El Gobierno : ” Solo algunos tienen acceso a datos de la amnistía para evitar problemas de seguridad”.

MADRID, 2 (fraude_foroEUROPA PRESS)

El Gobierno asegura que ha centralizado el acceso a datos de la amnistía fiscal en algunos inspectores para permitir el seguimiento cuando haya un procedimiento inspector en curso y evitar posibles problemas de seguridad derivados de accesos a la información que no guarden relación con los expedientes asignados a los funcionarios de inspección.

En una respuesta parlamentaria a UPyD a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno dice que cuando el personal inspector detecte que se ha presentado una declaración tributaria especial en relación a un contribuyente sobre el que se están realizando actuaciones inspectoras, se podrá acceder a los datos a través de las personas que tienen permitido el acceso.

Con este mecanismo, según el Gobierno, se garantiza el conocimiento de la información relativa a la declaración tributaria especial por las personas que deban tener acceso a dicha información para el adecuado desempeño de sus funciones y se minimiza el riesgo de acceso por personas que no necesitan conocer esta información para desarrollar su trabajo.

De esta forma, el Gobierno niega que se bloquee el acceso a esta información, tal y como denuncia UPyD, mientras que la formación liderada por Rosa Díez asegura que sólo los máximos responsables funcionales del departamento de Inspección y los delegados territoriales pueden acceder a esa información, que permanece oculta para el resto de profesionales de la Inspección.

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Apuesta por una reforma fiscal

La asociación Economistas Frente a la Crisis, que aborda la necesidad de reformar el sistema fiscal en el libro “No es economía es ideología”, califica la amnistía como “profundamente injusta y antisocial”. Del Pozo va más allá asegurando que el endurecimiento de la lucha contra el fraude debe ser generalizado (con una mayor coordinación entre las administraciones y más medios técnicos y humanos) porque “el aumento de la recaudación también es una inversión”.

La regulación de bienes y dinero ocultos puede “llegar a ser útil” si va acompañada de una “batería de medidas que hagan que la colectividad gane“, explica el catedrático de Economía Aplicada. Existen medidas “potentes” de inspección de economía sumergida con la aplicación de sanciones ejemplares y ágiles que pueden ser más efectivas.

Sin embargo, para el presidente del Colegio de Economistas, “no es el momento de experimentos“. Luis del Amo considera, además, que se debería valorar el hecho de que muchos evasores se hayan decidido realizar declaraciones complementarias sobre el ejercicio 2011 (no incluido en la amnistía). De esta forma el capital aflorado podría aumentar en otros 12.000 millones de euros, explica el economista a RTVE.es. Unos bienes que, desde 2013, tributarán y aportarán dinero a las arcas del Estado.

Si en algo coinciden casi todos es en la necesidad de reformar el impuesto de sociedades, cuya recaudación se ha desplomado en los últimos tiempos. El experto de la asociación Economistas Frente a la Crisis incide además en la necesidad de mejorar el control sobre la fiscalidad de las grandes corporaciones, que se benefician de una serie de deducciones que, en su caso, dejan reducido el impuesto de sociedades de facto “desde un 30% hasta un 16%“.

Por eso los expertos consideran que todavía queda margen de actuación en la reforma del sistema fiscal español: “(Es necesario un) debate global del Estado porque si no tenemos una recaudación impositiva potente (…) España tampoco podrá ser un país potente en términos de (Estado de) bienestar“, concluye Del Pozo.

Ventajas de la amnistía para los evasores

Según los expertos, uno de los atractivos de esta amnistía, la tercera después de las de 1984 y 1991, es que los evasores no podrán ser sancionados ni acusados de un delito de capitales, por los bienes declarados a través de esta vía y que el recargo por la declaración es mucho más económico que a través de otras vías.

La medida, denominada Declaración Tributaria Especial (DTE), es aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, para bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010.

Así, se han quedado fuera todas las rentas generadas en 2011 y muchos beneficiarios han preferido hacer una declaración complementaria del pasado ejercicio para prevenir cualquier sanción derivada del endurecimiento de la ley de lucha contra el fraude y la reforma prevista del delito fiscal..

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