El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP

El caso Bárcenas sigue expandiendose e imputan a los más importantes empresarios del país. ¿Pasará de ahí? ¿Hará justicia el juez Ruz?

Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales. Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.

Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una “alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa”. “Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración”.

El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.

En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, “el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal”, dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, “sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”.

La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido ‘sobresueldos’ a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen “un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo”.

Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.

El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Gurtel’ y ha abierto una pieza separada para investigar el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.

Vía eldiario.es

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Las actas del Instituto Nóos alejan a la Infanta Cristina de la imputación

Estamos hartos, en serio. ¿Otra como Mato? ¿Qué pasa con la alta alcurnia de este país que o es terriblemente machista – muy terrible- o absurdamente idiota? ¿Es creíble que tantas parejas lleguen a ser completamente ajenas a las fechorías de sus compañeros de cama? ¡Basta ya!

Las actas del Instituto Nóos revelan que la Infanta Cristina no asistió a las reuniones de la Junta Directiva celebradas por la entidad entre el 23 de septiembre de 2003, fecha en la que fue designada la nueva Junta con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a la cabeza, y el 20 de marzo de 2006, cuando tanto éste como su mujer y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, se desvincularon de la asociación investigada en el caso Nóos.

Así consta en los documentos, y que están pendientes de ser entregados al juez instructor de la causa por parte del exsecretario general de Nóos Miguel Tejeiro, después de que el magistrado así se lo haya requerido con el objetivo de averiguar si a los encuentros celebrados asistieron todos sus miembros y, entre ellos, la Infanta en calidad de vocal de la entidad.

Se da la circunstancia de que ninguna de las actas hace referencia a la toma de decisiones con respecto a los eventos investigados en relación con Valencia ni con Baleares. De hecho, el propio Tejeiro, en la declaración que prestó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, señaló que como secretario general de Nóos firmó los acuerdos adoptados puesto que no había entre ellos ninguno “sorpresivo o arriesgado”.

Más en concreto, el primero de ellos, del 23 de septiembre de 2003, alude a la constitución de la Junta Directiva, integrada por Urdangarin, Torres, Tejeiro, García Revenga como tesorero de la asociación, y la Infanta en calidad de vocal. Mientras tanto, la siguiente reunión, del 3 de marzo de 2004, contó con la presencia de Urdangarin, Torres y Tejeiro, y en ella se acordó por unanimidad autorizar al Duque y a su exsocio a operar con firma indistinta en la cuenta corriente del Instituto Nóos.

Ya el 26 de noviembre de 2005 concurrieron a la reunión de la Junta de ese día Urdangarin, Torres y Tejeiro, quienes aprobaron, también de forma unánime,conferir poderes generales de administración y disposición en favor de Urdangarin y Torres para que, en nombre de la asociación, pueda cada uno de ellos indistinta y solidariamente ejercer todas las facultades que se relacionaban en un anexo que acompañaba al acuerdo.

Facultades conferidas en favor de Urdangarin y Torres

Más en concreto, se les habilitaba para comprar, disponer, enajenar y gravar todo tipo de bienes muebles e inmuebles; otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos; asministrar bienes; girar, aceptar y protestar letras de cambio; tomar dinero a préstamo o a crédito; disponer, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo; otorgar contratos de trabajo; comparecer ante toda clase de juzgados; intervenir en suspensiones de pago o quiebras; dirigir la organización comercial de la asociación, y otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados.

Finalmente, en la asamblea celebrada el 20 de marzo de 2006, se aprobó el nombramiento de una nueva junta directiva, que quedaría constituida por Torrescomo presidente -en sustitución de Urdangarin-, Tejeiro como secretario general yPedro Parada como tesorero.

Entre las actas también se encuentra la correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de octubre de 2004 en la que, también por unanimidad, se acordó solicitar a La Caixa una póliza de crédito por un importe máximo de 300.000 euros a un plazo de hasta 12 meses, ofreciendo como garantía las facturas que se girarían a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia. También se facultaba a Torres para efectuar las gestiones necesarias y contratar la anterior póliza.

Cabe recordar que, según justificó el Duque en su declaración como imputado del pasado 23 de febrero en torno al papel desempeñado por su mujer en Nóos, la Infanta era vocal en el Instituto que presidía porque hacían falta cinco personas para formalizar la Junta Directiva y “tuvimos, cómo decir, que cubrir esos asientos“. No obstante, señaló que su esposa no hacía “absolutamente nada” sino que fue nombrada como persona “de máxima confianza y transparencia” para el cargo que iba a ostentar.

“Hacían falta cinco personas para conformar la Junta”

“Era una persona de confianza mía en la Junta Directiva, simplemente eso, con la voluntad máxima de dar una transparencia y una normalidad a las cosas”, recalcó el imputado acerca del nombramiento de la Infanta en la entidad a través de la cual presuntamente fueron desviados unos 5,8 millones de euros.

En una de sus preguntas en torno al papel de la hija del Rey Don Juan Carlos, Castro observó que según los estatutos de Nóos, con tres miembros en la Junta -presidente, tesorero y secretario- “bastaba”, a lo que el Duque respondió que sus asesores le dijeron que “había esto, conformamos que iban a ser cinco y yo siempre he pensado que el formalismo eran cinco, no tres”.

Al interpelarle sobre qué hacía entonces su esposa como vocal, Urdangarin se limitó a contestar: “absolutamente nada”, tras lo cual el juez le preguntó “y si no hacía nada, ¿para qué estaba allí?”. “Le repito Señoría, yo siempre he pensado que hacían falta cinco personas para formalizar esa Junta y nombramos a las personas de máxima confianza y máxima transparencia para ello. Nada más. Es la primera noticia que tengo que con tres ya hubiésemos conformado la Junta”, espetó el encausado.

Vía El Confidencial

La Audiencia Nacional estudia recuperar la investigación del oligarca ruso Oleg Deripaska

Hace ya tres años de la “operación Avispa” y todavía no ha habido ningún movimiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta impunidad? ¿Quién se hace responsable de esta desfachatez? ¿Dónde queda la independencia de la justicia? ¿A que altura quedan nuestros políticos?

La Audiencia Nacional se plantea reclamar a las autoridades rusas la investigación abierta en su día contra el magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska por su posible vinculación con la organización mafiosa “Izmailovskaya”, acusada de blanquear dinero en España en el contexto de la llamada “Operación Avispa”. El juez Fernando Andreu aceptó en su día remitir a sus colegas rusos las diligencias contra Deripaska, imputado en España, pero advirtió que recuperaría la competencia en caso de que Rusia no realizara las investigaciones solicitadas sobre las posibles actividades delictivas de Deripaska y su entonces socio, Iskander Majmúdov.

La investigación sobre Deripaska surgió a raíz de la citada“Operación Avispa”, desarrollada en dos fases en España (en 2005 y 2006), y por la que ya fueron condenados seis miembros de la mafia ruso-georgiana, entre ellos el máximo responsable del grupo, Zajar Kalashov.

En el auto en el que cedía la iniciativa investigadora a las autoridades judiciales rusas, Andreu argumentó su decisión en el hecho de que las actividades ilícitas imputadas a Deripaska y Majmúdov, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales, se habrían cometido en Rusia, país en el que residen ambos. En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, y es también en ese país donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales objeto de las diligencias abiertas, según el juez español. Además, Andreu señaló que la Fiscalía General de Rusia le comunicó su interés por la investigación de estos hechos. Según el auto, Deripaska, Majmúdov y el también exsocio del oligarca ruso, Mijail Cherney, controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal “habría ido ‘conquistando’ mediante extorsión y el asesinato”, y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Ni la fiscalía ni la policía rusas han iniciado en tres años indagación alguna sobre el caso investigado en la Audiencia Nacional

En mayo de 2010 Andreu y el fiscal José Grinda, interrogaron en Moscú al magnate ruso, pero en calidad de testigo. Fue después de ese encuentro, que se desarrolló en un clima de cierta tensión, cuando Andreu accedió a ceder la iniciativa de la investigación a Rusia, anulando la imputación de Deripaska. Ahora, cuando van a cumplirse tres años de aquella decisión, ni la fiscalía, ni la policía rusas han iniciado investigación algunasobre el caso investigado en la Audiencia Nacional, y ésta valora recuperar en las próximas semanas la iniciativa del caso.

Además, el pasado 26 de febrero miembros del llamado Comité de Investigación ruso, una estructura independiente de la policía y la fiscalía, procedieron a registrar los locales moscovitas de la empresa Rusal, matriz del imperio que controla Deripaska. La causa del registro -que según anunció el Comité también se había realizado en otras oficinas de la sociedad- tiene que ver con una investigación abierta por un posible fraude fiscal de 200 millones de rublos, unos 5 millones de euros.

Vía Vozpópuli

El jefe de la mafia rusa de Lloret confirma al juez que pagó regalos y viajes a Crespo

Nuevos datos sobre la mafia rusa en Lloret de Mar. ¿Cómo se puede confirmar haber sobornado sin tan siquiera sentir vergüenza? ¿Cuál es el nivel de nuestros gobernantes?

El supuesto líder de la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar (Geona), Andrei Petrov, ha confirmado hoy al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos y viajes al diputado de CiU y exalcalde de la localidad, Xavier Crespo.

Velasco le ha citado hoy por segunda vez para que ampliara algunos detalles de los regalos que hizo a Crespo, para lo cual ha sido conducido desde prisión, donde está ingresado desde el pasado 28 de enero.

El juez ha interrogado al presunto capo durante menos de una hora por algunos extremos que le quedaban por confirmar y ampliar de su comparecencia anterior, centrados en las prebendas que pagó a Crespo para conseguir un trato de favor del Ayuntamiento.

Petrov ha reafirmado hoy los regalos pagados al exalcalde, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como los dos viajes a Rusia.

Uno de estos viajes fue en 2008 y en él Petrov le presentó a los líderes de la trama internacional rusa de blanqueo, Viktor Kanaidin y Sergei Nalimov, según explica el juez en la exposición razonada que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que asumiera el caso dada la condición de aforado de Crespo.

A cambio de estos regalos, Crespo prometió a Petrov que le bonificaría con el 50 % del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua plaza de toros de la localidad, fijado en 266.000 euros.

El pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó esta condonación -amparada en la condición de interés general de la obra- del pago del impuesto, de manera que Petrov abonó 133.000 euros menos por la licencia, un extremo que hoy ha reconocido al juez pero que ha defendido por ser ajustado a la legalidad.

En esta causa se investigan además los patrocinios que hizo Petrov, por un total de 270.000 euros durante tres años, a los equipos de hockey y fútbol de Lloret, un dinero que los investigadores consideran excesivo y que pudo servir para sobornar a cargos del consistorio.

De hecho, según el juez, Petrov “se vio obligado” a patrocinar estos clubes por orden de Crespo, quien “ideó hasta la forma de pago”.

Este caso de supuesta corrupción deriva de la operación policial Clotilde llevada a cabo el pasado 25 de enero, que se saldó con ocho detenidos y cinco imputados más, relacionados con una red de empresas vinculada a Semion Mogilevich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI.

Algunos de los detenidos fueron Andrei Petrov; su padre, Boris Petrov; su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin; el teniente de alcalde de Lloret, Josep Valls, y la arquitecta Pilar Gimeno.

La Casa del Rey pagó con fondos públicos la reforma de la casa de Corinna en El Pardo

¿Es el patrimonio público excusa suficiente para financiar la vivienda de la enigmática “amiga” del Rey? ¿En un contexto como este, es correcto emplear dinero público en remodelaciones no vitales? ¿No tenemos suficientes incognitas para meter a la Casa Real en la Ley de Transparencia?

La Casa del Rey pagó con fondos públicos las obras de mejora y reforma de la finca La Angorrilla, en la que durante casi cinco años han pasado largas temporadas la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, íntima amiga de don Juan Carlos, y uno de sus hijos, según han confirmado a El Confidencial fuentes muy cercanas a La Zarzuela.

La lujosa vivienda se levanta sobre una antigua casa forestal situada en el monte de El Pardo de Madrid, en una zona vigilada y de acceso restringido, y su rehabilitación fue financiada en gran parte con cargo a los presupuestos dePatrimonio Nacional, el organismo público que custodia los bienes de titularidad estatal al servicio de la familia real.

En el espacio natural de El Pardo -en cuyas 16.000 hectáreas se ubica también el palacio de La Zarzuela-, al lado del pantano, con un acceso vigilado y alejada de miradas furtivas, se encuentra la finca de La Angorrilla. La casa ha sido remodelada y dotada de apreciables comodidades materiales a lo largo de los últimos años, como se puede advertir en las imágenes de Google Earth que acompañan esta información. Las fotografías muestran claramente las mejoras y cambios, tanto en la finca como en la vivienda, desde 2002 hasta la actualidad.

 La casa apenas sufre reformas de envergadura hasta 2006, coincidiendo con el momento en que la relación entre el jefe del Estado y la aristócrata alemana se hace más estrecha. En la imagen del 9 de octubre de ese año se puede comprobar que incluso el acceso a La Angorrilla está descuidado, y se limita a una pista de tierra sin asfaltar sólo apta para vehículos todoterreno.

Pero es entre 2006 y el 10 de febrero de 2009 cuando se realizan cambios muy apreciables: se construye una piscina de verano en las cercanías del chalé, se arregla el tejado y se transforma el jardín, y la pradera situada enfrente de la vivienda es adecentada y presenta ya un aspecto mucho más frondoso.

Dos piscinas

Entre 2009 y el 28 de febrero de 2012 se producen nuevos arreglos. La piscina de verano se ha ampliado, transformándose en una gran pileta cubierta para su disfrute durante todo el año, con una estructura rectangular. También se ha levantado un garage, con acceso directo a la casa, en lo que antes era una explanada de tierra; se ha construido una nueva piscina circular para el verano algo más alejada de la vivienda; los jardines siguen perfectamente cuidados, y las carreteras de acceso a la finca están ahora asfaltadas, demostrando un uso habitual.

En 2004, cuando el Rey conoció a Sayn-Wittgenstein, y 2005 también hubo obras de reforma en La Angorrilla, aunque mucho más modestas que las emprendidas posteriormente. La memoria de Patrimonio Nacional revela que en 2004 se invirtieron 288.964,20 euros en “actuaciones de conservación y mejora en las casas forestales del monte de El Pardo”.

La memoria del año siguiente no detalla la cifra total invertida por Patrimonio Nacional, pero aclara que se “efectuaron obras concretas de conservación” en las casas forestales de La Angorrilla, Águila Alta, La Quinta, Somontes, Casa Quemada y Delegación, según las fuentes consultadas. En la vivienda que más tarde ocupó Corinna se gastaron ese año 16.445,95 euros.

Más de dos millones de euros

Las fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que el importe final de las obras de reforma de la finca La Angorrilla superaron los dos millones de euros. Sin embargo, desde 2006 las cuentas anuales de Patrimonio Nacional no detallan el presupuesto de inversiones de este organismo público; es decir, se limitan a informar del montante global de las obras de “mantenimiento, conservación y rehabilitación” de los edificios bajo su custodia, pero sin especificar lo gastado en cada uno de ellos. En el ejercicio de 2007, por ejemplo, se presupuestaron en este capítulo más de 34 millones de euros.

Ni la Casa del Rey ni Patrimonio Nacional han querido pronunciarse respecto a la estancia de Sayn-Wittgenstein en La Angorrilla y con qué fondos se acometieron los trabajos de reforma en la finca. Un portavoz oficial de La Zarzuela señaló a este diario que todas las cuestiones relativas a los supuestos vínculos de Sayn-Wittgenstein con el jefe del Estado y el Gobierno serán respondidas en el Congreso en las próximas semanas. Precisamente una juez de Madrid ha preguntado a la Fiscalía si debe actuar contra Corinna por presunta “usurpación de funciones públicas”.

IU ha presentado una batería de preguntas dirigida al Ejecutivo para aclarar, entre otras cuestiones, si la princesa alemana contó con protección policial mientras vivió en El Pardo. Y el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanzcomparecerá el próximo día 19 ante la Comisión de Secretos Oficiales. Fuentes autorizadas de Patrimonio Nacional rehusaron también confirmar o desmentir la presencia de Corinna en La Angorrilla.

Vía El Confidencial

Denuncian ante la CNMV que Bárcenas pudo usar información privilegiada en la OPA de Endesa

Otro día, otro caso. Al extesorero del PP se le acumulan los pleitos. Y no es para menos, pues cada día descubrimos nuevas tropelías por su parte. ¿Cómo puede el PP seguir defendiendo a este cara-dura? ¿Tan manchados están?

La Asociación Europea de Inversiones Profesionales, ASINVER ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un escrito, fechado el 4 de marzo de 2013, para solicitar al regulador de los mercados españoles una investigación sobre el posible uso de información privilegiada por parte de Luis Bárcenas. La denuncia se centra principalmente en las operaciones vinculadas a la compra de Endesa por parte de Enel.

En su última declaración, el extesorero del PP Luis Bárcenas reconoció ante el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había logrado unas ganancias de seis millones de euros con una operación bursátil en Endesa en el año 2007. Utilizanco como base estas declaraciones, la documentación publicada por los medios de comunicación sobre las inversiones declaradas por el extesorero del Partido Popular; y las sospechas que ha lanzado la UDEF sobre posible información privilegiada, en Asinver consideran que hay indicios suficientes como para la que la CNMV “solicite toda la información disponible en la Audiencia Nacional e investigue el caso”.

En el escrito que ha remitido la Asociación se pone el foco en el hecho de que Bárcenas tuviera una inversión tan cuantiosa precisamente en acciones de Enel y Endesa, en la medida en que todas estas compañías fueron las que estuvieron implicadas en la convulsa Oferta Pública de Adquisición (OPA) que Enel y Acciona lanzaron en 2007 sobre la eléctrica española. El texto del documento de reclamación al que ha tenido acceso Eldiario.es asegura que puede haber “indicios” de que una posible filtración hubiera provocado “una distorsión en el precio de las acciones de Endesa”.

En el documento también consta una relación temporal de los hechos acaecidos en torno a dicha opa que va desde la autorización de compra de Endesa por parte de E.on, en noviembre de 2006, hasta la demanda presentada el 27 de abril de 2007 contra Miguel Sebastián, David Taguas y Carlos Arenillas por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.  Estos hechos coinciden con los movimientos accionariales que se están publicando en prensa en las últimas semanas.

Conviene recordar que las penas aplicables a los delitos de mal uso de información privilegiada pueden llegar a duplicar el beneficio obtenido en la operación.

Desde la CNMV explican que este tipo de gestiones no son públicas, pero que se seguirá el procedimiento habitual de la entidad en función del tipo de documento formal que haya presentado la citada asociación. Es decir, los servicios jurídicos del regulador valorarán la documentación aportada y decidirán si hay o no base para actuar. En cualquier caso ninguno de esos procedimientos será público, ni siquiera en el caso de que sea calificada como infracción grave o muy grave se identificará al sancionado.

La larga relación del PP con Endesa

La oferta de Enel fue el último episodio en una larga guerra por el control de Endesa, la mayor compañía eléctrica española. En septiembre de 2005, Gas Natural desató la tormenta con una primera opa sobre la compañía que Endesa rechazó. Su entonces presidente, Manuel Pizarro, se opuso a la operación, que se sospechaba bendecida por el Gobierno, entonces en manos del PSOE. Poco después, en febrero de 2006, entró en la puja la eléctrica alemana E.on, que mejoró la oferta en un 30%, también con el rechazo de Manuel Pizarro. Y tras varios intentos legislativos por parte del Gobierno para parar la operación alemana –unos reales decretos duramente rechazados por la Unión Europea por proteccionistas–, llegó la italiana Enel aliada con la española Acciona. Ambas empresas lanzaron su opa en 2007 y lograron cerrar la compra poco después. Manuel Pizarro abandonó la presidencia de Endesa, llevándose una indemnización de 10 millones de euros.

Casi acto seguido, el 17 de enero de 2008, Pizarro se afilió al Partido Popular con las firmas de Mariano Rajoy y José María Aznar como avalistas. Fue a las elecciones de ese año como número dos de la lista por Madrid y futuro vicepresidente económico si Rajoy ganaba las elecciones.

Tras la derrota de Rajoy, Pizarro cayó en desgracia y no recibió ningún cargo dentro del nuevo organigrama del partido. En enero de 2010 dejó la política.

Vía eldiario.es

Transcripción íntegra de la declaración ante el juez de Arturo Fernández en el caso Bankia

Ni es un experto en banca, ni recuerda lo que se discutió en los consejos de Bankia que firmaron las cuentas de 2011 con unos beneficios de 309 millones, primero, y la reformulación de las mismas con casi tres mil millones de pérdidas después. Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños y vicepresidente de la CEOE, se sentó durante años en los consejos de administración de Caja Madrid y de Bankia, pero dice que no se enteró de nada y cobró por ello 45.000 euros anuales.

Su declaración como imputado ante el juez Fernando Andréu es un ejemplo de cómo y por quiénes se han gestionado las cajas de ahorro. Entre otros detalles, dice que aprobó la salida de la entidad madrileña a bolsa “para estar con la mayoría”. Además, insiste una y otra vez en que todas las decisiones que tomó fueron para defender los intereses de los empresarios, a los que representaba en la entidad, y no del interés general de la caja. Lo que sigue es una transcripción, prácticamente completa, del interrogatorio a que le sometió el fiscal el pasado 14 de diciembre.

Fiscal.- ¿Cuál es su formación, su cualificación profesional?

Arturo Fernández.- Soy empresario desde los 17 años; estoy preparado en temas de economía y tengo un master en EEUU. Soy empresario de tercera generación dedicado a hostelería y servicios aquí en Madrid.

Fiscal.- ¿En qué fecha entró en el consejo de Bankia y a propuesta de quién?

Arturo Fernández.- Yo procedo de Caja Madrid como representante de los empresarios madrileños; cuando se produjo la fusión de las siete cajas pasé a BFA y después a Bankia.

Fiscal.- Dígame ¿cuál era su remuneración total por todos los conceptos?

Arturo Fernández.- Pues mire usted, yo no pertenecía a ninguna comisión (dentro del consejo de administración) y mi remuneración era de unos 45.000 euros aproximadamente.

Fiscal.- ¿Usted o alguna de sus empresas o sociedades en las que participa ha recibido algún préstamo, concretamente de  Caja Madrid?

Arturo Fernández.- Pues mire usted, yo soy cliente de Caja Madrid desde el año 1980. Soy cliente preferente, ha sido mi banco y me han ido renovando automáticamente pólizas de crédito, la última del año 2000, y  avales. Para más información, mi empresa tiene un apalancamiento (endeudamiento) aproximado de 17 millones de euros, y con Caja Madrid, ahora Bankia, 2,3 millones. Han sido créditos que no me han dado de forma preferente.

Fiscal.- ¿Ha participado en alguna comisión de Bankia?

Arturo Fernández.- Yo simplemente he sido consejero, y no he participado en ninguna comisión, ni de Caja Madrid, ni de BFA, ni de Bankia.

Fiscal.- ¿Qué intervención tuvo, si tuvo alguna, en el proceso de integración de las cajas y en la determinación del plan de saneamiento, perímetro de segregación, de qué activos se quedaban en BFA y cuáles en Bankia?

Arturo Fernández.- Mi intervención como consejero fue simplemente recibir información, y de alguna manera, en ese momento importante, cuando se decide que las cajas pasen a ser entidades privadas, pues simplemente recojo información. No soy experto en banca, soy experto en empresas. Dí mi opinión pero, si me permite usted, no sé lo que dije en aquel momento. El Gobierno quería (las fusión de las siete cajas), quería la banca y era una de las cosas que pedía Europa.

Fiscal- Y en el caso concreto de la selección de qué cajas se fusionaban entre sí, ¿tuvo alguna intervención en las negociaciones?

Arturo Fernández.- En absoluto, no tuve nada que decir en ese momento.

Fiscal.- El Banco de España (BE) realizaba informes de inspección sobre Caja Madrid, en concreto desde el año 2006, ¿fueron trasladados estos informes al consejo de administración de Caja Madrid.

Arturo Fernández.- Pues supongo que se informaría de cómo estaba la situación, de cómo se iba a hacer la fusión, y poco más.

Fiscal.- Respecto a la salida a bolsa de Bankia, ¿intervino usted en la solicitud de informes a terceros para hacer la Oferta Pública de Suscripción (OPV)?, ¿participó en algún comité que analizara las distintas posibilidades de esa salida a Bolsa, o se limitó a intervenir en el consejo cuando se presentó el proyecto?

Arturo Fernández.- Pues simplemente me limité a cuando sale el folleto, y en vista de que la CNMV, el BE, el Gobierno y no sé cuantos bancos, todos ellos de primera línea, deciden que hay que salir a Bolsa y se expone al consejo, a todo el mundo le parece correcto para que no lo nacionalicen. Yo simplemente me limité a estar con la mayoría y aprobarlo.

Fiscal.- ¿Se manejaron otras alternativas a la salida a Bolsa?, ¿por qué se decide esta opción frente a otras posibilidades?

Arturo Fernández.- Estábamos en un momento muy complicado de nuestra economía, y parece que los expertos de CNMV, del BE, opinaron que era la mejor solución. A mí lo que me interesaba era estar ahí para que los empresarios podamos obtener financiación. Como comprenderá, yo, un empresario, entiendo que no es mi obligación decirles si tenía que ser (la salida a Bolsa), me pareció correcto.

Fiscal.- ¿Tiene conocimiento de que en el verano de 2011 el BE había apreciado un deterioro mayor de lo esperado?

Arturo Fernández.- Bueno, la obligación del BE es controlar los deterioros de la banca en España, y ese deterioro naturalmente que se palpaba en el consejo, y cada vez que había que alcanzar un core capital (recursos propios de la máxima calidad), pues había una estrategia que mantener. Lógicamente se hicieron unos informes y se va aumentando el core capital a través de unas operaciones que no le puedo decir porque no las sé. En cada consejo se veía que estábamos dentro de las exigencias normales

Fiscal.- ¿Recuerda la crisis del Banco de Valencia (BV) en septiembre de 2011, que produce unas pérdidas de 500 millones de euros a Bankia que podían haber sido mayores si hubiese asumido todas las perdidas y no hubiese sido nacionalizado? ¿Qué recuerda usted del debate en el consejo de administración sobre la solución que había que darle al Banco de Valencia?

Arturo Fernández.- El consejo sabía de la situación grave que tenía el BV, se buscaron alternativas, hubo preocupaciones, y no sé lo que se decidió… que el FROB tendría que intervenir el BV, eso es lo que yo recuerdo.

Fiscal.- Yo le preguntaba si en el consejo se discutió que Bankia asumiera las pérdidas del BV.

Arturo Fernández.- Creo que Bankia quería solucionar el tema del BV porque era un problema que estaba ahí, pero no le puedo contestar si se discutió.

Fiscal.- ¿Qué recuerda del plan de capitalización que se presenta el 20 de enero de 2012 por el grupo Bankia-BFA al BE como consecuencia de los nuevos requerimiento (de la UE)? ¿Se discutió este plan en el consejo?

Arturo Fernández.- Pues, como le he contado antes, Bankia era teóricamente la mayor entidad de este país en ese momento, y los técnicos cuando nos informaban en el consejo… pues lo que nos contaban es que el ratio que exigía el BE se estaban cumpliendo y que había un plan de austeridad. Se habían cerrado oficinas, se había despedido personal, se estaba cumpliendo el plan que teníamos encima de la mesa.

Fiscal.- El 28 de marzo de 2012 se celebra el consejo de Bankia en el que se formulan las cuentas de 2011 con un beneficio de 309 millones de euros (tras la reformulación se convirtieron en casi tres mil millones de perdidas), con pérdidas de 439 millones de euros de BFA (tras la reformulación las pérdidas sumaron 7.263 millones) ¿Qué conocimiento tiene de estas cuentas, las conoce ese mismo día?

Arturo Fernández.- Las conozco ese mismo día, sé que el día anterior se había reunido la comisión de auditoría y que bueno, que después de una auditoría interna exhaustiva, pues que las cuentas que se iban a formular eran correctas y que había trescientos millones de beneficio. Señor fiscal, a mí, que no voy a leerme el informe como usted comprenderá, si Deloitte dice que las cuentas están bien y la comisión de auditoría interna también, pues dije que sí.

Fiscal.- Vamos por partes, en primer lugar Deloitte no dice nada porque no hay informe de auditoría, ¿dígame quien presenta y quién explica las cuentas del banco al consejo ese 28 de marzo?

Arturo Fernández.- Deloitte no está ese día y a mí me cuentan que el día anterior sí ha habido una reunión con la auditora…

Fiscal.- Perdone que le interrumpa, como usted no estuvo en el comité de auditoría, cuénteme lo que ocurrió en el consejo, ¿quién explicó las cuentas.

Arturo Fernández.- El equipo interno de Bankia presenta las cuentas con las salvedades que, no lo sé, creo que consta en acta… que hay beneficios. Si Deloitte era la que hacía la auditoría externa, pregunté por qué no estaba allí.

Fiscal.- ¿Por qué no estaba aún el informe de Deloitte? ¿qué dice el auditor interno?

Arturo Fernández.- Pues el auditor interno dice que es correcto, que no hay ninguna salvedad y que los 309 millones de beneficios, pues son correctos. Se lo resumo muy brevemente porque no soy un experto y no quiero meter la pata.

Fiscal.- ¿Quién era el auditor interno?

Arturo Fernández.- Pues no le pongo nombre.

Fiscal.- ¿Conoce usted también el Informe de Gobierno Corporativo en el que se habla de la solvencia de la entidad.

Arturo Fernández.- Lo lees allí, yo lo leí allí.

Fiscal.- ¿Qué explicación se da al hecho de que se presenten las cuentas de 2011 sin el informe de auditoría?

Arturo Fernández.- Pues se dice que Deloitte está de acuerdo en las cuentas.

Fiscal.- Es que Deloitte no informa.

Arturo Fernández.- El auditor me audita y yo no tengo que discutirle nada y, además, hay un auditor interno. Se dice que no hay problema, creo que nos manda un escrito y una carta, que hay beneficios y que se pueden formular las cuentas, y yo lo asumo; mi responsabilidad es que se aprueben las cuentas.

Fiscal.- Respecto a la incorporación a los resultados de 2011 del real decreto de 2012 de reforzamiento del sistema financiero español, ¿se da alguna explicación?

Arturo Fernández.- No lo recuerdo señor fiscal.

Fiscal.- Por tanto, no tuvo usted en ese consejo (28 de marzo de 2012) ¿ningún conocimiento de posibles discrepancias de Deloitte, de que hubiese presentado reparos?

Arturo Fernández.- Después de ese consejo no conocí ningún reparo. Ya en el siguiente consejo, no sé si hubo uno en abril y el siguiente de mayo, en el que no estuve, y luego estuvo ya el de la misión.

Fiscal.- ¿Qué se trató en el consejo del 27 de abril?

Arturo Fernández.- No lo recuerdo, seguramente se trataría ese tema.

Fiscal.- ¿Recuerda el informe del FMI que se conoce ese mismo día, el 27 de abril, en el que se dice que las pruebas de resistencia que han hecho resultaban negativas en el caso de Bankia, que tiene necesidades de capital?

Arturo Fernández.- El stress test este… pues que estamos pasando dificultades y que por el BE hay que proponer un plan de saneamiento. La explicación, pues que estamos en plena crisis, que la morosidad es elevada, el tema inmobiliario y el hipotecario es tremendo, y que la situación es complicada.

Fiscal.- El 4 de mayo de 2012 se presentan las cuentas de 2011 en la CNMV. ¿Sabe que hay cuatro meses para presentarlas con el informe de auditoría y que se presentan sin éste? ¿Tiene alguna explicación, les dan alguna de por qué se hace así?

Arturo Fernández.- Pues como iba a ver un consejo el 9 de mayo a mí no se me da ninguna explicación. En ese consejo dimite Rodrigo Rato, pero yo no asistí porque estaba fuera de España. Es cuando viene la dimisión de todo el consejo.

Fiscal.– Dimite el presidente y se celebra un consejo con el nuevo presidente (José Ignacio Goirigolzarri) en el que se acuerda convertir las participaciones del FROB en acciones.

Arturo Fernández.- Yo no asisto, no estoy.

Fiscal.- El 25 de mayo de 2012 se suspende la cotización de Bankia y por la tarde se celebra un consejo, ¿a ese asistió?

Arturo Fernández.- Sí, es donde nos dimitieron. Por la mañana me llama el presidente y me dice que teníamos que dimitir, y me pareció lógico tras la dimisión de Rato. De hecho, un servidor le dice al presidente el día que lo conozco:  ‘oye yo presento mi dimisión antes de que nos dimitáis’. Yo, como presidente de los empresarios, no quiero estar en una situación… le mando una carta en la que le digo que me acepte la dimisión, y me dice: ‘tú, por tu relevancia como presidente de la Cámara de Comercio y de la CEPYME, pues no dimitas con una carta, queda muy bien que lo hagamos todos juntos. Me llaman el 25 por la mañana y me dicen que esa tarde vamos a dimitir.

Fiscal.- Pero antes reformulan las cuentas.

Arturo Fernández.- No, bueno, antes no, el mismo día.

Fiscal.- Sí, pero antes de dimitir.

Arturo Fernández.- Sí claro, yo me quejo y digo en tono amistoso que no me parece bien, ni el procedimiento, ni la técnica. Se reformulan las cuentas con 3.000 mil millones de pérdidas. Si quiere el fiscal le hago un resumen, y es que los ingresos y gastos no habían variado, y la causa es el deterioro de los activos, es por la aplicación de los deterioros. Se nos pide que firmemos las cuentas, y como no soy un técnico no sé si había que haber dicho no firmamos las cuentas, pero claro, el nuevo equipo de Bankia lo que quiere es que se reformulen y las pérdidas vayan al equipo anterior, más o menos, es una explicación sencilla. Al final hay que firmar las cuentas y se nos pide que dimitamos, y alguien dice que no dimitimos, que nos dimiten. Mi obligación… me habían puesto ahí para eso, pues estoy francamente preocupado por la situación

Fiscal.- Usted dice que se queja del procedimiento, al margen de las objeciones, pero un mes antes le han parecido bien unas cuentas con beneficios y firma unas cuentas con pérdidas. ¿Qué explicación tiene?  

Arturo Fernández.- Ese día si estaba Deloitte ahí delante explicando las cuentas y dijo que de acuerdo con el nuevo sistema bancario europeo, el español, el Banco de España, la CNMV, hay unos deterioros tremendos. Nos lo explican y bueno, entendemos que está bien. Yo me tengo que fiar de los auditores internos, de los externos, de los técnicos; yo soy un mero consejero y entiendo que nadie nos puede engañar al presentar unas cuentas de la naturaleza e importancia que tiene esta cuestión.

Fiscal.- ¿No discute usted las cuentas como consejero, el problema de las participadas?

Arturo Fernández.- Precisamente de las participadas que tiene Bankia… pues NH va fatal, Iberia igual, etcétera, tenían que constar en el balance. Sobre el tema fiscal no me pregunte usted porque no entiendo nada.

Fiscal.– En ese consejo es usted más prudente que en las cuentas anteriores, las que se presentan al consejo el 28 de marzo, donde no se valoraron el deterioro de las participadas.

Arturo Fernández.- No se había valorado. Creo que desde primeros de año a mayo el deterioro de las empresas y las valoraciones han cambiado espectacularmente. Cuando se formulan las cuentas de 2011 estaban bien… no lo sé, lo que sí se es que fue un breve consejo, no crea usted que en el consejo del 25 de mayo nos dieron muchas explicaciones. Fue un consejo de vamos a quitarnos esto de encima lo antes posible. Se da una explicación, están allí los auditores, los técnicos, nos lo cuentan, comprendo que es correcto. No voy a soltar aquí un rollo sobre lo que estaba pasando en la banca y en España, pero el deterioro de las empresas es tremendísimo, y eso lo conozco perfectamente como empresario, y es parte del deterioro de los tres mil millones de euros.

Fiscal.- ¿En dos meses se produce ese deterioro, en el tiempo que transcurre desde el 28 de marzo?

Arturo Fernández.- Quizá la valoración, ya digo, a lo mejor estoy contando una cosa que no es correcta… Estamos hablando del balance de 2011, no de 2012, en el que se produce el deterioro. Si me pregunta por qué firmo las cuentas, yo entendí que no había ninguna chapuza, tampoco con los trescientos millones de beneficio, es todo transparente, es claro. Como representante de los empresarios fui al consejo de Caja Madrid, que es una entidad a la que tengo un especial cariño, a defender sus intereses y ahora me veo aquí en la Audiencia Nacional, que es la primera vez que estoy en mi vida… para mí era un honor estar ahí para defender los intereses de los empresarios, porque todo este deterioro, ¿a quién perjudica?, pues a los empresarios. Me duele que una entidad con trescientos años de historia, que todos los madrileños, yo soy madrileño de pura cepa, nos quedemos sin ella y no podamos financiarnos. Es verdad que el consejo del 25 de mayo fue una decepción.

Fiscal.- En Caja Madrid usted tenía que proteger los intereses de la caja, no de los empresarios.

Arturo Fernández.- Se me nombra porque corresponde, para salvaguardar los intereses de los empresarios, que somos los que la hemos creado. Yo tengo una función doble, defiendo a los empresarios porque cada vez que cierra una empresa nos quedamos sin empleo, y por eso defiendo también a los trabajadores, y perdóneme que no me extienda.

El fiscal concluye su interrogatorio y toma la palabra el abogado defensor.

Defensor.- Con la venia, solo una pregunta. ¿Al salir Bankia a bolsa decidió usted comprar acciones?

Arturo Fernández.- Sí, sí, mi mujer y yo compramos lo máximo que nos permitieron y ahora me está diciendo que a ver si le devuelvo el dinero. Creo que compramos 30.000 euros cada uno.

No hace ninguna pregunta más.

Juez.- Desea añadir alguna cosa más.

Arturo Fernández.- Por mi parte nada, muchas gracias.

vía eldiario.es