fuerte corriente de sintonía, los argumentos del representante de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, provocó un fuerte rechazo. A su juicio, los desahucios han venido provocados por la crisis económica y no por el sistema hipotecario que es “eficaz”. Rodríguez Pellitero advertía a los legisladores sobre el cambio en las leyes que están preparando. En efecto, además de la iniciativa popular que se verá el martes, está en marcha el cambio de toda la normativa sobre desahucios. El representante de la banca aceptaría como mucho que haya medidas legales “transitorias y extraordinarias” sobre las leyes hipotecarias ya que “si se modifican los fundamentos actuales el crédito será menor y más caro”.

Sus apreciaciones fueron rebatidas por todos los portavoces y con mucha energía por parte de Pablo Matos del PP que desgranó los excesos de las leyes españolas, sin parangón en el resto de países europeos donde rige “la segunda oportunidad”, antes de quitar a la gente la vivienda por impago. El desacuerdo con la intervención del representante de la AEB llevó a Ada Colau a llamarle “criminal”, por todas sus observaciones y en particular por asegurar que “la dación en pago no resuelve nada”. La comparecencia de la representante de la Plataforma se intuyó tensa desde el primer minuto. Ada Colau, catalana y residente en Barcelona reprochó de entrada que la hubieran convocado la última cuando ella vivía fuera de Madrid, y los anteriores sí eran de la capital, lo que la impedía volver por la noche a casa.

Surge un nuevo héroe: El Juez Pablo Ruz tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Montoro

Si es que ya decíamos que la amnistía fiscal fue para los amiguetes del PP.

Ahora lo dice el juez Pablo Ruz que tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda o ¿Ministro de los Amiguetes?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

Francisco Correa, cabecilla de la trama;

Pablo Crespo, su mano derecha;

Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

José Luis Ulibarri, empresario leonés;

César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

Jesús Merino, exsenador del PP;

Fernando Martín, dueño de Martinsa;

Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

Vía El Confidencial.