Hacienda excluye a los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal de sus líneas de inspección de 2013

El ofertón que el ministro Montoro prometió que no existía, se muestra cierto poco más de un mes después de que éste lo negara. 2×1 en fraude fiscal y de regalo impunidad con el Ministerio durante el prier año. ¡Estamos que lo tiramos, oiga!

Los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal no figuran entre las líneas de actuación de la Agencia Tributaria para el próximo año. Así lo refleja el Plan de Control de 2013 que el Ejecutivo ha publicado hoy y que sólo habla de los amnistiados en su exposición de motivos. Sin embargo, cuando concreta cuáles serán los colectivos inspeccionados, los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal no aparecen en ningún momento, tal y como adelantó Vozpópuli. Eso significa que quienes se acogieron a la amnistía no serán objeto de ninguna orden específica.

La única mención que se hace a quienes se acogieron a la amnistía en el B.O.E. se hace en los siguientes términos:

Sin embargo, no se incluye ni una sola instrucción concreta para inspeccionarlos. De hecho, el Plan de Control Tributario de 2013sí detalla qué colectivos serán investigados. Según el texto de la Agencia Tributaria, entre ellos están:

• 1.- La comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero
• 2.- La economía sumergida
• 3.- La fiscalidad internacional
• 4.- La llamada «planificación fiscal agresiva», por la que las empresas tributan en otros países para evitar pagar impuestos en España
• 5.- Y el fraude organizado, así como el control aduanero

Las líneas concretas de ese plan y no la exposición de motivos son las que vinculan a los inspectores que han criticado ya que los defraudadores acogidos a la amnistía no sean incluidos específicamente en ese plan, tal y como han reclamado en las últimas semanas en varias reuniones con los responsables de la Agencia Tributaria. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, IHE, ha emitido un comunicado en el que asegura que  «no se refleja en las líneas de actuación que figuran en el texto de la Resolución. Resulta llamativo que en el nuevo Plan figure, por ejemplo, la comprobación de alquileres no declarados, que en muchos supuestos suponen cantidades de fraude irrisorias y, sin embargo, no figure la comprobación de las DTE, con los importantes riesgos fiscales que conlleva y que IHE ha puesto de manifiesto a la Agencia Tributaria, además del riesgo de que hayan sido utilizadas para blanquear importantes sumas de dinero procedente de actividades ilícitas, o de la corrupción, ya que en la DTE no se exigía la declaración del origen de las rentas».

Vía Vozpópuli

Surge un nuevo héroe: El Juez Pablo Ruz tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Montoro

Si es que ya decíamos que la amnistía fiscal fue para los amiguetes del PP.

Ahora lo dice el juez Pablo Ruz que tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda o ¿Ministro de los Amiguetes?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

–Francisco Correa, cabecilla de la trama;

–Pablo Crespo, su mano derecha;

–Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

–Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

–Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

–Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

–Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

–María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

–José Luis Ulibarri, empresario leonés;

–César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

–José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;

–Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

–Jesús Merino, exsenador del PP;

–Fernando Martín, dueño de Martinsa;

–Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

–Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

–U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

Vía El Confidencial.

La amnistía fiscal para los amiguetes… del PP ¿o no?

Esto resulta inaudito, aunque son tantas y tantas cosas que salen a diario sobre la impunidad y los malos manejos criminales, que a veces nos cuesta sorprendernos negativamente.

Sin embargo, hay noticias que no pueden sino asombrarnos.

El abogado de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular investigado por la Audiencia Nacional, ha asegurado esta mañana que su cliente había regularizado 10 millones de euros, aunque no ha especificado que fuera acogiéndose a la Declaración Tributaria Especial, más conocida como amnistía fiscal. De hecho, la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha negado en un comunicado que Bárcenas se hubiera acogido a esta amnistía.

El desmentido de Hacienda no excluye, pues, que el extesorero se haya podido acoger a un proceso voluntario de regularización contemplado en el artículo 27 de la ley general Tributaria. Es decir, Bárcenas sí podría haber regularizado los 10 millones de euros, como hoy ha asegurado su abogado, Alfonso Trapello, a través del procedimiento ordinario.

Fuentes del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro habían explicado ya esta mañana a EL PAÍS que si hubiera habido una investigación abierta por la Agencia Tributaria por alguna infracción o irregularidad fiscal no se habría podido haber beneficiado del indulto fiscal del Gobierno. Es decir, que si los inspectores de Hacienda hubieran abierto un acta de inspección a Bárcenas este no podría haber limpiado los 10 millones de euros que regularizó con la amnistía.

La amnistía fiscal resultó ser una de sus decisiones más controvertidasdel Gobierno, que la justificó por la necesidad de lograr ingresos públicos en una “situación extraordinaria”. En diciembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicó que el fisco ingresará finalmente unos 1.200 millones, menos de la mitad de los 2.500 millones presupuestados.

Durante seis meses (del 30 de marzo al 30 de noviembre), la amnistía fiscal permitió a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10% de multa, un tipo muy inferior al aplicado en la mayoría de impuestos. Además, como es frecuente en estos procesos, Hacienda blindó a los evasores de investigaciones penales por regularizar el dinero oculto. Y adelantó que, una vez cerrada la amnistía, endurecería las medidas antifraude.

Hacienda fue más allá: extendió la amnistía al dinero en efectivo; aseguró que la Agencia Tributaria no haría comprobaciones “aisladas” de los datos suministrados en la declaración. Y, en el caso de que se acreditara que se tenía el dinero oculto desde antes de 2008 (ejercicios prescritos), limitó la multa del 10% a los intereses generados entre 2008 y 2010: una escuálida contrapartida a cambio regularizar todo el capital.

La regularización fiscal sigue pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional porque el PSOE considera que quiebra principios de la Carta Magna.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha desvinculado esta mañana a su partido de la actividad de Bárcenas: “Nada tiene que ver la actividad del señor Bárcenas con el PP”. Además, ha pedido una “rectificación” a la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, al considerar una “insidia” haber relacionado la regularización fiscal con la intención del Gobierno de proteger a Bárcenas.

El hombre que manejaba hasta 2009 las cuentas del Partido Populardispuso en Suiza, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, de unos 15 millones de euros como saldo medio, entre dinero líquido y valores. A finales de 2007, alcanzó incluso los 22 millones.

Esta mañana EL PAÍS ha adelantado que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, ha localizado en un banco de Nueva York dos cuentas a nombre del extesorero nacional del PP a las que este habría transferido 2,5 millones del total. El también exsenador por Cantabria habría remitido ese dinero a una cuenta del HSBC de Nueva York (EE UU), en 2009, tras estallar el caso Gürtel y verse él entre los investigados junto con numerosos altos cargos del PP.