Arenas y Michavila median entre Rajoy y Bárcenas para que éste no tire de la manta

Y esto, amigos, es la vergüenza del país. Un país (que no un estado) quebrado, saqueado en todas sus estructuras, vilipendiado por castas que parecían invisibles e impunes. De nosotros, los ciudadanos, depende que consigamos que esto no continúe y, sobre todo, que los responsables paguen por ello. Son muchos y grandes, pero los ojos de los españoles están abiertos y el mundo nos observa.

Desde que saltara la imputación de Luis Bárcenas por la trama Gürtel, el extesorero ha intentado reclamar ‘ayuda’ de su partido para eludir las penas de prisión a las que se enfrenta, bajo chantaje de que, de lo contrario, sacaría a la luz toda la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Según una información que publica ‘El Mundo’ y a la que reiteradamente ha aludido este diario en varias ocasiones, habría sido Javier Arenas quien habría canalizado en 2011 y 2012 entre Bárcenas y Rajoy.

El exministro de Trabajo fue en ese tiempo el ‘correo’ entre una y otra parte, pese a que negase cualquier tarea relacionada cuando saltó a la luz el escándalo de las cuentas suizas del exsenador por Cantabria. En ese momento Arenas dejó de ser el hombre adecuado para ‘mediar entre el hombre que lo sabía todo y los hombres y mujeres que saben que lo sabe todo’, como refleja el diario.

Arenas fue el encargado de mediar hasta que saltó el escándalo de las cuentas, momento en que el nexo ha pasado a ser Michavila

A partir de ese momento el partido necesitaba otra persona en quien depositar su confianza, y el escogido fue José María Michavila, amigo de los dos abogados de Bárcenas: Miguel Bajo y Alfonso Trallero, cuya mujer trabaja en el bufete que comparten Michavila y Ángel Acebes. A día de hoy, el exministro de Justicia sigue siendo el nexo de unión entre Bárcenas y Rajoy, como el propio extesorero se ha encargado de difundir.

Para las labores de mediación y de transmisión de mensajes entre ambos lados, también aparece el nombre de Pedro gómez de la Serna, diputado por Segovia y antigua mano derecha de Jaime Mayor Oreja en Interior, exjefe además de gabinete de Arenas en la vicepresidencia del Gobierno.

En el Partido Popular siguen aún con el miedo en el cuerpo ante la posibilidad de que ‘se tire de la manta’ y todo se enrede aún más, algo que pasaría de confirmarse que alguno de los ministros de la etapa de José María Aznar habría cobrado sobres en negro. En todo este escándalo, la mayoría de nombres que figuran como perceptores de estos sobresueldos los tendrían fiscalmente prescritos, pero de comprobarse que algún miembro del Ejecutivo anterior también los hubiera recibido, supondría una vulneración de la Ley de Incompatibilidades.

Rajoy permanece impasible confiando en su imagen de hombre honrado, y no se altera ni cuando Bárcenas hace referencia al pago de sus trajes

Especial recelo están generando en Génova, 13 las posibles actitudes deRodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos en el caso de que alguno de ellos pueda confirmar unas prácticas que eran conocidas por la cúpula del partido. Pese a que tanto uno como otro tendrían grandes focos de fricción con la formación política, el propio Cascos habría desmentido vía mail a Núñez Feijóo la intención de ‘ir contra la que durante 30 años fue su casa’. Del mismo modo habría dejado claro que ‘no renunciará a defender su buen nombre e inocencia en referencia a los sobresueldos y la financiación del PP.

Mientras tanto, Rajoy parece permanecer impasible ante los posibles escenarios que le han planteado sus asesores, en caso de que hablen Rato, Cascos, los dos, o de que incluso se compruebe que algún ministro de Aznar habría recibido sobresueldos. Tampoco se altera al escuchar que el extesorero ha comentado abiertamente que “yo por lo menos me pago mis trajes, no como Mariano”.

De momento, no parece que nada haya cambiado en la vida del extesorero, salvo los numerosos medios que aguardan a diario en la puerta de su casa. Él sigue paseándose por las tiendas más caras de la milla de oro madrileña con o sin su mujer y pagando en metálico las compras, y hasta hace bien poco, paseaba su destreza por las estaciones de esquí más cotizadas, dentro y fuera de España.

Vía Vozpópuli

El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP

El caso Bárcenas sigue expandiendose e imputan a los más importantes empresarios del país. ¿Pasará de ahí? ¿Hará justicia el juez Ruz?

Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales. Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.

Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una “alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa”. “Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración”.

El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.

En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, “el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal”, dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, “sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”.

La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido ‘sobresueldos’ a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen “un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo”.

Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.

El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Gurtel’ y ha abierto una pieza separada para investigar el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.

Vía eldiario.es

Las actas del Instituto Nóos alejan a la Infanta Cristina de la imputación

Estamos hartos, en serio. ¿Otra como Mato? ¿Qué pasa con la alta alcurnia de este país que o es terriblemente machista – muy terrible- o absurdamente idiota? ¿Es creíble que tantas parejas lleguen a ser completamente ajenas a las fechorías de sus compañeros de cama? ¡Basta ya!

Las actas del Instituto Nóos revelan que la Infanta Cristina no asistió a las reuniones de la Junta Directiva celebradas por la entidad entre el 23 de septiembre de 2003, fecha en la que fue designada la nueva Junta con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a la cabeza, y el 20 de marzo de 2006, cuando tanto éste como su mujer y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, se desvincularon de la asociación investigada en el caso Nóos.

Así consta en los documentos, y que están pendientes de ser entregados al juez instructor de la causa por parte del exsecretario general de Nóos Miguel Tejeiro, después de que el magistrado así se lo haya requerido con el objetivo de averiguar si a los encuentros celebrados asistieron todos sus miembros y, entre ellos, la Infanta en calidad de vocal de la entidad.

Se da la circunstancia de que ninguna de las actas hace referencia a la toma de decisiones con respecto a los eventos investigados en relación con Valencia ni con Baleares. De hecho, el propio Tejeiro, en la declaración que prestó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, señaló que como secretario general de Nóos firmó los acuerdos adoptados puesto que no había entre ellos ninguno “sorpresivo o arriesgado”.

Más en concreto, el primero de ellos, del 23 de septiembre de 2003, alude a la constitución de la Junta Directiva, integrada por Urdangarin, Torres, Tejeiro, García Revenga como tesorero de la asociación, y la Infanta en calidad de vocal. Mientras tanto, la siguiente reunión, del 3 de marzo de 2004, contó con la presencia de Urdangarin, Torres y Tejeiro, y en ella se acordó por unanimidad autorizar al Duque y a su exsocio a operar con firma indistinta en la cuenta corriente del Instituto Nóos.

Ya el 26 de noviembre de 2005 concurrieron a la reunión de la Junta de ese día Urdangarin, Torres y Tejeiro, quienes aprobaron, también de forma unánime,conferir poderes generales de administración y disposición en favor de Urdangarin y Torres para que, en nombre de la asociación, pueda cada uno de ellos indistinta y solidariamente ejercer todas las facultades que se relacionaban en un anexo que acompañaba al acuerdo.

Facultades conferidas en favor de Urdangarin y Torres

Más en concreto, se les habilitaba para comprar, disponer, enajenar y gravar todo tipo de bienes muebles e inmuebles; otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos; asministrar bienes; girar, aceptar y protestar letras de cambio; tomar dinero a préstamo o a crédito; disponer, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo; otorgar contratos de trabajo; comparecer ante toda clase de juzgados; intervenir en suspensiones de pago o quiebras; dirigir la organización comercial de la asociación, y otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados.

Finalmente, en la asamblea celebrada el 20 de marzo de 2006, se aprobó el nombramiento de una nueva junta directiva, que quedaría constituida por Torrescomo presidente -en sustitución de Urdangarin-, Tejeiro como secretario general yPedro Parada como tesorero.

Entre las actas también se encuentra la correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de octubre de 2004 en la que, también por unanimidad, se acordó solicitar a La Caixa una póliza de crédito por un importe máximo de 300.000 euros a un plazo de hasta 12 meses, ofreciendo como garantía las facturas que se girarían a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia. También se facultaba a Torres para efectuar las gestiones necesarias y contratar la anterior póliza.

Cabe recordar que, según justificó el Duque en su declaración como imputado del pasado 23 de febrero en torno al papel desempeñado por su mujer en Nóos, la Infanta era vocal en el Instituto que presidía porque hacían falta cinco personas para formalizar la Junta Directiva y “tuvimos, cómo decir, que cubrir esos asientos“. No obstante, señaló que su esposa no hacía “absolutamente nada” sino que fue nombrada como persona “de máxima confianza y transparencia” para el cargo que iba a ostentar.

“Hacían falta cinco personas para conformar la Junta”

“Era una persona de confianza mía en la Junta Directiva, simplemente eso, con la voluntad máxima de dar una transparencia y una normalidad a las cosas”, recalcó el imputado acerca del nombramiento de la Infanta en la entidad a través de la cual presuntamente fueron desviados unos 5,8 millones de euros.

En una de sus preguntas en torno al papel de la hija del Rey Don Juan Carlos, Castro observó que según los estatutos de Nóos, con tres miembros en la Junta -presidente, tesorero y secretario- “bastaba”, a lo que el Duque respondió que sus asesores le dijeron que “había esto, conformamos que iban a ser cinco y yo siempre he pensado que el formalismo eran cinco, no tres”.

Al interpelarle sobre qué hacía entonces su esposa como vocal, Urdangarin se limitó a contestar: “absolutamente nada”, tras lo cual el juez le preguntó “y si no hacía nada, ¿para qué estaba allí?”. “Le repito Señoría, yo siempre he pensado que hacían falta cinco personas para formalizar esa Junta y nombramos a las personas de máxima confianza y máxima transparencia para ello. Nada más. Es la primera noticia que tengo que con tres ya hubiésemos conformado la Junta”, espetó el encausado.

Vía El Confidencial

La Audiencia Nacional estudia recuperar la investigación del oligarca ruso Oleg Deripaska

Hace ya tres años de la “operación Avispa” y todavía no ha habido ningún movimiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta impunidad? ¿Quién se hace responsable de esta desfachatez? ¿Dónde queda la independencia de la justicia? ¿A que altura quedan nuestros políticos?

La Audiencia Nacional se plantea reclamar a las autoridades rusas la investigación abierta en su día contra el magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska por su posible vinculación con la organización mafiosa “Izmailovskaya”, acusada de blanquear dinero en España en el contexto de la llamada “Operación Avispa”. El juez Fernando Andreu aceptó en su día remitir a sus colegas rusos las diligencias contra Deripaska, imputado en España, pero advirtió que recuperaría la competencia en caso de que Rusia no realizara las investigaciones solicitadas sobre las posibles actividades delictivas de Deripaska y su entonces socio, Iskander Majmúdov.

La investigación sobre Deripaska surgió a raíz de la citada“Operación Avispa”, desarrollada en dos fases en España (en 2005 y 2006), y por la que ya fueron condenados seis miembros de la mafia ruso-georgiana, entre ellos el máximo responsable del grupo, Zajar Kalashov.

En el auto en el que cedía la iniciativa investigadora a las autoridades judiciales rusas, Andreu argumentó su decisión en el hecho de que las actividades ilícitas imputadas a Deripaska y Majmúdov, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales, se habrían cometido en Rusia, país en el que residen ambos. En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, y es también en ese país donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales objeto de las diligencias abiertas, según el juez español. Además, Andreu señaló que la Fiscalía General de Rusia le comunicó su interés por la investigación de estos hechos. Según el auto, Deripaska, Majmúdov y el también exsocio del oligarca ruso, Mijail Cherney, controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal “habría ido ‘conquistando’ mediante extorsión y el asesinato”, y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Ni la fiscalía ni la policía rusas han iniciado en tres años indagación alguna sobre el caso investigado en la Audiencia Nacional

En mayo de 2010 Andreu y el fiscal José Grinda, interrogaron en Moscú al magnate ruso, pero en calidad de testigo. Fue después de ese encuentro, que se desarrolló en un clima de cierta tensión, cuando Andreu accedió a ceder la iniciativa de la investigación a Rusia, anulando la imputación de Deripaska. Ahora, cuando van a cumplirse tres años de aquella decisión, ni la fiscalía, ni la policía rusas han iniciado investigación algunasobre el caso investigado en la Audiencia Nacional, y ésta valora recuperar en las próximas semanas la iniciativa del caso.

Además, el pasado 26 de febrero miembros del llamado Comité de Investigación ruso, una estructura independiente de la policía y la fiscalía, procedieron a registrar los locales moscovitas de la empresa Rusal, matriz del imperio que controla Deripaska. La causa del registro -que según anunció el Comité también se había realizado en otras oficinas de la sociedad- tiene que ver con una investigación abierta por un posible fraude fiscal de 200 millones de rublos, unos 5 millones de euros.

Vía Vozpópuli