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VALENCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) –
El magistrado José Ceres, encargado de instruir el conocido como ‘casoGürtel‘, ha acordado procesar al exvicepresidente del gobierno valencianoVicente Rambla, a las ex consejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la misma consejería, Rafael Betoret, en la pieza relativa a las adjudicación de la feria Fitur.
Asimismo, el juez, en una resolución contra la que cabe recurso, ha acordado archivar la causa contra cinco imputados, entre ellos, contra la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Iba
El sumario
El juez de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ya levantó el secreto de sumario el pasado 28 de septiembre sobre unos 17.000 folios que recogen las actuaciones emprendidas por el primer instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Ahora se conocen unos 50.000 más. Quedan excluidas las diligencias relativas a 15 comisiones rogatorias enviadas a ocho países y paraísos fiscales donde la trama pudo ocultar millones de euros. Suiza ya ha contestado que dos de los cabecillas, Pablo Crespo y Francisco Correa, disponen allí de 21 millones en cuentas bancarias.
La red corrupta
La trama investigada por la justicia involucra a una decena de Administraciones en cuatro comunidades autónomas a lo largo de más de una década.
El método
Correa y sus compinches lograban, a cambio de favores o dinero, contratos de servicios a dedo de cargos públicos y ejercían de intermediarios entre políticos y empresarios en las adjudicaciones de obras o suelo.
Las administraciones afectadas
La Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte; la Comunidad Valenciana; Castilla y León; Galicia; y el Gobierno central durante la etapa en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.
Políticos salpicados por el escándalo
Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia.
Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria.
Cargos públicos salpicados por el escándalo
Madrid
Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes autonómico y ex concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico en Madrid y ex alto cargo de la empresa municipal del suelo de Arganda del Rey.
Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey.
Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración.
Alfonso Bosch, diputado autonómico y ex alto cargo municipal de Boadilla.
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla.
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda.
Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo.
VALENCIA
Francisco Camps, presidente del Gobierno valenciano.
Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.
Ricardo Costa, diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano.
Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano.
Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.
Pedro García, ex director general de Canal 9.
CASTILLA Y LEÓN
José Manuel Fernández Santiago, presidente del Parlamento autonómico y ex consejero de Fomento.
El dinero defraudado al fisco
En total, 43,2 millones de euros, que se dividen así: Alfonso Bosch: 250.000 euros. Alberto López Viejo: 352.000 euros. Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros. Arturo González Panero: 642.000 euros Ginés López: 534.000 euros Jesús Sepúlveda: 455.000 euros Tomás Martín Morales: 450.000 euros Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros Álvaro Pérez: 330.833 euros. Pablo Crespo: 539.120 euros. Francisco Correa: 38,5 millones de euros
Las fianzas
Pedreira ha impuesto una fianza de 116 millones de euros a los cabecillas de la trama, de los que 85 corresponden a Correa y Crespo. Se trata de una caución de responsabilidad, cuyo objeto no es eludir la cárcel sino respaldar las cantidades que presuntamente habrían obtenido ilícitamente. El resto de fianzas son 800.000 para su mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano; 30 millones de euros para el abogado José Ramón Blanco Balín; y 650.000 para Álvaro Pérez, El Bigotes.
Los bienes embargados
A Correa sólo se le ha podido embargar una moto Suzuki que estaba a su nombre. A su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano, que también está imputada y sobre la que pesa una fianza de responsabilidad de 800.000 euros, se le ha embargado un piso y cinco vehículos de lujo (dos todoterrenos Chrysler, dos Land Rover y un Lincoln).
Contra la impunidad ya! 