¡Urgente! Iñaki Urdangarín se enfrenta a una fianza millonaria

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y su exsocio en la Fundación Nóos, Diego Torres, van a verse obligados a hacer frente a una fianza millonaria por su implicación en el popularmente conocido como ‘Caso Nóos’.

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por el fiscal Pedro Horrach, formaliza este miércoles 21 de noviembre la petición de una fianza conjunta de 8,18 millones de euros, que Urdangarín y Torres tendrán que afrontar con su patrimonio personal.

La acusación popular, encabezada por la abogada Virginia López-Negrete del sindicato Manos Limpias, también ultima el informe que va a presentar al juez.

Denuncian ante la fiscalía otro presunto ‘caso Pallerols’ de la época de Farreres

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El caso Pallerols y el caso Trabajo han sido dos ejemplos de corrupción política-económica probada judicialmente en Cataluña. El primero, con acuerdo; el segundo, con juicio. Los dos han afectado a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y a la Consejería de Trabajo de la Generalidad, departamento en manos de Ignasi Farreres (UDC) de 1988 a 1999.

Sin embargo, podrían no ser los dos únicos casos de desvío de dinero público mediante el mismo o similar modus operandi. Durante esos años, los centros de formación de cursos privados establecieron convenios con la Consejería por los que esta les reconocía como colaboradores para la oferta de cursos a parados y personas con trabajo. Los centros, para poder acceder a las subvenciones públicas, debían inscribirse en un censo que estaba en manos de la autonómica Dirección General de Trabajo.

Las subvenciones se solicitaban a través de las delegaciones territoriales de la Consejería de Trabajo, si bien las entidades colaboradoras con programas formativos de ámbito pluriprovincial podían presentar sus solicitudes directamente en la Dirección General de Trabajo. Esto último solo era obligatorio en los años 1998 y 1999.

Las solicitudes de ayudas -partidas que eran mixtas, una parte del dinero lo ponía directamente la Generalidad y otra, la Unión Europea; pero todo lo gestionaba la Administración autonómica- eran examinadas en las delegaciones territoriales, donde se elaboraba una propuesta o informe valorativo de acuerdo con los criterios legalmente establecidos. A estos informes se les unían los informes de los inspectores de la Consejería, llamados promotores en los primeros años.

Estos inspectores -unos 40 en toda Cataluña- eran los encargados de verificar in situ que los centros de formación reunían las condiciones y requisitos legales para impartir los cursos y, así, poder beneficiarse de las subvenciones que habían solicitado. También examinaban la calidad y la correcta ejecución de los cursos de formación.

¿Cómo se pedían las subvenciones?

Con estos informes completos de las delegaciones territoriales, en la Dirección General de Trabajo se tramitaba la primera fase para la concesión de la ayuda pública. Hubo dos formas de obtener las ayudas, una que se llevó a cabo entre los años 1994 y 1996 y otra, entre los años 1997 y 1999.

En el periodo 1994-1996, el autonómico Servicio de Seguimiento Técnico-Administrativo llevaba a cabo las labores de control y revisión de las acciones formativas desarrolladas por cada centro de formación, y se gestionaba la solicitud de subvenciones que se presentaba para el siguiente curso.

Tras esto, el jefe del Servicio de Administración y Promoción de Programas, el ya fallecido Joan Martín Toribio, emitía un informe dando el visto bueno a la concesión de la subvención. Todo el expediente era remitido al director general, Lluís Gavaldà -uno de los ahora condenados en el caso Pallerols-, que redactaba y firmaba la propuesta de resolución de concesión de la subvención. Finalmente, la propuesta se llevaba hasta la mesa del consejero de Trabajo para que la firmara.

Durante el periodo 1997-1999, el visto bueno era firmado directamente por la Subdirección General, sin necesidad de llegar a Gavaldà. En cualquiera de los dos casos, si se detectaban irregularidades, incumplimientos o infracciones durante los cursos de formación subvencionados, la revocación de la subvención ya concedida era propuesta por Gavaldà y firmada, necesariamente, por el propio Ferreres.

¿Cuándo se pagaban las subvenciones?

La Consejería de Trabajo entregaba el 50% de la subvención otorgada en el momento de la aprobación del proyecto para cada curso. Y el 50% restante cuando el curso finalizaba y se acreditaba documentalmente su realización y costes. Pero este 50-50 se dio solo durante los años 1994 y 1995, ya que a partir de 1996 la proporción varió: un 75% de la subvención, antes del curso; y el 25% restante, al finalizar el curso.

Para todo el periodo, la consolidación de los dos pagos necesitaba el informe favorable del director general de la Consejería. Como suele ocurrir en estos casos, el importe de la subvención dependía del número de horas del curso, su grado de complejidad y su coste para el centro o academia educativa. Unas cuantías o tarifas que fijaba la propia autonómica Dirección General.

En todo el proceso, Lluís Gavaldà ejercía de figura decisiva y determinante, tal y como ha señalado la sentencia del caso Pallerols -un pacto aceptado tanto por el propio afectado como por Unió-, condenado en este caso con la pena más alta de los cuatro imputados: un año y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inahbilitación absoluta durante tres años. Este es hermano del que fuera, durante esos años, secretario de Organización de UDC, Vicenç Gavaldà, también condenado en este último caso y motivo por el que este partido ha pagado.

¿Podría haber más casos?

Al caso Pallerols, cuyo modus operandi señalado utilizaban los tres centros de formación del empresario andorrano Fidel Pallerols, habría que sumar un sistema similar para las empresas relacionadas en el conocido como caso Trabajo por el que se desviaba dinero público de la Consejería de Trabajo mediante informes y estudios inútiles o inexistentes relacionados con proyectos laborales. Los dos condenados por este caso -ambos de Unió- han sido indultados recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Sin embargo, según una denuncia presentada el pasado 23 de enero ante la Fiscalía Superior de Cataluña estos dos casos podrían no ser los únicos. Informes de los inspectores de la Consejería, a los que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA, ponen de manifiesto que al menos otra empresa vinculada a Unió Democràtica de Catalunya podría haber desviado dinero de las subvenciones recibidas por la Generalidad durante el tiempo que Farreres fue consejero.

La empresa Educem Business, S.L. de Granollers (Barcelona), cuya propietaria era en 1996 Anna Maria Duran i Casanovashija de uno de los fundadores del centro-, entonces militante de Unió según varias fuentes consultadas, y, pese al apellido, sin relación familiar con Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, habría recibido supuestamente más cuantía en las subvenciones para cursos de formación de lo que justificó para ello.

Irregularidades o ‘incidencias destacadas’

Los hechos se remontan a 1996. El supuesto desvío de dinero afectaría a seis cursos y la cantidad supuestamente malversada sería de 45.476,2 euros (7.566.600 pesetas). El modus operandi utilizado sería el de impartir menos horas de las aprobadas en unos cursos que fueron sufragados con subvenciones pero con una novedad y es que la empresa, en el proceso del expediente administrativo, reconoce que efectuó menos horas de las que había programado inicialmente. Pero no devolvió la parte de la subvención correspondiente a esas horas no efectuadas.

La empresa recibe en 1996 el otorgamiento de la parte final (25%) de tres subvenciones (25 de abril, 28 de mayo y 16 de julio) para varios cursos por valor de 68.018.800 pesetas (408.801,22 euros). Entre estos cursos subvencionados están seis: de ofimática (dos), para jóvenes empresarios, de técnico en comercio exterior, de secretariado informático y de Word (Microsoft), cuya cuantía total subvencionada es de 32.600.000 pesetas (195.929,95 euros).

A finales de ese año e inicios de 1997, el inspector correspondiente de la Consejería de Trabajo detecta irregularidades o ‘incidencias destacadas’ durante el seguimiento técnico-administrativo. En concreto, los cursos no tienen los alumnos mínimos y las horas realizadas no se corresponden con las horas otorgadas de acuerdo con la documentación presentada, y ratificada por los propios alumnos. Se abren tres expedientes, uno por cada subvención.

Sin constancia de ‘las horas otorgadas’

Estos expedientes son estudiados por la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas de la autonómica Subdirección General de Trabajo, que emite el informe correspondiente el 9 de junio de 1997. Esta valoración concluye que las subvenciones deben ser revocadas parcialmente, ‘en función de las horas no impartidas en los cursos referidos’.

Más de nueve meses después, el 31 de marzo de 1998, el consejero Ferreres firma la resolución por la que se revocan las subvenciones  de los tres expedientes (96-C-0297, 96-C-0133 y 96-C-0810), dando así por bueno el informe de la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas.

Sin embargo, casi ocho meses después de esta revocación, el 21 de noviembre de 1998, una nueva resolución, también firmada por el consejero de Trabajo, deja sin efecto la decisión de revocación de las subvenciones a Educem Business, S.L. porque ‘existe una coherencia absoluta entre el gasto justificado y pagado en la referida entidad en relación a las subvenciones otorgadas’. Esta firma se lleva a cabo sin el informe técnico preceptivo y sin un solo cambio en los expedientes.

Pese a esta nueva resolución, el 1 de junio de 1999, Mercè Poch i Viñes, coordinadora del área de comarcas de la Delegación Territorial de Barcelona -actualmente jefa de la Sección de Fomento del Trabajo en el Servicio Territorial del Bajo Llobregat de la Dirección de la Red Ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)-, remite a Eulàlia Berna i Aguilar, jefa del Servicio de Ocupación de Cataluña, un informe señalando que pese a lo firmado por el consejero, en la Delegación que ella dirige ‘no queda constancia que, pese a que haya coherencia entre el gasto justificado y pagado en relación a las subvenciones otorgadas, se hayan realizado las horas otorgadas’, y por lo tanto no existen ‘elementos suficientes para firmar el segundo 25% de [las subvenciones de] los cursos señalados’.

Transferencia del 25% restante

Esta advertencia que recibe Berna i Aguilar es trasladada, solo seis días después, a Dolors Llorens i Ardiaca, subdirectora general de Trabajo, imputada inicialmente en el caso Pallerols y librada de cualquier pena al serle retirados los cargos en el marco del acuerdo alcanzado con la fiscalía para evitar el juicio.

En esa fecha, 7 de junio de 1999 se pierde la pista documental. Pese a la resolución del consejero no existe un informe favorable al pago de la parte final de las subvenciones a la entidad de formación. Hasta el 27 de abril de 2000, fecha en la que la empresa Educem Business, S.L. recibe la transferencia del 25% restante de las subvenciones de los seis cursos que los informes técnicos de los inspectores de la Consejería de Trabajo señalan con ‘incidencias’. El visto bueno de la Generalidad a esas transferencias se da el 16 de marzo de 2000.

Educem Business recibió 374,8 millones de pesetas (más de 2,25 millones de euros) entre 1993 y 1997 solo de la Consejería de Trabajo. Un año después de detectarse las irregularidades, según los informes de los inspectores, la empresa recibió 128,3 millones de pesetas, fue el año que más subvenciones de la Consejería de Trabajo recibió.

¿Por qué se tramitaron finalmente estas subvenciones? Tanto para el caso Pallerols, donde los jueces han señalado que las resoluciones del consejero eran fruto de una mera ‘revisión formal’ de los expedientes y venían directamente condicionadas y determinadas por los informes previos y propuestas del director general, como para el caso Trabajo, donde Ferreres fue absuelto, la justicia parece no darle valor a la firma del máximo responsable de la Consejería.

Ley de Transparencia… parece que algo se mueve y es por el escándalo Bárcenas

Soraya ha dicho que la ley de transparencia que se prepara será un posible antídoto contra la corrupción.

Parece que por fin se han dado cuenta de lo que hemos venido denunciando en este blog.

Aquí la noticia de RTVE, aunque Rajoy sigue esquivando el espinoso tema de Bárcenas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido hablar del caso Bárcenas en el Congreso de los Diputados aunque sí ha insistido en la necesidad de que todos los grupos alcancen un pacto contra la corrupción, tal y como anunció tras el último Comité Ejecutivo del PP.

En su turno, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado que el Ejecutivo presentará medidas concretas para perseguir los delitos de corrupción y ha dicho que si hay que modificar el Código Penal y endurecer las penas, se hará.

Este miércoles se ha celebrado la primera sesión de control del año, una sesión extraordinaria fuera del periodo de sesiones, en la que la corrupción política ha sido la protagonista.

Dos ocasiones ha tenido el presidente para refererirse al caso Bárcenas, tras las preguntas del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del coordinador de IU, Cayo Lara, pero en ninguna de las dos cuestiones ha querido entrar en los supuestos sobresueldos en B en el PP.

En su primer cara a cara de 2013, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha pedido a Rajoy “contundencia, celeridad y ejemplaridad” en casos como el del extesorero, a lo que Rajoy ha respondido: “No se me ocurre otra cosa que hacerle la misma recomendación”.

Rubalcaba ha advertido al presidente de que en el caso Bárcenas el PP no se puede ir “de rositas con triquiñuela legales” ni creerse impune y ha añadido que en su partido “ya aprendieron la lección”.

“No ha estado muy afortunado”, le ha contestado el presidente del Gobierno, quien ha opinado que la situación que existe en el PSOE le obliga a “hacer esos papelones”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido las medidas que ha impulsado o está impulsando su Gobierno y ha puesto como ejemplo la ley de transparencia o la reforma de la financiación de los partidos. Se ha mostrado convencido de que generarán “más transparencia, más control y mayor responsabilidad”.

El líder de los socialistas ha mostrado su preocupación por la desafección de los ciudadanos con la política y ha espetado a Rajoy que la lucha contra la corrupción “corresponde a todos”. “Usted tiene un problema de corrupción en su partido que afecta a las comunidades, a los ayuntamientos, a decenas de dirigentes”, ha dicho.

El portavoz de Izquierda Plural, Cayo Lara, también se ha referido al caso Bárcenas para decirle al presidente que la “bomba” del extesorero “le puede llegar a estallar en el Gobierno”. Lara ha propuesto al presidente la celebración de un pleno monográfico sobre la corrupción que siente las bases para un plan de lucha contra la misma pero Rajoy no ha recogido el guante y le ha respondido.

Lara ha hablado de los casos que afectan a Bárcenas y a Iñaki Urdangarín, del caso Gürtel, de Pokemon y de Pallerols y Rajoy le ha recomendado no repetir las noticias que aparecen en los periódicos y plantee medidas “útiles y eficaces”.

Santamaría:”La ley de transparencia, buen antídoto contra la corrupción”

Sáenz de Santamaría ha admitido que hay que trabajar más contra este tipo de delitos, pero ha recordado también que la Ley de Transparencia, que se está tramitando, es un buen “antídoto” contra la corrupción.

“Porque para perseguir todos esos delitos, la mejor manera de hacerlo es conocerlos y la mejor manera de conocerlos es que se publiquen de la A a la Z las subvenciones y contratos de las administraciones públicas que pueden ser un foto u origen de esta corrupción”, ha dicho.

Además, ha recalcado que por primera vez en España con rango de ley los principios del buen gobierno van a incluir infracciones si se incumplen y sanciones para castigarlas, con la posible inhabilitación de los altos cargos que dejarán de serlo durante “una larga temporada”.

Ha contestado así la número dos del Gobierno a la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien ha considea “insoportable” la mera sospecha de que desde el Gobierno se haya hecho “alguna actuación” para ayudar al ex tesorero del PP haciéndole un “traje a medida” con la “amnistía fiscal”, que ha tachado de “inmoral, indecente e inconstitucional”.

Sáenz de Santamaría le ha replicado que esa regularización “proviene de otra mucho mayor”, la de los tres puntos de déficit que el Ejecutivo anterior “ocultó y que éste ha tenido que aflorar”, ha subrayado que se han seguido las recomendaciones de la OCDE en esta materia y ha señalado que se ha reforzado la lucha contra el fraude fiscal.