Caso Palma Arena: Urdangarín y Valencia COE elemento clave del proyecto Nóos.#corrupción.

El COE se quejó a Urdangarín porque lo puenteó para hacer un negocio

El duque de Palma pidió al Comité Europeo que le ayudara en unos juegos en Valencia.

Iñaki Urdangarín, durante los Juegos Olímpicos de  

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, se sintió puenteado por Iñaki Urdangarín en sus funciones institucionales y en las relaciones internacionales de su organismo y se lo comunicó al yerno del Rey por escrito. El duque de Palma gestionó, como uno más de sus negocios, el proyecto (finalmente frustrado) de los Juegos Europeos 2010 para la Comunidad Valenciana, un proyecto por cuyas gestiones cobró 382.000 euros.

Blanco se consideró “fuera de juego” por los contactos y las conversaciones que el duque de Palma entabló con el presidente del Comité Olímpico Europeo, Mario Pescante. Tras el reproche de Alejandro Blanco, Iñaki Urdangarín reconoció la existencia de “posibles malentendidos”.

En el sumario del caso Palma Arena se incluye la documentación sobre los proyectos del Instituto Nóos, presidido por Urdangarín, sobre el evento de Valencia. Los proyectos fueron elaborados en 2005 y las cartas enviadas y recibidas por Urdangarín en las que consta la polémica sobre competencias y jerarquías olímpicas están fechadas a finales de ese año e inicios del siguiente.

Alejandro Blanco, presidente del COE (cargo al que aspiró el esposo de la infanta Cristina), fue advertido por el presidente olímpico europeo, Mario Pescante, de las propuestas que le dirigió el duque de Palma y le remitió una copia de la carta de este.

Urdangarín presentó a Pescante el proyecto de Valencia y reclamó su ayuda en las instancias internacionales, con carta personal, sin especificar su rol de gestor empresarial al frente del Instituto Nóos y con una plataforma constituida como negocio con el dinero de la Generalitat Valenciana.

Blanco replicó por carta al esposo de la infanta Cristina: “Sólo te pido que, si tienes que hacer alguna gestión en la que este Comité Olímpico Español o yo podamos estar involucrados, me la comuniques para no estar en fuera de juego”.

El COE era elemento clave del proyecto por el que Nóos presupuestó un plan de trabajo y una oficina de los juegos cuyos gastos de ejecución cifró en cuatro millones de euros.

En la primera carta a Urdangarín, Alejandro Blanco anotó: “Me ha sorprendido este escrito (el de Mario Pescante), toda vez que no tenía constancia del que tú le habías enviado y que ha motivado esta respuesta (…) mucho te agradecería ser informado de los escritos que dirijas al respecto a los organismos internacionales”.

El duque de Palma se excusó ante Blanco asegurando que el anuncio se precipitó por “la premura” de las autoridades valencianas en dar cuenta de su proyecto, “al efecto de solventar posibles malentendidos que hayan podido producirse”. “Espero entiendas y comprendas la naturaleza de la actuación puesta en marcha”, añadió Urdangarín.

Urdangarín consignó que se efectuaría la “prospección por el Instituto Nóos de la viabilidad del lanzamiento de la candidatura” y que se contactaría con “todas aquellas instancias que tengan capacidad para generar opinión favorable en el entorno de las diferentes decisiones”. En este sentido, dio “ascendencia” al rol de Mario Pescante al frente del Comité Olímpico Europeo.

Los Juegos Europeos de Valencia 2010, para los que Nóos indicó que se debían invertir 450 millones en instalaciones, no contaron con la anuencia de otros comités olímpicos y de las federaciones deportivas internacionales. Nóos ideó el evento para contribuir a “una construcción europea sostenible y humanista con un respeto medioambiental permanente”, desde una Comunidad Valenciana “humanista”.

Urdangarín firmó a través del instituto Nóos con la empresa pública valenciana Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, creada para “coordinar y ejercer una dirección estratégica de las acciones de promoción y difusión de la imagen de la Comunidad Valenciana”. El contrato fue suscrito, en su condición de consejero de Presidencia, por Esteban González Pons, que está citado como testigo por el juez del caso Palma Arena.

Urdangarín fijó la primera tarifa dE NOOS  en 181.000 euros, más gastos e IVA
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El fiscal pedirá mañana una fianza civil de 8 millones para Urdangarín y Torres

Madrid, 20 nov (EFE).- El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitará mañana al juez del caso Nóos una fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su exsocio Diego Torres para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso.

Según han informado hoy a Efe fuentes jurídicas, la fianza que pedirá Horrach será con carácter solidario para los dos principales imputados en este caso de corrupción en torno a las actividades del Instituto Nóos.

En el escrito que presentará mañana en el juzgado de Palma, el fiscal pedirá esta fianza como medida principal, pero en caso de que no se le acepte, planteará al juez de forma subsidiaria rebajarla a una cantidad de entre los 5 y 6 millones de euros.

El juez de Palma José Castro deberá luego decidir si adopta esta medida pedida en el marco de esta causa, en la que se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarín y también por Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2007.

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín, ha declarado a Efe que la fianza le parece “exagerada”, aunque prefiere no manifestarse sobre la petición fiscal porque todavía no tiene constancia oficial de que se haya presentado esta petición.

La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro sospechan que Urdangarin y Torres obtuvieron durante esos cuatro años de forma irregular fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

La fianza pone así cifra al supuesto desvío de fondos públicos llevado a cabo por el duque de Palma y su socio mediante el Instituto Nóos.

Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarín es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.

Aunque la fianza asciende a 8,2 millones, el fiscal Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos.

Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El fiscal considera que ambos desviaron el dinero público a este instituto sin ánimo de lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.

Nóos organizó para el ejecutivo balear de Jaume Matas el Illes Balears Forum, un encuentro sobre turismo y deporte por el que cobró 2,3 millones de las arcas públicas en 2005 y 2006, y para la Generalitat Valenciana la cumbre Valencia Summit, por la que facturó 3,5 millones.

Según la ley, Urdangarín tiene ahora 24 horas para depositar la fianza, pero los abogados penalistas consultados por Efe coinciden en que los jueces suelen ser laxos en su cumplimiento y dan al imputado más margen para depositar su dinero o bienes.

Para hacer efectivo el pago, Urdangarín puede hacerlo en efectivo, con un aval bancario o depositando bienes para embargar. En este último caso, el juez debe considerar estos bienes suficientes para cubrir la fianza y el imputado puede disponer de ellos, aunque no venderlos.

Torres compareció por primera vez ante el juez Castro el 11 de julio del pasado año, cuando defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros para organizar el foro deportivo.

El fin de semana del 25 y 26 de febrero compareció como imputado Urdangarín, quien señaló a Torres como responsable de las cuestiones contables de Nóos, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las “relaciones institucionales a gran nivel”.