Ana Mato no es cesada ni dimite… ¿A qué espera Rajoy? ¿O es que tiene miedo?

¡Si hasta Pedro J. ha pedido la dimisión de Ana Mato!
Parece que Rajoy está perdiendo autoridad frente a los corruptos Bárcenas y Mato.
Un presidente de gobierno que no pueda cesar a sus empleados no puede dirigir una nación, especialmente en el momento por el que atravesamos.
Seguimos destruyendo empleo y no podemos seguirnos con estas tonterías.
El pájaro Rajoy
Pero si incluso el esposo de Ana Mato sigue cobrando del PP.

¡Qué vergüenza!

Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sigue percibiendo un salario del PP. Fuentes del partido han confirmado a EL PAÍS que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que dimitió en 2009 al ser imputado en el caso Gürtel, sigue cobrando por su trabajo de asesor, lo que le permite trabajar desde casa sin apenas acudir a la sede nacional, en la calle Génova, como avanzó eldiario.es. La situación de Sepúlveda, aducen las mismas fuentes, no ha cambiado desde enero de 2011, cuando otro informe policial acreditaba que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, regaló viajes al exregidor.

Al dimitir al frente del Consistorio de Pozuelo, como le había recomendado Esperanza Aguirre, Sepúlveda habló con Mariano Rajoypara poder reincorporarse a su puesto de asesor en el partido, donde trabajaba desde los tiempos de Alianza Popular, en 1982. El entonces líder de la oposición aceptó.

El exalcalde ha desvinculado en varias ocasiones a Ana Mato de sus actividades económicas e insiste en asumir toda la responsabilidad de los movimientos registrados en sus cuentas. Así lo aseguró a través de un comunicado después de que el viernes se conociera el informe policial notificado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos de la red Gürtel a Sepúlveda y a su esposa.

La policía considera confirmado que la trama corrupta liderada por Francisco Correa entregó dádivas y regalos a la actual ministra de Sanidad, entre 2000 y 2004. Se trata de viajes a distintos destinos de España —Jerez de la Frontera, Santiago, Tenerife— y Europa —Suiza, Irlanda—, en ocasiones acompañada por otros miembros de su familia. En la contabilidad b de la trama, hallada por los agentes en una nave industrial de Alcorcón (Madrid), aparecen también al menos dos obsequios de la firma de moda y objetos de lujo Louis Vuitton valorados en, al menos, 610 euros, y cuya compra atribuyen a Álvaro Pérez, El Bigotes.

Tanto el entorno de la ministra como Sepúlveda señalan que este nuevo informe solo es una ampliación del elaborado en 2011. Entonces Mato no fue imputada, pues el juez consideró que el delito, de existir, habría prescrito. La titular de Sanidad, coordinadora de Organización del PP cuando se produjeron los hechos, insistió el pasado viernes en que pagó los desplazamientos.

Mato se dirigió el sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para defender su honorabilidad y asegurar que siempre pagó sus gastos familiares. El propio Rajoy le mostró su respaldo en público, dando a entender que al menos de momento se descarta una dimisión, y le trasladó sus “ánimos” en nombre de todo el partido.

#Rajoydimisión – Los papeles de Bárcenas

 

¡Espantados estamos!

Pero vamos a ver… ¿quién nos gobierna?

#Rajoydimisión

Gracias a El País por airear esta información:

Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como “donativos” sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

Se registran pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios

Los documentos a los que ha accedido EL PAÍS recogen el periodo comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

La primera anotación, de abril de 1990, registra: “Saldo inicial (entrega R. N). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8”. Las iniciales hacen referencia, supuestamente, a Rosendo Naseiro, anterior tesorero popular que se vio implicado, y absuelto por defectos de forma, en un escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora.

Entregas a la cúpula del PP

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general,Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos,Javier ArenasÁngel Acebes y Dolores de Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como receptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como “L. del R.”), con 120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de “J. M. Villar Mir”, en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008. En dos ingresos de 2004 y 2008 figura “Mercadona” con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Solo se ingresaban en el banco parte de las donaciones privadas recibidas

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran tambiénPablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión “Galicia (O.C.)”, “De Málaga”, “La Rioja” o “Palencia”, aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).

Además, incluye gastos de funcionamiento ordinario del partido como servicios de asesoría jurídica, encuestas o estudios, y otros desembolsos de variada naturaleza.

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

El primer apunte de pagos a Dolores de Cospedal es del 7 de julio de 2008

De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. Los papeles de Barcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares.

Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los presidentes que ha tenido el PP y encargado de los estudios demoscópicos, también aparece en las anotaciones como receptor de cantidades que van de 100.000 hasta 161.000 euros. Arriola ha aclarado a EL PAÍS que nunca tuvo contacto con el tesorero y que, efectivamente, factura al PP desde 1990 distintas cantidades anuales, primero en talones y luego por transferencia. Según recordó, la cantidad estipulada en su contrato no coincide con la registrada en los papeles de Bárcenas.

La contabilidad anota también pagos esporádicos sin continuidad en el tiempo. Entre ellos figura una ayuda de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. Además, hay dos aportaciones al portal de Internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004. La organización vasca Basta Ya figura con una ayuda de 3.005 euros en el primer semestre de 2002.

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para “corbatas presidente”. En diciembre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto “Trajes Mariano”. En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para “Trajes M. R.”. Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para “trajes y camisas” no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal —dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno—, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año. La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.

Las mayores entregas registradas son a Arenas y a Álvarez-Cascos

Cospedal aseguró en público, a raíz del estallido del escándalo de las presuntas entregas de dinero a la cúpula del PP, que no tenía constancia de esas prácticas. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido indicaron a EL PAÍS que la secretaria general ha comentado en su entorno que fue ella quien puso fin a esas prácticas al acceder al cargo.

El presidente Rajoy declinó, a través de un portavoz y a requerimiento de EL PAÍS, pronunciarse sobre los documentos y su contenido hasta que se conozca el resultado de las auditorías interna y externa que encargó sobre las cuentas del partido.

Los pagos a la cúpula del PP reflejados en las anotaciones no tributaban a Hacienda, según fuentes próximas a los dos ex tesoreros, porque se entregaban como gastos de representación que los beneficiados supuestamente no debían justificar. De no haberlos declarado a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Una o varias veces al año la contabilidad registra salidas de dinero, que se ingresan en un banco bajo el concepto “donativos”. Esta mecánica sugiere que solo una parte de lo recibido era tramitado por vías legales y transparentes a través de su ingreso en un banco.

Dirigentes del PP sospechan que Bárcenas se pudo quedar con dinero

De esta manera, la contabilidad registra entre 2000 y 2003 diversos ingresos en el Banco de Vitoria con el concepto “donativos”. El Banco de Vitoria abandonó su marca comercial a finales de 2003 cuando fue absorbido por Banesto. En la contabilidad que manejaba Bárcenas hay un apunte de abril de 2004 donde junto al concepto “ingreso donativos Banco de Vitoria” aparece dibujada una pequeña flecha que apunta a un nombre: “Banesto”. A partir de ese momento, los ingresos de los donativos en el banco se identifican con el nuevo nombre de la entidad.

Pese a que, según los documentos analizados por EL PAÍS, solo se declaró una parte del dinero recibido, el PP sumó entre 1999 y 2007, según el Tribunal de Cuentas, 33 millones de euros en donaciones, diez veces más que el PSOE en el mismo periodo.

Dirigentes del PP consultados por este periódico temían que los secretos que Bárcenas guardaba en las nueve cajas de documentación que sacó de la sede del partido en vísperas de ser imputado por el caso Gürtel acabaran estallándole a la formación conservadora y al Gobierno de Rajoy.

El descubrimiento de una cuenta secreta en Suiza donde Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros, fruto de sus negocios a lo largo del tiempo, según el extesorero, hizo aumentar la preocupación entre los dirigentes del PP respecto a la información que como consecuencia del hallazgo judicial pudiera salir relacionada con las cuentas del partido. Sus temores se hicieron realidad cuando El Mundo informó de estos pagos procedentes de supuestas comisiones ilegales. En esa información se excluía del cobro de los mismos expresamente a Rajoy, en contra de lo que señala la contabilidad de Bárcenas, y a Cospedal, que según los mismos registros recibió dinero cuando fue elegida secretaria general.

Bárcenas ha sido junto a Lapuerta, con el que trabajó de gerente durante 18 años, el dueño de la caja del PP, la persona que conocía todos los detalles de cómo se financiaba la formación conservadora, a quién debían favores y quienes se beneficiaban de las aportaciones.

Rajoy aparece por primera vez con un pago semestral de 2.100.000 pesetas

Bárcenas, que no aparece como receptor de dinero en esa lista que controlaba, tenía un salario muy por encima del resto de ejecutivos del partido. Desde 2000 cobraba, de media, 200.000 euros al año. Y a partir de 2007, empezó a cobrar mediante dos ingresos: uno de la nómina y otro, muy superior, con el enunciado “transferencia del PP”. Dirigentes del partido han transmitido a EL PAÍS sus sospechas de que el extesorero, que durante 20 años controló todas las aportaciones privadas, pudo quedarse con un parte de ese dinero sin registrarlo en la contabilidad secreta. Esas sustracciones, siempre según las mismas fuentes del PP, podrían haber engrosado las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero en la investigación de la trama Gürtel.

Durante el proceso judicial del caso Gürtel, Bárcenas sintió que el partido en el que había trabajado 20 años le abandonaba a su suerte. Hasta el punto de que el PP dejó de pagar la minuta de su abogado. Bárcenas logró que en septiembre de 2011 el juez archivara la causa contra él pese a que aún no había llegado el resultado de las comisiones rogatorias en Suiza en busca de cuentas secretas. Pero la Audiencia reabrió el caso en 2012 tras un recurso de la Fiscalía.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han recibido presiones desde distintos sectores del PP para buscar una salida que dañe lo menos posible al partido y al Gobierno. Estas presiones se intensificaron tras conocerse la cuenta suiza donde Bárcenas acumuló 22 millones.

Denuncian ante la fiscalía otro presunto ‘caso Pallerols’ de la época de Farreres

Un fan de nuestro Facebook nos envía esta información y solicita máxima difusión.

Apoyamos con gusto este tipo de iniciativas.

El caso Pallerols y el caso Trabajo han sido dos ejemplos de corrupción política-económica probada judicialmente en Cataluña. El primero, con acuerdo; el segundo, con juicio. Los dos han afectado a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y a la Consejería de Trabajo de la Generalidad, departamento en manos de Ignasi Farreres (UDC) de 1988 a 1999.

Sin embargo, podrían no ser los dos únicos casos de desvío de dinero público mediante el mismo o similar modus operandi. Durante esos años, los centros de formación de cursos privados establecieron convenios con la Consejería por los que esta les reconocía como colaboradores para la oferta de cursos a parados y personas con trabajo. Los centros, para poder acceder a las subvenciones públicas, debían inscribirse en un censo que estaba en manos de la autonómica Dirección General de Trabajo.

Las subvenciones se solicitaban a través de las delegaciones territoriales de la Consejería de Trabajo, si bien las entidades colaboradoras con programas formativos de ámbito pluriprovincial podían presentar sus solicitudes directamente en la Dirección General de Trabajo. Esto último solo era obligatorio en los años 1998 y 1999.

Las solicitudes de ayudas -partidas que eran mixtas, una parte del dinero lo ponía directamente la Generalidad y otra, la Unión Europea; pero todo lo gestionaba la Administración autonómica- eran examinadas en las delegaciones territoriales, donde se elaboraba una propuesta o informe valorativo de acuerdo con los criterios legalmente establecidos. A estos informes se les unían los informes de los inspectores de la Consejería, llamados promotores en los primeros años.

Estos inspectores -unos 40 en toda Cataluña- eran los encargados de verificar in situ que los centros de formación reunían las condiciones y requisitos legales para impartir los cursos y, así, poder beneficiarse de las subvenciones que habían solicitado. También examinaban la calidad y la correcta ejecución de los cursos de formación.

¿Cómo se pedían las subvenciones?

Con estos informes completos de las delegaciones territoriales, en la Dirección General de Trabajo se tramitaba la primera fase para la concesión de la ayuda pública. Hubo dos formas de obtener las ayudas, una que se llevó a cabo entre los años 1994 y 1996 y otra, entre los años 1997 y 1999.

En el periodo 1994-1996, el autonómico Servicio de Seguimiento Técnico-Administrativo llevaba a cabo las labores de control y revisión de las acciones formativas desarrolladas por cada centro de formación, y se gestionaba la solicitud de subvenciones que se presentaba para el siguiente curso.

Tras esto, el jefe del Servicio de Administración y Promoción de Programas, el ya fallecido Joan Martín Toribio, emitía un informe dando el visto bueno a la concesión de la subvención. Todo el expediente era remitido al director general, Lluís Gavaldà -uno de los ahora condenados en el caso Pallerols-, que redactaba y firmaba la propuesta de resolución de concesión de la subvención. Finalmente, la propuesta se llevaba hasta la mesa del consejero de Trabajo para que la firmara.

Durante el periodo 1997-1999, el visto bueno era firmado directamente por la Subdirección General, sin necesidad de llegar a Gavaldà. En cualquiera de los dos casos, si se detectaban irregularidades, incumplimientos o infracciones durante los cursos de formación subvencionados, la revocación de la subvención ya concedida era propuesta por Gavaldà y firmada, necesariamente, por el propio Ferreres.

¿Cuándo se pagaban las subvenciones?

La Consejería de Trabajo entregaba el 50% de la subvención otorgada en el momento de la aprobación del proyecto para cada curso. Y el 50% restante cuando el curso finalizaba y se acreditaba documentalmente su realización y costes. Pero este 50-50 se dio solo durante los años 1994 y 1995, ya que a partir de 1996 la proporción varió: un 75% de la subvención, antes del curso; y el 25% restante, al finalizar el curso.

Para todo el periodo, la consolidación de los dos pagos necesitaba el informe favorable del director general de la Consejería. Como suele ocurrir en estos casos, el importe de la subvención dependía del número de horas del curso, su grado de complejidad y su coste para el centro o academia educativa. Unas cuantías o tarifas que fijaba la propia autonómica Dirección General.

En todo el proceso, Lluís Gavaldà ejercía de figura decisiva y determinante, tal y como ha señalado la sentencia del caso Pallerols -un pacto aceptado tanto por el propio afectado como por Unió-, condenado en este caso con la pena más alta de los cuatro imputados: un año y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inahbilitación absoluta durante tres años. Este es hermano del que fuera, durante esos años, secretario de Organización de UDC, Vicenç Gavaldà, también condenado en este último caso y motivo por el que este partido ha pagado.

¿Podría haber más casos?

Al caso Pallerols, cuyo modus operandi señalado utilizaban los tres centros de formación del empresario andorrano Fidel Pallerols, habría que sumar un sistema similar para las empresas relacionadas en el conocido como caso Trabajo por el que se desviaba dinero público de la Consejería de Trabajo mediante informes y estudios inútiles o inexistentes relacionados con proyectos laborales. Los dos condenados por este caso -ambos de Unió- han sido indultados recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Sin embargo, según una denuncia presentada el pasado 23 de enero ante la Fiscalía Superior de Cataluña estos dos casos podrían no ser los únicos. Informes de los inspectores de la Consejería, a los que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA, ponen de manifiesto que al menos otra empresa vinculada a Unió Democràtica de Catalunya podría haber desviado dinero de las subvenciones recibidas por la Generalidad durante el tiempo que Farreres fue consejero.

La empresa Educem Business, S.L. de Granollers (Barcelona), cuya propietaria era en 1996 Anna Maria Duran i Casanovashija de uno de los fundadores del centro-, entonces militante de Unió según varias fuentes consultadas, y, pese al apellido, sin relación familiar con Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, habría recibido supuestamente más cuantía en las subvenciones para cursos de formación de lo que justificó para ello.

Irregularidades o ‘incidencias destacadas’

Los hechos se remontan a 1996. El supuesto desvío de dinero afectaría a seis cursos y la cantidad supuestamente malversada sería de 45.476,2 euros (7.566.600 pesetas). El modus operandi utilizado sería el de impartir menos horas de las aprobadas en unos cursos que fueron sufragados con subvenciones pero con una novedad y es que la empresa, en el proceso del expediente administrativo, reconoce que efectuó menos horas de las que había programado inicialmente. Pero no devolvió la parte de la subvención correspondiente a esas horas no efectuadas.

La empresa recibe en 1996 el otorgamiento de la parte final (25%) de tres subvenciones (25 de abril, 28 de mayo y 16 de julio) para varios cursos por valor de 68.018.800 pesetas (408.801,22 euros). Entre estos cursos subvencionados están seis: de ofimática (dos), para jóvenes empresarios, de técnico en comercio exterior, de secretariado informático y de Word (Microsoft), cuya cuantía total subvencionada es de 32.600.000 pesetas (195.929,95 euros).

A finales de ese año e inicios de 1997, el inspector correspondiente de la Consejería de Trabajo detecta irregularidades o ‘incidencias destacadas’ durante el seguimiento técnico-administrativo. En concreto, los cursos no tienen los alumnos mínimos y las horas realizadas no se corresponden con las horas otorgadas de acuerdo con la documentación presentada, y ratificada por los propios alumnos. Se abren tres expedientes, uno por cada subvención.

Sin constancia de ‘las horas otorgadas’

Estos expedientes son estudiados por la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas de la autonómica Subdirección General de Trabajo, que emite el informe correspondiente el 9 de junio de 1997. Esta valoración concluye que las subvenciones deben ser revocadas parcialmente, ‘en función de las horas no impartidas en los cursos referidos’.

Más de nueve meses después, el 31 de marzo de 1998, el consejero Ferreres firma la resolución por la que se revocan las subvenciones  de los tres expedientes (96-C-0297, 96-C-0133 y 96-C-0810), dando así por bueno el informe de la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas.

Sin embargo, casi ocho meses después de esta revocación, el 21 de noviembre de 1998, una nueva resolución, también firmada por el consejero de Trabajo, deja sin efecto la decisión de revocación de las subvenciones a Educem Business, S.L. porque ‘existe una coherencia absoluta entre el gasto justificado y pagado en la referida entidad en relación a las subvenciones otorgadas’. Esta firma se lleva a cabo sin el informe técnico preceptivo y sin un solo cambio en los expedientes.

Pese a esta nueva resolución, el 1 de junio de 1999, Mercè Poch i Viñes, coordinadora del área de comarcas de la Delegación Territorial de Barcelona -actualmente jefa de la Sección de Fomento del Trabajo en el Servicio Territorial del Bajo Llobregat de la Dirección de la Red Ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)-, remite a Eulàlia Berna i Aguilar, jefa del Servicio de Ocupación de Cataluña, un informe señalando que pese a lo firmado por el consejero, en la Delegación que ella dirige ‘no queda constancia que, pese a que haya coherencia entre el gasto justificado y pagado en relación a las subvenciones otorgadas, se hayan realizado las horas otorgadas’, y por lo tanto no existen ‘elementos suficientes para firmar el segundo 25% de [las subvenciones de] los cursos señalados’.

Transferencia del 25% restante

Esta advertencia que recibe Berna i Aguilar es trasladada, solo seis días después, a Dolors Llorens i Ardiaca, subdirectora general de Trabajo, imputada inicialmente en el caso Pallerols y librada de cualquier pena al serle retirados los cargos en el marco del acuerdo alcanzado con la fiscalía para evitar el juicio.

En esa fecha, 7 de junio de 1999 se pierde la pista documental. Pese a la resolución del consejero no existe un informe favorable al pago de la parte final de las subvenciones a la entidad de formación. Hasta el 27 de abril de 2000, fecha en la que la empresa Educem Business, S.L. recibe la transferencia del 25% restante de las subvenciones de los seis cursos que los informes técnicos de los inspectores de la Consejería de Trabajo señalan con ‘incidencias’. El visto bueno de la Generalidad a esas transferencias se da el 16 de marzo de 2000.

Educem Business recibió 374,8 millones de pesetas (más de 2,25 millones de euros) entre 1993 y 1997 solo de la Consejería de Trabajo. Un año después de detectarse las irregularidades, según los informes de los inspectores, la empresa recibió 128,3 millones de pesetas, fue el año que más subvenciones de la Consejería de Trabajo recibió.

¿Por qué se tramitaron finalmente estas subvenciones? Tanto para el caso Pallerols, donde los jueces han señalado que las resoluciones del consejero eran fruto de una mera ‘revisión formal’ de los expedientes y venían directamente condicionadas y determinadas por los informes previos y propuestas del director general, como para el caso Trabajo, donde Ferreres fue absuelto, la justicia parece no darle valor a la firma del máximo responsable de la Consejería.

Ley de Transparencia… parece que algo se mueve y es por el escándalo Bárcenas

Soraya ha dicho que la ley de transparencia que se prepara será un posible antídoto contra la corrupción.

Parece que por fin se han dado cuenta de lo que hemos venido denunciando en este blog.

Aquí la noticia de RTVE, aunque Rajoy sigue esquivando el espinoso tema de Bárcenas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido hablar del caso Bárcenas en el Congreso de los Diputados aunque sí ha insistido en la necesidad de que todos los grupos alcancen un pacto contra la corrupción, tal y como anunció tras el último Comité Ejecutivo del PP.

En su turno, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado que el Ejecutivo presentará medidas concretas para perseguir los delitos de corrupción y ha dicho que si hay que modificar el Código Penal y endurecer las penas, se hará.

Este miércoles se ha celebrado la primera sesión de control del año, una sesión extraordinaria fuera del periodo de sesiones, en la que la corrupción política ha sido la protagonista.

Dos ocasiones ha tenido el presidente para refererirse al caso Bárcenas, tras las preguntas del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del coordinador de IU, Cayo Lara, pero en ninguna de las dos cuestiones ha querido entrar en los supuestos sobresueldos en B en el PP.

En su primer cara a cara de 2013, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha pedido a Rajoy “contundencia, celeridad y ejemplaridad” en casos como el del extesorero, a lo que Rajoy ha respondido: “No se me ocurre otra cosa que hacerle la misma recomendación”.

Rubalcaba ha advertido al presidente de que en el caso Bárcenas el PP no se puede ir “de rositas con triquiñuela legales” ni creerse impune y ha añadido que en su partido “ya aprendieron la lección”.

“No ha estado muy afortunado”, le ha contestado el presidente del Gobierno, quien ha opinado que la situación que existe en el PSOE le obliga a “hacer esos papelones”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido las medidas que ha impulsado o está impulsando su Gobierno y ha puesto como ejemplo la ley de transparencia o la reforma de la financiación de los partidos. Se ha mostrado convencido de que generarán “más transparencia, más control y mayor responsabilidad”.

El líder de los socialistas ha mostrado su preocupación por la desafección de los ciudadanos con la política y ha espetado a Rajoy que la lucha contra la corrupción “corresponde a todos”. “Usted tiene un problema de corrupción en su partido que afecta a las comunidades, a los ayuntamientos, a decenas de dirigentes”, ha dicho.

El portavoz de Izquierda Plural, Cayo Lara, también se ha referido al caso Bárcenas para decirle al presidente que la “bomba” del extesorero “le puede llegar a estallar en el Gobierno”. Lara ha propuesto al presidente la celebración de un pleno monográfico sobre la corrupción que siente las bases para un plan de lucha contra la misma pero Rajoy no ha recogido el guante y le ha respondido.

Lara ha hablado de los casos que afectan a Bárcenas y a Iñaki Urdangarín, del caso Gürtel, de Pokemon y de Pallerols y Rajoy le ha recomendado no repetir las noticias que aparecen en los periódicos y plantee medidas “útiles y eficaces”.

Santamaría:”La ley de transparencia, buen antídoto contra la corrupción”

Sáenz de Santamaría ha admitido que hay que trabajar más contra este tipo de delitos, pero ha recordado también que la Ley de Transparencia, que se está tramitando, es un buen “antídoto” contra la corrupción.

“Porque para perseguir todos esos delitos, la mejor manera de hacerlo es conocerlos y la mejor manera de conocerlos es que se publiquen de la A a la Z las subvenciones y contratos de las administraciones públicas que pueden ser un foto u origen de esta corrupción”, ha dicho.

Además, ha recalcado que por primera vez en España con rango de ley los principios del buen gobierno van a incluir infracciones si se incumplen y sanciones para castigarlas, con la posible inhabilitación de los altos cargos que dejarán de serlo durante “una larga temporada”.

Ha contestado así la número dos del Gobierno a la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien ha considea “insoportable” la mera sospecha de que desde el Gobierno se haya hecho “alguna actuación” para ayudar al ex tesorero del PP haciéndole un “traje a medida” con la “amnistía fiscal”, que ha tachado de “inmoral, indecente e inconstitucional”.

Sáenz de Santamaría le ha replicado que esa regularización “proviene de otra mucho mayor”, la de los tres puntos de déficit que el Ejecutivo anterior “ocultó y que éste ha tenido que aflorar”, ha subrayado que se han seguido las recomendaciones de la OCDE en esta materia y ha señalado que se ha reforzado la lucha contra el fraude fiscal.

La impunidad comienza por la falta de medios – “En un caso con 5 muertos y no tengo secretario”, dice el juez del caso Madrid Arena

El Mundo, ABC y otros medios exponen el enfado del juez del caso Madrid Arena, Eduadro López Palop, sobre la falta de medios para poder llevar a cabo el trabajo que requiere el caso de esta envergadura.

El juez que investiga la muerte de cinco chicas en el recinto Madrid Arena el pasado 1 de noviembre, Eduardo López Palop, se ha quejado hoy de la falta de medios y ha dicho que no puede trabajar así, ya que ha tenido que aplazar doce citaciones de otros procedimientos que tiene abiertos.

Los periodistas que esperaban la finalización de la declaración de uno de los imputados por el caso han tenido ocasión de escuchar esa queja en boca del magistrado, que expresaba esa preocupación a dos de los abogados de las familias de las víctimas.

Ante los letrados Abdón Núñez y Gerardo Viada, el juez ha dicho en los pasillos de los Juzgados: “¿Usted cree que se puede trabajar así? He tenido que aplazar doce citaciones y en un caso con cinco muertos, no tengo secretario”.

El juez no ha querido repetir ante los periodistas estas palabras porque, como les ha indicado, ya las habían escuchado.

Por su parte, los abogados de las familias de dos de las fallecidas -Belén Langdon y Katia Esteban- han reconocido que el juez Palop necesita un secretario porque, de hecho, a las dos de la tarde ha tenido que ausentarse una de las dos secretarias del turno y se ha tenido que recurrir a una tercera.

Un juez de refuerzo

El pasado 14 de enero, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un juez de refuerzo para apoyar a Palop y aliviarle de otros casos que recaigan en su Juzgado, a fin de que se centre en el del Madrid Arena.

De momento, un funcionario se ha incorporado como refuerzo en el Juzgado para la instrucción de ese caso y se dedicará en exclusiva, al menos durante seis meses, a este procedimiento.

Palop ha retomado hoy las declaraciones con la citación del responsable de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos, Rafael Pastor Martín, imputado en el caso.

La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos para España (CIS)

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La lucha contra el paro y la corrupción son los principales retos que debe afrontar el país en los próximos cinco años, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido hoy.

En este sondeo, el paro y la situación económica se mantienen como las dos mayores inquietudes de la ciudadanía, seguidos de la clase política, aunque en los tres casos bajan, mientras que sube un puesto, hasta el cuarto, la corrupción y el fraude dentro de los problemas más citados.

El barómetro incluye preguntas nuevas, por ejemplo sobre la organización del Estado y que muestran que una mayoría, el 54,4%, cree que debe mantenerse la actual o incluso que las comunidades tengan mayor autonomía, aunque un 36,9% es partidario de un único Gobierno central sin autonomías o con las comunidades con menos competencias.

La gestión de la crisis está pasando una factura muy alta al Gobierno: el PP ha perdido casi 9 puntos de apoyo desde las elecciones y tan solo el 6,8% considera que lo está haciendo bien o muy bien, mientras Rajoy saca su peor nota desde que es presidente. Pero los problemas no son exclusivos del Ejecutivo. El PSOE se estanca y crece la desafección por la política: los ciudadanos ven a los partidos como el tercer problema de España, solo superado por el paro y la economía. El sistema político queda en entredicho.

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Los resultados del barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son más que elocuentes. El Partido Popular ya ha perdido 8,7 puntos en estimación de voto respecto a las elecciones de hace un año, obteniendo un 35,9% en estimación de voto, siete décimas menos que en el barómetro del mes julio.

Esta caída no ha sido capitalizada por el principal partido de la oposición, ya que los socialistas también han bajado una décima desde los comicios y hasta 1,3 puntos con respecto al anterior sondeo, quedando su estimación en apenas el 28,6%.

Lejos quedan los datos que arrojaron las urnas hace menos de un año en las que los populares obtuvieron un 44,62% de los votos, que les dieron una amplísima mayoría de 186 escaños, y el PSOE consiguió el 28,73% y 110 escaños.

Empeora asimismo la valoración ciudadana de la labor de oposición del PSOE, que es censurada por la mayoría de encuestados. Así un 65,3% la califican como “mala” o “muy mala” -57,6% en julio-, un 5,7% como “buena” o “muy buena” y un 25,2% como “regular”.

Rajoy, cada vez peor valorado

Un hecho que se ve reflejado la valoración que hacen los ciudadanos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a caer en los últimos meses, al pasar de una nota de 3,33 puntos el pasado mes de julio, a 2,78 de media en octubre, la más baja desde que ocupa el Palacio de la Moncloa, según el último barómetro del CIS.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también pierde apoyos desde el último sondeo, ya que en julio obtuvo una nota de 3,8 puntos y ahora es de 3,7 sobre 10, aunque saca un punto al presidente del Gobierno.

También aumenta el número de españoles que critican la gestión del Gobierno, que es calificada como “mala” o “muy mala” por el 67,1% -56,1% en julio- frente a sólo un 6,8% que cree que es “buena” o “muy buena” y un 23,5% que la considera “regular”.

 

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Crece la desafección por la política y los partidos

Por otro lado, los ciudadanos ven peor que nunca la situación económica, ya que el 91,2% considera que es mala o muy mala, porcentaje que ha aumentado diez puntos en el último año y que supone un récord del barómetro del CIS.

También se ha elevado el pesimismo de la ciudadanía, dado que casi la mitad, el 49,1%, cree que la situación económica será peor dentro de un año. Además, siete de cada diez encuestados consideran que la economía se ha deteriorado en los últimos doce meses.

El paro y la economía siguen siendo los dos principales problemas para la ciudadanía, mientras que aumenta la desafección por la política y bate récord en este sondeo: los partidos y los políticos en general son vistos como el tercer problema de España para los encuestados.

En concreto, el paro continúa liderando la tabla con un 77,9% de menciones, y seguido de los problemas económicos, que se anotan un 43,4%. En tercer lugar, plaza que no abandona desde febrero de 2010, sigue la clase política, que en esta ocasión experimenta un importante aumento de 3,6 puntos respecto al mes anterior.

Si en septiembre los políticos eran mencionados en el 26,9% de las entrevistas, en octubre el porcentaje subió al 30,5%. Además, en ese lapso de tiempo ha subido casi 4,5 puntos el porcentaje de los ciudadanos que tildan de “mala” o “muy mala” la situación política del país, al pasar del 73,2 al 77,6%. Por contra, sólo un 2,4% considera que es “buena” o “muy buena”.

Pero, además, un 47,9% sostiene que la situación política es hoy peor hace un año, cuando se iban a celebrar las elecciones generales que ganó el PP, y otro 41,5% cree que las cosas no han cambiado en estos doce meses. Asimismo, un 36,4% augura que la situación política será aún peor el año que viene.

El CIS también revela que el sentimiento mayoritario que genera la política es la desconfianza, seguido de la irritación y el aburrimiento. Más de la mitad de los entrevistados cree que el voto es la única forma que tienen para influir en el Gobierno, aunque hay un 37% que cuestiona esa afirmación.

Estos resultados reflejan la mala acogida que han tenido entre los ciudadanos las primeras medidas tomadas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, pero sobre todo muestran como crece el descontento con el sistema político español. En este último trimestre se han materializado los Presupuestos Generales del Estado, la reforma laboral y los recortes en sanidad además de la debilidad de oposición del PSOE.

La encuesta, dada a conocer este jueves y que tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento, se basa en 2.484 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 49 provincias entre los días 2 y 14 de octubre.

Justicia belga acusa a la Cienciología de organización criminal

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La Iglesia de la Cienciología, fundada en los años 50 por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard como una “filosofía religiosa aplicada” y en Europa ha estado envuelta en repetidas polémicas.

Bruselas.- La Justicia belga ha abierto una nueva investigación sobre la Iglesia de la Cienciología, a la que la Fiscalía federal acusa de organización criminal entre otros cargos, según informan hoy los diariosL’Echo y De Tijd.

La rama belga de la organización estadounidense también es sospechosa de fraude, extorsión, práctica ilegal de la medicina y de violaciones de la ley sobre la protección de la privacidad, aseguran los periódicos, manifestó

En Bélgica se abrió en 1997 una primera investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Cienciología, que llegó al país en 1974 y que tiene instalada en Bruselas su sede europea.

El caso, sin embargo, lleva años sin avanzar en un tribunal de la capital, a pesar de que en la última década se han repetido las investigaciones alrededor de la organización.

La nueva investigación se centra, según L’Echo y De Tijd, en las prácticas internas de la iglesia y arrancó con una demanda presentada ante los servicios de Empleo de Bruselas por contratos de trabajo entre la organización y voluntarios y miembros.

En la vecina Francia, la Iglesia de la Cienciología fue condenada en 2009 por estafa a una multa de 600.000 euros, sentencia que fue confirmada en apelación este mismo año.

Además, cinco de sus responsables fueron sentenciados a penas de entre dos años de cárcel exentos de cumplimiento y multas de varios miles de euros.

La Iglesia de la Cienciología, fundada en los años 50 por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard como una “filosofía religiosa aplicada” y en Europa ha estado envuelta en repetidas polémicas.

Entre sus adeptos figuran entre otros célebres personajes los actores estadounidenses Tom Cruise y John Travolta.