Arturo Fernández dejó de pagar facturas al Estado ya en 2005

EL presidente de la patronal madrileña, adalid del liberalismo, nos debe a los españoles ya tres millones de Euros. Desde 2005, y bajo diferentes denominaciones, Arturo Fernández ha acumulado deuda con diferentes organismos como Turespaña, la seguridad social y otros. ¿Casualidad o impunidad? ¿No puede actuar la justicia igual de rápido que lo está haciendo contra el ciudadano medio?

Os dejamos la noticia completa de eldiario.es:

Arturo Fernandez, CEOE

Las administraciones públicas llevan años acumulando problemas con las concesiones de Arturo Fernández, aún presidente de la patronal madrileña. Según avanzó El Economista, Turespaña, donde Esperanza Aguirre se reincorporó durante unos meses cuando dejó la presidencia de Madrid, le reclama una deuda de 2,7 millones de euros, punto que este medio ha confirmado con la sociedad dependiente del Ministerio de Industria. La deuda que le reclama el organismo estatal tuvo su origen en 2005, cuando Arturo Fernández dejó de pagar las facturas del canon que la sociedad le remitía por la adjudicación de la cafetería del Palacio de Congresos.

La Abogacía del Estado tuvo que intervenir ya en 2005 para asesorar a Turespaña sobre un recurso que el grupo Arturo Cantoblanco interpuso para no atender las facturas que el organismo estatal le requería. Las deudas tienen como origen la gestión de la cafetería del Palacio de Congresos con sede en la Castellana (frente al estadio Santiago Bernabéu). El grupo Arturo lleva gestionando la restauración del edificio, que forma parte de Patrimonio del Estado, desde al menos 1997.

En origen, el contrato era por servicio y estaba a nombre de “Restaurantes y Hoteles Cantoblanco”. Sin embargo, las condiciones con Turespaña fueron cambiando y el organismo estatal fue imponiendo tarifas más elevadas. Así, en la adjudicación de noviembre de 2003 Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un canon variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo. Esta adjudicación se la llevó la sociedad “Arturo Grupo Cantoblanco”.

Apenas un año más tarde de quedarse con el servicio, el grupo del vicepresidente de la CEOE interpuso un recurso de alzada por sus discrepancias con las facturas que le remitía el organismo. Un recurso de alzada es un instrumento por el cual los ciudadanos pueden recurrir las decisiones de la Administración Pública y revisar un acto administrativo por el superior jerárquico del órgano que lo dictó. En este caso, el recurso quería revocar una decisión tomada por el director del Palacio de Congresos, cargo que ocupaba Octavio González Manteca.

Finalmente, el grupo de Arturo perdió la concesión en 2008 frente a la oferta de Husa, la empresa de su amigo, y rival, Joan Gaspart, también vicepresidente de la CEOE. Husa ha aclarado a eldiario.es que no tiene nada que ver con la gestión anterior que el Grupo Arturo había hecho de la cafetería. Algunas informaciones apuntan a que el servicio se prestó de común acuerdo entre ambas empresas de restauración, punto que descartó tajantemente un portavoz oficial de la cadena hotelera a este medio.

Turespaña ha vuelto a licitar el servicio en diciembre de 2012. Las condiciones han cambiado radicalmente desde aquel contrato que se quedó Arturo Fernández. El canon que pide ahora el organismo oficial es de un fijo de 45.000 euros anuales y un variable sobre la condición de los servicios del 0,2% el primer año con una subida escalonada hasta el 0,5% en el cuarto año de la concesión. El concurso, según publicó el BOE este mismo miércoles, ha quedado desierto.

Lo cierto es que el Palacio de Congresos está temporalmente cerrado para someterse a unas obras de restauración después de que se detectaran numerosas irregularidades que hacían que las instalaciones fueran inviables para celebrar actos públicos.

Requisitos para contratos públicos

En cualquier caso, llama la atención cómo el Grupo Arturo Cantoblanco se siguió quedando con contratos públicos durante todos estos años que lleva con el litigio abierto con Turespaña (que según los intereses de demora acumulados le reclama ya 3,1 millones de euros). Normalmente, la exigencia mínima para acudir a los concursos públicos es hallarse al corriente de pago con las Administraciones Públicas y ser solvente.

Según el registro mercantil, la sociedad coincidente con esta denominación (bajo la dirección de Arturo Fernández hay cerca de medio centenar de empresas con nombres muy similares) tiene una deuda con la Seguridad Social de 44.000 euros, por lo que en diciembre se dictó una orden de embargo contra la empresa. Esta deuda, como la sociedad, es diferente a la deuda que ya había trascendido de más de 400.000 euros y que se contrajo con la marca Cantoblanco Colectividades, que presta servicios a la Asamblea de Madrid.

Esta empresa tampoco es la misma que lleva el servicio de cafetería del Congreso de los Diputados. El amigo íntimo del rey, y de Esperanza Aguirre, se presentó al hemiciclo bajo la denominación de “Grupo Cantoblanco Alimentación”. En declaraciones a eldiario.es, Fernández aseguró estar al corriente de pagos con la Seguridad Social ya que dice haber negociado el aplazamiento de todas sus deudas. Fernández recuerda que este procedimiento es muy normal en tiempos de crisis entre los empresarios.

Bajo la denominación deudora del Estado, se prestan servicios a Moncloa, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Universidad Carlos III o Aena. También presta servicios a Telefónica, una de las contratas en la que el empresario ha sido acusado de hacer pagos en dinero negro.

Vía eldiario.es

Luis Bárcenas no ha sido despedido del Partido Popular

Mienten como bellacos. Mienten cada vez hablan. Mienten por mentir. ¿Mienten sin querer? Parece que al Partido Popular, en su achaque de transparencia mal-entendida y populismo malintencionado, le crecen los enanos. Y es que las últimas informaciones sobre el finiquito de Bárcenas, su extraño “despido” y las diferentes zancadillas hacia cualquier investigación seria y pública indican que poco interés tiene el Partido Popular realmente en solucionar un problema que, cada día que pasa, se muestra más grave y endémico. ¿Habrá finalmente responsables? ¿Quién fue la mano que firmó el venenoso acuerdo? ¿Despertarán los españoles por fin?

Nos lo cuenta eldiario.es:

Luis Barcenas

Ni indemnización ni finiquito. Luis Bárcenas sigue formando parte de la nómina del Partido Popular y no ha sido despedido, según han confirmado a eldiario.es fuentes muy cercanas al extesorero del PP.

Bárcenas ha continuado cobrando del partido durante los últimos tres años, cuando supuestamente fue apartado de la organización tras ser imputado en la Gürtel en 2009. No recibió un finiquito fraccionado hasta diciembre de 2012, como explicó el Partido Popular a el diario El País, que pusiera fin a su relación laboral. Hasta entonces, el partido había seguido pagando la Seguridad Social de Bárcenas, lo que era de dudosa legalidad si de verdad era cierta la versión del PP de que hace tiempo que el extesorero había dejado de trabajar para el partido.

Sin embargo, la información que han facilitado eldiario.es las fuentes cercanas al extesorero es que Bárcenas continúa teniendo una relación laboral con el PP. Esos 400.000 euros que, según el PP, ha cobrado Luis Bárcenas durante los últimos dos años no era un indemnización por despido fraccionada en varios plazos, sino el sueldo de Bárcenas: el mismo salario que hasta entonces había cobrado. En este tiempo, desde que fue imputado en la Gürtel, el extesorero no solo no fue apartado, sino que continuó siendo uno de los empleados mejor pagados de Génova 13. En 2012, cobró más que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, e incluso que el presidente Mariano Rajoy.

Desde el entorno de Bárcenas, piden al PP que enseñe el supuesto finiquito firmado si quieren probar que existe.

Vía eldiario.es

Detenido un edil del PP de Santiago y registros en casa de Conde Roa

Mires donde mires, más de lo mismo. Los grandes partidos se empeñan en demostrar que la clase política no está tan podrida como aparenta, pero cuesta creerlo cuando día tras día los periódicos y noticiarios se llenan de titulares sobre corrupción en todas las esferas y en todos los partidos. ¿Será posible realmente refundar la democracia como algunos partidos y plataformas ciudadanas promulgan o se trata tan solo de una utopía inalcanzable en el país de Ali-Babá?

Veamos la información de El País:

Detenido un edil del PP de Santiago y reguistros en casa de Conde Roa

La juez de Lugo, Pilar de Lara, que instruye la Operación Pokémon contra la corrupción municipal en Galicia, ha lanzado esta mañana una nueva redada en Santiago en la que, de momento, ha sido detenido el concejal de Seguridad, Albino Vázquez Alldrey, del PP. También se está realizando el registro de la casa delexalcalde Gerardo Conde Roa. Además ha sido arrestado el exjefe de gabinete de este último, Ángel Espadas.

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) está practicando diversos registros en dependencias municipales y en la sede de la empresa Aquagest, concesionaria del servicio de aguas en la ciudad. Otro de los registros se está produciendo en la casa del anterioir gerente de esta empresa en Santiago, José Luis Míguez. Todos ellos están acusados presuntamente del reparto de sobornos.

Asimismo, la jueza también ha ordenado la detención de otras cuatro personas en Cataluña -al menos una en la comarca de La Selva- y en Asturias, según informa Europa Press.

Conde Roa dimitió como alcalde de Santiago el pasado mayo por otra imputación judicial, después de que el fiscal se querellase contra él por evadir a Hacienda 291.000 euros correspondiente al IVA de unas viviendas que vendió como promotor y nunca ingresó en la Agencia Tributaria.  Por la Operación Pokémon la juez de Lugo también ha imputado al actual alcalde, Ángel Currás, sustituto de Conde Roa, a la concejal Rebeca Domínguez y al jefe de gabinete del regidor.

La Operación Pokémon investiga la existencia de una supuesta red para obtener concesiones y contratos públicos.  El número de imputados ya supera la treintena, muchos de ellos políticos. El último imputado había sido el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, que tendrá que declarar el próximo 8 de marzo. Antes que Marnotes habían sido imputados el alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco. Figuran también imputados, entre otros, el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG), que dejó el cargo, el exregidor de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio (PPdeG), que también abandonó el bastón de mando, además de un exconcejal del BNG en Ourense.

Vía El País

Comienzan los movimientos para que prevalezca la impunidad… La Policía invalida los ‘papeles’ de Bárcenas al alegar defectos de forma

Parece ser que ya se ha puesto en marcha la maquinaria para aplastar cualquier atisbo de justicia en el caso de “Los Papeles de Bárcenas”.

Si no se le da credibilidad a las pruebas caligráficas que determinen que los apuntes son en realidad del extesorero del PP, entonces no habrá delito que perseguir y de ahí al cierre del caso y a la impunidad más absoluta hay un trecho muy corto.

¡Evitémoslo!

#contralaimpunidadya

Lo que dice Elconfidencial sobre este tema…

La Policía no va a poder llegar a ninguna conclusión determinante en su informe caligráfico sobre los documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas, que han puesto en jaque a todo el partido. Según fuentes de la investigación, la prueba nace viciada al tratarse de fotocopias, lo que impide determinar si los papeles fueron adulterados. Por tanto, queda invalidada para certificar si Bárcenas fue el autor y si los documentos fueron escritos a lo largo del tiempo, entre 1990 y 2008, o a posteriori de una sola vez.

En ese sentido irá dirigido el informe realizado por la Policía Científica, ordenado por el fiscal Anticorrupción que está investigando la presunta financiación ilegal del PP. En el marco de esas diligencias informativas, la pasada semana se tomó declaración al propio Bárcenas, a su exabogado Jorge Trías y al anterior tesorero, Álvaro Lapuerta.
La causa principal es que se trata de una fotocopia y los investigadores no tienen en su poder el documento original. Que sea una copia no impide saber si la letra es o no de Bárcenas, pero no permite certificar que no se trate de un montaje realizado con un ‘corta y pega’ de otros textos escritos por el extesorero del PP. Al tratarse de una fotocopia, un perito caligráfico no puede garantizar que los papeles publicados como la contabilidad B del partido y los sobresueldos a varios de sus dirigentes no estén manipulados.
El segundo error ha sido que los encargados de hacer la prueba caligráfica a Bárcenas el pasado miércoles durante su interrogatorio eran agentes adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en vez de los peritos caligráficos que van a preparar el informe y quienes saben a qué ejercicios específicos claves se debe someter la persona que es objeto de estudio. A Barcenas se le deberían haber realizado pruebas específicas, como escribir varios folios y con expresiones similares a los documentos a analizar, para hacer comparativas. Asimismo, tendrían que haberse forzado cambios de velocidad, entre otros puntos, para evitar que le hubiera dado tiempo a fabricar la escritura, a la vez que haberse concedido margen a los peritos para averiguar si el imputado intentaba manipular o cambiar su letra.
 
La prueba pericial nace nula
Estos dos aspectos son suficientes para que los peritos sostengan que la prueba pericial nace nula y, por tanto, quede invalidada la pieza clave de esta investigación. No sólo eso, la Policía tampoco va a poder determinar la antigüedad de los documentos ni la unidad de acto, es decir, si se hizo todo seguido o en espacios de tiempo. Una de las sospechas es que el autor de los escritos pudo haberlos escrito a posteriori y de una sola vez.
Fuentes de la investigación subrayan que es técnicamente imposible averiguar a día de hoy el tiempo que puede tener un documento porque, aun teniendo el original, cada papel envejece de manera distinta dependiendo de las condiciones ambientales que haya podido sufrir. Y si se intenta descubrir por la tinta o el bolígrafo, en la actualidad hay miles de fabricantes de ambos, lo que lo hace imposible. Además, estas fuentes puntualizan que la letra de una persona entre los 30 y los 55 años aproximadamente no cambia y, por tanto, tampoco se puede determinar si Bárcenas los pudo escribir hace dos semanas o hace 15 años.
Con todo esto, aunque no se pueda certificar la veracidad de los documentos, sí se puede decir al 100% que la letra que aparece en los papeles es de Luis Bárcenas, comparándola con otros textos escritos de su propio puño y letra. Estas mismas fuentes explican que la letra de extesorero tiene algunas particularidades que la hacen inconfundible. Por ejemplo, su ‘M’ con un bucle en la punta superior izquierda.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, está esperando recibir el informe calígrafo antes de citar a una serie de testigos, entre los que se encontrarían quince empresarios que pudieron dar donativos al PP fuera de la legalidad. Fuentes fiscales subrayan que, sin tener la prueba central, estos testimonios tienen que ser muy aclaradores y aportar muchos datos para poder seguir adelante con la investigación.

No perdamos nuestra capacidad de asombro e indignación – #contralaimpunidadya

En estos días se han publicado estudios de intención de voto en los que se revela que el Partido Popular seguiría siendo el partido más votado, lejos de la mayoría absoluta que ostenta ahora, y seguido de cerca por el PSOE, que no crece ante la pésima labor de oposición que está realizando.

La reflexión que se debería hacer es si se ha perdido la capacidad de asombro e indignación y se seguirá votando igual a uno u otro de los partidos que han llevado al país a esta situación catastrófica.

“No hay alternativas”, dicen unos.

“Todos son iguales”, repiten otros.

“Con la abstención, les estamos manifestando a los políticos que no nos representan”, aseguran algunos.

Si no hay alternativas tendremos que crearlas.

Si todos son iguales, hay que ser otros los que tomemos el liderazgo.

La abstención es un cheque en blanco para que los políticos hagan lo que les dé la gana.

Nuestro sitio está en las calles, pero también en el congreso y en los despachos de los políticos.

Por desgracia, hasta que los políticos no se sientan realmente amenazados en sus cómodos despachos o incluso en sus casas no moverán ni un dedo a favor de nosotros.

Hasta que hubo muertes (suicidios les llaman, pero deberían decirles “asesinatos indirectos”) en los

Ada Colau ha dado el ejemplo.  Hay que llamar a las cosas por su nombre… y nunca perder la capacidad de asombro y de indignación.

#contralaimpunidadya

Otra heroína: Ada Colau en el Congreso de los Diputados diciendo verdades como puños

Si ayer pusimos por las nubes al juez Pablo Ruz, hoy tenemos otra nueva heroína: Ada Colau, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca.

En su comparescencia en el Congreso de los Diputados dijo verdades como puños.

El País recoge su actuación, que no ha dejado indiferente a nadie.

Tensión entre dos legitimidades: la que nace de la sociedad, a través de plataformas, y la que emana de la soberanía popular en las urnas y lleva a los parlamentarios al Congreso y al Senado. Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Economía del Congreso con los comparecientes que han convocado los grupos parlamentarios para escuchar opiniones sobre la reforma de la ley Hipotecaria y otras normas que den una respuesta a los desahucios por impago de las hipotecas. El revuelo se produjo con la intervención de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH.

Lo que dijo Ada Colau que encrespó los ánimos fue exactamente esto sobre el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero: “No le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decir lo que estoy diciendo. Este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarlo. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema; son esta misma gente la que ha causado el problema, los que han arruinado la economía entera de este país y ustedes les siguen calificando de expertos”.

Esta líder del movimiento contra los desahucios, que acumula ya cuatro años de lucha, ha reprochado a todos los partidos que no cayeran en la cuenta de este drama social hasta muy tarde, de manera que ellos han trabajado en solitario durante mucho tiempo. Coincidió Ada Colau con todos los grupos, también con el representante del PP, Pablo Matos, en rechazar los argumentos que dio en esa comisión el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero. Pero hubo diferencias en las formas. Ada Colau le llamó “criminal” lo que provocó que el presidente de la comisión, el popular Santiago Lanzuela, le pidiera que retirara esa expresión. No lo hizo.

Se notó de inmediato el caudal de sufrimiento y de conocimiento que Ada Colau ha atesorado durante más de cuatro años de lucha en defensa de los desahuciados. Por eso pidió a los parlamentarios que acepten “un programa de mínimos” para paliar la situación de muchas familias que han sido expulsadas de sus viviendas por no poder pagarlas, siguen con la deuda y no hay expectativa de que la puedan pagar. Por orden de aparición en la preocupación por este gran problema la representante ciudadana saludó a Iniciativa per Catalunya, a ERC y otros grupos minoritarios, pero afeó especialmente al PP y al PSOE por haber “bloqueado” iniciativas para paliar el problema. Unos en el gobierno actual, y otros en el anterior. “Parece que ahora el PSOE ha rectificado”, dijo con cierta distancia.

A excepción del representante de ICV, Joan Coscubiela, que no se sintió en absoluto incómodo por la disertación de Ada Colau, el resto de los portavoces se revolvió y no aceptó el tono de cierta amenaza que percibieron de la activista. El próximo martes, gracias al PSOE que ha cedido su cupo, se verá la Iniciativa Legislativa Popular promovida por esta Plataforma y que ha conseguido un millón de firmas. “Señalaremos a los diputados que no apoyen esta iniciativa; quedarán señalados aquellos que no se comprometan”. Se refiere Colau a la necesidad de que se tome en consideración esa proposición de ley que dará lugar a que se pueda discutir y que tiene un programa de mínimos: Parar los desahucios; dación en pago con carácter retroactivo y alquiler social.

En suma “una segunda oportunidad” para los que no pueden pagar las hipotecas, como ocurre en otros países. “Les invito a que vengan con las plataformas a reunirse con los afectados; les invito a que escuchen lo que sufren los afectados y verán si hay o no falta de democracia en este país”. Colau no considera “amenazas” sus advertencias de “señalamiento” a los parlamentarios que no voten la toma en consideración el próximo martes de la iniciativa popular. “No me ha gustado eso que usted dice de que nos van a señalar, ¿me lo puede explicar?”, le preguntó Pedro Azpiazu, del PNV. Este y el resto de los portavoces defendieron su condición de elegidos por los ciudadanos en elecciones libres y tan solo hace un año. La excepción siempre estuvo en Joan Coscubiela de ICV, cuyo discurso fue muy coincidente con el de la representante de la plataforma contra los desahucios.

La respuesta de Leire Iglesias del PSOE fue respetuosa pero firme y denotaba cierto enojo. Primero, porque la iniciativa popular se va a debatir el martes porque el PSOE ha retirado una proposición suya para que esta entre. También, porque si bien reconoció y alabó el trabajo de la Plataforma, pionero y determinante para poner el foco político y mediático en el problema de los desahucios, defendió que desde el principio de legislatura el PSOE ha cogido este asunto como prioridad. Hubo contención y mucha por parte de la representante del PSOE, del PP, CiU y PNV para no enzarzarse en una discusión con Colau sobre su labor de representación de los ciudadanos. Pero ella no se arredró ya que terminó su intervención preguntando retóricamente a los diputados si creían que “democracia era votar cada cuatro años”. “Están muy equivocados si así lo creen”. Volvió a retarles a que le dijeran si iban a tomar en consideración o no la iniciativa popular. Un claro sí dio el representante de ICV, Joan Coscubiela, y también la diputada Leire Iglesias del PSOE. “Pero nosotros tenemos medidas más ambiciosas”, le devolvió la experta socialista en este tema.

Al igual que el primer compareciente, Julio Rodríguez expresidente del Banco Hipotecario, concitó una fuerte corriente de sintonía, los argumentos del representante de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, provocó un fuerte rechazo. A su juicio, los desahucios han venido provocados por la crisis económica y no por el sistema hipotecario que es “eficaz”. Rodríguez Pellitero advertía a los legisladores sobre el cambio en las leyes que están preparando. En efecto, además de la iniciativa popular que se verá el martes, está en marcha el cambio de toda la normativa sobre desahucios. El representante de la banca aceptaría como mucho que haya medidas legales “transitorias y extraordinarias” sobre las leyes hipotecarias ya que “si se modifican los fundamentos actuales el crédito será menor y más caro”.

Sus apreciaciones fueron rebatidas por todos los portavoces y con mucha energía por parte de Pablo Matos del PP que desgranó los excesos de las leyes españolas, sin parangón en el resto de países europeos donde rige “la segunda oportunidad”, antes de quitar a la gente la vivienda por impago. El desacuerdo con la intervención del representante de la AEB llevó a Ada Colau a llamarle “criminal”, por todas sus observaciones y en particular por asegurar que “la dación en pago no resuelve nada”. La comparecencia de la representante de la Plataforma se intuyó tensa desde el primer minuto. Ada Colau, catalana y residente en Barcelona reprochó de entrada que la hubieran convocado la última cuando ella vivía fuera de Madrid, y los anteriores sí eran de la capital, lo que la impedía volver por la noche a casa.

Surge un nuevo héroe: El Juez Pablo Ruz tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Montoro

Si es que ya decíamos que la amnistía fiscal fue para los amiguetes del PP.

Ahora lo dice el juez Pablo Ruz que tiene dudas sobre la amnistía fiscal y menciona a Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda o ¿Ministro de los Amiguetes?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’ aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.

El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber detectado esta jugada.

De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda Pública”.

A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que, sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo, sino Luis ‘el Cabrón’.

Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por los ejercicios fiscales de:

Francisco Correa, cabecilla de la trama;

Pablo Crespo, su mano derecha;

Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;

Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;

Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;

José Luis Ulibarri, empresario leonés;

César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;

José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;

Jesús Merino, exsenador del PP;

Fernando Martín, dueño de Martinsa;

Elena Villarroya, exmujer de González Panero;

Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;

U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.

Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización. Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada con el encausado.

Vía El Confidencial.

Un exdiputado del PP: “Hay dinero negro en los partidos, casi siempre”

A mí me daría vergüenza reconocer que soy conocedor de delitos y quedarme tan pancho.

Todo es una suma de un encubrimiento de una casta que se cree intocable.

Escuchad lo que ha dicho un exdiputado del PP en la Ser.

El exdiputado y exsenador del PP Carlos Mantilla aseguró el pasado viernes en la cadena SER que “es una hipocresía pensar que los partidos no tienen una financiación ilegal”. En una tertulia en Radio Galega, Mantilla aseguró que “es sabido de todo el mundo”, que los partidos se financian con dinero negro. “Hay dinero negro en los partidos, casi siempre”. El exdiputado, que también regenta un bufete de abogados especializado en la protección contra el fraude, señaló, tras la publicación de los papeles de Bárcenas, en los que se contabilizaron sueldos a los cargos del PP, que los partidos necesitan mucho dinero “porque tienen infraestructuras grandes y las campañas son costosísimas”.

Mantilla defendió en el mismo programa que “todos los cargos de los partidos tienen sueldos, no sobresueldos”. A lo que agregó: “Me refiero a Mariano Rajoy, o a Rato o a Cascos. También a Almunia, o a Zapatero. ¿Por qué tienen un sueldo? Porque dedican muchísimas más horas que un diputado”. Y también: “Dicho de otra manera, si el señor Rajoy, o el señor Cascos o el señor Zapatero, declarasen ese dinero a Hacienda no existiría ningún problema. No los pueden declarar por muchas razones, una de ellas porque, obviamente, si vienen de dinero negro, esos fondos tienen un control. Y solo puedes gastar oficialmente lo que se permite el Tribunal de Cuentas o la legislación”.

Mantilla también consideró que los sueldos son algo “totalmente normal”. Y puntualizó: “El único problema que puede ser criticable es que no están declarando a hacienda lo que ganan, no porque no quieran, sino porque no pueden”.