Será finalmente el Juez Ruz el que se quede con la investigación del Caso Bárcenas

La justicia española ha vivido unos días un tanto increíbles al presentarse dos jueces para llevar uno de los casos más mediáticos de nuestros días.

No se sabe si por hambre de notoriedad o por ver que tenía algo relevante qué hacer con este juicio, el Juez Bermúdez solicitó encargarse del Caso Bárcenas, mientras el Juez Ruz estaba comenzando a descubrir algunas conexiones con otros casos que lleva en la Audiencia Nacional.

Sin duda hubo razones para esta disputa, pero se antoja sospechoso.

Veamos lo que dice El País sobre este tema que se acaba de resolver hace unos momentos:

Pablo Ruz será el juez que investigue los papeles de Bárcenas. Así lo ha decidido, por dos votos contra uno, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una vista en la que ha zanjado la disputa entre Ruz y Javier Gómez Bermúdez, en la que se ha decidido que sea el juzgado número 5 -en el que se instruye el grueso del caso Gürtel– y no el 3 -que admitió una querella de Izquierda Unida- el que dirija las pesquisas sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

El tribunal que ha zanjado la disputa está integrado por Alfonso Guevara y Ángeles Barreiro, que han votado a favor de que la investigación se queda en el juzgado de Ruz, y Clara Bayarri, que ha presentado un voto particular por su postura contraria a la de la mayoría. El tribunal ha escuchado primero las posiciones de las partes personadas en esta causa para luego señalar al juez que llevará la investigación en torno a la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Según fuentes jurídicas, esta tarde se dictará el auto que suscriba la decisión.

Hasta la sede del órgano judicial, en el número 14 de la calle Goya de Madrid, se han trasladado la Fiscalía Anticorrupción junto a las defensas de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y los abogados de Izquierda Unida, Los Verdes, la Asociación Libre de Abogados (ALA), y los empresarios Alfonso García Pozuelo y Luis del Rivero.

La fórmula para dirimir se ha adoptado después de que el magistrado Javier Gómez Bermúdez elevara una exposición razonada en la que planteaba la cuestión de competencia y después de que la amplia mayoría de los magistrados declinara llevar el asunto a Pleno, al ser consultados por el presidente de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves.

Gómez Bermúdez había reclamado su competencia sobre ‘los papeles de Bárcenas’ ante la “débil” y “endeble” conexión con el caso Gürtel, que instruye su colega. A su juicio, la trama sería “un donante más” del PP y podría ser “una parte” de la posible financiación ilegal del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió a trámite el 11 de marzo una querella de Izquierda Unida (IU) y otros por estos hechos y citó a declarar a Bárcenas, Lapuerta y diez supuestos donantes del PP. A su juicio, solo existen “meras coincidencias contables” entre la contabilidad del PP y los apuntes de la red Gürtel, que sería uno de los donantes de la formación política.

De su lado, Pablo Ruz asumió el pasado 7 de marzo la investigación de los papeles de Bárcenas, tras recibir un informe de la UDEF en el que se establecían al menos tres vínculos entre el caso Gürtel y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.

A esta tesis se ha sumado la Fiscalía Anticorrupción, que defiende la investigación en la pieza separada del caso Gürtel abierta por Ruz después de haber encontrado al menos cuatro vínculos entre la Gürtel y la contabilidad oficial del Partido Popular (PP) remitida por el Tribunal de Cuentas, que acreditarían que donaciones recibidas por esta formación política también pudieron ser recogidas en la contabilidad de la trama de corrupción investigada.

Comienzan los movimientos para que prevalezca la impunidad… La Policía invalida los ‘papeles’ de Bárcenas al alegar defectos de forma

Parece ser que ya se ha puesto en marcha la maquinaria para aplastar cualquier atisbo de justicia en el caso de “Los Papeles de Bárcenas”.

Si no se le da credibilidad a las pruebas caligráficas que determinen que los apuntes son en realidad del extesorero del PP, entonces no habrá delito que perseguir y de ahí al cierre del caso y a la impunidad más absoluta hay un trecho muy corto.

¡Evitémoslo!

#contralaimpunidadya

Lo que dice Elconfidencial sobre este tema…

La Policía no va a poder llegar a ninguna conclusión determinante en su informe caligráfico sobre los documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas, que han puesto en jaque a todo el partido. Según fuentes de la investigación, la prueba nace viciada al tratarse de fotocopias, lo que impide determinar si los papeles fueron adulterados. Por tanto, queda invalidada para certificar si Bárcenas fue el autor y si los documentos fueron escritos a lo largo del tiempo, entre 1990 y 2008, o a posteriori de una sola vez.

En ese sentido irá dirigido el informe realizado por la Policía Científica, ordenado por el fiscal Anticorrupción que está investigando la presunta financiación ilegal del PP. En el marco de esas diligencias informativas, la pasada semana se tomó declaración al propio Bárcenas, a su exabogado Jorge Trías y al anterior tesorero, Álvaro Lapuerta.
La causa principal es que se trata de una fotocopia y los investigadores no tienen en su poder el documento original. Que sea una copia no impide saber si la letra es o no de Bárcenas, pero no permite certificar que no se trate de un montaje realizado con un ‘corta y pega’ de otros textos escritos por el extesorero del PP. Al tratarse de una fotocopia, un perito caligráfico no puede garantizar que los papeles publicados como la contabilidad B del partido y los sobresueldos a varios de sus dirigentes no estén manipulados.
El segundo error ha sido que los encargados de hacer la prueba caligráfica a Bárcenas el pasado miércoles durante su interrogatorio eran agentes adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en vez de los peritos caligráficos que van a preparar el informe y quienes saben a qué ejercicios específicos claves se debe someter la persona que es objeto de estudio. A Barcenas se le deberían haber realizado pruebas específicas, como escribir varios folios y con expresiones similares a los documentos a analizar, para hacer comparativas. Asimismo, tendrían que haberse forzado cambios de velocidad, entre otros puntos, para evitar que le hubiera dado tiempo a fabricar la escritura, a la vez que haberse concedido margen a los peritos para averiguar si el imputado intentaba manipular o cambiar su letra.
 
La prueba pericial nace nula
Estos dos aspectos son suficientes para que los peritos sostengan que la prueba pericial nace nula y, por tanto, quede invalidada la pieza clave de esta investigación. No sólo eso, la Policía tampoco va a poder determinar la antigüedad de los documentos ni la unidad de acto, es decir, si se hizo todo seguido o en espacios de tiempo. Una de las sospechas es que el autor de los escritos pudo haberlos escrito a posteriori y de una sola vez.
Fuentes de la investigación subrayan que es técnicamente imposible averiguar a día de hoy el tiempo que puede tener un documento porque, aun teniendo el original, cada papel envejece de manera distinta dependiendo de las condiciones ambientales que haya podido sufrir. Y si se intenta descubrir por la tinta o el bolígrafo, en la actualidad hay miles de fabricantes de ambos, lo que lo hace imposible. Además, estas fuentes puntualizan que la letra de una persona entre los 30 y los 55 años aproximadamente no cambia y, por tanto, tampoco se puede determinar si Bárcenas los pudo escribir hace dos semanas o hace 15 años.
Con todo esto, aunque no se pueda certificar la veracidad de los documentos, sí se puede decir al 100% que la letra que aparece en los papeles es de Luis Bárcenas, comparándola con otros textos escritos de su propio puño y letra. Estas mismas fuentes explican que la letra de extesorero tiene algunas particularidades que la hacen inconfundible. Por ejemplo, su ‘M’ con un bucle en la punta superior izquierda.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, está esperando recibir el informe calígrafo antes de citar a una serie de testigos, entre los que se encontrarían quince empresarios que pudieron dar donativos al PP fuera de la legalidad. Fuentes fiscales subrayan que, sin tener la prueba central, estos testimonios tienen que ser muy aclaradores y aportar muchos datos para poder seguir adelante con la investigación.

No perdamos nuestra capacidad de asombro e indignación – #contralaimpunidadya

En estos días se han publicado estudios de intención de voto en los que se revela que el Partido Popular seguiría siendo el partido más votado, lejos de la mayoría absoluta que ostenta ahora, y seguido de cerca por el PSOE, que no crece ante la pésima labor de oposición que está realizando.

La reflexión que se debería hacer es si se ha perdido la capacidad de asombro e indignación y se seguirá votando igual a uno u otro de los partidos que han llevado al país a esta situación catastrófica.

“No hay alternativas”, dicen unos.

“Todos son iguales”, repiten otros.

“Con la abstención, les estamos manifestando a los políticos que no nos representan”, aseguran algunos.

Si no hay alternativas tendremos que crearlas.

Si todos son iguales, hay que ser otros los que tomemos el liderazgo.

La abstención es un cheque en blanco para que los políticos hagan lo que les dé la gana.

Nuestro sitio está en las calles, pero también en el congreso y en los despachos de los políticos.

Por desgracia, hasta que los políticos no se sientan realmente amenazados en sus cómodos despachos o incluso en sus casas no moverán ni un dedo a favor de nosotros.

Hasta que hubo muertes (suicidios les llaman, pero deberían decirles “asesinatos indirectos”) en los

Ada Colau ha dado el ejemplo.  Hay que llamar a las cosas por su nombre… y nunca perder la capacidad de asombro y de indignación.

#contralaimpunidadya

Otra heroína: Ada Colau en el Congreso de los Diputados diciendo verdades como puños

Si ayer pusimos por las nubes al juez Pablo Ruz, hoy tenemos otra nueva heroína: Ada Colau, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca.

En su comparescencia en el Congreso de los Diputados dijo verdades como puños.

El País recoge su actuación, que no ha dejado indiferente a nadie.

Tensión entre dos legitimidades: la que nace de la sociedad, a través de plataformas, y la que emana de la soberanía popular en las urnas y lleva a los parlamentarios al Congreso y al Senado. Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Economía del Congreso con los comparecientes que han convocado los grupos parlamentarios para escuchar opiniones sobre la reforma de la ley Hipotecaria y otras normas que den una respuesta a los desahucios por impago de las hipotecas. El revuelo se produjo con la intervención de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH.

Lo que dijo Ada Colau que encrespó los ánimos fue exactamente esto sobre el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero: “No le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decir lo que estoy diciendo. Este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarlo. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema; son esta misma gente la que ha causado el problema, los que han arruinado la economía entera de este país y ustedes les siguen calificando de expertos”.

Esta líder del movimiento contra los desahucios, que acumula ya cuatro años de lucha, ha reprochado a todos los partidos que no cayeran en la cuenta de este drama social hasta muy tarde, de manera que ellos han trabajado en solitario durante mucho tiempo. Coincidió Ada Colau con todos los grupos, también con el representante del PP, Pablo Matos, en rechazar los argumentos que dio en esa comisión el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero. Pero hubo diferencias en las formas. Ada Colau le llamó “criminal” lo que provocó que el presidente de la comisión, el popular Santiago Lanzuela, le pidiera que retirara esa expresión. No lo hizo.

Se notó de inmediato el caudal de sufrimiento y de conocimiento que Ada Colau ha atesorado durante más de cuatro años de lucha en defensa de los desahuciados. Por eso pidió a los parlamentarios que acepten “un programa de mínimos” para paliar la situación de muchas familias que han sido expulsadas de sus viviendas por no poder pagarlas, siguen con la deuda y no hay expectativa de que la puedan pagar. Por orden de aparición en la preocupación por este gran problema la representante ciudadana saludó a Iniciativa per Catalunya, a ERC y otros grupos minoritarios, pero afeó especialmente al PP y al PSOE por haber “bloqueado” iniciativas para paliar el problema. Unos en el gobierno actual, y otros en el anterior. “Parece que ahora el PSOE ha rectificado”, dijo con cierta distancia.

A excepción del representante de ICV, Joan Coscubiela, que no se sintió en absoluto incómodo por la disertación de Ada Colau, el resto de los portavoces se revolvió y no aceptó el tono de cierta amenaza que percibieron de la activista. El próximo martes, gracias al PSOE que ha cedido su cupo, se verá la Iniciativa Legislativa Popular promovida por esta Plataforma y que ha conseguido un millón de firmas. “Señalaremos a los diputados que no apoyen esta iniciativa; quedarán señalados aquellos que no se comprometan”. Se refiere Colau a la necesidad de que se tome en consideración esa proposición de ley que dará lugar a que se pueda discutir y que tiene un programa de mínimos: Parar los desahucios; dación en pago con carácter retroactivo y alquiler social.

En suma “una segunda oportunidad” para los que no pueden pagar las hipotecas, como ocurre en otros países. “Les invito a que vengan con las plataformas a reunirse con los afectados; les invito a que escuchen lo que sufren los afectados y verán si hay o no falta de democracia en este país”. Colau no considera “amenazas” sus advertencias de “señalamiento” a los parlamentarios que no voten la toma en consideración el próximo martes de la iniciativa popular. “No me ha gustado eso que usted dice de que nos van a señalar, ¿me lo puede explicar?”, le preguntó Pedro Azpiazu, del PNV. Este y el resto de los portavoces defendieron su condición de elegidos por los ciudadanos en elecciones libres y tan solo hace un año. La excepción siempre estuvo en Joan Coscubiela de ICV, cuyo discurso fue muy coincidente con el de la representante de la plataforma contra los desahucios.

La respuesta de Leire Iglesias del PSOE fue respetuosa pero firme y denotaba cierto enojo. Primero, porque la iniciativa popular se va a debatir el martes porque el PSOE ha retirado una proposición suya para que esta entre. También, porque si bien reconoció y alabó el trabajo de la Plataforma, pionero y determinante para poner el foco político y mediático en el problema de los desahucios, defendió que desde el principio de legislatura el PSOE ha cogido este asunto como prioridad. Hubo contención y mucha por parte de la representante del PSOE, del PP, CiU y PNV para no enzarzarse en una discusión con Colau sobre su labor de representación de los ciudadanos. Pero ella no se arredró ya que terminó su intervención preguntando retóricamente a los diputados si creían que “democracia era votar cada cuatro años”. “Están muy equivocados si así lo creen”. Volvió a retarles a que le dijeran si iban a tomar en consideración o no la iniciativa popular. Un claro sí dio el representante de ICV, Joan Coscubiela, y también la diputada Leire Iglesias del PSOE. “Pero nosotros tenemos medidas más ambiciosas”, le devolvió la experta socialista en este tema.

Al igual que el primer compareciente, Julio Rodríguez expresidente del Banco Hipotecario, concitó una fuerte corriente de sintonía, los argumentos del representante de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, provocó un fuerte rechazo. A su juicio, los desahucios han venido provocados por la crisis económica y no por el sistema hipotecario que es “eficaz”. Rodríguez Pellitero advertía a los legisladores sobre el cambio en las leyes que están preparando. En efecto, además de la iniciativa popular que se verá el martes, está en marcha el cambio de toda la normativa sobre desahucios. El representante de la banca aceptaría como mucho que haya medidas legales “transitorias y extraordinarias” sobre las leyes hipotecarias ya que “si se modifican los fundamentos actuales el crédito será menor y más caro”.

Sus apreciaciones fueron rebatidas por todos los portavoces y con mucha energía por parte de Pablo Matos del PP que desgranó los excesos de las leyes españolas, sin parangón en el resto de países europeos donde rige “la segunda oportunidad”, antes de quitar a la gente la vivienda por impago. El desacuerdo con la intervención del representante de la AEB llevó a Ada Colau a llamarle “criminal”, por todas sus observaciones y en particular por asegurar que “la dación en pago no resuelve nada”. La comparecencia de la representante de la Plataforma se intuyó tensa desde el primer minuto. Ada Colau, catalana y residente en Barcelona reprochó de entrada que la hubieran convocado la última cuando ella vivía fuera de Madrid, y los anteriores sí eran de la capital, lo que la impedía volver por la noche a casa.

Surge un nuevo héroe: El Juez Pablo Ruz tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Montoro

Si es que ya decíamos que la amnistía fiscal fue para los amiguetes del PP.

Ahora lo dice el juez Pablo Ruz que tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda o ¿Ministro de los Amiguetes?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

Francisco Correa, cabecilla de la trama;

Pablo Crespo, su mano derecha;

Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

José Luis Ulibarri, empresario leonés;

César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

Jesús Merino, exsenador del PP;

Fernando Martín, dueño de Martinsa;

Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

Vía El Confidencial.

Un exdiputado del PP: “Hay dinero negro en los partidos, casi siempre”

A mí me daría vergüenza reconocer que soy conocedor de delitos y quedarme tan pancho.

Todo es una suma de un encubrimiento de una casta que se cree intocable.

Escuchad lo que ha dicho un exdiputado del PP en la Ser.

El exdiputado y exsenador del PP Carlos Mantilla aseguró el pasado viernes en la cadena SER que “es una hipocresía pensar que los partidos no tienen una financiación ilegal”. En una tertulia en Radio Galega, Mantilla aseguró que “es sabido de todo el mundo”, que los partidos se financian con dinero negro. “Hay dinero negro en los partidos, casi siempre”. El exdiputado, que también regenta un bufete de abogados especializado en la protección contra el fraude, señaló, tras la publicación de los papeles de Bárcenas, en los que se contabilizaron sueldos a los cargos del PP, que los partidos necesitan mucho dinero “porque tienen infraestructuras grandes y las campañas son costosísimas”.

Mantilla defendió en el mismo programa que “todos los cargos de los partidos tienen sueldos, no sobresueldos”. A lo que agregó: “Me refiero a Mariano Rajoy, o a Rato o a Cascos. También a Almunia, o a Zapatero. ¿Por qué tienen un sueldo? Porque dedican muchísimas más horas que un diputado”. Y también: “Dicho de otra manera, si el señor Rajoy, o el señor Cascos o el señor Zapatero, declarasen ese dinero a Hacienda no existiría ningún problema. No los pueden declarar por muchas razones, una de ellas porque, obviamente, si vienen de dinero negro, esos fondos tienen un control. Y solo puedes gastar oficialmente lo que se permite el Tribunal de Cuentas o la legislación”.

Mantilla también consideró que los sueldos son algo “totalmente normal”. Y puntualizó: “El único problema que puede ser criticable es que no están declarando a hacienda lo que ganan, no porque no quieran, sino porque no pueden”.

Ana Mato no es cesada ni dimite… ¿A qué espera Rajoy? ¿O es que tiene miedo?

¡Si hasta Pedro J. ha pedido la dimisión de Ana Mato!
Parece que Rajoy está perdiendo autoridad frente a los corruptos Bárcenas y Mato.
Un presidente de gobierno que no pueda cesar a sus empleados no puede dirigir una nación, especialmente en el momento por el que atravesamos.
Seguimos destruyendo empleo y no podemos seguirnos con estas tonterías.
El pájaro Rajoy
Pero si incluso el esposo de Ana Mato sigue cobrando del PP.

¡Qué vergüenza!

Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sigue percibiendo un salario del PP. Fuentes del partido han confirmado a EL PAÍS que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que dimitió en 2009 al ser imputado en el caso Gürtel, sigue cobrando por su trabajo de asesor, lo que le permite trabajar desde casa sin apenas acudir a la sede nacional, en la calle Génova, como avanzó eldiario.es. La situación de Sepúlveda, aducen las mismas fuentes, no ha cambiado desde enero de 2011, cuando otro informe policial acreditaba que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, regaló viajes al exregidor.

Al dimitir al frente del Consistorio de Pozuelo, como le había recomendado Esperanza Aguirre, Sepúlveda habló con Mariano Rajoypara poder reincorporarse a su puesto de asesor en el partido, donde trabajaba desde los tiempos de Alianza Popular, en 1982. El entonces líder de la oposición aceptó.

El exalcalde ha desvinculado en varias ocasiones a Ana Mato de sus actividades económicas e insiste en asumir toda la responsabilidad de los movimientos registrados en sus cuentas. Así lo aseguró a través de un comunicado después de que el viernes se conociera el informe policial notificado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos de la red Gürtel a Sepúlveda y a su esposa.

La policía considera confirmado que la trama corrupta liderada por Francisco Correa entregó dádivas y regalos a la actual ministra de Sanidad, entre 2000 y 2004. Se trata de viajes a distintos destinos de España —Jerez de la Frontera, Santiago, Tenerife— y Europa —Suiza, Irlanda—, en ocasiones acompañada por otros miembros de su familia. En la contabilidad b de la trama, hallada por los agentes en una nave industrial de Alcorcón (Madrid), aparecen también al menos dos obsequios de la firma de moda y objetos de lujo Louis Vuitton valorados en, al menos, 610 euros, y cuya compra atribuyen a Álvaro Pérez, El Bigotes.

Tanto el entorno de la ministra como Sepúlveda señalan que este nuevo informe solo es una ampliación del elaborado en 2011. Entonces Mato no fue imputada, pues el juez consideró que el delito, de existir, habría prescrito. La titular de Sanidad, coordinadora de Organización del PP cuando se produjeron los hechos, insistió el pasado viernes en que pagó los desplazamientos.

Mato se dirigió el sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para defender su honorabilidad y asegurar que siempre pagó sus gastos familiares. El propio Rajoy le mostró su respaldo en público, dando a entender que al menos de momento se descarta una dimisión, y le trasladó sus “ánimos” en nombre de todo el partido.

#Rajoydimisión – Los papeles de Bárcenas

 

¡Espantados estamos!

Pero vamos a ver… ¿quién nos gobierna?

#Rajoydimisión

Gracias a El País por airear esta información:

Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como “donativos” sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

Se registran pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios

Los documentos a los que ha accedido EL PAÍS recogen el periodo comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

La primera anotación, de abril de 1990, registra: “Saldo inicial (entrega R. N). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8”. Las iniciales hacen referencia, supuestamente, a Rosendo Naseiro, anterior tesorero popular que se vio implicado, y absuelto por defectos de forma, en un escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora.

Entregas a la cúpula del PP

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general,Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos,Javier ArenasÁngel Acebes y Dolores de Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como receptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como “L. del R.”), con 120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de “J. M. Villar Mir”, en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008. En dos ingresos de 2004 y 2008 figura “Mercadona” con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Solo se ingresaban en el banco parte de las donaciones privadas recibidas

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran tambiénPablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión “Galicia (O.C.)”, “De Málaga”, “La Rioja” o “Palencia”, aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).

Además, incluye gastos de funcionamiento ordinario del partido como servicios de asesoría jurídica, encuestas o estudios, y otros desembolsos de variada naturaleza.

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

El primer apunte de pagos a Dolores de Cospedal es del 7 de julio de 2008

De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. Los papeles de Barcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares.

Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los presidentes que ha tenido el PP y encargado de los estudios demoscópicos, también aparece en las anotaciones como receptor de cantidades que van de 100.000 hasta 161.000 euros. Arriola ha aclarado a EL PAÍS que nunca tuvo contacto con el tesorero y que, efectivamente, factura al PP desde 1990 distintas cantidades anuales, primero en talones y luego por transferencia. Según recordó, la cantidad estipulada en su contrato no coincide con la registrada en los papeles de Bárcenas.

La contabilidad anota también pagos esporádicos sin continuidad en el tiempo. Entre ellos figura una ayuda de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. Además, hay dos aportaciones al portal de Internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004. La organización vasca Basta Ya figura con una ayuda de 3.005 euros en el primer semestre de 2002.

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para “corbatas presidente”. En diciembre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto “Trajes Mariano”. En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para “Trajes M. R.”. Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para “trajes y camisas” no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal —dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno—, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año. La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.

Las mayores entregas registradas son a Arenas y a Álvarez-Cascos

Cospedal aseguró en público, a raíz del estallido del escándalo de las presuntas entregas de dinero a la cúpula del PP, que no tenía constancia de esas prácticas. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido indicaron a EL PAÍS que la secretaria general ha comentado en su entorno que fue ella quien puso fin a esas prácticas al acceder al cargo.

El presidente Rajoy declinó, a través de un portavoz y a requerimiento de EL PAÍS, pronunciarse sobre los documentos y su contenido hasta que se conozca el resultado de las auditorías interna y externa que encargó sobre las cuentas del partido.

Los pagos a la cúpula del PP reflejados en las anotaciones no tributaban a Hacienda, según fuentes próximas a los dos ex tesoreros, porque se entregaban como gastos de representación que los beneficiados supuestamente no debían justificar. De no haberlos declarado a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Una o varias veces al año la contabilidad registra salidas de dinero, que se ingresan en un banco bajo el concepto “donativos”. Esta mecánica sugiere que solo una parte de lo recibido era tramitado por vías legales y transparentes a través de su ingreso en un banco.

Dirigentes del PP sospechan que Bárcenas se pudo quedar con dinero

De esta manera, la contabilidad registra entre 2000 y 2003 diversos ingresos en el Banco de Vitoria con el concepto “donativos”. El Banco de Vitoria abandonó su marca comercial a finales de 2003 cuando fue absorbido por Banesto. En la contabilidad que manejaba Bárcenas hay un apunte de abril de 2004 donde junto al concepto “ingreso donativos Banco de Vitoria” aparece dibujada una pequeña flecha que apunta a un nombre: “Banesto”. A partir de ese momento, los ingresos de los donativos en el banco se identifican con el nuevo nombre de la entidad.

Pese a que, según los documentos analizados por EL PAÍS, solo se declaró una parte del dinero recibido, el PP sumó entre 1999 y 2007, según el Tribunal de Cuentas, 33 millones de euros en donaciones, diez veces más que el PSOE en el mismo periodo.

Dirigentes del PP consultados por este periódico temían que los secretos que Bárcenas guardaba en las nueve cajas de documentación que sacó de la sede del partido en vísperas de ser imputado por el caso Gürtel acabaran estallándole a la formación conservadora y al Gobierno de Rajoy.

El descubrimiento de una cuenta secreta en Suiza donde Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros, fruto de sus negocios a lo largo del tiempo, según el extesorero, hizo aumentar la preocupación entre los dirigentes del PP respecto a la información que como consecuencia del hallazgo judicial pudiera salir relacionada con las cuentas del partido. Sus temores se hicieron realidad cuando El Mundo informó de estos pagos procedentes de supuestas comisiones ilegales. En esa información se excluía del cobro de los mismos expresamente a Rajoy, en contra de lo que señala la contabilidad de Bárcenas, y a Cospedal, que según los mismos registros recibió dinero cuando fue elegida secretaria general.

Bárcenas ha sido junto a Lapuerta, con el que trabajó de gerente durante 18 años, el dueño de la caja del PP, la persona que conocía todos los detalles de cómo se financiaba la formación conservadora, a quién debían favores y quienes se beneficiaban de las aportaciones.

Rajoy aparece por primera vez con un pago semestral de 2.100.000 pesetas

Bárcenas, que no aparece como receptor de dinero en esa lista que controlaba, tenía un salario muy por encima del resto de ejecutivos del partido. Desde 2000 cobraba, de media, 200.000 euros al año. Y a partir de 2007, empezó a cobrar mediante dos ingresos: uno de la nómina y otro, muy superior, con el enunciado “transferencia del PP”. Dirigentes del partido han transmitido a EL PAÍS sus sospechas de que el extesorero, que durante 20 años controló todas las aportaciones privadas, pudo quedarse con un parte de ese dinero sin registrarlo en la contabilidad secreta. Esas sustracciones, siempre según las mismas fuentes del PP, podrían haber engrosado las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero en la investigación de la trama Gürtel.

Durante el proceso judicial del caso Gürtel, Bárcenas sintió que el partido en el que había trabajado 20 años le abandonaba a su suerte. Hasta el punto de que el PP dejó de pagar la minuta de su abogado. Bárcenas logró que en septiembre de 2011 el juez archivara la causa contra él pese a que aún no había llegado el resultado de las comisiones rogatorias en Suiza en busca de cuentas secretas. Pero la Audiencia reabrió el caso en 2012 tras un recurso de la Fiscalía.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han recibido presiones desde distintos sectores del PP para buscar una salida que dañe lo menos posible al partido y al Gobierno. Estas presiones se intensificaron tras conocerse la cuenta suiza donde Bárcenas acumuló 22 millones.