¡FELIZ 2013 en España ! 800 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios nos felicitan.

Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.

cit-2461

EP – MADRID – 01/11/2009 – 12:44

La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es ‘Gürtel’, la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como ‘trama eólica’, pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado ‘caso Faycán’, que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es ‘Gürtel’, presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, ‘Gürtel’ ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso ‘Guateque’, que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés. CORRUPCIÓN EN BALEARES

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.

La imputación de Matas está relacionada con el caso ‘Palma Arena’ que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso ‘Can Domenge’. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.

Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de ‘Son Oms’, relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el ‘caso Scala’, que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso ‘Zerrichera’ llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

Palau de la Música

En Cataluña, la operación ‘Pretoria’ en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Castro Rei

Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.

En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.

El Gobierno : ” Solo algunos tienen acceso a datos de la amnistía para evitar problemas de seguridad”.

MADRID, 2 (fraude_foroEUROPA PRESS)

El Gobierno asegura que ha centralizado el acceso a datos de la amnistía fiscal en algunos inspectores para permitir el seguimiento cuando haya un procedimiento inspector en curso y evitar posibles problemas de seguridad derivados de accesos a la información que no guarden relación con los expedientes asignados a los funcionarios de inspección.

En una respuesta parlamentaria a UPyD a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno dice que cuando el personal inspector detecte que se ha presentado una declaración tributaria especial en relación a un contribuyente sobre el que se están realizando actuaciones inspectoras, se podrá acceder a los datos a través de las personas que tienen permitido el acceso.

Con este mecanismo, según el Gobierno, se garantiza el conocimiento de la información relativa a la declaración tributaria especial por las personas que deban tener acceso a dicha información para el adecuado desempeño de sus funciones y se minimiza el riesgo de acceso por personas que no necesitan conocer esta información para desarrollar su trabajo.

De esta forma, el Gobierno niega que se bloquee el acceso a esta información, tal y como denuncia UPyD, mientras que la formación liderada por Rosa Díez asegura que sólo los máximos responsables funcionales del departamento de Inspección y los delegados territoriales pueden acceder a esa información, que permanece oculta para el resto de profesionales de la Inspección.

294037_472423786127340_34343945_n

 

 

Apuesta por una reforma fiscal

La asociación Economistas Frente a la Crisis, que aborda la necesidad de reformar el sistema fiscal en el libro “No es economía es ideología”, califica la amnistía como “profundamente injusta y antisocial”. Del Pozo va más allá asegurando que el endurecimiento de la lucha contra el fraude debe ser generalizado (con una mayor coordinación entre las administraciones y más medios técnicos y humanos) porque “el aumento de la recaudación también es una inversión”.

La regulación de bienes y dinero ocultos puede “llegar a ser útil” si va acompañada de una “batería de medidas que hagan que la colectividad gane“, explica el catedrático de Economía Aplicada. Existen medidas “potentes” de inspección de economía sumergida con la aplicación de sanciones ejemplares y ágiles que pueden ser más efectivas.

Sin embargo, para el presidente del Colegio de Economistas, “no es el momento de experimentos“. Luis del Amo considera, además, que se debería valorar el hecho de que muchos evasores se hayan decidido realizar declaraciones complementarias sobre el ejercicio 2011 (no incluido en la amnistía). De esta forma el capital aflorado podría aumentar en otros 12.000 millones de euros, explica el economista a RTVE.es. Unos bienes que, desde 2013, tributarán y aportarán dinero a las arcas del Estado.

Si en algo coinciden casi todos es en la necesidad de reformar el impuesto de sociedades, cuya recaudación se ha desplomado en los últimos tiempos. El experto de la asociación Economistas Frente a la Crisis incide además en la necesidad de mejorar el control sobre la fiscalidad de las grandes corporaciones, que se benefician de una serie de deducciones que, en su caso, dejan reducido el impuesto de sociedades de facto “desde un 30% hasta un 16%“.

Por eso los expertos consideran que todavía queda margen de actuación en la reforma del sistema fiscal español: “(Es necesario un) debate global del Estado porque si no tenemos una recaudación impositiva potente (…) España tampoco podrá ser un país potente en términos de (Estado de) bienestar“, concluye Del Pozo.

Ventajas de la amnistía para los evasores

Según los expertos, uno de los atractivos de esta amnistía, la tercera después de las de 1984 y 1991, es que los evasores no podrán ser sancionados ni acusados de un delito de capitales, por los bienes declarados a través de esta vía y que el recargo por la declaración es mucho más económico que a través de otras vías.

La medida, denominada Declaración Tributaria Especial (DTE), es aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, para bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010.

Así, se han quedado fuera todas las rentas generadas en 2011 y muchos beneficiarios han preferido hacer una declaración complementaria del pasado ejercicio para prevenir cualquier sanción derivada del endurecimiento de la ley de lucha contra el fraude y la reforma prevista del delito fiscal..

BFA-Bankia ¿Cuándo nos engañaron: hace dos años o ahora?

A mi no deja de sorprenderme que todavía haya transacciones. No entiendo qué puede mover a una persona o entidad a pagar 30 o 40 céntimos por una acción de Bankia. Seguramente manejan alguna “información secreta”

El banco nacionalizado cotiza fuera del selectivo español, a la espera de realizar la conversión de los bonos contingentes convertibles (CoCos) que le ha inyectado Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

La matriz de Bankia recibió el 26 de diciembre 13.459 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se suman a los 4.500 millones que obtuvo el pasado 12 de septiembre. Tras ser recapitalizado y nacionalizado, BFA ha procedido a recapitalizar a Bankia.

La vía elegida, por ser la más rápida, ha sido la suscripción de CoCos. Sin embargo, en estos primeros días de enero, Bankia tendrá que realizar la conversión de los bonos en acciones, lo que provocará una dilución para los actuales accionistas superior al 90%. Y eso, sin contar que la conversión podría conllevar un descuento, en línea con lo que ha ocurrido con ampliaciones de capital recientes, como la de Popular. En este caso, la dilución llegaría al 95%.

En este escenario, los títulos de Bankia han perdido al cierre un 6,14%, hasta los 0,367 euros. La cotización ha suavizado el rumbo frente a las caídas de primeras horas de la mañana del 12%, hasta los 0,344 euros, en un día en que la bolsa española, en línea con el resto de Europa, ha cotizado en verde gracias al acuerdo alcanzado en EEUU para evitar el abismo fiscal.

El FROB acaba de hacer públicos los resultados de los informes elaborados por tres expertos independientes para establecer la valoración económica del Banco Financiero de Ahorros y el de su filial Bankia

Aunque no se han facilitado los detalles de los estudios realizados que dan lugar a los descomunales agujeros patrimoniales publicados, las informaciones preliminares solo pueden generar satisfacción a los que como la Plataforma por una Banca Pública advertimos de la fraudulenta ocultación de la verdadera situación de la entidad.

Pero ese sentimiento no está exento de una gran dosis de indignación ante la tropelía cometida y que se puede resumir en dos puntos insuficientemente explicados por el FROB:

1º ¿Cómo es posible que el Banco Financiero y de Ahorros presentara un balance consolidado en diciembre de 2010 con un patrimonio neto de 10.673 millones de euros y ahora el FROB reconozca que su valor es -10.444 millones de euros?. Dificilmente pueden atribuirlo al deterioro producido en los últimos dos años: Se trata de un “pequeño desfase” superior a los 21 mil millones de euros…

2º En diciembre de 2010, Bankia, filial de Banco Financiero y de Ahorros y que agrupaba a los “activos sanos y sólidos” de la entidad, estaba valorada contablemente en 12.000 millones de euros. El FROB ahora da una valoración de -4.148 millones de euros. El deterioro del “banco bueno” supera los 16 mil millones de euros a los que hay que añadir más de 3 mil millones de euros que se obtuvieron de los inversores privados que acudieron a la Oferta Pública de Venta de acciones de la entidad y que tomaron su decisión de ser “bankeros” en base a unos balances falseados (ríanse ustedes de los timos tradicionales).

Ninguno de los miembros del anterior Gobierno ni del actual han reaccionado con la mínima dignidad que requeriría la situación a la publicación de los datos de una entidad bancaria a la cual apoyaron con dinero público y con declaraciones políticas en su salida a Bolsa.

¿Es creíble que las autoridades gubernamentales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no fueran conscientes de un desfase patrimonial de una magnitud como la ahora descubierta cuando realizaron la Oferta Pública de Venta de acciones de Bankia?

Mintieron entonces a los crédulos “bankeros” a los que estafaron sus ahorros y mienten ahora al resto de ciudadanos cuando consideran reestructurado el sistema financiero español y limitan a las entidades nacionalizadas la situación de quiebra general del sistema bancario.

El tiempo volverá a darnos la razón.

http://www.frob.es/notas/20121226%20Recapitalizacion%20entidades%20grupo%201%20PROT.pdf

 
 
 
 

EL LAVADO DE DINERO, MAFIAS Y PARAÍSOS FISCALES

En los años ‘90, la cuestión del lavado de dinero, las plazas financieras offshore y otros paraísos fiscales movilizaba a la “comunidad internacional”. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 el tema pasó a un segundo plano, desplazado por la lucha contra la financiación del terrorismo. Así se preservan zonas oscuras dentro del sistema financiero controlado por Estados Unidos, para único provecho de los países ricos.

En el año 2000 la movilización internacional contra las plazas offshore estaba en su apogeo. El Foro de Estabilidad Financiera (creado por el G-7), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) habían difundido, casi simultáneamente, listas de países y territorios que incurrían en prácticas cuestionables en materia de estabilidad financiera, fraude fiscal o lavado de dinero.

Sin embargo, poco tiempo después quedó en claro que esta convergencia temporal encerraba más retórica que voluntad de terminar con las prácticas denunciadas. Sólo el GAFI siguió adelante con la lista negra que habla elaborado, partiendo de 15 países y territorios “no cooperativos” (PTNC) en la lucha antilavado, pero progresivamente fue reduciendo esa lista, que hoy contiene apenas tres nombres.

¿La lucha antilavado dio, entonces, resultados tangibles, lo que justificaría un cierto relajamiento? En verdad. nadie puede decirlo, porque las políticas instauradas bajo los auspicios del GAFI nunca pudieron ser evaluadas en términos de eficacia.

PARAISO FISCAL: Se califica de paraíso fiscal a aquel territorio o estado donde ciertos impuestos son muy bajos o no existen. Entre los existentes, diferentes jurisdicciones tienden a ser paraíso para distintos tipos de impuestos y para diferentes categorías de personas y compañías.

Una forma en la que una persona o compañía aprovecha un paraíso fiscal es trasladándose o haciéndose residente a efectos fiscales del mismo. Otra forma es establecer una entidad jurídica separada o subsidiaria (una compañía extraterritorial —offshore—, de fideicomiso o fundación) en el paraíso fiscal. Los activos se transfieren a la nueva compañía o entidad de forma que los beneficios puedan ser realizados o las rentas cobradas en el paraíso fiscal.

Que toda esta elusión o evasión de impuestos no sea siempre totalmente limpia depende de la legislación de los países involucrados y de las circunstancias particulares de las compañías o individuos implicados.

Muchos países tienen leyes que dificultan a sus residentes poseer una compañía (o realizar inversiones) en un paraíso fiscal sin pagar impuestos en él o en el país en el que residan. Por ejemplo, los ingresos o ganancias procedentes de una compañía extraterritorial o de inversión pueden atribuirse a efectos fiscales al dueño o inversor bajo el régimen de CEC u otras leyes similares. Aunque muchos países también tienen tratados fiscales bilaterales que evitan a sus residentes pagar impuestos dobles (si bien típicamente el mayor de los tipos de impuesto cobrado en los dos países se adeuda), pocos países tienen tratados con los paraísos fiscales.

Aunque los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un vuelco en la lucha por el saneamiento del sistema financiero, ese viraje adoptó una dirección inesperada. Hubiera parecido lógico que las fallas del sistema bancario y financiero occidental —que permitieron que los terroristas financiaran sus operaciones— fueran auditadas con seriedad. en especial los paraísos bancarios y fiscales utilizados por Al-Qaeda o las organizaciones criminales. La ocasión parecía perfecta para instaurar reglas internacionales comunes que terminaran con las prácticas de las estructuras offshore incansablemente denunciadas, detrás de las cuales operan todas las maniobras de ocultamiento.

Luego de adoptar dispositivos de vigilancia real, en octubre de 2001 Estados Unidos se apresuró a votar la Patriot Act, que coloca al sistema bancario y financiero bajo su control, y obliga a los bancos de todo el mundo que se relacionan con él a garantizar la transparencia de sus estructuras y operaciones financieras.

ZONAS FRANCAS: Existen alrededor de 250 en varias decenas de países, sin contar las zonas parcial o temporalmente desfiscalizadas.

América Latina México, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Guyana francesa

África Túnez, Mauricio, Togo, Egipto, Ghana, Kenia, Zimbabwe, Madagascar

Asia China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, Turquía

Europa Irlanda, Francia (alrededor de 40, entre ellas Dunkerque y La Seyne-sur-Mer)

Paraísos Bancarios Fiscales y Judiciales: 

América del Norte: Bermudas Estados Unidos (Colore Delaware, Miami, Nueva Jersey, Nueva

América Central:Belice Costa Rica Guatemala Panamá Caribe Anguila Antigua y Barbuda Antillas holandesas (Curaçao) Aruba, Bahamas Barbados Islas Cáimán Dominica, Granada Saint-Kitts y Nevis Santa Lucía Saint Martin Saint Vincent y Granadinas Turcas y Calcos Islas Vírgenes británicas América del Sur Uruguay

Europa: Andorra Islas anglonormandas (Jersey, Guernesey) Campione (Italia) Islas Canarias City londinense Chipre Estonia Gibraltar Hungría Irlanda Letonia Liechtensteir Lituania Luxemburgo Madeira Isla de Man Mónaco Malta Rusia San Marino Suiza Ucrania Vaticano

Asia-Pacifico-Oceanía Birmania, Brunei Islas Cook, Islas Fidji Hong Kong Indonesia Labuan, Macao Islas Marianas Islas Marshall Isla Mauricio Nauru, Niue Filipinas Samoa Singapur Vanuatu, Islas Salomón Seychelles Taiwán, Tailandia Tonga, Tuvalu

Medio Oriente y Estados del Golfo: Arabia Saudita Bahrein Dubai Emiratos Arabes Unidos Israel Líbano

África:Egipto Liberia Marruecos Nigeria Túnez

Principales Plazas Financieras:
Amsterdam Bahrein Islas Caimán Chicago Franctort Ginebra Hong Kong Londres Luxemburgo Milán Montreal Nassau Nueva York  ParísSingapur  Sydney Tokio Toronto Zurich

Organizaciones Delictivas Transnacionales:

Estados Unidos: Cosa Nostra (40.000 miembros, 25 familias)

Colombia:Narcotraficantes (25.000 personas, 2.500 grupos)

Italia:Mafia (Sicilia, 50.000 miembros, 150 familias) Camorra (Campaña, 7.000 miembros, 130 familias) N´Dranghetta (Calabna, 5.000 personas, 150 ‘Ndrine) Nuova Sacra Corona Unitá (Puglia, 2.000 miembos, 50 familias)

Rusia: 160.000 miembros, 12.000 grupos

Japón:Yakuzas, Yamaguchi Gumi (23.000 miembros, 750 clanes) Sumiyoshi Rengo (7.000 miembros, 170 clanes) lnagawa kai (7.000 miembros, 300 clanes)

Hong Kong:Triadas – Federación Wo (40.000 miembros, 10 clanes), 14 K (25.000 miembros, 30 clanes), Sun Yee Qn (50.000 miembros).

Otros países involucrados:Canadá, México, Jamaica, Turquía, Albania, Kosovo, Chechenia, China, Taíwán, Nigetia, Israel, países del Cáucaso y Asia Central (valle del Ferghana). 

PRIORIDAD AL TERRORISMO:

Aunque haya apuntado bien a las fallas del sistema financiero, esta política presenta dos inconvenientes. Por una parte, al concentrarse en la lucha antiterrorista, no se ocupa específicamente del saneamiento de las plazas financieras ni tampoco de la lucha contra la delincuencia mafiosa.

Por otra parte, el sistema fue instaurado unilateralmente por Estados Unidos, que controla todas las informaciones recogidas. En cuanto a los resultados de la lucha antiterrorista, las evaluaciones del dispositivo así impuesto al resto del mundo son muy criticas, y también se cuestiona su eficacia global en términos económicos.

En efecto, Estados Unidos no quiso terminar con las zonas oscuras del sistema financiero. Los paraísos bancarios y fiscales conservan la mayoría de sus atributos. Los que presentaron una enconada resistencia tuvieron dificultades, y los que aceptaron someterse a un creciente control lo hicieron para preservar sus prácticas de ocultamiento.

Para Estados Unidos, la lucha antilavado ya no es prioritaria, a menos que esté vinculada con las actividades terroristas. Por otra parte, los servicios que ofrecen los paraísos bancarios y fiscales tradicionales enfrentan la competencia de países que no son calificados como tales: el Reino Unido y Estados Unidos en particular, a través de las trabas que ponen a la cooperación judicial, mantienen deliberadamente la opacidad jurídica y financiera.

Eso no impide que Estados Unidos, en nombre de la lucha contra la financiación del terrorismo, ejerza considerables presiones sobre los sistemas financieros que escapan en mayor o menor medida a su dominio. Se trata, por un lado, de sistemas alternativos informales de compensación, del tipo “hawala”, extendidos por todo el Tercer Mundo y las diásporas; por el otro, de bancos islámicos que efectivamente funcionan de manera muy hermética.

Si bien es verdad que esos circuitos financieros que manejan importantes capitales son tan impenetrables como el sistema occidental, desde 2001 están mucho más estigmatizados que este último.

La lucha contra el lavado de dinero, concentrada ahora en la financiación del terrorismo, aparece, entonces, como un medio de preservar zonas oscuras dentro del sistema financiero que benefician sólo a los países ricos y obligan a los países del Tercer Mundo a integrarse a él.

Fuente Consultada: El Atlas Le Monde Diplomatique